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lunes, 14 de abril de 2014

Una nueva visión sobre la desigualdad. El Libro de Picketty (II)

La concentración del ingreso en el país es mucho más alta de lo que pensábamos. Además de ello, los ricos pagan muy pocos impuestos

Continuamos con los comentarios sobre el libro El Capital en el Siglo XXI de Thomas Picketty, que iniciamos en nuestra entrada anterior. Pero vamos a concentrarnos en lo que sucede al aplicar dicha metodología al caso colombiano.
Una de las principales tesis del Picketty, consiste en que, puesto que la rentabilidad del capital tiende a ser superior a la tasa de crecimiento de la economía, la proporción del Producto Interno Bruto que remunera al capital tiende a crecer. Como además,  los que derivan sus ingresos del capital son menos que los que derivan sus ingresos del trabajo, la tendencia resultante es la de un incremento en la concentración del ingreso.
Qué  nos pueden decir las  cifras en Colombia? Tal vez valga la pena recordar que desde el punto de la distribución del ingreso, el DANE nos presenta cuatro posibles receptores de los ingresos generados en la economía resultantes de la actividad productiva:
a)     Remuneración a los asalariados. Son los pagos  y contribuciones que las unidades productivas efectúan a favor de sus empleados en contraprestación al trabajo realizado [1]
b)    Excedente de explotación. Es el exceden te devengado en los procesos de producción. Incluye las utilidades, los intereses y las rentas. De acuerdo con la metología de Piketty, constituyen todos estos componentes indiscutibles de la remuneración al capital.
c)     Los ingresos mixtos. En las pequeñas unidades productivas que no están constituidas como sociedad la remuneración de sus dueños puede corresponder tanto a trabajo como a capital, y no es posible diferenciar entre estos dos conceptos. En una economía como la colombiana, en la cual la informalidad tiene un peso importante, los ingresos mixtos también tendrá un peso significativo.
d)      Los impuestos (una vez restados los subsidios) sobre la producción de los bienes o servicios obtenidos como productos, es decir, los impuestos indirectos. Aquí se incluye por ejemplo, el IVA. El gobierno participa entonces en la repartición del valor agregado generado en los procesos productivos.   
 Con la ayuda de las cuentas nacionales anuales publicadas por el DANE  [2], he construido el siguiente cuadro, que muestra la distribución del valor agregado bruto [3] entre sus distintos componentes (recomiendo marcar sobre el cuadro para apreciarlo mejor):
 
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales.
Como se aprecia en el cuadro,  la remuneración al trabajo ha caído desde un 35% a un 33% entre 1994 y 2012. El ingreso mixto bruto, es decir, el obtenido por aquellas pequeñas unidades productivas en donde es imposible distinguir entre la remuneración al trabajo o al capital ha disminuido desde un 27,9% a un 21,8%. La participación del gobierno en el valor agregado, a través de impuestos indirectos netos de subsidios,  ha disminuido dos puntos porcentuales (pese a los incrementos en el IVA). En fin, la participación del excedente bruto de explotación, es decir la proporción del PIB que constituye indudablemente remuneración al capital en sus diferentes formas,  ha aumentado desde un 27,7% del PIB en 1993, hasta un 36,3% en el 2012.  
Facundo Alvarado y Juliana Londoño en su estudio (que se puede consultar aquí), utilizaron la metodología del profesor Piketty para estudiar en detalle el caso colombiano, procesando para  para ello microdatos sobre el impuesto a la renta provistos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (de paso, celebramos que la DIAN ponga a disposición de los investigadores sus bases de datos tributarias). Sus conclusiones son las siguientes:
a)  Se reafirma que Colombia tiene unos ingresos altamente concentrados, aun cuando en proporciones bastante superiores a lo que indican los índices GINI. El 1% de ingresos más altos concentra el 20,4% del total de ingresos en el 2010. Este porcentaje es el más alto en la muestra de países disponibles, salvo el caso del Estados Unidos, que has estado por encima de Colombia desde finales de los años 90.
 
b)   Los ingresos más altos en Colombia corresponden en su mayoría a rentistas de capital o a terratenientes. Es muy distinto el caso que se presenta en Estados Unidos y en otros países desarrollados, en los cuales los altos ingresos se explican por incrementos importantes a los altos ejecutivos. Esto hace que nuestro país sea desde este punto de vista una sociedad más tradicional.  
 
c)    Los impuestos a renta contribuyen muy poco a reducir estas desigualdades. Los  ricos pagan muy pocos impuestos, como resultado de las bajas tasas existentes a los ingresos de capital, fenómeno generalizado como consecuencia de la competencia internacional por atraer capitales. Pero afirman que lo sobresaliente de Colombia son las tasas muy modestas de impuestos que pagan los más ricos.   Por otra parte, señalan que las contribuciones a la seguridad social para los ultra-ricos son insignificantes: equivalen al 0,3% de su ingreso. Afirman además que la naturaleza de los alivios tributarios, que favorecen especialmente a los más ricos,  hace que los impuestos sean regresivos.
Tarde o temprano el Congreso y el Gobierno tendrán que reformular la estructura de los impuestos personales ligados al capital. Es apenas uno de los instrumentos para corregir las inequidades derivadas de la exagerada concentración del ingreso, como lo señala Piketty en  los capítulos 14 y 15 de su libro. Es oportuno preguntar en este momento a los candidatos presidenciales  cuál es su posición sobre los impuestos a la renta sobre los ingresos al capital.  Ojalá se pronunciaran sobre ello.  

