Son la utilidades de las empresas las que causan la inflación? Un análisis preliminar del documento publicado por el Ministerio de Hacienda

El documento que se publicó la semana pasada en la página web del Ministerio de Hacienda (aun cuando el propio ministerio se cuidó en señalar que las opiniones y posibles errores son responsabilidad de sus autores y no comprometen al Ministerio) plantea como tesis central la siguiente : 

  En Colombia, al igual que en las economías desarrolladas, la contribución de las utilidades a la inflación reciente ha sido mayor que la contribución de los salarios, especialmente en sectores como el agropecuario y el minero, que no necesariamente coinciden con los que han generado mayor valor agregado en los últimos años. No obstante, mientras en los países desarrollados esto representa un cambio estructural, en Colombia la contribución de las utilidades ha sido históricamente mayor que la de los salarios… Ello, porque las empresas con poder de mercado tienen posibilidad de proteger sus utilidades incrementando su precios. A través de un “modelo de equilibrio general” concluyen que un mayor poder de mercado de las firmas (reflejado en un mark up o margen sobre los costos de producción, más alto), genera una amplificación de las presiones inflacionarias, lo que cual se transmite en un mayor aumento de las expectativas de inflación, y como consecuencia, en una respuesta de la política monetaria contractiva de mayor magnitud, a través de aumentos en las tasa de interés” . 

 La solución es la de que en esas circunstancias es necesario gravar las utilidades de las empresas generadas por la inflación, generar un mayor grado de competencia, y en algunos casos, establecer controles de precios

. Algo de microeconomía básica

De entrada, es conveniente señalar un punto, que tiene que ver con los efectos de los incrementos de costos, según exista competencia o poder de mercado (a través de oligopolios o monopolios) por parte de los vendedores. Es un tema de microeconomía básica, que normalmente se estudia en los primeros semestres de la carrera. Cuando existe competencia perfecta (nulo poder de mercado por parte de los vendedores), los precios tienden a igualar el costo marginal de producción. El vendedor obtiene una rentabilidad pequeña, equivalente al costo de oportunidad del capital invertido. La teoría del bienestar considera que es el precio eficiente. Pero no nos detengamos en este punto, que exigiría un análisis muy técnico, que está por fuera del propósito de este blog. 

 Cuando existe competencia imperfecta (sean oligopolios o monopolios) el precio no refleja ese costo marginal. El monopolista sabe que si sube demasiado el precio, se disminuye la demanda , independiente de que haya o no inflación. Debe por lo tanto fijar el precio (y por esa vía las cantidades de producto ofrecidas) que maximice sus utilidades. Si sube demasiado los precios, disminuye la cantidad vendida. Si aumenta la cantidad producida, los precios pueden bajar. Debe escoger el punto óptimo que maximice sus utilidades. La diferencia entre el precio que fija y el costo de producción es lo que se denomina mark-up. 

 Supongamos que suben los costos para un productor, por ejemplo el precio del concentrado para un productor de pollos. En competencia perfecta, TODOS los productores deben subir sus precios. El que no los suba, se quiebra y sale del mercado. El que los suba en una proporción superior, también sale del mercado: no va a encontrar compradores. 

 Una cosa muy distinta sucede cuando existe competencia imperfecta. El monopolista no necesariamente traslada toda la elevación en sus costos al consumidor. Puede concluir que lo mejor para él, la situación que maximiza sus utilidades es trasladar solo una parte de esos costos. Es una situación paradójica, pero es la realidad. El monopolista tiene una utilidad extraordinaria producto de su posición en el mercado, pero si suben los costos no necesariamente aumenta su margen sobre ellos. Es lo que sucede con el impuesto a las ventas, solo en los mercados de competencia perfecta terminan trasladándose plenamente al consumidor.  Es lo que dicen los análisis sobre la incidencia tributaria de los impuestos indirectos. 

 No se necesita que haya inflación para que la política económica deba combatir el poder de mercado de los oligopolios o monopolios. Lo que debe hacer el estado normalmente es aumentar la competencia (incluso con importaciones), combatir los carteles de precios y en el caso de monopolios naturales (en los cuales no es posible que haya más de un proveedor, como en el caso de los servicios públicos domiciliarios), controlar los precios, de tal manera que el productor obtenga solo una utilidad razonable 

  Bienes regulados 

Puesto que el estudio publicado por Minhacienda no está acompañando de los anexos que permitan examinar la estructura de su “modelo de equilibrio general”, ni por lo tanto reproducir sus resultados, es imposible hacer una crítica completa del modelo propuesto. Sin embargo, vale la pena señalar algunos puntos. Los autores señalan que las presiones internas que aumentaron la inflación en 2021 y 2022, se originaron en “las disrupciones en las cadenas de suministros y los problemas logísticos, los cuales incrementaron los costos de transporte de mercancías”. Se les olvida un punto, los efectos del paro del 2021. Según un estudio del Banco de la República, un determinante fuerte de la inflación se originó en mayo de 2021, como consecuencia del bloqueo de las vías. Es difícil argumentar que los incrementos en la carne de pollo y de huevos se originaron en el incremento en utilidades de sus productores. Todo lo contrario, tuvieron que registrar pérdidas importantes.

