En la página 35 de la edición impresa de la Revista Semana, aparece como publicidad pagada, una carta del Dr Christian Fernando Cardona, apoderado de los “Accionistas demandantes de Granahorrar”, dirigida al autor de este blog, en la cual se refieren a mi anterior entrada “La Historia de Granahorrar, un final feliz”. En esta carta afirman que mi escrito “atenta contra el buen nombre de los accionistas de Granahorrar”, quienes se encuentran “agraviados”. Manifiesta que ellos no son los “irresponsables, ni los abusivos que pretende presentar por haber tramitado una acción judicial”.
Como lo puede corroborar cualquier lector, no existe razón alguna en mi escrito por la cual los afectados por la decisión de la Corte Constitucional puedan sentirse agraviados o afectados en su buen nombre. En ningún momento me refiero a ellos.
Por otra parte, el Dr Cardona hace varias afirmaciones que cuestionan la manera en que la Junta Directiva de Fogafin de la época, la Superintendencia Bancaria, y el suscrito, como director de Fogafin, actuamos, en un esfuerzo por evitar la liquidación de Granahorrar, situación que hubiera perjudicado a miles de ahorradores y creado una crisis sistémica en el sector financiero colombiano. En vez de controvertir las diferentes afirmaciones hechas por el abogado Cardona, ya contaremos en su momento nuestra versión de los hechos, voy a limitarme a publicar un documento.
Se trata de la carta que me envío el 5 de Octubre de 1998, dos días después de la decisión de Fogafin de oficializar a Granahorrar, el Dr Jorge Enrique Amaya Pacheco, Presidente y representante legal esta entidad hasta el momento de su intervención. Es decir, era la persona en quien los accionistas de Granahorrar habían confiado la administración de la institución, y a quien habían designado para que adelantara las operaciones de apoyo frente al Banco de la República y Fogafin. Esta es la carta (marque encima de ella para ampliar la imagen):
La carta habla por sí sola. No tengo más comentarios
Como lo puede corroborar cualquier lector, no existe razón alguna en mi escrito por la cual los afectados por la decisión de la Corte Constitucional puedan sentirse agraviados o afectados en su buen nombre. En ningún momento me refiero a ellos.
Por otra parte, el Dr Cardona hace varias afirmaciones que cuestionan la manera en que la Junta Directiva de Fogafin de la época, la Superintendencia Bancaria, y el suscrito, como director de Fogafin, actuamos, en un esfuerzo por evitar la liquidación de Granahorrar, situación que hubiera perjudicado a miles de ahorradores y creado una crisis sistémica en el sector financiero colombiano. En vez de controvertir las diferentes afirmaciones hechas por el abogado Cardona, ya contaremos en su momento nuestra versión de los hechos, voy a limitarme a publicar un documento.
Se trata de la carta que me envío el 5 de Octubre de 1998, dos días después de la decisión de Fogafin de oficializar a Granahorrar, el Dr Jorge Enrique Amaya Pacheco, Presidente y representante legal esta entidad hasta el momento de su intervención. Es decir, era la persona en quien los accionistas de Granahorrar habían confiado la administración de la institución, y a quien habían designado para que adelantara las operaciones de apoyo frente al Banco de la República y Fogafin. Esta es la carta (marque encima de ella para ampliar la imagen):
La carta habla por sí sola. No tengo más comentarios
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