Sobre el proyecto de punto de borrón y cuenta nueva. Los inconvenientes de la información asimétrica.
El proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva”, de aprobarse,
le hará un enorme daño a la eficiencia en el manejo del ahorro de los
colombianos, a los buenos deudores, que son la gran mayoría, y a la competencia
en el sector financiero.
El Congreso está a punto de aprobar un proyecto de ley que
busca supuestamente actualizar la ley de Habeas Data y crear, según sus proponentes,
“un borrón y cuenta nueva que beneficie a los colombianos que se encuentran
reportados en las centrales de riesgo y que se pongan al día para la entrada en
vigencia de la ley”. Básicamente, propone
que el tiempo de permanencia de un reporte negativo en las centrales de riesgo
corresponda al tiempo de mora, pero con un máximo de dos años; en el caso en que no se haya pagado la obligación, el reporte negativo será
máximo de cinco años; prohíbe que esta información negativa o desfavorable sea utilizada en los sistemas
de puntuaje de deudores (credit-scoring); en fin, propone una amnistía que
borre toda la información negativa de aquellos deudores que en el momento de aprobarse
la ley o en los siguientes seis meses paguen sus deudas.
Como punto importante para entrar a discutir el proyecto en cuestión,
vale la pena señalar que es de interés general que el ahorro de los recursos de la
sociedad, que se canaliza a través de los intermediarios financieros, se oriente
hacia aquellas empresas o personas que estén en mejor capacidad de manejar esos
recursos. Por ello los bancos, , tienen el interés, y además la obligación, de examinar
a los solicitantes de crédito, para determinar tanto su capacidad, como su
voluntad de pago.
Uno de las más innovaciones financieras más significativas
en la gestión del crédito en las décadas recientes ha consistido en la adopción de los sistemas masivos
de estudio de las solicitudes de
crédito. Gracias a la disponibilidad de datos, tanto de las propias entidades
financieras como de las centrales de riesgo, sobre el comportamiento pasado de
los deudores, es posible predecir con una alta confiabilidad cuál puede ser el
comportamiento crediticio de un potencial deudor. Con esta información, se puede aprobar
una solicitud, por ejemplo, para adquirir un automóvil, una vivienda, un crédito
de consumo o una tarjeta de crédito, en unos pocos minutos.
Es necesario señalar que el 92% de las
personas con historial crediticio en las centrales de riesgo colombianas (Datacrédito
y CIFIN) cuenta con información exclusivamente positiva sobre su comportamiento
crediticio. Ese es un activo importante
para ellas, puesto que su comportamiento es observado por las entidades financieras,
quienes saben que la probabilidad de que paguen deudas adicionales en que
incurran es bastante alta. Pero cuando se obliga a borrar la información
negativa, pierde valor la positiva: las entidades prestamistas no tendrán como
discriminar entre “buenos” y “malos" deudores. Perjudicará
esta norma a la gran mayoría de personas cuyo historial crediticio está
reportado en las centrales de riesgo. Se presentaría una situación semejante si
una Universidad prohibiera reportar la información negativa de los registros de
notas para efectos de calcular el promedio obtenido. Esa información perdería
toda credibilidad frente a quienes van a basarse en ella para tomar decisiones
sobre vinculación laboral o sobre admisión en programas de postgrado. Los buenos
estudiantes serían los perjudicados.
El proyecto de ley de
“borrón y cuenta nueva” va a dificultar la aplicación de estas tecnologías de
gestión del riesgo de crédito. Puede conducir a una elevación en las tasas de
interés para todos los deudores por las siguiente razones:
1 1) Como se sabe, el riesgo percibido por el acreedor
es un factor importante en la determinación de las tasas de interés. Al no
poder discriminar entre “buenos” y “malos deudores”, por la deficiente calidad
de la información provista por las
centrales de riesgo, se crea el conocido problema económico de “información asimétrica”.
Para los bancos, es más seguro asumir que
todos son malos deudores, y cobrar la tasa de interés asociada con esa
suposición. Esto espanta a una cantidad importante de buenos deudores. Se crea
por lo tanto la situación que el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz,
junto con su coautor Andrew Weiss, denominó racionamiento crediticio en un famoso
artículo publicado en 1981
2) Si las entidades financieras no cuentan con
información creíble sobre el comportamiento crediticio de sus clientes, deberán
reemplazar sus sistemas de análisis de crédito por otros más costosos: verificación
y análisis cuidadoso de la información financiera provista por el deudor, así
como de sus referencias comerciales y personales. En el caso del crédito masivo de consumo de
bajo monto, esa tarea será sencillamente imposible. El banco deberá tomar sus
decisiones basado en su propias bases de datos. Estos costos se pasarán a los usuarios de crédito a través de mayores tasas de interés. Esto dificultará la competencia: un buen deudor no tendrá incentivo para
cambiarse de banco, porque su información crediticia positiva registrada en las
bases de datos públicas dejará de ser creíble.
3 3) Hoy en
día todas las entidades de crédito vigiladas por la Superintendencia Financiera
están obligadas a reportar toda la información, tanto positiva como negativa sobre el comportamiento crediticio de todos
sus clientes. Esas bases de datos
privadas tienen por lo tanto una utilidad pública. Al prohibirles a las entidades
compartir la totalidad de esa información, se crea una ventaja competitiva para
los bancos más grandes, que dispondrán de una base estadística más amplia para armar
sus sistemas internos de valoración del riesgo de los deudores. Son muchas las pequeñas entidades de crédito
que han surgido recientemente, como las especializadas en microcrédito o las
FinTech, cuyo insumo principal en sus
decisiones de crédito son precisamente las centrales de riesgo. Algunas de ellas
desaparecerán o tendrán que cambiar radicalmente su modelo de negocio. Al reducirse la competencia, las entidades
financieras que queden podrán gozar de un mayor poder de mercado.
Es posible que, faltando solamente un debate en el Congreso,
este proyecto sea aprobado. Pero es necesario dejar una constancia histórica
sobre el enorme daño que le hará esa ley a los buenos deudores, que son la
mayoría; a la eficiencia en la asignación de los recursos del ahorro de los
colombianos, y a la competencia en el sector financiero. Nunca es tarde para
hacer un llamado a la responsabilidad de nuestros parlamentarios. ¿Seremos demasiado ilusos?
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