 Un punto con relación a la inflación de bienes regulados. Estos son generalmente servicios públicos domiciliarios (transmisión y distribución de energía eléctrica, y acueducto y alcantarillado) y combustibles. En el caso de los primeros, se trata de monopolios naturales. En el caso de los segundos se trata de un monopolio “artificial”, creado por el estado a favor de Ecopetrol. En el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios ya existe, por disposición legal una norma que permite trasladarle al consumidor el incremento en los costos de producción (fórmula de los artículos 142 y 143 de 1994, Dice la norma que la tarifa debe reconoce el costo eficiente de prestación del servicio. Es claro que par a permitir que se mantenga la rentabilidad que se obtendría en condiciones de competencia (como lo dice la norma), las comisiones de regulación deben reconocer los incrementos en los costos. No hacerlo implicaría amenazar la sostenibilidad de estas empresas, muchas de ellas de naturaleza pública, y por lo tanto la disponibilidad de estos servicios para la ciudadanía. Pero de ello no se puede concluir que el estado, al autorizar ese traslado para proteger la rentabilidad de estas empresas esté ocasionando la inflación 

  Componentes de la distribución del producto 

Al examinar los componentes del ingreso, los autores contabilizan las utilidades como la suma entre el excedente bruto de explotación y el ingreso mixto. (ver página 25) Es necesario explicar este punto: los ingresos originados en el PIB se reparten en tres componentes: remuneración al capital (excedente bruto de explotación, en la terminología del DANE), remuneración a los asalariados, e ingreso mixto. Como lo dice un texto básico para entender las Cunetas Nacianales de Colombia El Ingreso Mixto hace referencia al obtenido en empresas individuales. “Cuando en éstas trabajan los propietarios o sus familias, sin percibir un salario, el saldo contiene una parte de remuneración del factor trabajo que no se contabiliza como remuneración a los asalariados”. Es el caso de las pequeñas producciones agropecuarias, pescadores, el propietario de un taxi que lo maneja él mismo, las tiendas de barrio, etc. En una economía como la colombiana este ingreso mixto tiene un peso que ha estado tradicionalmente en el 20% del PIB ( 40% de las “utilidades” registradas en el estudio del Minhacienda. (1) 

 El gráfico adjunto muestra , a partir de los datos proporcionados por el Dane , la distribución de los ingresos entre remuneración a los asalariados, excedente bruto de explotación ( utilidades en sentido estricto), ingreso mixto e impuestos (netos de subsidios) entre los años 2019 y 2023 (hasta el tercer trimestre en este último año).

Fuente: DANE Cuentas Nacionales Trimestrales 

 Como se puede observar, el excedente bruto de explotación,  que participaba en un 34% del PIB en el 2019, disminuyó entre 2020 y 2023 en un punto porcentual, el ingreso mixto aumentó en un punto, de 34% a 35% en los mismos años, el ingreso de los asalariados pasó del 34% al 32%. Lo que sí aumentó fue la participación del estado a través del incremento en los impuestos indirectos (netos de subsidios) que pasó del 19 al 21%. 

 Aun si la participación de las utilidades hubieran aumentado (que no fue el caso) es muy difícil concluir que es el incremento de utilidades el que causa la inflación. Es la famosa falacia del “post hoc, ergo propter hoc” (si pasa después de algo, la causa fue ese algo). 

 De todas maneras, una de las justificaciones para combatir la inflación radica precisamente en sus efectos nocivos en la distribución del ingreso. Tiene que ver con que quienes reciben ingresos fijos (asalariados, pensionados, receptores de arriendos) no pueden ajustar sus ingresos a la misma velocidad a la que aumentan los precios. Los empresarios, por el contrario, pueden aumentar sus precios con mayor velocidad. Ese efecto regresivo de la inflación es una de las justificaciones principales para combatir la inflación a través de la política monetaria. Pero la inflación tampoco le conviene a los empresarios: aumentan los riesgos generales de la economía y por lo tanto disminuye la inversión. 

 Una de las recomendaciones de los autores del Ministerio de Hacienda es la de que hay que aumentar la competencia, para combatir el poder de mercado de los monopolios o de los oligopolios. Estoy completamente de acuerdo con esa recomendación, que debe aplicarse haya o no inflación. El problema es que algunas medidas, como el incremento a la protección nacional a través de la elevación de aranceles, lo que hacen es precisamente restringir la competencia. Es un contrasentido que quienes se oponen a los impuestos indirectos (por ejemplo el IVA) con el argumento de que son regresivos, son a menudo los mismos que favorecen la elevación de aranceles. Por lo menos el IVA es un traslado de ingresos de los consumidores al estado. Los aranceles son un traslado de los consumidores a los productores, que gracias a ellos, ´pueden vender sus productos a niveles más altos.

 (1) Cortes, Magdalena. Pinzón Enrique. Bases de Contabilidad Nacional, DANE. 2003 pag 170