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sábado, 23 de julio de 2016

El paro camionero, un balance agridulce

La chatarrización 1 a 1, la eliminación de la vida útil regulatoria para los camiones y una tabla parcial de fletes son algunos de los inconvenientes del acuerdo para levantar el paro.
Nuevamente un sector de la economía se dio el lujo de poner en rehén al país: si el gobierno no accede a sus demandas, no solo dejan de trabajar (están en su derecho, pero también tanto el gobierno como los generadores de carga tienen derecho a buscar alternativas para satisfacer sus necesidades de transporte), sino que también bloquean vías y promueven actos de violencia contra los transportadores que no acogen sus consignas.
El viernes pasado el gobierno y los promotores del paro firmaron un extenso convenio (se puede consultar aquí  . Vamos a analizar algunos de los puntos firmados:
 
1- El Gobierno Nacional se compromete a que la renovación del parque automotor de carga por carretera debe realizarse vía reposición y en ningún momento por incremento, es decir mantener el 1 a 1, hasta tanto se ejecuten los recursos recaudados para tal fin, conforme lo determina el numeral 12 del presente documento, o se equilibre la condición del mercado de oferta y demanda del parque automotor de carga, demostrado técnicamente.
Esta cláusula del acuerdo congela en la práctica la oferta de camiones disponibles para el transporte de carga, hasta tanto se produzca el supuesto equilibrio entre la oferta y la demanda. Como bien lo sabe cualquier estudiante de primer semestre de economía, el concepto de equilibrio de un mercado es absolutamente relativo. En este caso específico, la oferta es la cantidad de toneladas (o cualquier unidad con la que se quiera medir la carga) que los transportadores están dispuestos a ofrecer, dados los precios de mercado.  La demanda es la cantidad de toneladas que los originadores de carga están dispuestos a comprar, dados también los precios de mercado. Si temporalmente aumenta la oferta, por ejemplo, porque bajan los precios de los camiones (por ejemplo por una revaluación del peso), o de los insumos del transporte (gasolina, llantas, etc), la oferta aumenta: los transportadores, a cada precio de mercado, están dispuestos a ofrecer un mayor volumen de carga. Los fletes por lo tanto deberán bajar. Si aumenta la demanda, por ejemplo, por crecimiento de la economía, los generadores de carga estarán dispuestos a contratar más transporte a cada precio.  Los fletes en consecuencia subirán. Los precios del transporte (es decir los fletes) son entonces el mecanismo por excelencia que se utiliza para equilibrar la oferta y la demanda.
Un concepto muy distinto es el de la capacidad instalada. Si ha habido un crecimiento importante en la cantidad de camiones, la competencia entre éstos hace bajar los fletes. ¿Hasta qué precio está dispuesto el propietario de un camión a ofrecer su servicio de transporte? Hasta el punto en que el flete le cubra sus costos variables (gasolina, peajes, aceite, salario del conductor, etc). Es posible que no le cubra sus costos fijos (la depreciación del camión), lo cual quiere decir que incurrirá en pérdidas. Si el flete no le cubre ni siquiera los costos fijos, no vale la pena poner a trabajar el camión: mejor dejarlo parqueado.  Si la situación de precios bajos se prolonga, lo mejor para el transportador es abandonar el negocio: vender o volver chatarra su camión. Un análisis simétrico se puede hacer cuando el crecimiento en la demanda de transporte excede la capacidad instalada de camiones existentes. Los fletes suben, el negocio genera ganancias extraordinarias temporales, que induce a los trasportadores a aumentar la capacidad instalada, comprando más camiones.  Este es el mecanismo por el cual, también en el largo plazo, tiende a equilibrarse la demanda y la oferta de transporte de carga.
Cuando los fletes bajan, los transportadores más eficientes, es decir aquellos con costos variable más bajos, son los que pueden permanecer en el negocio. Ello es lo que conviene a la economía, tanto a los generadores de carga como a los consumidores de la mercancía transportada.  El punto pactado entre el gobierno y los promotores del paro deja para un futuro hipotético, en el cual “se equilibre la oferta y la demanda” la suspensión del congelamiento de la oferta de camiones. Si en algún momento un “estudio técnico” dice que el mercado está equilibrado, y que se puede aumentar la oferta, los camioneros inevitablemente manifestarán su desacuerdo y promoverán otro paro.
 
 Por otra parte, gracias a esta congelación, ya se está presentando un síntoma inquietante: se está reproduciendo en el mercado de camiones el indeseable fenómeno de compra y venta de cupos que se presenta en el mercado de taxis en muchas ciudades del país. Los únicos favorecidos son los transportadores actuales. Cualquier empresario que quisiera meterse al negocio del transporte deberá pagar ese peaje injustificado. Los costos de oportunidad de los recursos invertidos en la compra de los cupos se traducirán en un incremento en los costos del transporte, que terminarán pagando los usuarios: es decir, todos los colombianos.
 
Con respecto a la chatarrización financiada por recursos públicos vale la pena recordar algo elemental: ya existe un incentivo para que el empresario se deshaga de los vehículos viejos (cuyos costos variables son más altos) y es el mismo que existe en otras actividades de la economía: se llama depreciación. Gracias a ella, el empresario puede descontar de su ingreso la suma razonable “causada por el desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta”, según lo establece el artículo 128 del Estatuto Tributario. La reserva de depreciación constituida por estos fondos, es el recurso de los empresarios para financiar la renovación de sus equipos. En el colmo del cinismo, hay quien argumenta que, puesto que hay muchos transportadores "informales", ellos no pagan impuestos, y por lo tanto no se benefician de la depreciación. En este caso se benefician de la ineficiencia del estado como recaudador de impuestos
Es difícil entender qué tiene de especial el sector transporte para que esa renovación de activos fijos tenga que ser financiada por los contribuyentes. Con este precedente, los textileros podrán solicitar fondos públicos para la "chatarrización"  de sus telares, los productores de cemento o de acero o los panaderos para la de sus hornos,  los profesionales independientea para la de sus computadores personales, o teléfonos celulares, etc.

 14. El Ministerio de Transporte no establecerá vida útil para los vehículos de transporte terrestre automotor de carga y cooperará con el sector de transporte y la logística de generadores de carga, empresarios y propietarios para que no se aplique vida útil por iniciativa privada y se ajusten a la política de no vida útil con el fin de facilitar a los propietarios planes de modernización, en concordancia con el artículo 7 del Decreto 2228 de 2013.
 
Uno de los argumentos para la regulación de una actividad económica es la existencia de “externalidades negativas” , es decir, aquellas situaciones en las cuales la producción o el consumo de un bien le imponen unos costos a la sociedad no asumidos por el agente económicos responsables de la transacción. Identifico en principio tres de esas externalidades negativas en el caso de los vehículos viejos: aumentan los riesgos de accidente, poniendo en peligro la vida y los activos de otras personas;  aumentan la congestión vehicular, por las menores velocidades o por los carros varados, y en fin, es claro que los vehículos más antiguos son más ineficientes en consumo de combustible, lo cual hace que sean más contaminantes  En este acuerdo, el gobierno ha renunciado a un instrumento útil de regulación frente al transporte terrestre.   
 