[1] Las definiciones aquí utilizadas corresponden Sistema de Cuentas Nacionales, Naciones Unidas, Comisión Europea, Banco Mundial, OECD, Fondo Monetario Internacional, 2008.
[2] Fue necesario para esto juntar los datos de os sistemas de cuentas nacionales del DANE, base 2000 hasta el año 2000, y base 2005 de allí en adelente. Se hizo la cuenta con precios corrientes.
[3] Es Bruto porque no se ha restado la depreciación de los activos fijos de la economía. El Dane no publica los datos netos.

sábado, 15 de marzo de 2014

Una nueva visión sobre la desigualdad de ingresos: el libro de Piketty.



El libro "El Capital en el siglo veintiuno" arroja nuevas luces sobre el estudio de la desigualdad en el mundo y sus tendencias históricas. No trae buenas noticias sobre Colombia.  
 
Acaba de publicarse en Estados Unidos  la versión en inglés del libro de Thomas Pickety, Capital in the twenty-first century (2014, Harvard University Press). Este libro había sido publicado en Francés el año el año anterior [1] y ha recibido amplios comentarios en la prensa económica. Bruno Milanovic, del departamento de investigaciones del Banco Mundial en su reseña, si bien confiesa que tiene dudas para clasificarlo como uno de los mejores libros en Economía de las últimas décadas, manifiesta que se trata de una publicación que marcará un punto de inflexión en el pensamiento económico.
El tema principal de investigación del autor, director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y profesor en la Escuela de Economía de París, es la relación entre el desarrollo económico y la concentración del ingreso.  Apoyado en un vasto arsenal de datos estadísticos que, en el caso de Francia, provienen de la época de la revolución, ha trazado una  impresionante y erudita explicación acerca de la concentración de los ingresos en los principales países desarrollados: Estados Unidos, Japón, Alemania y Gran Bretaña.  Pero su metodología de trabajo le ha permitido a Piketty y a sus coautores o discípulos ocuparse también de algunos países emergentes, como Colombia (volveremos más adelante).
La teoría tradicional sobre la concentración del ingreso se basó durante muchos años en la famosa “Curva de Kuznets”, que señalaba que la concentración del ingreso aumenta en las primeras etapas del desarrollo económico, un fenómeno natural asociado a las primeras etapas de la industrialización, seguida de una fase de reducción de la desigualdad, en la medida en que los beneficios técnicos del progreso y la mayor productividad del trabajo permiten aumentar los ingresos del trabajo con relación al capital [2].
Piketty señala que el fenómeno de reducción en la desigualdad en los países desarrollados que se presentó entre 1914 y 1945, y que constituyeron la base para la famosa “curva de Kusnetz” ( con forma de U invertida),  fue una fase excepcional en el desarrollo del capitalismo. Fue la destrucción de riqueza privada resultante de la gran depresión, de las dos guerras mundiales y de los choques políticos resultantes lo que produjo una disminución en dicha concentración. 
Que el período analizado por Kuznets era excepcional lo demuestra Piketty apoyándose en el gráfico adjunto (tomado de la edición francesa de su libro), que muestra la proporción del ingreso que en Estados Unidos tiene el 10% más alto de la población en el ingreso total (marque sobre el gráfico para apreciarlo mejor) 
 
 Fuente: Piketty, pag 24.
 Entre 1913 y 1948 se presentó efectivamente una disminución en la concentración del ingreso (período estudiado por Kuznets), que se estabilizó hasta finales de los años 70. De allí en adelante ha aumentado la concentración, hasta el punto de que en 2010 la proporción del ingreso que tenía el decil de la población con ingresos más altos era semejante a la existía a finales de los años 20, antes de la gran depresión.
Piketty explica esta tendencia como resultado de lo que él denomina la desigualdad fundamental, consistente en que la tasa de remuneración del capital tiende a ser mayor que la del crecimiento de la economía. Los ingresos del capital corresponden  a las utilidades, dividendos, intereses y rentas, que por su propia naturaleza, están concentrados en los estratos más altos de la población. En la medida en que se presente esta divergencia, el tamaño de las riquezas heredadas crece más rápido que el producto y que el ingreso total. En estas condiciones, afima Pikkety (pag 26), es inevitable que la riqueza heredada domine por un amplio margen la que puede acumularse en toda una vida de trabajo. La concentración del capital llega a niveles extremadamente altos,  “incompatibles con los valores y principios meritocráticos y de justicia social, fundamentales en las sociedades democráticas modernas" (pag 26) .
Una de las grandes innovaciones metodológicas del trabajo de Piketty consiste en la utilización de las declaraciones de impuestos como base de análisis. Como se sabe, las estadísticas normales sobre distribución del ingreso se han apoyado universalmente, y Colombia no es una excepción, en las encuestas de hogares y en los cálculos del coeficiente de Gini hechos sobre ellas. Pero las encuestas de hogares tienen un problema: son muestras estadísticas, y los ricos son muy pocos. La probabilidad de que un rico salga seleccionado en la muestra, y además que acepte contestar, informando la verdad sobre sus ingresos y su riqueza es casi insignificante. Si se aplican los factores multiplicadores de ingresos resultantes de las encuestas de hogares aparece una enorme diferencia con relación al ingreso total resultante de las cuentas nacionales. El ingreso faltante, según Piketty (aun cuando otros autores ya habían señalado esta deficiencia) puede deberse a que una parte importante de los ingresos se dirige a los individuos más remunerados, cuyos ingresos no son siempre capturados en estas encuestas.  
¿Qué pasa en Colombia?  Aún con la información de las encuestas de hogares Colombia tiene un índice alto de concentración del Ingreso (Gini de 0,53) pero esta concentración está subestimada al utilizar cifras de ingresos reportados a las autoridades tributarias.
El gráfico siguiente, tomado también de la edición francesa del libro (pag 327) muestra las cifras de algunos países emergentes para los cuales Piketty ha logrado reunir datos tributarios. En el caso de Colombia, ello solo ha sido posible a partir de 1993. Como se puede apreciar el 1% de ingresos más altos en Colombia tiene algo más del 20% ingreso total durante el período 1990-2010, sin ninguna tendencia clara. Esto le permite al autor señalar (pag 327) que Colombia es una de las más desiguales economías entre los países que ha estudiado.

