Los recientes escándalos que involucran a los representantes miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público vuelven a llamar la atención sobre la conveniente de que exista este extraño cuerpo, que convierte a un grupo de congresistas en coadministradores del gobierno. Ya en el año 2007 los miembros de la Comisión Independiente del Gasto Público, un grupo de prestigiosos economistas, en su informe final (ver páginas 8 y 27) habían sugerido la eliminación de dicha comisión. En el año 2005, yo había escrito esta columna para el diario Portafolio. Al no poder encontrarla en el buscador de ese periódico, consideré necesario transcribirla:
La Comisión de Crédito Público
En buena hora, y gracias a la propuesta del representante César Negret, y a la expedición por parte del Gobierno de un decreto que limita su poder, se ha abierto el debate sobre la existencia y funciones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Como encargado constitucional de determinar los ingresos y gastos públicos, el Congreso tiene la atribución de determinar el monto de los cupos de endeudamiento de la Nación. El poder ejecutivo sólo podrá endeudarse en la medida en la cual exista una autorización expresa. La ley sobre cupos de endeudamiento constituye un componente indispensable en la agenda legislativa que un gobierno debe acordar con el Congreso.
Cuando se aprueba la Ley de endeudamiento, surge la pregunta obvia en los recintos parlamentarios: ¿Cuáles son los proyectos o partidas que van a ser apoyadas con los recursos de crédito? ¿A qué sectores, o a qué regiones, se orientarán dichos recursos? ¿Cómo se utilizará la facultad legal de garantizar créditos de entidades oficiales distintas al Gobierno central? ¿Cómo rendirá cuentas el Gobierno sobre la utilización de los cupos de endeudamiento? Frente a la alternativa de discutir en Senado y Cámara cada crédito o cada proyecto, surgió la idea de delegar ese papel a una comisión compuesta por tres senadores y tres representantes.
En la práctica, sin embargo, dicha comisión se ha convertido en coadministradora. Sin criterios claros, el exclusivo club de miembros de dicha comisión ha usado y abusado de su poder. La queja de que un crédito destinado al Dane (información del Tiempo del 25 de agosto) no ha sido discutido, porque los apetitos burocráticos de alguno o algunos miembros de dicha comisión no se han satisfecho, es altamente creíble, pues se ajusta plenamente a la lógica tradicional de operación de muchos de nuestros legisladores. Igualmente reprobable es que, sin explicaciones claras, continúe patinando la operación de garantía de la Nación para el proyecto hidroeléctrico Porce, a ser ejecutado por las Empresas Públicas de Medellín.
Además, esta Comisión deja mucho que desear en cuanto a transparencia. Al entrar a la sección de la Comisión Interparlamentaria de la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público uno esperaría encontrar las actas, con el contenido de sus deliberaciones y el resultado de sus decisiones. Lo que aparece allí son simplemente las convocatorias a los miembros e invitados y los órdenes del día. La oposición a un proyecto no se manifiesta votando en contra de él y dejando claramente constancia de las razones para hacerlo. Simplemente el tema se aplaza, o los miembros de la Comisión se niegan a asistir. Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer qué se aprueba o qué se niega en dicha comisión, y los criterios claros con los cuales se toman dichas decisiones.
Plenamente justificada por lo tanto la decisión de acabar con dicha comisión. El momento de discutir la conveniencia o inconveniencia de un proyecto es cuando se discute el proyecto de Presupuesto General de la Nación. Recordemos que la Ley de Presupuesto, y el plan financiero que el Gobierno debe enviar anualmente al Congreso, deben señalar claramente el monto de recursos de endeudamiento y su destinación. No se necesitan peajes o trámites adicionales que entorpezcan la gestión pública.
Si lo anterior no es posible, porque el parlamento decide solidarizarse con sus colegas de la actual comisión interparlamentaria, lo menos que podría esperarse es que mejorara la transparencia con la cual funciona dicha comisión. Que sus convocatorias tengan un calendario claro que sea de obligatorio cumplimiento para sus miembros, que estos se limiten a aprobar o improbar los proyectos, y que le expliquen al país el sentido de sus decisiones.
Es lo menos que podemos esperar en una democracia.
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