A propósito del cierre de UBER

El comunicado de prensa de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que ordena el cierre de la plataforma tecnológica UBER deja mas preguntas que respuestas. La principal es ¿está amenazada la innovación tecnológica en Colombia? 

Mediante un escueto comunicado de prensa la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le avisó al país el pasado 20 de diciembre que había resuelto una demanda interpuesta por Cotech S.A, empresa operadora de Taxis Libres. La SIC  plantea que las empresas  UBER BV, UBER TECHNOLOGIES INC y UBER COLOMBIA S.A.S, incurrieron en actos de competencia desleal por “violación de normas y desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio de transporte”.  

Lo primero que es necesario señalar es que una resolución de tanto impacto entre los conductores y los usuarios de este servicio (se calculan en 80.000 los primeros y en mas de dos millones los segundos) no sea de conocimiento público desde el mismo momento en que se supone comienza a tener efecto (es de inmediato cumplimiento, dice el comunicado). Esto va contra toda la lógica de cualquier sentencia o acto administrativo, que debe estar acompañada, según la constitución colombiana, de su correspondiente motivación. En el caso específico, uno esperaría que le dijeran a uno en qué consistió la demanda, qué respondieron las empresas demandadas, cuáles son las pruebas que recogió la SIC, y las razones para llegar a la sanción.  Por lo menos, esto demuestra una completa ligereza por parte del ente encargado de la protección de la libre competencia. No es posible por lo tanto controvertir la provisión de la SIC, sino escasamente el comunicado de prensa.

Valga la pena señalar que según la Constitución de 1991 (art 333), la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Se señala allí mismo que el Estado, “por mandato de la ley impedirá que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitara o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.  Uno de los fundamentos de la competencia consiste en que los nuevos modelos de negocios, o las nuevas empresas, buscan precisamente “desviar la clientela” existente hacia sus empresas o productos, buscando convencer a los consumidores de que su calidad o su precio son más ventajosos para ellos. En este proceso surgen nuevas empresas y/o productos y desaparecen otros. Es la famosa “destrucción creativa” de que hablaba al famoso economista austríaco Joseph Schumpeter y sin la cual no podría presentarse la innovación tecnológica. 

La Ley 256 de 1996, una de las que se ocupa de la libre competencia señala que “se considera desleal  toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimiento ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Se supone, aun cuando no lo sabemos con certeza, que la SIC en su resolución ha demostrado claramente que la plataforma UBER contraría “las sanas costumbres o los usos honestos”.   En principio, yo, como usuario de este servicio, no encuentro qué aspectos de su comportamiento puedan llevar a esa conclusión. Si bien puede haber errores o comportamientos inapropiados por parte de ciertos conductores afiliados, lo mismo, y tal vez en mayor proporción, puede afirmarse de las empresas afiliadoras de taxis.

En el caso que nos ocupa, lo que tradicionalmente ha alegado UBER es que no es una empresa de transporte, sino una plataforma tecnológica que comunica a conductores dispuestos a prestar ese servicio con los usuarios dispuestos a pagar por él.   ¿Cómo controvierte esta afirmación la SIC? Por ahora los conductores y usuarios de UBER no tenemos manera de saberlo.

La regulación debe seguir  y propiciar los avances tecnológicos y no frenarlos. Con los mismos argumentos utilizados en el caso de UBER, la SIC podría el día de mañana ordenar el cierre de las plataformas WhatsAPP, Messenger,  Skype y FaceTime, argumentando que estas plataformas, que prestan el servicio de telefonía local e internacional, violan el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009,  que establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, debe inscribirse en el registro correspondiente que lleva el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cumpliendo previamente los requisitos para ello. De la misma manera servicios como Gmail y Yahoo no están inscritos en el registro postal del mismo Ministerio.

La empresa que demandó a UBER ante la SIC se identifica en su página web como una empresa de servicios de telecomunicaciones con sistemas de radio, teléfono, voz y datos, proveedor de Taxis Libres. Es decir, no es una empresa de transporte, sino un instrumento de comunicación entre los taxistas y los usuarios. Con ese argumento no responde por la conducta de los conductores de los taxis afiliados.  Es exactamente lo mismo que argumenta UBER.

El artículo 6 de la Ley 1978 de 2019 señala que la Ley 1341 debe interpretarse en la forma que garantice el desarrollo de los principios orientadores de la misma, con énfasis en la protección de los usuarios, la garantía y promoción de la libre y leal competencia y la promoción de la inversión. Es esa interpretación la que debe aplicarse para que el estado colombiano no nos deje sin WhatsApp, Gmail, o sin Uber.