Fuente: Piketty, pag 327.
 
 
En nuestra próxima entrada volveremos a hablar de lo que dicen las cifras sobre Colombia, tanto en el libro de Piketty como en otros autores que han utilizado su metodología. 
 
 

 


[1] Le capital au XX siécle. Editions de Seuil, Septembre, 2013.
[2] Kusnetz, S. A contribution to the theory of economic growth. American Economic Review, 45 No. 1. 1955. 65-94.  



domingo, 2 de marzo de 2014

Sostenibilidad del sistema de salud colombiano: amenazas en el horizonte (II)



El control al crecimiento en la provisión de bienes y servicios asociados a la salud, la modulación de la demanda, y la participación regulada del capital privado, constituyen otros elementos indispensables para asegurar la sostenibilidad del sistema
 
Control a los costos

Aún si los recursos destinados al sistema de salud permanecen constantes, o si aumentan,  puede haber una situación que signifique un deterioro en las condiciones de acceso a los servicios de salud: un incremento exagerado en los precios de los medicamentos, tratamientos y dispositivos disminuirá la capacidad adquisitiva del presupuesto en salud.

Hay varios factores que pueden incidir en dicho incremento. Uno de ellos tiene que ver con la cada vez mayor disponibilidad de nuevas tecnologías. A diferencia de lo que sucede en otras actividades económicas, en las cuales el desarrollo tecnológico se traduce en una disminución de precios, en el caso de la salud la tendencia universal ha sido la de un incremento en los mismos.  Por otro lado,  la estructuración en algunos mercados de bienes y servicios en condiciones de monopolio y oligopolio, llevan a que los precios no se determinen en condiciones de eficiencia económica.
Si bien es conveniente que en la  provisión de la gran mayoría de bienes y servicios relacionados con la salud operen los mercados en condiciones de competencia, es claro que existen situaciones en las cuales simplemente ello no es posible. Las patentes sobre medicamentos se traducen por definición en monopolios. En algunos mercados regionales operan muy pocos proveedores.  Algunas especialidades  médicas se caracterizan por la escasez de participantes.

En todos estos casos se justifica la acción del regulador.  Debe recordarse que en últimas es el Estado el que opera como comprador de última instancia en la gran mayoría de estos bienes y servicios, [1]y ello debe traducirse en la utilización de su capacidad negociadora para la obtención de condiciones favorables de precios.
De funcionar efectivamente un sistema de análisis beneficio/costo en la inclusión de medicamentos en el plan de beneficios, esto puede operar como un instrumento hacia la reducción de precios. Para que un medicamento sea incluido debería superar el umbral mínimo que hayan definido las autoridades para su inclusión [2]. Esto debe traducirse en que la inclusión en el plan obligatorio de salud, y aún su adquisición en situaciones que estén por fuera del plan, estén   sujetas  a un acuerdo previo con el Ministerio de Salud sobre las condiciones de precio.  Para esto las autoridades deben contar con información actualizada sobre precios en mercados semejantes el de Colombia[3].

Como en otros sectores económicos en nuestro país, existen fallas en la regulación en lo relacionado con el control al poder de mercado y sobre el control de abusos de la posición dominante. Dentro del esquema institucional colombiano, la competencia, tanto en el mercado de aseguramiento como en la provisión de servicios de salud son los instrumentos principales que se espera incidan en la reducción de costos y en el mejoramiento de la calidad. Sin embargo, existen fallas notorias en este frente.
Algunas normas, antes que promover la competencia, la han restringido. La Ley 1122 (art 14 lit f), ordenó que la prestación de los servicios para la atención y prevención deba hacerse a través de la red pública contratada por las EPS del régimen subsidiado del respectivo municipio. La misma ley (art 16) obliga a las EPS del régimen subsidiado a contratar como mínimo el 60% del gasto en salud con las entidades públicas prestadoras del servicio. Esto ha desalentado el desarrollo de infraestructura adicional. No es de extrañar que, según los datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, a diciembre de 2010, en 795 municipios del país existía monopolio en la prestación de los servicios de salud. Todo monopolio, público o privado, se traduce en precios elevados.

Cuando sea inevitable la existencia de oligopolios o monopolios en mercados relacionados con la  provisión de bienes y servicios relacionados con la salud, será necesario que el Estado regule, como lo hace en otros sectores de servicios públicos. Obviamente, esta regulación debe ser compatible con el legítimo interés de los proveedores, sean privados o públicos, de recuperar sus costos, incluidos los costos de oportunidad del capital invertido. Este principio es el que se aplica en los servicios públicos domiciliarios, contemplado en la ley 142 de 1993 [4].
Modulación de la demanda

En fin, otra condición básica para la eficiente utilización de los recursos destinados a la salud y por lo tanto para la sostenibilidad del sistema consiste en la adecuada modulación de la demanda, a través de las cuotas moderadoras y de los copagos, cuando las condiciones lo requieran.  En el caso de los tratamientos y medicamentos no contemplados en el POS, la Corte Constitucional ha insistido en que “la falta de capacidad de pago para sufragar los medicamentos, tratamientos o insumos que son ordenados por el médico tratante… es uno de los requisitos que deben acreditarse en orden a obtener su autorización por esta vía excepcional”[5].  Ello exige que el sistema de salud disponga de información sobre la capacidad de pago de los afiliados, situación que hoy no existe. Ello va a exigir una necesaria coordinación con las autoridades tributarias.
Participación del capital privado