 6- El Ministerio de Transporte reconoce que existen distorsiones en el mercado de transporte y basado en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, así como en el Decreto 87 de 2007, ha decidido intervenir temporalmente las rutas críticas. La intervención se hará mediante resoluciones.
7. En aras de hacer un control efectivo al cumplimiento de las normas sobre intervención de rutas, el Ministerio de Transporte dará lineamientos a través de un acto administrativo (8 días), donde requerirá a las autoridades responsables de la supervisión, inspección, control y vigilancia, y señalará la necesidad de disponer de un equipo especial de la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Policía de Carreteras. Estos equipos deberán ser ubicados en los centros más importantes de despacho como los puertos, y contarán con la información actualizada del valor de referencia del SICE, para que sea comparado con el valor del manifiesto de carga y sancionar en los casos donde se incumpla la norma.

 
Pese a que el gobierno afirma que no cedió en la solicitud de los transportadores de restablecer la nefasta “tabla de fletes”, la intervención señalada en estos puntos no tiene otra interpretación posible que la expedición, mediante resolución del Ministerio, de peajes mínimos temporales en las llamadas rutas críticas.  Aparte de lo inconveniente de esta medida es necesario señalar su inaplicabilidad. El Gobierno debiera decirles a los transportadores la verdad, así esta sea dura: no es posible controlar administrativamente los fletes, ni siquiera en esas “rutas críticas”.  Ello porque no es posible poner toda la autoridad estatal a vigilar que la información que conste en los manifiestos de carga corresponda a la realidad, es decir a lo que efectivamente pagado por el generador de carga. Ello exigiría montar un ejército de auditores e investigadores a defender los intereses de un sector específico, y aún así, el objetivo no podría lograrse. No vale la pena el costo social de semejante esfuerzo.

 

sábado, 11 de junio de 2016

Las cifras del crecimiento del DANE. Algunas precisiones

Pese a que el PIB creció el año pasado, el ingreso nacional disponible cayó. Por otra parte, el crecimiento trimestral es más bajo de lo anunciado  
 
 
El DANE anunció el pasado mes de Abril que el crecimiento de la economía fue del 3,1% anual con relación año anterior. Y hace unos días señaló que en el primer trimestre la economía el crecimiento, con relación al mismo trimestre del año anterior, había sido del 2,5% anual.
El Banco de la República ya ha publicado estadísticas de la balanza de pagos del año anterior, lo mismo que el estado del Índice de Términos de Intercambio (ya explicaremos este concepto). Esto nos permite calcular un indicador de suma importancia: el ingreso nacional real disponible.
Es importante recordar que el Producto Interno Bruto (PIB) mide el valor total de la producción generada durante un período de tiempo dentro de las fronteras geográficas de un país.  
El ingreso nacional disponible mide el poder de compra de los ingresos que por cualquier naturaleza reciban las personas residentes en el país. No tiene por qué coincidir esta cifra con el PIB, por varias razones:
-          En primer lugar, una parte del PIB corresponde a ingresos, no de personas residentes en el Colombia, sino en otro país. Es el caso de las utilidades de las empresas extranjeras. También los intereses que es necesario girar por concepto de la deuda externa, sea privada o pública. Esto se compensa con la utilidades o intereses recibidos desde el exterior, pero como puede imaginarse el lector, el monto pagado es en Colombia superior al recibido. Del PIB es necesario entonces restar los “ingresos netos de factores del exterior (pagados menos recibidos)”. En el año 2015, por ejemplo, estos ingresos netos fueron negativos en US$6 mil millones, o 16 billones de pesos. Se restan del PIB.
-          Por otra parte, las personas residentes en Colombia recibimos transferencias del resto del mundo. En su gran mayoría, corresponden a las remesas de los colombianos que trabajan en el exterior. El monto neto recibido el año pasado por este concepto fue de 5 mil millones de dólares (14 billones de pesos). Se suman al PIB.   
-          Hasta ahora, estamos hablando de ingresos calculados a los precios del año 2015. Pero hay que tener en cuenta que los precios de los productos que exportamos o que importamos cambian. Por ejemplo, el año pasado los precios de nuestros productos exportados (especialmente petróleo y otros minerales) cayeron en un 35%. Si bien el índice de los productos importados también cayó, esa caída fue mucho menor (13%). Se produjo entonces lo que se denomina un “deterioro en los términos de intercambio” que hizo caer el ingreso real de los habitantes de Colombia, en términos de su capacidad de compra, disminuyera. La caída por este concepto fue equivalente al 3,1% del PIB.

Como resultado de los tres factores señalados, el año pasado el ingreso nacional real disponible, en lugar de aumentar, cayó en un 1%. En 2014 había aumentado un 1,8% (recuérdese que el deterioro en los precios del petróleo se produjo a partir de junio de ese año, en el primer semestre ellos habían aumentado).  El gráfico siguiente muestra el comportamiento de este ingreso real entre 2013 y 2015, expresado en pesos constantes del año 2005:

Ahora, unos comentarios sobre el comportamiento del PIB el año anterior, Como se sabe, El DANE informó que la tasa de crecimiento había sido del 3,1%. Pero aquí es necesario tener en cuenta un efecto numérico importante:  hasta el boletín que dio cuenta de las cifras totales del 2015 (publicado el 17 de marzo) el PIB registrado para el año 2014, en términos reales, era de $516,6 billones.  En ese boletín, esa cifra descendió ligeramente a $515,5 billones. La implicación es que, de haberse mantenido la cifra anunciada originalmente para el  2014, la tasa de crecimiento real hubiera sido solo del 2,8%.
 
Que quede claro: no estoy acusando al DANE de manipular las cifras. Considero que esta entidad goza tanto de alta capacidad técnica como de credibilidad. Todos los organismos productores de estadísticas se ven obligados a revisar periódicamente sus datos, en la medida en que se obtiene información que antes no estaba disponible. Solo señalo que el Gobierno estuvo de suerte, gracias a esta revisión cumplió su pronóstico de crecer por encima del 3%. Por otro lado, vale la pena registrar, así sea bastante tarde para ello, que en el 2014 terminamos creciendo, no al 4,6% que se nos había informado en su momento, sino al 4.4%.
 
En días pasados el DANE dio a conocer el dato de crecimiento del primer trimestre, que fue del 2,5% anual. Este crecimiento es el resultado de comparar con el dato del primer trimestre del año anterior. Como lo hemos registrado en otras ocasiones en este blog (ver por ejemplo aquí), yo considero que es mejor indicador del crecimiento la comparación con el trimestre inmediatamente anterior, calculando la tasa anualizada.  Ello nos mide realmente la velocidad de crecimiento que está registrando la economía en el lapso de tiempo más pequeño posible de medir, que, en términos de agregados económicos, es un trimestre. Es el procedimiento que utiliza la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA por sus cifras en inglés). La metodología de cálculo se puede encontrar aquí, en la página 77 del documento. 
 
