Economía y políticas públicas

Los incentivos tributarios en Colombia se han convertido en un instrumento que facilitan la búsqueda y otorgamiento de rentas, y son una invitación para la corrupción. Los incentivos tributarios a la inversión constituyen uno de los instrumentos frecuentes que utilizan los gobiernos para supuestamente estimular la generación de empleo y el crecimiento económico. El Estatuto Tributario colombiano está lleno de ellos, especialmente desde las reforma tributarias de 2003 y 2006. y de la expedición de la Ley 1004 de 2005 sobre Zonas Francas. ¿Tienen sentido esos incentivos? ¿Realmente contribuyen a la inversión? La literatura económica sobre el tema es escéptica sobre sus resultados. La racionalidad de un incentivo tributario es en principio inobjetable: si se le disminuyen los impuestos a pagar a un empresario, la rentabilidad aumenta y por lo tanto estará más dispuesto a invertir. Pero existe por otra parte una realidad, también inobjetable: los impuestos son necesarios. El Estado tiene q...

Enormes diferencias se presentaron entre el Plan Financiero para el 2009, presentado por el Gobierno en Julio del 2008, y el cierre fiscal que acaba de informar el CONFIS . Según la Ley 819 de 2003 o de responsabilidad fiscal, antes del 15 de Junio de cada año, el Gobierno Nacional está obligado a presentar ante el Congreso de la República un Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual será estudiado y discutido con prioridad durante el debate de la ley de Presupuesto. El propósito es el que los proyectos de presupuesto General de la Nación y los de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado sean consistentes con ese plan y pueda demostrar el gobierno que su planes de ingresos y de gastos sean compatibles con las metas de déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos excluidos los intereses de la deuda), así como con una senda de la deuda pública que asegure su sostenibilidad (es decir que no crezca exageradamente). El Confis acaba de publicar el informe correspondiente al ci...

Por derecho de petición, y después de radicar una solicitud de tutela, logré, como lo informé en la anterior entrada, que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) me enviara copia de la Resolución 51320 de 2009, mediante la cual le impuso una multa a las empresas Telmex Colombia S.A. y Superview Telecomunicaciones, así como a sus representantes legales. Comparto con ustedes lo que encontré. ¿Cuál fue el problema? Voy a hacer un esfuerzo por contarlo, de una manera resumida. La empresa Telmex, mexicana, de propiedad de Carlos Slim, identificado ahora por la revista Forbes como el hombre más millonario del mundo, se integró con la empresa Superview y después con la TV Cable S.A, y con TV Cable del Pacífico S.A. Poco después, Telmex adquirió también la compañía Cablecentro. Con todas estas operaciones, este grupo empresarial quedó controlando un 96,4% del mercado de televisión por suscripción, como lo estableció en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio. En cualqu...

Ni el gobierno debería promover, ni las autoridades de regulación permitir, una operación que va a concentrar exageradamente el mercado de generación eléctrica en el país En Octubre del año anterior radiqué, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, un derecho de petición solicitando dos documentos: - Copia de la carta que en Agosto del año 2000 el entonces Superintendente había enviado al representante legal de Empresas Públicas de Medellín, en la cual se objetó la operación de compra que pretendía hacer esta empresa de las acciones que tenía la Nación y la Fen en Isagen S.A. - Copia de la resolución 51320 del 1 de Octubre de 2009, mediante la cual se impuso una sanción a Telmex Colombia, y Superview Comunicaciones, por abstenerse de informar una operación de integración, de acuerdo a lo establecido en la Ley 155 de 1959. Fue necesario que el 3 de Febrero de este año interpusiera una tutela, para que la Superintendencia de Industria y Comercio accediera a responderme. Lo hizo ...

Surgen varias preguntas a propósito del reciente paro de transporte, y sobre todo del acuerdo firmado entre los representantes de los dueños de los buses y la alcaldía mayor de Bogotá. Digo dueños de los buses, porque llamarlos “pequeños transportadores” es un eufemismo populista, por lo menos hasta que se nos demuestre lo contrario. Quisiera saber si los estatutos de Apetrans (no los pude encontrar por ninguna parte), establecen un número máximo de buses para pertenecer a la Asociación. Tampoco se establece dicho número máximo como condición para ser beneficiario del acuerdo firmado. Por otra parte, todos los propietarios participaron en el paro. Presentar como problema “social” lo que en últimas es un mecanismo destinado a obtener rentas estatales para un grupo específico, y bien poderoso, es un viejo truco. Pero sigue siendo efectivo. Uno de los principales puntos del acuerdo consiste en elevar el valor de la rentabilidad anual de los dueños de vehículos que entren al sistema, a un...

La crisis financiera en el aseguramiento de la salud en Colombia exige controlar los costos de la atención médica. Pero los afectados se oponen. El aseguramiento universal en salud, meta que se ha puesto el país desde 1993, exige enfrentar el problema de los costos en su provisión. Ello sin embargo, tropieza con un problema de economía política: existen sectores que se opondrán al aseguramiento universal porque ven en él una amenaza a sus intereses. Así está sucediendo en Estados Unidos. La iniciativa de Obama por introducir el seguro universal está enfrentando una oposición radical, liderada precisamente por esos grupos de interés, y han encontrado su apoyo en el partido republicano. No es muy diferente la situación en Colombia. El hueco financiero de la seguridad social exige un esfuerzo para reducir los costos. La gran mayoría de los decretos dictados por el Gobierno con motivo de la declaración de emergencia social buscan precisamente esos objetivos, pero, como es lógico han encont...

Existe un gigantesco desperdicio en los recursos públicos destinados a la salud en Colombia. Unos simples cálculos lo demuestran. Ya nos ocupamos de algunos temas relacionados con la discutida emergencia social en nuestra anterior entrada. Ocupémonos ahora de algunos problemas relacionados con la financiación de la seguridad social en Colombia, y tratemos de contestar la pregunta: ¿será suficiente el monto de recursos? Si se parte de la premisa de que el Estado debe financiar, sin ningún límite, cualquier tratamiento, procedimiento, o medicamento, ninguna cantidad de recursos será suficiente. Ese sistema de protección infinito no existe en ninguna parte del mundo. Consultando el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, he elaborado el cuadro adjunto, que muestra algunos indicadores del gasto en salud, y del gasto público más específicamente, para una muestra de países de América Latina y de países desarrollados. En 2006, el gasto en salud, tanto público como privado...

La orientación de los decretos de emergencia social es en general positiva. Sin embargo, la improvisación y un manejo inadecuado pueden hacer que se desperdicie una gran oportunidad por salvar el sistema de seguridad social colombiano. En desarrollo de la declaratoria de Emergencia Social declarada por el Gobierno el año anterior y en virtud de la cual se expidieron 15 Decretos-Ley (habría que sumar un decreto reglamentario, el 358 ) se ha producido en el país, como era de esperarse un impresionante revuelo. Es lógico que un tema tan importante para el bienestar de los ciudadanos ocupe la atención pública. Algo semejante está pasando en Estados Unidos con el proyecto del presidente Obama por introducir el aseguramiento universal en Salud. Son muchos los interesados: pacientes, médicos, hospitales y clínicas, empresas aseguradoras (EPSs en Colombia), laboratorios farmacéuticos, y en fin, contribuyentes, que terminan con sus recursos financiando los huecos del sistema. Frente a la compl...