Ha circulado en los últimos años, inclusive por parte de gobernantes, la sentencia:   “la salud no debe ser un negocio”. Esta afirmación es simplemente demagógica. Cualquier actividad económica, la producción de alimentos, de vestuario, de bienes culturales, etc., puede ser objeto de la actividad privada, que solo tendrá incentivo de vincularse a ella si existen probabilidades razonables de obtener una ganancia legítima. La producción de medicamentos, la prestación de servicios de salud  (consultas, hospitalización, exámenes de laboratorio, etc), y el servicio de aseguramiento, exige de inversiones de capital de riesgo, y dicho capital debe ser remunerado.
La participación del sector privado como asegurador o como proveedor de servicios, medicamentos o insumos necesarios para la salud es un requisito indispensable para la sostenibilidad del sistema. Sin esta participación va a ser muy difícil que se desarrolle la infraestructura necesaria, y que se provean estos servicios en condiciones de competencia por precios y por calidad.

La regulación, trátese de precios, de calidad o de protección al consumidor, debe conciliarse con el legítimo derecho que tiene el capital privado de obtener una utilidad proporcional al riesgo que está ocurriendo. Sin esta participación, va a ser imposible que el sistema le otorgue a los colombianos de las actuales y de las próximas generaciones unos servicios en salud en condiciones de eficiencia económica. Es decir, no podrá ser sostenible.



[1] Si bien quien paga directamente el medicamento o servicio es el asegurador, un alza en los precios elevaría el costo actuarial del plan de beneficios. En los términos del sistema colombiano, ello elevaría el valor de la unidad de capitación.
[2] Por ejemplo, costo por año de vida saludable proporcionado por el tratamiento. Existen muchos otros mecanismos de asignación. Ver la nota 4.
[3] Ya el Ministerio de Salud ha dado pasos importantes en este tema, para algunos medicamentos.
[4] Dice el artículo: “Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo, que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados,  y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado  competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de los servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste”.
[5] Sentencia 017/2013. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

domingo, 23 de febrero de 2014

Sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Amenazas en el horizonte


He estado hojeando el Informe sobre Estadísticas Sanitarias Mundiales publicado por la Organización Mundialde la Salud, correspondiente al año 2013. He encontrado algunas cifras interesantes, al comparar a nuestro país con otros de nivel de desarrollo económico semejante.

A pesar de las fallas que indudablemente tiene el sistema de salud colombiano, es indudable que el país ha hecho progresos importantes en este campo, especialmente a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993.  En el gráfico adjunto se muestran los progresos en algunos indicadores recogidos por la OMS y se comparan estos indicadores con el progreso mundial. Mientras en promedio los indicadores de Colombia han mejorado un 34%, para el mundo dicha mejora ha sido del 24%.
Fuente: Cálculos hechos a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales, 2013.
Estas estadísticas permiten también algún análisis comparativo sobre la equidad relativa del sistema de salud colombiano. No es posible hacer, como en el caso anterior, un análisis temporal, aun cuando algunos estudios han señalado que el mayor impacto de la reforma del sistema de salud se logró en los sectores más pobres de la población (por ejemplo, el informe del BID de 2009, Diez años de expansión del aseguramiento en salud en Colombia).
Desafortunadamente son muy pocos los países para los cuales el informe de la OMS publicó los indicadores de equidad en salud.  Solo se publican para algunos países en vía de desarrollo para los cuales se pudo disponer de los datos de las Encuestas de Demografía y Salud (marque sobre el cuadro, para apreciarlo mejor). .

Fuente: Cálculos hechos  a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales, 2013.

Una pregunta que vale la pena hacerse tiene con ver con la sostenibilidad del sistema. Vamos a utilizar la definición de sostenibilidad del informe Brundtland de las Naciones Unidas: “Un desarrollo es sostenible si satisface la necesidades de las actuales generaciones sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer las de ellas”[1].  

Desde el punto de vista del acceso a los bienes y servicios que permiten mejorar la salud de los colombianos es necesario identificar si existen amenazas a la sostenibilidad del sistema de salud. ¿Cuáles serían los escenarios que comprometerían la  posibilidad de que las futuras generaciones dispusieran de un acceso  a los servicios de salud que fuera por lo menos igual al que hoy se dispone?
Téngase en cuenta que no se está proponiendo simplemente “dejar las cosas como están”. Va a ser necesario continuar haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud. Pero  pueden existir situaciones que impidan que en los años por venir sea posible mantener los mismos indicadores de cobertura  y de calidad en los servicios de salud.

Un elemento positivo, desde el punto de la equidad en el acceso a los servicios, lo constituye el hecho de que el gasto público como porcentaje del gasto total en salud es en Colombia  del 74,6%, que sitúan a nuestro país entre los más altos del mundo, equivalente al promedio europeo, y el más alto de Latinoamérica, después de Cuba, que dado su modelo económico, financia con recursos públicos un 95% del gasto en salud. Téngase en cuenta que el promedio mundial  de este indicador es del 58,9% y entre los pases de ingreso mediano alto (grupo en el cual la OMS califica a Colombia) es del 36,1%. 
Por otra parte, la participación de la salud dentro del gasto público total era en el 2010 del 17,8% que es también alto dentro de los estándares mundiales. El promedio mundial es de 12,1% , y para los países de ingresos medianos altos es del 11,6%. En este indicador los únicos países de América Latina que están por encima de Colombia son Nicaragua  (19,8%) y Uruguay (18,8%).