Para ilustrar mi punto, quiero hacer un símil con la velocidad de un automóvil, medida en kilómetros por hora. Habría dos maneras de medirla. Con la primera de ellas, usted calcula el número de kilómetros recorridos en la última hora. Con la segunda, se mira el espacio recorrido en el menor tiempo posible (un segundo o una décima de segundo) y se calcula cuánto se recorrería en una hora de mantener constante esa velocidad. Eso es lo que hace el velocímetro de un automóvil.  Obviamente, para tomar decisiones sobre si debemos acelerar o desacelerar, es mejor guiarse por el último indicador. 
 
Al aplicar las tasas de crecimiento anualizadas, el panorama es menos optimista, como lo muestra el gráfico siguiente. Desde el tercer trimestre de año pasado se ha desacelerado notoriamente la economía. Pasamos de una tasa del 4% al 0.6%.  Es hora de empezar a preocuparnos.

Fuente: Elaborado según cifras del DANE.
 
 

domingo, 13 de marzo de 2016

Las propuestas de la Comisión de Expertos. El impuesto a personas naturales


El impuesto a las personas naturales es un instrumento que debe contribuir a la redistribución del ingreso. Ello exige varias reformas. Las propuestas de la Comisión de Expertos apuntan en general, hacia ese propósito. Pero se puede avanzar todavía más.
La mejora en la distribución de ingresos debe ser un objetivo de la política económica, especialmente en un país como el nuestro que se caracteriza por una alta concentración de los mismos. Ello exige actuar en varios campos. Aparte de los aspectos relacionados con los impuestos y con el gasto público, hay factores que ayudan a explicar la alta concentración en Colombia:
-          Las deficiencias en la política de competencia, y el consiguiente poder de mercado de muchos productores o vendedores  se traducen en transferencias directas de consumidores hacia ellos. En la medida en que los dueños de los monopolios u oligopolios pertenecen a los sectores más  ricos de la población, esto refuerza la concentración del ingreso.
-          La protección de que gozan diversas actividades productivas a través de aranceles o de otras limitaciones a las importaciones, también son una carga para los consumidores, a menudo a favor de los productores nacionales, puesto que les permite elevar sus precios. Ello también es regresivo.   
-          Es indudable que la corrupción y el narcotráfico han conducido a una alta concentración del ingreso y de la riqueza,  Si fuera posible recoger información sobre sus efectos, los indicadores de concentración serían mucho más pronunciados.
La política fiscal es uno de los instrumentos a través de los cuales puede mejorar la distribución del ingreso. Por política fiscal debe entenderse tanto la estructura tributaria como la de gasto público. Vamos a concentrarnos en esta entrada en los aspectos relacionados con el impuesto a la renta en cabeza de las personas, que representa un  5,5%  de los impuestos totales del país (incluyendo impuestos recibidos por departamentos y municipios y  las regalías, pero excluyendo contribuciones a la seguridad social),  el  5,8  % de los ingresos del gobierno central y el  0,9% del PIB[1]. Estas dimensiones por sí solas ayudan a explicar el poco peso que tienen los impuestos directos en la mejora de la distribución del ingreso.
Si, como parece inevitable la reforma tributaria deberá contemplar una elevación y racionalización en el IVA (sobre este tema nos ocuparemos en otra entrada),  va a ser necesario compensar los posibles efectos regresivos de ello con cambios progresivos en el impuesto a la renta de las personas.
Algunas de estas reformas deberían contemplar. 
a)      Integrar los impuestos corporativos y los impuestos a los dividendos. Sobre esto ya hablamos en la entrada anterior.
b)      Disminuir el umbral de ingresos para comenzar a pagar impuestos. La comisión propone que se empiece a tributar a partir de $1,5 millones, así sea con una tasa muy baja: 2,5%. Téngase en cuenta que ello solo se aplicaría al 17% más rico de la población según las cifras de la encuestas de hogares.  También considero esto como positivo.
c)      Modificar las tasas marginales y los rangos a los cuales se aplica. La tasa marginal más alta en Colombia es actualmente del 33% para una persona que tenga una renta gravable de más de 4100 Unidades de Valor Tributario  (121 millones para el año 2016). Téngase en cuenta que, puesto que se trata de tasa marginal,  el porcentaje del 33% se aplica únicamente a los montos que excedan esas sumas. La comisión propone conservar el monto al que se aplique la tarifa máxima, y subir ligeramente la tasa marginal (es decir, la tasa que se aplique por encima de ese monto)  al 35%. Por otra parte, propone limitar los beneficios actuales (rentas exentas y deducciones) al 35% de los ingresos para las rentas de trabajo y al 10% para las rentas de capital. En el caso de que una persona tenga ingresos de trabajo y de capital el monto a deducir dependerá del peso relativo de estos ingresos en el total.
Aceptando en general los lineamientos generales de las propuestas de la comisión, considero que es posible mejorar aún más el carácter progresivo del impuesto a la renta, aumentando la  tasa marginal de tributación para los ingresos más altos, y creando tramos adicionales para estos. La tabla adjunta, elaborada a partir de estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, muestra cuáles son las tasas marginales más altas y los umbrales a partir de los cuales se aplican. He traducido esos umbrales en dólares ajustados por la capacidad de compra de cada país.  Nótese que  mientras en los países de la OCDE el promedio de la tasa marginal es del 43%, en Colombia es apenas del 33%.  Es posible subir la tasa marginal si se aumentan también los límites superiores a los cuales se aplicaría. 
Fuente: OCDE Tax Database.  Cálculos propios para los dólares ajustados por el poder de compra.
Un tema que quedó definitivamente mal en la reforma tributaria de 2012 fue la clasificación de los contribuyentes. En lugar de conservar el sistema anterior, que diferenciaba el tipo de ingresos según su naturaleza (trabajo y capital, por ejemplo), esta ley decidió definir el sistema de tributación clasificando a los contribuyentes en dos categorías: Empleados y Trabajadores por Cuenta Propia.
En la propuesta inicial del Gobierno cuando se comenzó a discutir esa reforma, se le aplicaba el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), a  todas las personas naturales. Esa propuesta tenía como propósito poner un límite a las deducciones utilizadas para disminuir la renta gravable, deducciones que favorecen en la práctica a las personas de ingresos más altos. Pues bien, el Congreso, en su sabiduría, determinó que este sistema “presuntivo y obligatorio” de determinación de la base gravable solo se aplicaría a los  empleados, definidos estos como aquellos que reciban un 80% o más de su ingreso por la prestación de servicios por cuenta y riesgo del empleador o contratante. No se aplica el IMAN para los rentistas de capital ni a los asalariados o contratistas que tengan ingresos complementarios superiores al 20% de sus ingresos totales.
Entendamos la situación creada con un ejemplo. Pedro y Juan trabajan en una empresa, y ambos reciben un ingreso de $120 millones anuales. Pedro no tiene ningún ingreso adicional. Juan, sin embargo, recibe rentas, dividendos, rendimientos financieros, por otros $120 millones. Pedro  podrá hacer deducciones, pero el efecto de éstas está limitado, por cuanto como mínimo tendrá que pagar el IMAN. Juan, en cambio, no será tratado como empleado: podrá hacer todas las deducciones posibles, y a él no se le aplicará el IMAN.
La comisión propone acabar con ese sistema de clasificación de las personas, y pasar a un sistema en el que se sumen los ingresos, tanto de trabajo como de capital. Se establece un límite de beneficios tributarios equivalente al 35% para las rentas de trabajo y al 10% para las de capital. Estoy de acuerdo con esta recomendación.
Una observación final: la Ley 1607 de 2012 dio un paso para integrar las contribuciones a la salud en régimen general del impuesto a la renta, al reemplazar la carga patronal por el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) correspondiente a los trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos. Por otra parte, se supone que va a desaparecer la diferencia entre los regímenes contributivo y subsidiado del sistema de salud.
Están dadas entonces las condiciones para integrar completamente la financiación del sistema de salud correspondiente al presupuesto nacional con el impuesto a la renta (recuérdese que por el sistema general de participaciones creado en la ley 715 de 2002, una parte importante de la financiación del sistema se financia con la participación de los departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación).
Por esa vía se lograría en primer lugar, que los rentistas de capital contribuyan directamente con la financiación del sistema. Hoy ellos, o bien no están afiliados (optar por atender sus gastos de salud con recursos privados), o simplemente declaran cualquier salario (en muchos casos cercano al mínimo), como requisito para afiliarse al sistema y poder contratar un servicio de medicina pre-pagada. Esta situación es regresiva y va contra el principio de solidaridad que está contemplado en nuestro sistema de salud.
Se evitaría con esta integración el traumatismo que le representa a los trabajadores independientes estar reportando mensualmente novedades de ingreso, retiro o variación de salarios. 


