El actual sistema de
fijación de los incrementos en remuneraciones para congresistas, altos
dignatarios públicos y magistrados de altas cortes es perverso. Urge una
modificación urgente, en pro de la sanidad de las finanzas públicas.
Antes de la Constitución de 1991 el sistema de remuneración
de los congresistas dependía de leyes
que ellos mismos expedían. Cada vez que decidían aumentarse los sueldos se generaba
una amplia polémica nacional, pero no obstante lo anterior, se comían la vergüenza y as aumentaban los sueldos. No había normas en
el reglamento del congreso sobre conflictos de intereses ni sobre impedimentos.
Buscando resolver esta situación, la Constitución de 1991
en su artículo 187 le quitó esa responsabilidad a los
congresistas.. Se estableció que su asignación salarial "se reajustará cada año
en proporción al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración
de los servidores públicos de la administración central", según certificación
que expida la Contraloría General de la República.
La remuneración del Congreso por otra parte, determina automáticamente la
de otros funcionarios públicos, como Magistrados de las altas cortes, Procurador
y Contralor. Arrastra, por su parte, la
de Magistrados de Tribunal, jueces, fiscales y procuradores judiciales, entre
otros cargos.
Aparentemente, el problema estaba resuelto. No iba el país a
estar expuesto a los escándalos
recurrentes derivados de que el Congreso se fijara sus propias remuneraciones. Era de esperarse, por lo
tanto, que los incrementos salariales fueran moderados.
¿Qué pasó entonces? Muy sencillo. A principios de los años
90 se realizaron incrementos importantes en la remuneración de todos los
funcionarios de la rama judicial distintos a los magistrados, en proporciones
que en muchos casos sobrepasaron del 100%.
El propósito era el de “nivelar “ la remuneración de estos funcionarios, de tal
manera que no hubiera una diferencia muy grande con las de los magistrados de
las altas cortes. Como consecuencia de lo anterior, un Magistrado de Tribunal,
que en esa época ganaba $900.000, pasó a ganar $1,8 millones. No es cierto, como lo dicen los dirigentes de
Asonal Judicial, que el Gobierno Central hubiera incumplido la promesa de
realizar una nivelación salarial que estableciera una diferencia razonable
entre la remuneración de los magistrados de las altas cortes y la de los demás
funcionarios de la rama judicial.
Aparte de esta situación, también se presentaron incrementos
importantes en la remuneración real de los miembros de la Fuerzas Militares y de Policía y de los trabajadores de la salud (1994). así como de los maestros (1995). Posteriormente, bien mediante
leyes o mediante decretos del Gobierno, se han incrementado las remuneraciones
de otros funcionarios públicos de la administración central nacional: ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos,
unidades administrativas especiales, comisiones de regulación, etc. En muchos
casos, estos incrementos han sido plenamente justificados: se trataba de asegurar, dado el perfil técnico de muchas entidades, que se aumentara la probabilidad de
retener y atraer personal altamente calificado. En otras ocasiones, simplemente
se trataba de responder a presiones políticas.
Ello incidió
directamente en el crecimiento de la remuneración ponderada de la
administración central, en los términos
de la metodología utilizada por la Contraloría para realizar el cálculo exigido por la
Constitución. Es decir, ello aumentaba el salario de los congresistas, de los Magistrados de las Altas Cortes, del
Procurador, y del Contralor.
Como resultado
de este proceso, mientras en 1991, un congresista se estaba ganando $714.665 en
el 2013 se pasó a ganar $24.054.347[1]
. Según mis cálculos,
y apoyándome en el DANE, el índice de precios al consumidor se
multiplicó por 8,2 veces entre 1991 y 2013, mientras el ingreso
nominal de un congresista se ha multiplicado por 33. Quiere esto decir que, en pesos de 1991, un
congresista se está ganando hoy $2.933.000. El
incremento en su ingreso real (es decir, descontado el efecto de la inflación) se ha multiplicado por un factor de 3,1. Han tenido un
incremento real anual promedio del 6,6%. No hay nada que indique que su
productividad haya crecido en la misma proporción.
En el mismo período, el
salario mínimo real ha mejorado solo un 39%, con una tasa anual de crecimiento del 1,5%. El
resultado ha sido que, mientras en 1991 un congresista o un magistrado ganaba 13 salarios mínimos, hoy gana 41. Esta
diferencia es escandalosa. Como lo señala un artículo de Luis Hernando Barretopublicado en Razón Pública, en la mayoría de países de la
la proporción entre los ingresos de los
congresistas y los ingresos promedios de un país está alrededor de 3 veces. En Colombia esta
proporción está en 17
Esta situación es claramente insostenible. En primer lugar
crea un incentivo perverso a los congresistas: periódicamente estarán
presionando a que se aumenten los
salarios de cualquier sector de empleados del gobierno central, porque saben
que ello incidirá en el promedio de incrementos, con los cuales se les aumentará a su vez su
ingreso. En segundo lugar, nunca será posible mantener la diferencia porcentual
entre los magistrados de las cortes superiores y los otros empleados de la rama
judicial. Se presentará una situación semejante el mito de Sísifo, se hará la
nivelación, pero rápidamente crecerá la diferencia entre los magistrados de las
Altas cortes y sus subordinados, lo cual generará otro incremento en la
remuneración de estos, y así sucesivamente.
Es urgente cambiar este esquema perverso. Propongo que se presente un acto legislativo
que establezca que el incremento de los Congresistas y de todos los
funcionarios que tienen sus ingresos atados a ellos se ajuste anualmente en un
porcentaje igual al índice de precios al consumidor certificado por el DANE. Se
mantendrá en el tiempo su ingreso real, que, como ya vimos, es suficientemente
alto.
[1]
Tomo esta información del artículo del archivo del diario El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13178157
Comentarios
Se trata de un análisis muy juicioso y muy documentado. Creo que es el tipo de información con la cual se debe trabajar para saber, por ejemplo, si vale la pena votar por el congreso y para poder pedir cuentas a quienes lleguen a estos altos puestos. Muy interesante la propuesta para que el salario suba en proporciones racionales y justas como se espera para cualquier colombiano.
Guillermo Torres Zambrano
Gracias
William Garibello
MBA Uniandes