De lo anterior se puede concluir que es estrecho el margen para que aumente significativamente el gasto público en salud y por lo tanto el gasto total. Suponiendo que este esfuerzo fiscal permanezca constante o suba en algunos en algunos puntos  (en términos del porcentaje del gasto en salud en el PIB y de participación del gasto público en el gasto total en salud), las posibilidades de mejorar tanto la cobertura como la calidad en la prestación de los servicios de salud exigen como condición indispensable mejoras en la eficiencia.  Es decir, se debe buscar que los colombianos adquieran más valor por el dinero que destinan por impuestos, contribuciones parafiscales y gasto de bolsillo a la obtención de bienes y servicios relacionados con la salud. Ello exige acciones en la definición del plan de beneficios del sistema de aseguramiento, en un control a los costos de prestación de los servicios,  en la modulación de la demanda, todo ello dentro de un esquema que permita la vinculación del capital privado. Desarrollaremos en seguido cada uno de estos puntos.
Plan de beneficios .

El sistema de salud debe tener consciencia de los límites financieros con los cuales debe operar. Ello exige reconocer que no posible darle “todo a todos”, es necesario priorizar cuáles procedimientos, tratamientos, o dispositivos es posible financiar, y a quiénes. En esa priorización debe buscarse el máximo beneficio en salud posible.  Ese era por lo menos la voluntad de los legisladores cuando establecieron el Plan Obligatorio en Salud en la Ley 100.
La determinación del plan de beneficios debe partir de estudios sobre la carga de la enfermedad, sobre las frecuencias deseables de uso  de los diferentes  bienes y servicios asociados a la salud y  de un conocimiento claro y objetivo de los costos de estos bienes y servicios.  A partir de allí será posible determinar el gasto esperado, determinado por la probabilidad de enfermedad, multiplicado por el costo del tratamiento[2].
Elaborada la lista de costo esperado total, es necesario seleccionar cuáles medicamentos, procedimientos, dispositivos, etc, podrán ser incluidos en el plan de beneficios.  La literatura señala múltiples criterios para ordenar y seleccionar los beneficios básicos en salud, criterios que buscan cuantificar la relación costo/beneficio de los elementos candidatos a ser parte del plan de beneficios,  pero no nos vamos a extender en este artículo en este tema [3]. Debería establecerse de todas maneras, y de manera taxativa, el tipo de gasto que no podría ser financiado con recursos del sistema de seguridad social en salud tales como tratamientos que solo están en vía de experimentación, gastos que no estén relacionados con el sistema de salud, tratamientos en el exterior, etc., en consonancia con la propuesta de reforma que presentó el Ministerio de Salud y que está en estos momentos en discusión en el Congreso. 
Pero estos no deben ser los únicos criterios para exclusión del  plan de beneficios.  Aquellos elementos que no cumplan con los parámetros mínimos de relación beneficio/costo,   simplemente no deberían hacer parte  de él.  

Una vez establecidos los componentes del plan de beneficios, ellos deben ser aceptados y respetados por quienes inciden en la administración del sistema: gobiernos nacional y locales, aseguradoras, prestadores, afiliados, y jueces.  ¿Deben autorizarse, en casos extraordinarios, medicamentos o tratamientos que no hagan parte del plan?  Si el plan de beneficios se ha elaborado adecuadamente, no debería haber excepciones o estás deberían ser mínimas. Es necesario tener en cuenta que, manteniendo constantes los recursos,  la autorización de un tratamiento excepcional significa sacrificar la oportunidad de acceso a aquellos afiliados al sistema que  tienen derecho a los tratamientos que hacen parte del plan.  El beneficio general se ha sacrificado en aras de beneficios individuales.
Aceptando que pueda aceptarse imperfecciones en la elaboración del plan de beneficios, imperfecciones que salen a la luz cuando se enfrentan casos particulares, podría aceptarse que las autoridades de salud dispongan de un presupuesto para “gastos imprevistos”, con los cuales podrían financiarse estas situaciones. Pero se debe ser consciente que una ampliación de los gastos programados “imprevistos”[4], significa una reducción en el presupuesto destinado al plan de beneficios obligatorio.  Por otra parte, la abundancia de excepciones le resta legitimidad al plan obligatorio.  Si un afiliado sabe que hubo otro que se “coló en la fila” tendrá la tentación  de proceder de la misma manera.

En las entradas próximos hablaremos de otros temas que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de salud: el control a los costos, la modulación de la demanda, y la participación del capital privado.


[1] World Commission  on Environment and development.1987. Our common future. También conocido por informe Brundtland. Disponible en  http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 
[2] Esto se aplica también a actividades de prevención. En estos casos, y dependiendo de la tipología del afiliado, la probabilidad de utilización podrá estar cercana a 1.
[3] Ver al respecto, por ejemplo: Institute of Medicine of the National Academies(2012), Perspectives on esencial health benefits. Cookson,R y Dolan, P. (2000). Principles of justice in health care rationing. Journal of Medical and Ethics. 26 (5), 323, y Rutten F y Van Bussbach J. (2001) How to define a basic package of health services for a tax funded or social insurance based health care system?. European Journal of Health Economics, 2(2). 45-46.
[4] Léase No Pos, para el caso colombiano.

lunes, 17 de febrero de 2014

La revaluación y la devaluación del peso: una perspectiva desde la balanza de pagos

El saldo de las cuentas de Colombia con el resto del mundo explica la revaluación de los años anteriores y la actual devaluación.
 
