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lunes, 12 de noviembre de 2018

Los privilegios tributarios en la Ley de Financiamiento: un paso atrás.


Continuamos examinando el régimen tributario propuesto para las sociedades. Lejos de eliminar los privilegios tributarios existentes, el proyecto propone crear otros, que no tienen  mayor base técnica ni justificación económica.
En la última versión del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda calculó el costo fiscal de los beneficios tributarios en el impuesto a la renta [1] pagado por las personas jurídicas en el año gravable 2017  en un $6,4 billones (0,7% del PIB).  El mismo documento señalaba que en el año 2010 el peso de esos beneficios era del 3,6% del PIB. Se había reducido el costo para el fisco de estos tratamientos excepcionales, pero siguen siendo importantes.
El proyecto de Ley de Financiamiento (LF) presentado por el Gobierno, lejos de disminuir este tipo de privilegios crea otros, cuyo costo fiscal está por determinar, puesto que en la exposición de motivos presentada por el gobierno no se hace ningún cálculo.
Entre los privilegios que se mantienen están los siguientes:
Hoteles. La Ley 788 de 2002 (art 18)  señaló que quedaban exentos durante 30 años los ingresos correspondientes a los hoteles que se construyeran o remodelaran dentro de los 15 años siguientes. Al eliminarse la contribución parafiscal patronal destinada el SENA, al ICBF y al sistema de salud en el año 2012, se estableció que la tarifa sería del 9%, efecto compensatorio que fue aplicado al resto de empresas. Se suponía que este privilegio se acababa en el 2017, tiempo más que suficiente para que se ampliara la infraestructura hotelera, si ese era el propósito (Justificación dudosa, por lo demás, pero ese no es tema por el momento). El proyecto de LF (art 69)  vuelve a declarar exentas las rentas de los hoteles que se construyan o remodelen por los próximos 10 años.  
Zonas Francas. La Ley 1004  de 2005 estableció que la tarifa general para los usuarios de las zonas francas sería del 15%, notoriamente inferior al 35% aplicable en ese momento para el resto de las sociedades. Cuando se integró la contribución parafiscal patronal de SENA, ICBF y Salud en el impuesto de renta (Leu 1819 de 2016) esta tarifa quedó en el 20%.  En lugar de que la compensación fuera del 9%, como en el resto de empresas, para estos contribuyentes fue del 5%. Es decir, el privilegio tributario aumentó. El proyecto de LF lo mantiene. Nuevas propuestas sobre incentivos tributarios.
El  proyecto propone la eliminación de algunas rentas exentas, contempladas hoy en el articulo 235-2 del Estatuto Tributario tales como “aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, o inversiones en aserríos (si, no se sorprenda el lector, hoy existe un estímulo tributario para la deforestación).
Pero el proyecto crea nuevos tratamientos especiales.  
A-      Mega-Inversiones y Contratos de Estabilidad Jurídica
Si una empresa realiza una inversión por valor igual a 50 millones de UVT  ($1650 millones), y se compromete a generar 50 empleos directos tendrá derecho a que la tarifa del impuesto a la renta sea del 27% (claro que si es un hotel seguirá siendo del 9%)[2], tres puntos por debajo de la tarifa general, durante 20 años.
Se establece como condición que la inversión se haga en “propiedades, planta y equipo que sean productivos o que tengan la potencialidad de serlo”.   No se entiende el sentido de esta condición. ¿Acaso no toda inversión es productiva? La definición económica de inversión consiste precisamente en la ampliación de la capacidad productiva del agente que la realice. Al aumentar la relación capital/trabajo, aumenta normalmente la productividad, de este último. En un caso extremo, una empresa podrá justificar la compra de un avión ejecutivo, argumentando que aumenta la productividad del presidente y demás miembros del equipo directivo.  