 

 

domingo, 28 de febrero de 2016

Las propuestas de la comisión de expertos: el impuesto de renta a las empresas.

La comisión de expertos designada por el gobierno ha hecho unas propuestas muy sensatas y convenientes en lo que tiene que ver con los impuestos corporativos y sobre su integración con los dividendos recibidos por las personas.
 
Vamos a analizar en ésta y en las próximas entradas las propuestas que ha presentado la Comisión de Expertos para la reforma tributaria. Nos vamos a ocupar en esta ocasión del tema del impuesto de renta a las empresas.
En primer lugar, vale la pena recordar que el objeto del impuesto de renta son siempre las personas. Se busca que todos los residentes en el país (o las personas que obtienen ingresos por actividades económicas en el mismo),  contribuyan con la financiación del gasto público según su capacidad de pago.
Las empresas son simplemente un instrumento que utilizan las  personas para invertir, para obtener utilidades y para hacer crecer su patrimonio.  Ello lleva a una pregunta que se hacen permanente los economistas tributarios. Frente al ingreso generado en las empresas,  ¿en dónde es mejor poner el impuesto, en la empresa o en su accionista?
Existen tres posibilidades: gravar únicamente a las persona por las utilidades recibidas (sin gravar a la empresa), gravar a  la empresa (sin gravar  a sus accionistas), o integrar los dos impuestos de tal manera que una parte del impuesto grave  a la empresa y otra a su accionista.
Gravar a las personas. 
Gravar únicamente a la persona, y eliminar la tributación sobre la renta de las empresas crearía un problema: la mejor manera de evadir la tributación a las utilidades del capital consistirá en reinvertir las utilidades.  Quedaría una parte importante de los ingresos de la economía atrapados dentro de las empresas.  Frente a quienes argumenten que esto sería positivo, tal vez valga la pena recordar algo: si una empresa no tiene proyectos buenos, lo que le conviene a toda la economía es que reparta un mayor porcentaje de sus utilidades. Incluso, en un caso extremo, lo mejor sería que se descapitalizara, recomprándoles parte de su participación a sus accionistas. Estos decidirán qué hacer con su dinero, si invertirlo en otro negocio con mejores posibilidades o  consumirlo.  Tan ineficiente es que una empresa decida no invertir por razones tributarias (por ejemplo, si existe un impuesto al patrimonio empresarial, como en Colombia), como si decide sobreinvertir por las mismas razones.
Gravar únicamente a las empresas, la solución colombiana.  
Gravar únicamente a las empresas, y eximir por lo tanto a los dividendos recibidos por los accionistas,  fue la solución adoptada en Colombia en la reforma tributaria de 1986, y es la que continúa hasta la fecha.  Hasta ese año se gravaba tanto a la empresa (por las utilidades generadas) y al accionista (por lo dividendos recibidos), situación que era denominada “doble tributación”, que, supuestamente, atentaba contra el desarrollo empresarial y del mercado de capitales.  Esa reforma rebajó el impuesto a las empresas del  40% al 30% (aun cuando eliminó, es necesario reconocerlo, muchas deducciones injustificadas, proceso que se reversaría posteriormente), y la tarifa máxima para las personas naturales se redujo del 56% (que había sido establecida por la reforma de 1974) al mismo 30%  (no tenia sentido, con ese régimen, establecer una tarifa marginal a las personas superior a la tarifa corporativa).  Uno de los efectos de esta situación es que disminuyó notablemente la progresividad del impuesto a la renta. Un accionista de una empresa terminó pagando la misma tasa, independientemente de que su participación fuera grande o pequeña.  
 
En las sucesivas reformas tributarias que vinieron posteriormente se fueron introduciendo tratamientos preferenciales para ciertas actividades económicas, a través de la definición, sin ninguna justificación económicamente válida, de rentas exentas (es decir, no computables como ingreso), deducciones (contabilizar como costos gastos que no lo eran), descuentos tributarios (rebaja en el impuesto a pagar) y tarifas diferenciales más bajas. Un ejemplo de éstas últimas son las empresas ubicadas en Zonas Francas, que pagan un impuesto combinado de renta y CREE del 15% frente a un tarifa nominal del 33%  (para los mismos impuestos) para el resto de empresas.
Como resultado de esta situación el impuesto corporativo en Colombia incumple un principio básico del tributo en una democracia: a ingreso igual, tributo igual. Un estudio de la DIAN[1], señala que la tarifa efectiva del impuesto de renta pagada por los distintos sectores económicos puede estar entre el 7% para actividades como educación, y el 43% para actividades agrupadas en el concepto “explotación de minas y canteras”. La tasa efectiva total de tributación, es decir, la que tiene en cuenta los impuestos locales, las contribuciones parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación), y los aportes a la seguridad social, está entre un 46% para el sector de Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, hasta un 105% para el sector de agricultura, silvicultura y pesca.  
Téngase en cuenta que el documento de la DIAN calcula estas tarifas comparando el impuesto a la renta pagado con relación a las utilidades tributarias, que son inferiores  a las contables (especialmente por la existencia de las rentas exentas, a las que hicimos referencia anteriormente). Se registra según los ingresos declarados por las empresas. En consecuencia, si las utilidades tributarias son menores,  por evasión, o por la existencia de normas sectoriales que favorecen a determinados sectores, la tasa efectiva así calculada tenderá a ser muy alta (lo cual podría explicar la aparentemente alta tasa de tributación de las actividades agropecuarias).
 