En nuestra entrada anterior habíamos señalado una paradoja,  en Colombia se había presentado una revaluación del peso, pese a que registrábamos un déficit en cuenta corriente. A la luz de la teoría de paridad de poder del compra, ello sería imposible.
La explicación de esta paradoja es relativamente simple. La teoría de la paridad del poder de compra supone que la demanda  y oferta de moneda extranjera solo depende de los flujos resultantes del comercio: venta y compra de bienes y servicios. Un país caro verá encarecer sus exportaciones, se abaratarán sus importaciones, y se llegará a una situación de equilibrio.
Pero la verdad es que la oferta y la demanda de dólares no depende solo de los flujos de comercio: depende también del flujo de capitales, bajo la forma de inversión extranjera directa o de endeudamiento.
Normalmente un déficit en la cuenta corriente debe financiarse con un superávit en la cuenta de capitales. A un país le sucede lo mismo que a una persona, Si en un mes usted se gana 5 millones, y se gasta 7 millones, ello solo es posible si usted se endeuda en 2 millones, o , lo que es equivalente financieramente, si gasta de sus ahorros acumulados esos dos millones., En ambos casos su endeudamiento neto (pasivo menos activos con otros agentes económicos) ha  aumentado en 2 millones. Usted habrá tenido un déficit en su cuenta corriente personal por valor de 2 millones, que ha sido compensado con un superávit en la cuenta de capital por el mismo valor.
El saldo en la cuenta corriente de un país no es nada distinto a la suma acumulada de los saldos de todos los agentes económicos de ese país (personas, empresas y gobierno). Un déficit indica que nuestros gastos totales fueron superiores a nuestros ingresos totales.
Entre 2010 y septiembre de 2013 (última fecha con información disponible del Banco de la República, hemos tenido un déficit acumulado de US$ 31.200 millones. En ese período nos ha llegado por capitales  la suma de  US$45. 227.  Es decir, nos ha llegado por la cuenta de capitales más de los que necesitábamos. Esta abundancia de dólares permite comenzar a entender la revaluación. Hubiera sido mayor si en el mismo período el Banco de la República no hubiera comprado US$15 millones, que fueron a engrosar nuestras reservas internacionales.
Cómo se endeuda un país? Pensemos por un momento en lo que haría una empresa que tiene un programa de gastos (incluyendo gastos corrientes más compra de equipos), superior al total de ingresos que recibe. La empresa no tiene más remedio que pedir a los accionistas que pongan dinero (capital de riesgo) o endeudarse, por ejemplo, con un banco. Lo primero es menos riesgoso para la empresa: solo le pagará a los accionistas dividendos en la medida en que la empresa sea rentable. Lo segundo, es más barato, pero le genera a la empresa más inseguridad: los intereses deberán pagarse independientemente de que a la empresa le vaya bien o le vaya mal. En un caso extremo, si a la empresa le va mal, deberá entregarle los activos a los acreedores en un proceso concursal o de quiebra.
Un país tiene también distintas posibilidades de obtener recursos: el capital accionario adquiere en las cuentas de la balanza de pagos el nombre de Inversión extranjera directa. También puede el país endeudarse con el resto del mundo. Y ese endeudamiento puede tener su origen en el sector privado o en el público, y la deuda puede ser largo o de corto plazo.
En los países del sudeste asiático la crisis de finales de los años 90 se explicó por la salida en masa de capitales de corto plazo,  que habían sido el instrumento principal de endeudamiento, especialmente del sector privado. Ante el temor de devaluación de las monedas locales, dichos capitales salieron corriendo, precipitando una crisis cambiaria y financiera. Téngase en cuenta que una manera de convertir moneda local en moneda extranjera es sacando los recursos de los bancos, generando una crisis de liquidez en estos. Otra manera es vendiendo activos, por ejemplo, propiedad raíz, lo cual lleva hacia abajo su precio y agudiza también la crisis financiera, puesto que esos activos son garantía de muchos de los créditos bancarios. Algo nos tocó vivir en esta época.
La estructura de financiamiento de la  balanza de pagos colombiana puede llevar a tranquilizarnos. Como lo registra el gráfico adjunto, el principal componente ha sido la inversión extranjera directa. Ello hace que los inversionistas no puedan llevarse sus recursos fácilmente, al menos en el corto plazo (marque encima del gráfico para verlo mejor)



  Fuente: Banco de la República.  

Pero puede haber dos problemas- ¿Qué pasa si esos recursos de inversión extranjera directa no siguen llegando, al menos en los volúmenes mencionados? Recuérdese que un componente importante de esa inversión (49% para el año 2012 y 45% para el 2013) ha estado dirigido  hacia petróleo y carbón. Si los precios de estos productos bajan, como parece ser la tendencia,  disminuirán los incentivos para exploración y explotación, que fue lo que motivó estos flujos de capitales.  La disminución en la inversión extranjera presionará el dólar hacia arriba.  
 
¿Y qué pasa si ahorradores nacionales, temerosos de una posible alza del dólar, deciden convertir sus pesos en dólares, es decir, llevárselos al exterior? Esto no haría sino complicar la situación. Tendrán las autoridades económicas que están atentas. Un instrumento que podrá utilizar el Banco de la República es la contrapartida de lo que han hecho hasta ahora: en lugar de comprar dólares, acumulando reservas internacionales, los venderán desacumulándolas. Otra alternativa sería subir la tasa de interés. Ojalá estemos lejos de estos escenarios.


martes, 4 de febrero de 2014

¿Se encareció la Big Mac en Colombia? ¿Qué pasó con el dólar?


En su número de Enero 12, la Revista The economist ha publicado su tradicional actualización del índice Big Mac, que trata de medir qué tan sobrevaloradas o subvaluadas están las monedas de diferentes países con relación al dólar.
La teoría de la paridad del poder de compra, como un determinante de la tasa de cambio, parte de una idea muy simple: por los movimientos en los precios o en tasas de cambio, o por una combinación de ambos, los precios de los bienes transables (los economistas entendemos por bienes transables aquellos que pueden ser objeto de comercio internacional), deberían tender a ser iguales en los diferentes países. Esto permitiría igualar el valor de las corrientes comerciales. Los superávits y los déficits tendrían a desaparecer. .  

