Economía y políticas públicas

En repetidas ocasiones el presidente de la República ha manifestado la inconveniencia que tendría para el país que el contribuyente respondiera por los dineros perdidos por quienes invirtieron en las pirámides. Por ejemplo, el día 2 de Diciembre, en la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas Militares señaló lo siguiente: " Lo que no podemos hacer es que el Gobierno Nacional les pague el dinero a aquellos que lo perdieron en las ‘pirámides’. Creo que sería un precedente muy grave entrar a reponer un dinero que se perdió en una actividad ilegal". Esto es lo conveniente. No puede considerarse adecuado que el contribuyente colombiano responda por las pérdidas que tuvieron quienes asumieron conscientemente el riesgo de comprometer sus recursos en una actividad claramente ilegal y altamente riesgosa. Desde la declaratoria de la emergencia social, a través del Decreto 4333 la superintendencia de sociedades ha intervenido 26 entidades ( ver aquí ) que estaban captando dine...

La Comisión Nacional de Televisión ha publicado las observaciones que presentaron Caracol y RCN a los estudios de valoración de prórrogas de los canales privados y del nuevo canal de televisión comercial. Quiero referirme en esta entrada a algunos de los puntos señalados por estas empresas. He insistido en anteriores entradas en que la mejor manera de adjudicar los canales es a través de un proceso de subasta. Es la vía para hacer una selección objetiva, que no esté sujeta a presiones políticas o de otra índole. Los actuales concesionarios de la televisión privada insisten en que la subasta es un procedimiento ilegal, porque, según ellos, está prohibido por la Ley 182 de 1995. En efecto, el artículo 48 de dicha Ley dice lo siguiente: “La escogencia de los operadores zonales, se hará siempre y sin ninguna excepción por el procedimiento de licitación pública. La adjudicación se hará en audiencia pública. De ninguna manera la concesión se hará por subasta pública “ Sin embargo, la defini...

La Comisión Nacional de Televisión, con su decisiones sobre adjudicación de las licencias, está sacrificando el interés de los usuarios para privilegiar el objetivo de maximizar sus ingresos La Comisión Nacional de Televisión anunció el pasado Martes 2 de diciembre que en Mayo de 2009 entregaría una nueva licencia nacional en televisión abierta, para un canal de televisión comercial, en un proceso licitatorio. El operador será escogido por subasta pública, aun cuando no se han definido los términos de dicha subasta. En relación con las prórrogas a los actuales canales privados (RCN y CARACOL), la Comisión anunció que ellas serían firmadas antes del 10 de Enero del año próximo, y que deberán pagar 189000 millones de pesos, más un 7.58% de los ingresos brutos generados durante los diez años de la concesión. Ante la protesta de los canales privados, el gobierno decidió congelar esta decisión de la CNTV ( ver aquí ) y hacerle una “respetuosa sugerencia” de que se proponga una mesa de trab...

Como lo ha registrado la prensa en los últimos días, hubo un posible intento por parte de DMG por intervenir mediante lobby en la discusión del proyecto de reforma financiera. Sin que haya podido establecerse con precisión quién fue su proponente (lo cual habla muy mal del sistema de actas del Congreso de la República, fundamental en los procesos de rendición de cuentas y de evaluación de la labor de los parlamentarios), en el proyecto aparece el siguiente artículo: “Artículo 79. Tarjetas prepago. La adquisición anticipada de bienes y servicios mediante instrumentos como tarjetas prepagadas, estará sujeta al régimen tributario correspondiente a la adquisición de los respectivos productos y servicios, así como a la regulación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, la cual deberá contemplar las reglas sobre el retorno o acumulación de los servicios o bienes no utilizados y un esquema de supervisión que corresponderá a la respectiva superintendencia que vigile la actividad o ...

Voy a referirme a algunos de los comentarios suscitados por mi anterior entrada . Mi amigo Guillermo Torres hace una muy útil reflexión sociológica. Es posible que mucha gente, aún conciente del riesgo que significaba invertir recursos en un esquema tan claramente vulnerable, realizó una apuesta en la que creyó que siempre saldría ganando: si todo sale bien me gano una rentabilidad importante; si DMG quiebra le reclamaré al Estado, al que le puedo echar la culpa de mi decisión. Eso en economía se llama riesgo moral. Para evitar situaciones futuras parecidas, el Gobierno debe aplicar de manera estricta las normas sobre liquidación de empresas, y no debe compensar a los ahorradores incautos sino con la proporción que le corresponda sobre los activos de la empresa. Hablar de preferencias para ciertos estratos, o de créditos “ágiles y asequibles para los colombianos que resultaron afectados”, como lo ha anunciado el presidente Uribe ( ver aquí ), no es sino otra manera en la cual se busca ...

La Superintendencia Financiera cambió de manera importante la manera de enfrentarse con los captadores ilegales de dinero. Ello pudo haber incidido en el tamaño de la crisis de las pirámides. El tema del momento es necesariamente la crisis de las pirámides. Ello me obliga a dejar de lado el desarrollo del tema de las huelgas en el sector público, que les había prometido a los lectores de este blog. Lo primero que se han preguntado muchos comentaristas es si las autoridades económicas hubieran podido hacer algo por evitar la proliferación de las pirámides y por frenar a tiempo su desarrollo. Otra pregunta: ¿por qué surgieron precisamente en estos momentos? Para responder a lo anterior me he dedicado a examinar las resoluciones de años anteriores de la extinta Superintendencia Bancaria y a compararlas con las expedidas recientemente. Tarea difícil, puesto que la página web de la Superintendencia Financiera no tiene un motor de búsqueda, ni un índice que señale el contenido de las diferen...

Recordemos algunos puntos de partida que señalamos en nuestra entrada anterior: las huelgas en general tienen la utilidad de que su amenaza puede forzar a las partes a adelantar una negociación responsable, a condición que ellas asuman los costos de la interrupción temporal en el contrato de trabajo. Los patronos sufren las consecuencias de la disminución en la producción, y los trabajadores no reciben remuneración. Del principio de que las partes en la negociación son quienes deben asumir la mayor parte de los costos de una huelga no puede concluirse que no puede haber costos ( o externalidades negativas, para decirlo en término de economistas) para terceros. Aun una huelga en un sector competido de la economía puede traducirse en elevación temporal de precios para los consumidores, y en la disminución en su capacidad de escogencia. Es decir, es claro que el “excedente de los consumidores habrá disminuido”. También habrá costos para los proveedores de la empresa en huelga. El product...

El agitado panorama laboral en el país debería conducir a una reflexión sobre el derecho de huelga y las condiciones en que debe autorizarse y ejercerse. Por ello me ha parecido oportuno plantear una consideraciones sobre el tema. La huelga pueden analizarse simplemente como un instrumento de negociación entre un grupo de trabajadores (que actúan colectivamente) y sus patronos, cuando entre ellos no se han logrado poner de acuerdo sobre un cambio en las condiciones del contrato laboral. Desde ese punto de vista las huelgas, y por lo tanto el derecho a ellas, tienen un propósito útil desde el punto de vista de la eficiencia económica: la amenaza de huelga, por los costos que implica para las partes directamente involucradas, busca generar los incentivos para una negociación efectiva y responsable. Desde ese punto, ¿Qué factores inciden en la probabilidad de ocurrencia de una huelga? Básicamente, la literatura económica sobre el tema ha identificado los siguientes: a) Entre más “incomple...