Para evitar esta inconsistencia, un estudio de Fedesarrollo (ver aquí),  hizo el ejercicio tomando como punto de referencia las utilidades contables reportadas por las empresas ante la Superintendencia de Sociedades, y contabilizando además el IVA no descontable y el gravamen a los movimientos financieros, y encontró que la tasa efectiva de tributación podría ir desde un 44% para el sector transporte y comunicaciones, hasta un 103% en el sector de servicios públicos.  Por tamaño, los autores encuentran que la tasa efectiva de las empresas grandes es de 45,5% mientras que para las empresas pequeñas puede llegar al 98,7%.  
Frente a las necesidades de recursos del estado, la solución encontrada en las últimas reformas tributarias ha consistido en aumentar la carga tributaria empresarial a las empresas que tributan, mientras se han mantenido los regímenes especiales de rentas exentas, deducciones y tarifas diferenciales.  Esto ha aumentado la dispersión en las tarifas efectivas así como la carga tributaria de las empresas normales, aquellas que no son favorecidas con exenciones, deducciones especiales o tarifas diferenciales menores. Esta situación, así como la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad durante los años 2015 a 2018 (Ley 1739 de 2014), han llevado a que, como lo señala la comisión de expertos, la tarifa combinada de renta más CREE, es para esas empresas del 34%, la décima más elevada del mundo, por encima del promedio de América Latina (27,5%) de la OCDE (24,1%), y del mundo (23,6%). Añádase a ello el impuesto al patrimonio, rebautizado en el 2012 como impuesto a la riqueza, y que se está aplicando a las empresas, castigando por esta vía la reinversión de utilidades (recuérdese que las empresas no son ricas o pobres, lo son sus dueños).
Por otra parte, la exención a los dividendos se ha traducido en que el impuesto a la renta no tiene características de progresividad. Como lo señala la comisión, citando el estudio de Alvaredo y Londoño que ya habíamos comentado aquíel 1% más rico de la población que concentra el 20% del ingreso total, paga una tarifa efectiva del 11%, mientras que el 0,1% más rico paga solo el 4% (en sentido estricto, sería necesario imputarle a estos estratos los impuestos pagados por las empresas). Otro ejemplo de ausencia de progresividad consiste en que un pequeño accionista de una gran empresa paga la misma tasa de tributación sobre las utilidades de la misma que el accionista controlador. En sentido estricto, la progresividad exige que la tarifa crezca en la medida en que aumenta el ingreso.
Integración entre el impuesto corporativo y el personal.
La propuesta de la Comisión de Expertos frente al impuesto corporativo tiene dos componentes: crear un nuevo impuesto sobre las utilidades empresariales (que reemplazaría el de renta y el CREE), que se calcularía sobre las utilidades contables de las empresas. Se eliminarían así las rentas exentas y deducciones no justificadas, y también se unificarían las tarifas, en un nivel que  podría estar entre un 30% y un 35%.  Intuyo en principio que el efecto de reducir la tasa efectiva se compensaría ampliamente, desde el punto de vista del recaudo,  con la eliminación de los tratamientos privilegiados. . Obviamente, hay que hacer los cálculos.  Me parece altamente conveniente esta propuesta. Sobre este tema había escrito anteriormente ( ver aquí).
Por otra parte, en cuanto a los dividendos, la Comisión de Expertos propone gravarlos en cabeza de las personas naturales, pero ellas tendrían un descuento tributario hasta del 20% del monto recibido. La ventaja de esta propuesta consiste en que la persona paga según la tasa de impuestos personal que le corresponda a su nivel de ingreso, hecho este cálculo, comienzan a operar los descuentos. El valor del descuento no es mayor por lo tanto para los contribuyentes más ricos. Incluso habría campo para ampliar algo la tasa máxima para los altos ingresos (sobre los impuestos a la renta en personas hablaremos en otra entrada).
Una persona que esté en los niveles más bajos del ingreso (a quienes se aplique una tarifa marginal inferior al 20%), y que reciba dividendos, quedaría eximido de pagarlos.  ¿Qué pasa si el accionista es un extranjero?  Pues simplemente se les cobraría una tasa entre el 10% y el 15%, que se cobraría a través de un sistema de retención. Ahora bien, si la empresa está en un paraíso fiscal (o más eufemísticamente, en una zona de baja tributación), se le aplicaría la máxima tarifa marginal correspondiente a las empresas naturales o a las personas. No olvidemos que muchas empresas colombianas han optado por el fácil expediente de ubicarse en un paraíso fiscal, y registrar su operación en Colombia como filial de una inversión extranjera.  
En general,  manifiesto que me gustan las propuestas de la Comisión de Expertos en lo que tiene que ver con los impuestos a las empresas. Ojalá el Gobierno se decida a apoyarlas y a incluirlas en el proyecto de Ley que deberá presentar al Congreso. 


[1] Avila G. 2015. Tarifas efectivas promedio de las personas jurídicas – Año 2013. Documento Web 058
Septiembre de 2015. No encontré el documento en la página web de la DIAN, lo que me impide marcar el link.


sábado, 20 de febrero de 2016

La situación fiscal actual y la necesidad de una reforma tributaria.


El deterioro de la situación fiscal ocasionado por la caída en los precios del petróleo exige un ajuste importante en las finanzas públicas. Ese ajuste debe darse tanto en gastos como en ingresos. Es inevitable una reforma tributaria
 En este y en las siguientes entradas a este blog nos ocuparemos de la propuesta de reforma tributaria que ha planteado la comisión de expertos designada por el gobierno. Esa propuesta puede encontrarse aquí.

Una primera pregunta que surge es si se justifica o no una reforma. Nuestro punto de vista es el que de que sí se necesita, tanto para aumentar el recaudo como para quitarle  a nuestro sistema tributario claros rasgos de inequidad y de ineficiencia.

En el  cuadro siguiente se muestra el comportamiento de los ingresos, los gastos y el déficit (diferencia entre los anteriores), en los 10 últimos años.





Hasta el 2014, se presentó un aumento importante, tanto en los ingresos como en los gastos. El hecho de que hubieran crecido más los primeros,  especialmente a partir de los ingresos derivados de la actividad petrolera, permitió que el déficit se redujera hasta 1,8% del PIB en el 2013.

La caída en el precio del petróleo, que comenzó a presentarse a mediados de 2014, tuvo consecuencias importantes sobre las finanzas públicas, como lo señalamos en su momento. Ver aquí.

Dadas las cotizaciones actuales del petróleo  (US$33 para la referencia Brent),  se ha presentado una caída del 69% en el precio de un producto que en el 2013 representaba un 20% de los ingresos tributarios del gobierno nacional (impuesto pagado por las compañías petroleras y dividendos de Ecopetrol). 
Por otra parte, la devaluación del peso, por su efecto sobre la contabilización en pesos de la deuda contratada en dólares ha aumentado el peso de la deuda del gobierno en el PIB: de un 31% en el 2012 pasó al  40% al finalizar el 2015. Esto tiene consecuencias importantes en el esfuerzo para lograr la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo: ahora es mucho mayor el esfuerzo para poder reducirla. La devaluación también ha incidido en la factura anual de intereses en ocho puntos básicos del PIB en el mismo período (de 2,4% a 3%).