Los movimientos en las tasas de cambio están determinados por la abundancia o escasez de la moneda extranjera. Tomemos el caso de Colombia. Un déficit en nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos (los pagos son superiores a los ingresos, porque nuestras importaciones son superiores a nuestras exportaciones) se debería traducir en una escasez de dólares. Ello haría que su precio suba, es decir, se produce una devaluación del peso colombiano.
Como resultado de lo anterior, los bienes importados serán más caros en pesos, lo cual disminuirá su demanda en el mercado nacional. Los exportados serán más baratos en dólares, lo cual los hará más competitivos en los mercados internacionales, y nuestras exportaciones aumentarán.  El equilibrio se establecerá cuando el nuevo tipo de cambio iguale los precios de bienes transables  con los precios internacionales, y en ese momento tendremos una situación de equilibrio: nuestra balanza comercial se habrá equilibrado. Las exportaciones son iguales a la importaciones, la demanda de dólares es igual a la oferta, y tendremos entonces un tipo de cambio de equilibrio.
La idea que tuvieron los editores de la revista The Economist a mediados de los años 80,  fue la de encontrar una mercancía representativa cuyo precio en un país con relación al de los Estados Unidos, pudiera dar una idea de si su moneda estaba por encima o por debajo de su punto de equilibrio. Con ello se podría predecir las tendencias de las monedas a devaluarse o a revaluarse. La mercancía que escogieron fue la hamburguesa Big Mac,  que es vendida bajo estándares universales, lo cual permite la comparación de precios sin temor a que los  productos sean diferentes.

Comparando los precios de la BigMac en Estados Unidos (US4,62), y los precios en Colombia, la tasa de cambio que equilibraría la balanza comercial en Colombia sería hoy, 4 de Febrero, de $1861,47. La tasa representativa del mercado del dólar está en $2041,34. Esto nos indica que nuestra moneda se ha devaluado más de la cuenta: el tipo de cambio está un 8,8% por encima de su valor de equilibrio.

Cómo pueden cambiar las cosas en un corto período de tiempo. La última vez que hablé de este tema, hace aproximadamente un año,  Colombia era, medido en el precio de la Big Mac, el segundo país más caro del mundo, solamente superado por Brasil.  
No había duda que estábamos en un grave problema: nuestros productos transables eran carísimos. Si nuestras exportaciones habían aumentado, solo la habían hecho en aquellos bienes que no  necesitan del estímulo de la tasa de cambio: petróleo, carbón, ferroníquel, y café. Es decir, las exportaciones que se denominan tradicionales. Mientras tanto las exportaciones menores, correspondientes a aquellos bienes agrícolas o industriales donde nuestra capacidad competitiva depende no de la existencia de recursos naturales sino de los costos internos, se habían debilitado notoriamente. Estábamos enfrentando lo que se llama “enfermedad holandesa”, por lo que le sucedió a Holanda en los años 70, cuando su moneda se revaluó como producto del auge de las exportaciones de petróleo.

El gráfico adjunto muestra la evolución de la composición de nuestras exportaciones:
Fuente: Elaborado según Balanza de pagos del Banco de la Répública. Estimado el último trimestre del 2014.
 
El peso de las tradicionales pasó de un 49% en el 2006 a un 70% en el 2013.
 
Un indicador de la capacidad competitiva de la agricultura y de la industria colombiana son los costos salariales medidos en dólares. El salario mínimo, que jalona el comportamiento de los salarios promedios en Colombia, se ha duplicado entre el 2006 y el 2014, bastante por encima de la inflación internacional. En esto han incidido tanto la revaluación nominal del peso, como los incrementos que han superado consistentemente las tasas de inflación.

 
Fuente: Elaborado con cifras Banco de la República (salario mínimo y tasas de cambio promedio)
 




El gráfico adjunto muestra el comportamiento de nuestra moneda con relación al índice Big Mac: 

Fuente: Construido con datos obtenidos de The Economist (precio en Estados Unidos), Mc Donalds de Colombia (precio en Colombia, información telefónica) y Superintendencia Financiera (Tasa representativa del mercado).  

Cuando la tasa implícita (línea roja) está por encima de la tasa representativa, el peso colombiano está sobrevalorado. Cuando sucede la situación contraria, está subvaluado. Como se puede apreciar, la sobrevaluación llegó a su extremo hacia octubre de 2010, cuando era del 22%. Desde principios del 2013 comenzó un proceso de corrección, que se aceleró en las últimas semanas del año y en el mes de Enero del 2014.

Una paradoja, la revaluación se presentó en nuestro país a pesar de que teníamos un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, nuestra moneda se revaluó. El déficit como porcentaje del PIB pasó a ser del 1,9% en 2006 al 3,5% en el 2013.  Esto parece contradecir todo lo que dice la teoría de la paridad del poder de compra.

Fuente: elaborado con cifras del DANE (PIB) y del Banco de la República (Balanza de pagos). En ambos casos se han estimado los datos del 2013.

La explicación a este extraño fenómeno hay que encontrarla en el otro componente de la balanza de pagos: la cuenta de capitales. Sobre este tema nos ocuparemos en la próxima entrada.


sábado, 30 de noviembre de 2013

La destitución del Superintendente por parte del Procurador: un precedente gravísimo.

De mantenerse la sanción contra Gerardo Hernández, se le habrá dado un golpe mortal a la institucionalidad financiera colombiana.
 