Por otra parte, el proyecto autoriza que las inversiones se deprecien contablemente en dos años, en lugar de los correspondientes a la vida útil del equipo, como lo establece la técnica contable, reconocida en el artículo 137 del ET. Otro beneficio.
Pero lo más preocupante en lo relacionado con las Mega-Inversiones es la resurrección, con otro nombre de los “Contratos de Estabilidad Juridica” creados en la ley 963 del 2005, y afortunadamente eliminados en la Ley 1607 de 2012 (art 166). Se firmaron un total de 65 contratos. En esta entrada hemos analizado las consecuencias negativas de esta figura (ver por ejemplo  mirar estas entradas: 1,2,3,4).  El MFMP estimó el costo de los CET para el año 2017 en $1483 millones (0,2% del PIB).
Los inversionistas que aspiren a realizar la Mega-Inversión serán calificados por el Ministerio de Industria y Comercio, según reglamentación que expida el gobierno nacional.
En caso de que no realicen las inversiones, el contribuyente reconocerá una “renta líquida por recuperación de deducciones sobre las cantidades efectivamente invertidas”. No dice nada el proyecto sobre los impuestos dejados de pagar. Estos proyectos no estarán sujetos al sistema de renta presuntiva, que. recordemos, se desmontará, según el proyecto, a partir del 2021.
B-      Economía Naranja
El proyecto propone que las rentas provenientes de la “Economía Naranja”“ o sea “industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas”, sean exentas de impuestos durante un período de cinco años. 
Lo primero que es necesario preguntarse es ¿qué es la economía naranja”? En un libro coaturado por el presidente Duque del 2013, y publicado por el BID, se afirma (pag 33) que, “tratar de plasmar un concepto definitivo de la economía naranja o de sus industrias es tan absurdo como innecesario”. En eso estamos plenamente de acuerdo. Solo que si el concepto se va utilizar para declarar regímenes tributarios excepcionales, la precisión si sería necesaria.  La norma no puede prestarse a ambigüedades.
Sin embargo, otra más reciente publicación del mismo BID  trata de definir la economía naranja, como el “conjunto de actividades, que en combinación, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios cuyo valor puede basarse en la propiedad intelectual”.  No se avanza mucho en la precisión del término.
El proyecto de LF señala que las empresas favorecidas con este tratamiento tributario deben tener como  objeto social exclusivo “el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas”.  Seguimos con el mismo problema, ¿qué es una empresa de valor agregado tecnológico? En sentido estricto, toda actividad productiva tiene un valor agregado tecnológico: utiliza una tecnología determinada para convertir un insumo en un producto o servicio útil para el comprador.  No se puede negar que un campesino que utilice un arado está utilizando una tecnología, por rudimentaria que esta sea. Por otra parte, como lo afirma el mismo documento del BID de 2017 (pag 9), “la creatividad como concepto está presente en todas las actividades humanas”.   
Una disposición tributaria, en contraste, debe caracterizarse por su precisión, a fin de que no le quede ninguna duda al contribuyente o a la autoridad  sobre los términos de su aplicación. Este problema lo resuelve el proyecto de una manera que nos parece bastante simple.
En primer lugar, señala que las actividades que califican para este incentivo son 71, entre las cuales están la confección de prendas de vestir, la fabricación de productos de piel, el curtido de cueros, la fabricación de calzado, la impresión y los servicios relacionados con ellas (atención fotocopiadoras), la de muebles, el transporte de pasajeros por cualquier vía, actividades de zonas de camping, alojamiento en hoteles (aparecen nuevamente con otros beneficio), las actividades de comunicación satelital y otras actividades de telecomunicaciones (atención operadoras de telefonía móvil), espectáculos musicales, parques de atracciones. Obviamente, también aparecen en la lista las actividades más indudablemente creativas: edición de libros, desarrollo de sistemas informáticos, agencias de noticias, publicidad, diseño, educación, artes plásticas, actividades teatrales y creación audiovisual