Se supone que la regla fiscal, establecida en la Ley  1473 de 2011, debería haber servido para amortiguar las finanzas públicas frente a las oscilaciones, tanto frente a los precios del petróleo, como frente a los ciclos de la actividad económica. El propósito de esta ley era el de obligar al gobierno nacional a ahorrar (o pagar deudas) en épocas de vacas gordas, a fin de que se pudiera desahorrar (o endeudarse) en las de vacas flacas. 
Ello exigía, en lo que se refiere al petróleo, definir cuál sería su precio “normal”  en el largo plazo, de tal manera que cuando se estuviera por encima de ese nivel  se ahorrara (es decir se generara un superávit fiscal) y, cuando se estuviera por debajo se pudiera gastar ese ahorro, o aumentar el endeudamiento. En su primera reunión, celebrada en Mayo de 2013, el Comité Consultivo de la regla fiscal definió para dicho año un precio de largo plazo de US$99. Ver el acta aquí.

En la reunión celebrada en octubre de 2014, y cuando ya había empezado la descolgada del petróleo, el comité decidió que dicho precio fuera de US$97. Ver aquí.  
Como consecuencia de lo anterior no se forzó un ahorro suficiente en los años de precios altos. Hoy es imperativo un ajuste de las finanzas públicas, tanto en los gastos como en los ingresos.  El déficit fiscal “estructural”, al que se llegue en el 2018, debe ser como máximo del 1,8%, según la Ley 1473.  El déficit proyectado para el 2016 es del 3,6%.

¿Y qué pasa si el petróleo no sube? El hecho de que hoy se estén produciendo millones de barriles diarios por encima de lo que el mundo necesita, ha llevado a los expertos a pensar que, por lo menos en los próximos dos años, no se va equilibrar el mercado. Por lo tanto, la mejor, y más prudente,  predicción sobre el comportamiento de los precios del petróleo serían los precios actuales.  

Una parte del ajuste fiscal deberá realizarse a través de programas de reducción y racionalización de gasto.  El gobierno ya ha avanzado algo en ese camino. Frente a una proyección inicial de gastos de funcionamiento para el 2015, hecha a mediados del 2014, de $120 billones,  se ha anunciado que el gasto efectivo fue solo de $108 billones. Los gastos de inversión serán en el 2016, y según la actualización en el Plan Financiero anunciado por el Ministro de Hacienda inferiores en un 27% a la cifra del 2015. Como proporción del PIB, estos pagos bajarán de un 3% a un 2,1%.  
Reducciones adicionales en los gastos de funcionamiento van a exigir reformas estructurales, tanto constitucionales como legales, en temas como el régimen de pensiones, la participación de los departamentos y municipios en los ingresos  corrientes de la nación, los sistemas de remuneración de algunas categorías de funcionarios públicos, etc. No es seguro que exista la voluntad política en el Congreso por comprometerse en esas transformaciones,  cuyos efectos, además, solo empezarían a notarse en el mediano plazo.  

En conclusión,  sí se necesita una reforma tributaria, que aumente los ingresos corrientes del Gobierno Nacional. La  Comisión de Expertos ha hecho unas propuestas concretas. Comenzaremos a discutirlas a partir de la próxima entrada de este blog.
 

viernes, 15 de enero de 2016

La venta de ISAGEN, las objeciones de la Procuraduría y de la Contraloría.


Las posiciones de la Contraloría y de la Procuraduría sobre la venta de ISAGEN no son rigurosas desde el punto de vista técnico.

Por fin, después de varios obstáculos jurídicos iniciados por los opositores, se concretó finalmente el pasado miércoles la venta de  la participación de la Nación en ISAGEN. Con estos recursos, se capitalizará la Financiera de Desarrollo Nacional, y gracias a esta capitalización será posible orientar recursos para el desarrollo de infraestructura en el país, especialmente de infraestructura vial.
Como era de esperarse, esa operación no estuvo exenta de polémica. A través de redes sociales, de pronunciamientos de partidos políticos y de muchos comentaristas de prensa se  ejerció una enorme presión sobre el gobierno para que éste se abstuviera de realizar la operación de enajenación.
Quiero enfocarme en esta entrada exclusivamente en los pronunciamientos de la Contraloría de la Procuraduría General de la Nación realizados ambos en los días anteriores a la venta.   _
Repasemos en qué consisten estas objeciones. 
 
