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Los costos hundidos y la posición de la Procuraduría frente al proyecto de semáforos de Bogotá


La Procuraduría General de la Nación, al abrir pliego de cargos contra el Secretario de Movilidad de Bogotá, ha incurrido en graves errores técnicos. Aquí explicamos porqué

Este blog cumplió el pasado 26 de Julio 10 años de existencia. En este período he escrito 188 entradas.  La primera  de ellas se dedicó a analizar la injusticia cometida con un funcionario público que se desempeñaba como Director de la Caja Nacional de Previsión, a quien jueces de tutela lo condenaron reiteradamente a cárcel por no haber pagado unas pensiones, que simplemente no podía pagar, por razones legales o por imposibilidad técnica y administrativa.
La incapacidad de los órganos de control por entender las complejidades de la función pública no ha dejado de crecer. Ello hace que sea muy difícil para un funcionario público ejercer responsablemente su labor.
 
Es necesario volver sobre este tema, a propósito del anuncio hecho por la Procuraduría General de la Nación  de abrir un pliego de cargos al Secretario de Movilidad de Bogotá, por hechos relacionados con la licitación para la modernización del sistema de semáforos de la ciudad. 
 
Según la Procuraduría, “en el proceso licitatorio se habría afectado, presuntamente, el patrimonio de la ciudad porque no se definió con anterioridad la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la ciudad, avaluados en más de $13 mil millones y compatibles con sistemas modernos de semaforización, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil, lo que demuestra una aparente falta de planeación en la etapa precontractual del proceso”. “Para el Ministerio Público la Secretaría de Movilidad tenía la obligación de calcular el valor de esos elementos y definir cuál sería su destino una vez entrara en funcionamiento el Sistema de Semaforización Inteligente, SSI. “Es motivo de gran preocupación el hecho de que no se sepa cuánto vale la red de cobre que actualmente comunica la red semafórica existente, lo que representa un riesgo para la integridad del patrimonio público”, señaló la Procuraduría en el pliego de cargos. La licitación tampoco definió, según el organismo de control, qué destino se le dará a la red de cable de cobre con la que opera actualmente el sistema, ni a los equipos que hacen parte de las dos centrales de semaforización que no van a ser integradas al nuevo esquema”.  
Para analizar la seriedad de los cargos de la Procuraduría,  es necesario recordar un elemento básico en la evaluación de proyectos económicos o sociales.  Es el concepto de los “costos hundidos”, entendidos como aquellos que se incurrieron en el pasado y no es posible recuperar.  Si usted llega a la conclusión de que debe cambiar su calentador de agua porque el antiguo le consume mucha energía, es necesario calcular el valor presente del costo de la energía ahorrada y compararlo con el  precio del nuevo calentador.  Si el nuevo equipo de permite a usted ahorrarse  $30.000 por mes en la factura de electricidad o de gas, suponiendo una tasa de interés del 5% anual, usted se va a ahorrar durante los diez años de vida útil de su calentador una suma de  $2.800.000. Si el calentador nuevo vale $2 millones (incluida la instalación),  es claro que es un buen negocio la adquisición.
Pero usted cae en cuenta de que su calentador antiguo lo compró hace cinco años, y le costó también $2 millones. Es decir, tiene todavía una vida útil de cinco años. Como no ha amortizado el costo total, usted llega a la conclusión de que el millón de pesos que queda por amortizar lo debe incluir como costo del proyecto denominado “modernización del sistema de calentamiento de agua en el hogar”. Con ello, los costos del proyecto quedan en $3 millones (el nuevo calentador más el costo de botar el antiguo). Llega a la conclusión entonces que no es conveniente hacer el cambio.
Usted comparte su análisis con un hijo que, afortunadamente, está estudiando economía, y que acaba de ver un curso sobre evaluación de proyectos. Él le hace caer en cuenta que el precio pagado por el antiguo calentador es un “costo hundido”. Mejor dicho, usted no lo puede tener en cuenta en la evaluación del proyecto. Incluso le aconseja que mire esta página sobre el tema. Si por tener en cuenta ese costo hundido, decide no acometer la inversión, usted está de todas maneras perdiendo la oportunidad de ahorrarse $360.000 durante cada uno de los siguientes 10 años.  Por contabilizar el “costo hundido” usted está llegando a una decisión errónea.
El proyecto de modernización del sistema de semáforos de Bogotá supone la utilización de una tecnología muchísimo más moderna que la existente, mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de unos controladores más modernos, así como el reemplazo de la red de cobre que hoy sirve de medio de comunicación por una de fibra óptica. Es de esperarse que ello tenga enormes beneficios en términos de movilidad y de disminución de accidentes. Pero surge la pregunta: ¿Qué hacer con los controladores antiguos y con la red de cobre? Con relación a los primeros lo lógico es utilizarlos, pero solo en la medida en que sean compatibles con la nueva tecnología. Con relación a la red de cobre, pues toca desmontarla.
 En su entrevista al diario El Tiempo ( ver aquí) . el secretario de movilidad de Bogotá ha dicho que se van a utilizar aquellos controladores que sean compatibles con la nueva operación, y aquellos que no lo sean, se pueden dar de baja y vender, posiblemente como chatarra. Lo mismo va a pasar con la red de cobre. Incluso señala que tratar de separar el cobre del caucho que lo cubre valdría más que el cobre recuperado. No vale por lo tanto la pena hacerlo.
¿Debería calcularse el valor a obtener por los activos que se darán de baja antes de decidirse a adelantar el proyecto? No necesariamente. El escenario más riguroso es el de asumir que estos activos valen cero. Si aun sin recuperar cualquier suma por la disposición de estos activos dados de baja el proyecto sigue siendo conveniente, con mayor lo será si se logra recuperar cualquier valor. Existen procedimientos legales en Colombia que regulan la baja o venta de estos activos, y no podría esperarse que ese procedimiento esté plenamente definido antes de acometer el nuevo proyecto. “Después veremos qué hacemos con el calentador viejo”, le diría su hijo.
Con esta manera de pensar de la Procuraduría, ninguna entidad pública podrá pensar, por ejemplo, en modernizarse tecnológicamente, porque antes de hacerlo deberá definir qué hace con los computadores o con las redes antiguas. Los proyectos van a costar más y se van a demorar más.
Posiblemente el Secretario de Movilidad, para ahorrarse dolores de cabeza (y dinero, porque el abogado que lo defienda debe pagarlo de su bolsillo), llegue a la conclusión de que lo mejor hubiera sido no hacer nada, y dejar a la ciudad con una tecnología de semáforos hace tiempo mandada a recoger. Es lo que posiblemente deben estar pensando muchos funcionarios públicos en este momento frente a los proyectos que quisieran adelantar
Ojalá que la Procuraduría General de la Nación, al juzgar este proceso disciplinario, tenga más sindéresis, capacidad técnica y sentido común del que ha demostrado hasta ahora. Lo mismo debería esperarse, en general,  de todos los organismos de control.

Comentarios

Luis Ignacio Betancur ha dicho que…
Ante todo, felicitaciones y agradecimientos a Francisco en sus 10 años de su blog
El de hoy destaca la persistente tontería de los Organismos de Control en Colombia

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