Se les exige a las empresas favorecidas cumplir con los requisitos de empleo que defina el gobierno nacional (mínimo 10 empleados) y adelantar una inversión por valor de 25000 UVT ($829 millones). El Ministerio de Cultura será la autoridad para definir la conformidad con el proyecto y la existencia de “valor agregado tecnológico y actividades creativas”. Menuda tarea la que le queda.
C-      Incentivo tributario para el desarrollo del campo.
El proyecto contempla que las rentas provenientes de inversiones que aumenten la productividad en el sector agropecuario (surge nuevamente la pregunta ¿Habrá algún empresario tan irracional que decida acometer una inversión que no aumente la productividad, ya no en en el campo, sino en  cualquier actividad económica?) serán exentas por un período de 10 años. Como requisito deben tener por objeto social exclusivo algunas de las actividades que incrementan la productividad del campo y estar comprendidas en la Sección A, división 01 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Allí están todas las actividades agropecuarias.
Se exige un monto mínimo de inversión de 50.000 UVT ($1658 millones), y la generación de 10 empleos.  El proyecto de inversión debe ser presentado ante el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, quien debe emitir un acto de conformidad y confirmar que “las inversiones incrementan la productividad del sector agropecuario”.
Los comités del gobierno, autoridades tributarias.
En todos estos casos (Mega-Inversiones, Economía Naranja  e Incremento en la productividad del campo)   se está fallando en cumplir con el artículo 338 de la Constitución que establece que “la Ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente,  los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos”. Por el contrario, muchas variables relacionadas con la naturaleza de los tributos, se estaría delegando en el Gobierno, para que este las establezca mediante decretos reglamentarios o resoluciones. En cuanto a la definición de los contribuyentes favorecidos con estos regímenes tributarios especiales, queda en manos del poder ejecutivo: el Ministerio de Industria y Turismo, en el caso   de las Mega-Inversiones, el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, en el segundo caso, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el caso de las inversiones que aumenten la productividad en el campo.
Tal vez valga la pena aprender lecciones del pasado. Los Contratos de Estabilidad Jurídica (según la Ley que estuvo vigente hasta el 2012) debían ser aprobados por un Comité de Estabilidad Jurídica, compuesto por funcionarios del gobierno. Como tuvimos oportunidad de mencionarlo en una entrada anterior de este blog,  en el caso del famoso proyecto de la Ruta del Sol, el Comité negó una primera solicitud en el año 2010. La empresa interpuso recurso, y el mismo comité aprobó el contrato el 21 de Diciembre de 2012, unos días antes que se sancionara la Ley que le prohibía al gobierno firmar estos contratos en el futuro. Según la Fiscalía General de la Nación (ver aquí),  habría operado  en este caso la presión del famoso buldócer parlamentario que estaba al servicio de Odebrecht. Existe entonces un gran peligro en violar el principio de transparencia en las normas tributarias. Si éstas pueden ser distintas para cierto tipo de contribuyentes que cuenten con capacidad de presión ante cualquier comité (sea de estabilidad jurídica, de zonas francas, etc), está abierta la oportunidad para la corrupción.      
La opinión pública, y en particular el Congreso deben ejercer el mayor cuidado en el estudio y aprobación de estos nuevos “incentivos tributarios”.  Por esta vía se continúa erosionando la estructura impositiva colombiana, se crean privilegios injustificados para algunos contribuyentes, se está profundizando la inequidad tributaria (los más favorecidos por estos tratamientos son los más ricos) y se abren las puertas a la corrupción.