El precio debe fijarse en dólares
 
Según el Procurador, el gobierno se equivocó al ajustar el precio de la acción de ISAGEN, inicialmente establecido en el año 2013, utilizando el índice de precios al consumidor.  Dice el Procurador que ese precio “no equipara la variación en términos de pagos en divisas que se estimó en la estrategia de venta, con lo cual se podría llegar a producir un grave detrimento para el tesoro nacional”.  
Valga la pena recordar que la metodología moderna universalmente utilizada de valoración de empresas consiste en llevar a valor presente el valor futuro proyectado de las utilidades. Ahora bien, los ingresos de ISAGEN son fundamentalmente en pesos colombianos, puesto que dependen de la cantidad de energía generada y  de las tarifas de la misma. ¿Cuál es el efecto de la devaluación sobre esos ingresos futuros? Si el procurador dice que el valor de la empresa debe ajustarse en dólares, está diciendo implícitamente que las tarifas pagadas por los consumidores colombianos deberían también ajustarse en dólares. Es la única manera de mantener el valor en divisas de esas empresas. Es decir, la tarifa del kilovatio/hora debería haberse ajustado en un 67% entre Junio del 2014 y Diciembre del 2015. Para ser consecuente, el Procurador debería acusar a las empresas del sector eléctrico y a la Comisión Reguladora de Energía de “detrimento patrimonial” por no haber ajustado suficientemente el valor de la energía vendida.
Otra de las consecuencias de la opinión del procurador, es que si en lugar de devaluación se hubiera presentado revaluación en Colombia, el precio mínimo en pesos se hubiera podido disminuir. La anterior situación se hubiera presentado si la privatización se hubiera llevado a cabo en Junio del 2014. La tasa representativa del mercado era un 3% inferior a la que se había registrado en la fecha de la valoración, en diciembre del 2013.  
En el resto de su misiva, el Procurador recoge los puntos negativos de la Contraloría General de la República (pero olvida referirse a los positivos, contenidos en el mismo pronunciamiento). 
Presión sobre las finanzas públicas
Dice la Contraloría: “La venta de Isagen genera presiones sobre las finanzas públicas, pues la Nación dejará de recibir anualmente el monto de los dividendos para la financiación del gasto público, por lo cual la venta en las actuales condiciones de los ingresos de la Nación podría llevar, en los próximos años a hacer recortes presupuestales en otros sectores diferentes al de la infraestructura vial”.  
Este argumento se puede utilizar frente a cualquier programa de gasto público adelantado por el Estado y que no tenga como propósito obtener beneficios financieros para las arcas públicas: programas de salud, educación pública, defensa y seguridad, justicia, regulación, etc. Para acometer estos programas el gobierno debe desprenderse de caja (que es un activo que tiene la posibilidad de generar ingresos bajo la forma de intereses)  o debe incurrir en deuda (que se traducirá en el pago de intereses),  y el tipo de programas adelantados no generará beneficios para el estado cuantificables financieramente.
Olvida el Procurador algo fundamental en la evaluación de los proyectos de naturaleza pública: sus beneficios deben tener en cuenta los efectos diversos sobre el bienestar de la población, y no únicamente los efectos financieros sobre las arcas del estado. En el caso de las carreteras y demás obras de infraestructura que se piensa adelantar con los recursos de la venta de ISAGEN, uno de los beneficios tangibles deben ser los menores costos de transporte, que benefician tanto a productores (mejorando su competitividad) como a consumidores (menores precios de bienes transportados). Con la lógica del Procurador, no sería posible adelantar ninguno proyecto que no tuviera un retorno financiero para el Estado. Ni siquiera los neoliberales más extremos pensarían en esos términos.
Otro de los puntos negativos señalados por la Contraloría consiste en que el Estado estaría renunciando al poder de mercado que hoy tiene la empresa. En primer lugar, es necesario señalar que el Estado está en la obligación de combatir cualquier abuso del poder de mercado que adelante cualquier empresa, sea de naturaleza privada o  pública. Ya en el pasado los productores y consumidores colombianos sufrieron en carne propia los efectos del monopolio en la actividad portuaria y en las comunicaciones de telefonía internacional, cuando Puertos de Colombia y Telecom, ambas empresas de naturaleza pública, nos obligaban a pagar las tarifas más altas en el mundo en servicios portuarios y en llamadas internacionales. La regulación en el sector eléctrico, que busca precisamente combatir los efectos negativos sobre el consumidor derivado del poder de mercado es uno de los hitos institucionales colombianos.
Existen varios mecanismos para combatir el poder de mercado. Uno de ellos consiste en impedir fusiones y adquisiciones que la incrementen. En Colombia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha establecido que la máxima participación que puede tener una empresa en el mercado de generación de electricidad es el 25%.  Pues bien, resulta paradójico que en mayo del 2010, cuando se comenzó a hablar de la venta de ISAGEN, el gobierno de Uribe (quien ahora se opone a la venta utilizando el argumento del poder de mercado) quiso cambiar ese límite, para facilitar que EPM pudiera adquirir esa participación, y así aumentara su participación de mercado. Tuve oportunidad de denunciar esa situación en su momento (ver aquí) .  Afortunadamente los miembros independientes de la Comisión se opusieron a semejante esperpento (El proyecto de resolución de marras se puede consultar en la página de la CREG)
Oferta con un único proponente
Una de las quejas que se han levantado contra el proceso de venta de ISAGEN  es el hecho de que solo se hubiera presentado un único proponente, situación que, en opinión de algunos ha debido conducir al gobierno a abortar el proceso de venta.
Se cita como precedente la dudosa decisión del Consejo de Estado con relación al tercer canal, decisión tomada en el 2012, y que tuvimos oportunidad también de comentar aquí. (ver la triste historia del tercer canal 
Esta decisión, tomada supuestamente para favorecer la competencia, se tradujo en la continuidad del oligopolio en la televisión abierta por parte de Caracol y RCN. Quienes objetaron la operación fueron precisamente los abogados de estas empresas.
Un proceso de subasta consiste en que la adjudicación se hace a aquel proponente que esté dispuesto a ofrecer un mayor precio por el activo subastado. Si usted tiene acciones de una empresa y las quiere vender en el mercado de valores, usted llama a su corredor, le dice el precio mínimo, y éste las ofrece en el mercado. Si hay más de un comprador interesado, su corredor podrá subir el precio, hasta que solo quede un comprador. Pero usted no podrá condicionar la venta a que aparezca más de un interesado. Desde hace años, el gobierno colombiano ha tomado la decisión de que las acciones de sus empresas inscritas en bolsa se sometan a las reglas y mejores prácticas nacionales e internacionales del mercado de valores, y no era el momento de abandonarlas.
El propósito de la subasta es el de eliminar a los compradores que están dispuestos a pagar menos. En el caso que nos ocupa, esa eliminación se realizó antes: al fijar un precio relativamente alto, se espantó a quienes tenían un precio de referencia menor. El propósito de la subasta se cumplió plenamente. ¿O será que quienes cuestionan el proceso hubieran preferido que el gobierno fijara un precio mínimo más bajo para asegurar una mayor participación?  
Pero el gobierno no puede someterse a esos criterios estratégicos en el momento de fijar el precio mínimo: la Ley 226 exige que el precio mínimo sea el resultante de la valoración de la empresa privatizada. Si solo existe un interesado en comprar la empresa, que así sea. Ya en el pasado se han hecho adjudicaciones con un único proponente en el sector energético, como en el caso de la  CHEC, adjudicada en el 2002 a EPM, y la Empresa de Energía de Cundinamarca, adjudicada en el 2009 a la alianza entre la Empresa de Energía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
Como se aprecia, no ha sido la rigurosidad técnica la característica de las posiciones que han tomado en este tema la Procuraduría y la Contraloría. Es una lástima.

sábado, 22 de agosto de 2015

El déficit de cuenta corriente en Colombia y su relación con la devaluación


Explicaremos en esta entrada el concepto de déficit en cuenta corriente, y presentaremos algunos datos sobre la situación colombiana.
 
Conceptos básicos. ¿Qué es un déficit en la cuenta corriente?
Para entender qué el déficit en cuenta corriente, es conveniente empezar por imaginarnos una situación en las finanzas individuales de un individuo llamado Pedro. Pedro pudo ganar durante un mes $10 millones,  pero si gastó solo $8 millones, tuvo un superávit de $2 millones. Si por el contrario, en lugar de  gastar $8 millones, gastó  $11 millones, tuvo un déficit en su “cuenta de operaciones corrientes” por $ 1 millón .  Ello solo pudo ser posible si aumentaron sus pasivos con el resto de personas (un amigo, un banco, etc.), o bien porque disminuyeron sus activos, por ejemplo, sus billetes o sus cuentas en el banco.

En principio, no puede considerarse negativo que un agente económico tenga un déficit durante un período de tiempo.  El déficit temporal de un hogar puede explicarse porque adquirió una casa  y se financió con un crédito hipotecario. En el futuro se va a ahorrar los gastos en arrendamiento. Una empresa en crecimiento puede ser deficitaria en un período de tiempo, porque sus  egresos totales en gastos operativos, administrativos y de capital son superiores al valor de sus ventas. Su déficit lo financia,  bien llamando a los accionistas a capitalizar la compañía, o bien obteniendo créditos de los bancos o del mercado de capitales (emitiendo bonos).  En ambos casos aumentó sus pasivos con el resto de agentes económicos.
 Los problemas derivados de un mayor endeudamiento se pueden presentar, bien porque se utilizaron los recursos en proyectos no rentables, o bien porque la magnitud de las deudas hizo que se comprometiera en su servicio una proporción importante de los ingresos corrientes. Ante una caída pequeña en los ingresos, se puede presentar una situación de insolvencia.
Otro riesgo puede derivarse de que el perfil de los pasivos no se ajustó a la naturaleza de las inversiones: un proyecto de inversión con 10 años de maduración se financió por un ejemplo con un crédito pagadero a un año.  La empresa, en este último caso, debe solicitar la renovación del  crédito cada año, pero puede llegar el momento en que el acreedor se niegue a aceptar esa solicitud. La empresa puede entonces enfrentar un problema de liquidez.  