En un comunicado  y en una rueda de prensa,  el Procurador General de la Nación anunció  la sanción impuesta al Superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, de destitución e inhabilidad general por un período de 12 años.
El procurador señala como fundamento de su decisión que no se aplicaron oportunamente las “medidas preventivas del literal c) artículo 6 de la Ley 964 de 2005, destinadas a evitar o aminorar la afectación al normal desarrollo del mercado de valores y la confianza pública que debe imperar en tal ámbito”, o de no haber aplicado la  norma que le permite “suspender preventivamente cuando hubiera temor fundado de que se pueda causar daño a los inversionistas o  al mercado de valores, ….la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Profesionales del mercado de valores”, así como de no poner en conocimiento, o hacerlo de manera tardía, ante la  Fiscalía General de la Nación, “los hechos irregulares de que tenían conocimiento a pesar de contar con información suficiente y contundente para suponer la configuración del delito de manipulación fraudulenta de especies, consagrado en el artículo 317 del Estatuto Penal Colombiano”.
Esta decisión del procurador es de una enorme gravedad por las implicaciones que puede tener hacia el futuro sobre la  labor de la vigilancia en las entidades financieras. ¿Debe el regulador intervenir automáticamente cada vez que encuentre razonados fundamentos de que una entidad financiera está actuando de manera poco seguro o ilegal? Cuál es el su grado de discrecionalidad para determinar el grado adecuado de intervención?
La literatura académica se ha ocupado del tema. En un artículo de 1999, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Javier Freitas, una de las autoridades mundiales en temas de regulación y supervisión financiera, afirmaba que no es conveniente establecer una regla fija. Puesto que el costo de rescatar un banco es alto, argumenta que la mejor política es la de seguir una estrategia mixta. Es una confirmación, afirma, del principio de “ambigüedad creativa”,  que está en perfecta correspondencia con el reclamo de los banqueros centrales de que deben tener amplia discreción en su política de salvamento o no frente a una entidad financiera en dificultades[1].
El vigilante financiero tiene normalmente, y es el caso de Colombia, un arsenal de instrumentos de intervención que debe saber dosificar: vigilancia especial, establecimiento de programas de recuperación, multas,  etc. Por otra parte, en determinadas circunstancias se pasa a utilizar  los  institutos de salvamento contemplados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: programa de desmonte progresivo de operaciones, exclusión de activos y pasivos, toma de posesión para administrar o liquidar, etc. No existe en el estatuto financiero ninguna cláusula automática que exija una determinada forma de intervención, salvo la que obliga a intervenir en el caso en que un intermediario incumpla obligaciones con terceros, que fue precisamente lo que motivó la intervención del Superintendente en el caso de Interbolsa, cuando esta entidad dejó de pagar una obligación de $20.000 millones con el BBVA.
En efecto, un vigilante financiero puede estar en una situación en que siempre pierde: si lo hace demasiado temprano, pueden acusarlo los dueños de las entidades intervenidas, o  cualquier ahorrador, de haber creado pánico económico y de ser responsable de la pérdida de sus ahorros.  Puede argumentar que los perdió por la intervención. Este tipo de demandas se han presentado repetidamente en Colombia. Si lo hace demasiado tarde, podrá, como en este caso, ser acusado de negligencia.  
Por las razones anteriores, el Comité de Basilea, autoridad mundial en regulación y vigilancia de entidades financieras,  establece en sus Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficazlo siguiente (pag 26):
La supervisión establece protección al supervisor y a su personal frente a demandas entabladas en su contra por acciones u omisiones realizadas de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones. El supervisor y su personal gozan de adecuada protección frente a los costes derivados de sus acciones y omisiones en el cumplimiento de buena fe de sus obligaciones.
Como lo señala un documento del Banco Mundial, la necesidad de esta protección está basada en el escalofriante (chilling en inglés) efecto que tendría sobre la acción del supervisor, aún la amenaza de un litigio. Esta amenaza es mayor, cuando existen situaciones de stress financiero.
Otro punto que es necesario aclarar, sobre todo frente a las demandas que, amparadas en el concepto del Procurador, indudablemente se elevarán contra la Nación (es decir, contra nosotros los contribuyentes), por parte de los inversionistas que perdieron su dinero. Quien hace una inversión en el mercado de valores debe saber que está adelantando una operación riesgosa. La regulación y la vigilancia financiera no tienen como propósito proteger al inversionista frente a los riesgos de caída en los precios de las acciones (quienes compraron, por ejemplo acciones de Interbolsa o de Fabricato) , o frente al riesgo de crédito en una operación de Repo. En este último caso se trata de un riesgo común en la actividad financiera: el asociado al deterioro de la garantía, que es lo mismo que le puede pasar a un banco cuando hace un crédito amparado en una hipoteca sobre una casa. De seguir aquella lógica de que el Estado o los funcionarios siempre son responsables, todos los títulos negociados en el mercado de valores colombiano serían de riesgo cero, pues siempre estarían amparados por el Estado.  Los profesores de finanzas vamos a tener que empezar a rediseñar completamente nuestros cursos.
De fracasar el recurso legal que interpondrá Gerardo Hernández frente a la decisión del Supervisor, va a ser muy difícil que un técnico serio acepte de ahora en adelante ser  superintendente o funcionario de la Superintendencia Financiera. Se le habrá dado un golpe mortal a una de las instituciones, que , si bien ha podido incurrir en errores de apreciación en el pasado, continúa siendo una de las más serias que existen en Colombia,  y que le ha merecido un alto reconocimiento internacional.  


[1] El prestamista de última instancia, dice Freitas. Ello porque en muchos países, entre ellos la gran mayoría de los desarrollados, el Banco Central desempeña el papel de supervisor bancario.