Desde el punto de vista de un país,  el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos  es el resultado de la suma algebraica de todos los saldos positivos o negativos de los agentes residentes en ese país, trátese de personas naturales, jurídicas, o del gobierno.  Si el gasto total supera el ingreso total, el país tuvo un déficit en su cuenta corriente, y ello debería reflejarse en un saldo de signo contrario en la cuenta de capital. 

Así como no es problema que una persona o una empresa tenga déficit en sus cuentas corrientes, es perfectamente posible e incluso deseable  que un  país en vía de desarrollo financie al menos una parte de su inversión interna con recursos provenientes del resto del mundo, porque los recursos del ahorro interno no son suficientes para atender todas las oportunidades de inversión, sean de naturaleza privada (ampliación de fábricas, construcción de casas) o pública (carreteras, escuelas, etc.)

Para volver al ejemplo de Pedro, qué pasa si incurrió en déficit, es decir en endeudamiento, para financiar viajes, almuerzo en restaurantes de lujo, ropa fina, etc? Que ese endeudamiento, no es sostenible. Tarde o temprano tendrá que ajustarse a la realidad y vivir con lo que se gana. También puede aumentar sus ingresos si decide trabajar más, cobrando menos por su trabajo. Ese ajuste lo puede hacer voluntariamente (se dio cuenta a tiempo del error que estaba cometiendo) o forzadamente, comienza a incumplirle a los bancos y estos le cancelan su tarjeta de crédito.
Una manera de ajustarse, desde el punto de un país, es la devaluación de la moneda nacional. Ella encarece los productos importados y reduce el precio en moneda internacional de los productos exportados. Es la manera de forzar a todos los Pedros de un país a apretarse el cinturón, consumiendo menos, y a hacer que suban sus ingresos en moneda nacional, incentivándolos a trabajar más y a vender más. 

La devaluación puede tomarse un tiempo en producir sus efectos. Pero es de todas maneras preferible a que el ajuste sea forzado, es decir que los mercados internacionales le suspendan la financiación, como le pasó a Grecia recientemente o a Argentina en el 2001.

El caso de Colombia

El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia ha crecido de una manera importante en los últimos años. Pasó de  del 2,9% del PIB en el 2011 al 5,2% en el 2014, y los estimativos iniciales de varios analistas lo estiman en niveles del 6% en el 2015. Porqué esto puede ser un problema? ¿Cuál es la relación de este déficit con la elevación que se ha presentado en el precio del dólar en el último año?
Para entender el origen e implicaciones del déficit en cuenta corriente colombiano es necesario tener en cuenta el enorme peso que adquirieron las exportaciones de petróleo en el total de exportaciones colombianas, los abundantes recursos de inversión extranjera directa que llegaron vinculados  a esa actividad, la consecuente revaluación del peso colombiano, y la caída en las ventas a Venezuela. Todo ello se tradujo en un debilitamiento de la base exportadora agrícola e industrial.
En efecto, los altos precios del petróleo, y en menor medida un incremento en la explotación, se tradujeron en que su participación en el total de las exportaciones colombianas pasara de ser del 17% en 2007 a un 51% en el 2014. El alza de precios motivó también un crecimiento en la inversión extranjera vinculada a la exploración o explotación petrolera. Mientras entre 2005 y 2009 habían llegado con ese destino US$12400 millones, entre 2010 y 2014 llegaron US$ 23200 millones.   

A  pesar del incremento importante en las exportaciones petroleras, el déficit en la cuenta corriente con relación al PIB aumentó del 2% en el 2009 al 3,3% en el 2013, antes de que se presentara la descolgada de precios.  Pero la entrada neta de capitales externos que llegaban al país, especial, pero no únicamente vinculados al petróleo, eran del 2,6% del PIB en el 2009, y del 5,1% en el 2013. Además de inversiones directas, también entraron al país inversiones de portafolio, motivadas por el diferencial de tasas de interés vigentes en los países desarrollados (fundamentalmente Estados Unidos y Europa) y las existentes en el país.  Es decir, entraban al país más recursos por capitales externos frente a los que salían por el déficit corriente. Pese a que el Banco de la República trató de intervenir en el mercado cambiario acumulando reservas, no pudo impedir que la abundancia de dólares se tradujera en una revaluación del peso de 15% en términos nominales y 19% en términos reales (es decir teniendo en cuenta los diferenciales de inflación) entre diciembre del 2009 y diciembre del 2013.
Esto es claramente un síntoma de la conocida “enfermedad holandesa”, que consiste en que el auge en la exportación de productos primarios se traduce  en un debilitamiento de la base exportadora de los otros productos. A todo ello se vino a añadir que las ventas a Venezuela, segundo gran cliente de las exportaciones colombianas, descendieron de US$ 6 mil millones en 2008 a US$1980 millones en el 2014. Mientras tanto las importaciones totales de Colombia, animadas por unos precios menores en pesos colombianos crecieron entre el 2008 y el 2014 a una tasa anual del 9% en dólares.

En este contexto, no es sorprendente que la caída en los  precios de petróleo haya producido una devaluación de magnitud en el peso colombiano, de un 53% entre julio del 2014  Julio del 2015.

¿Cuáles son las alternativas de la política económica frente a  esta situación? Por un lado, hay consecuencias importantes en el crecimiento económico. El Banco Central ya ha bajado sus proyecciones de crecimiento económico para el 2015 al 2,8% (frente a un 4,8% en el 2014). Normalmente, se esperaría que la política fiscal y la política monetaria del Banco Central  actuaran para contrarrestar el ciclo económico,  mediante una ampliación del gasto público y a través de la baja en la tasa de interés, sin embargo, ambas soluciones tienen limitaciones. El gobierno va a experimentar una importante caída en los ingresos que dependen del petróleo por dividendos  e impuestos,  ampliando el déficit en una proporción importante. Por otra parte, en el año 2011 el Congreso aprobó una regla fiscal, que le obliga a seguir una senda rigurosa de decrecimiento en el “déficit fiscal estructural”, es decir, el déficit ajustado por el ciclo económico.  Para cumplir la regla fiscal, el gobierno debe reducir el nivel de gasto, pero si incumple dicha regla, o si decide cambiarla, enviaría un mensaje negativo a los mercados internacionales de capital y  a las calificadoras de riesgo.

En la política monetaria también hay dilemas difíciles. En la medida en que la devaluación se transmita vía costos hacia la inflación interna, como ya se ve, el Banco de la República podría  subir las tasas de interés. Aún más, si la Reserva Federal decide subir tasas, el Banco de la República no tendría otra alternativa distinta que seguir su ejemplo. En los próximos meses las autoridades económicas deberán resolver necesariamente estos dilemas.