[1] Definidos como tratamientos favorables a ciertos contribuyentes, que se traducen en que resultan pagando un impuesto menor al que resultaría de aplicar las normas aplicadas al resto de ellos.
[2] Aquí no establece la condición de que el hotel sea remodelado como lo señala el artículo 69 del proyecto, al que nos referimos anteriormente.

 
 
 

 

jueves, 8 de noviembre de 2018

Los impuestos corporativos en la Ley de Financiamiento (o de reforma tributaria), versión 2018

Las propuestas del gobierno con relación a los impuestos corporativos y su integración con el impuesto a los dividendos, no contribuyen a disminuir el problema de la poca progresividad del impuesto a la renta
Desde que comenzó este blog, esta es la quinta reforma tributaria que comento. Previamente han sido expedidas las Leyes 1930 de 2010, 1607 de 2012, 1739 de 2014, y 1819 de 2016.  Esto nos indica que existe un problema estructural en las finanzas del  gobierno nacional, que ninguna de estas reformas ha logrado solucionar. .
El peso del gobierno central en la economía ha venido aumentando. Desde una proporción del 8,5% sobre el PIB en el año 1990, se pasó a 15% en el 2000 y hoy, en 2018, estamos en 18%.  La dinámica de gasto que impuso la constitución de 1991, con la creación de nuevas entidades, las demandas por gasto social, especialmente en salud y educación (recuérdese que según el art 350 de la Constitución, el gasto social no puede caer porcentualmente con relación al presupuesto del año anterior),y otros factores (el sueldo de los congresistas, que genera una espiral sobre otros sueldos y salarios del sector público, como lo mostramos en esta entrada), ha obligado a los gobiernos a presentar proyectos de ley que buscan que los ingresos tributarios sigan la dinámica del gasto.  Por otra parte, la implementación de los acuerdos de paz exigirá erogaciones para el gobierno nacional,  según cálculos del Ministerio de Hacienda del Marco de Gasto de Mediano Plazo, de 47 billones en los próximos quince años (3,1 billón anual)en promedio).
Recuérdese además que, en el marco legal colombiano, el presupuesto en su gran proporción se destina a cumplir obligaciones constitucionales y legales. El margen de flexibilidad para reducir gastos es reducido. En algún momento, y ojalá no esté muy lejano ese día, el país deberá aceptar que esa dinámica del gasto público es insostenible, y que es necesario hacer reformas sustanciales en las normas constitucionales y legales que determinan su comportamiento.
Dentro de este contexto es como toca analizar la reforma tributaria (o ley de financiamiento) presentada por el Gobierno Nacional, destinada a financiar gastos de funcionamiento e inversión por 14 billones, que quedaron por financiar en la Ley de Presupuesto recientemente aprobada por el Congreso.
Es normal que cualquier fórmula de aumento de impuestos genere resistencias. Los economistas hemos aprendido desde el primer año de estudios que los impuestos cambien la conducta de los agentes económicos: producen reducciones, la mayoría de ellas indeseables, en el consumo o en la inversión. Los únicos cambios deseables son aquellos que buscan compensar a la sociedad por el daño que le hacen  ciertos comportamientos en el consumo (por ejemplo de alcohol o de tabaco, o de combustibles fósiles) o en la producción (impuestos a la contaminación).
Es necesario descartar, en la actual situación colombiana, la financiación del hueco fiscal con endeudamiento adicional. En primer lugar, ello llevaría a un incumplimiento de la Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011), como consecuencia de lo cual el gobierno perdería la calificación de grado de inversión para sus papeles de deuda, lo que aumentaría los costos de los intereses a pagar, que a su vez aumentaría más el déficit. Ya otros países (Venezuela, Argentina, Grecia),  han entrado en esas espirales indeseables, que terminan por generar una crisis económica de proporciones. 
No basta por lo tanto decir que un impuesto va a reducir el consumo o la inversión para rechazarlo. Si aceptamos en principio que los recursos se necesitan, debe estudiarse si existen alternativas de impuestos más eficientes (es decir, que alteren menos el comportamiento de los agentes económicos) o más progresivas (el que gane más pague más)   entendiendo, de todas, maneras, que en ocasiones los objetivos de eficiencia y equidad chocan.  Un impuesto al 100% de las rentas de capital, por ejemplo, sería progresivo, pero haría desaparecer cualquier incentivo a la inversión. Eliminar por completo el impuesto al capital sería eficiente, pero profundamente regresivo.  Vamos a hacer referencia en esta entrada a las propuestas del gobierno con relación al impuesto a la renta. En otra entrada nos ocuparemos de otros temas de la propuesta en los que se ha centrado el debate público, como la eliminación de la exención del IVA a los productos de la canasta familiar.    
¿A quién gravar, a las personas o a las empresas?  

En la medida en que los dueños de las empresas (o en general, de las personas jurídicas) son, en ultimas, personas naturales, es claro que un impuesto a las empresas lo terminan pagando las personas. Surge un problema técnico: ¿en cabeza de quién es mejor cobrar el impuesto, en  las empresas o en las personas?  La respuesta no es indiferente, desde el punto tanto de la eficiencia económica como de la equidad.
Existen razones de eficiencia administrativa para gravar el ingreso en las empresas.  En primer lugar, la gran mayoría del ingreso generado en una economía moderna se realiza por medios empresariales. Por ejemplo, un 49 % del PIB colombiano se origina en las empresas, tanto financieras como no financieras. Por otra parte, es mucho más fácil para la autoridad tributaria hacer seguimiento a las transacciones empresariales que a las personales. Es lo que justifica que las empresas sean utilizadas como instrumentos de retención de los ingresos recibidos por otros agentes económicos (retención en la fuente para empleados y contratistas).
El sistema colombiano se apoya, preferiblemente, en el impuesto corporativo. Como lo recordaba la Comisión de Expertos en su informe del año 2016, mientras en los países de la OCDE las personas contribuían con el 72% de los impuestos directos, esa participación en nuestro país es del 17%. Ello limita las posibilidades de utilizar este instrumentos  como mecanismo de redistribución del ingreso.  Puesto que los accionistas de las empresas pueden ser personas de diferentes ingresos, utilizar solo el impuesto a las empresas con una tasa uniforme, sin impuesto a los dividendos, impide que la tasa que resulten pagando las personas tenga una relación directa con los ingresos, condición fundamental para que se pueda hablar de progresividad.  Desde 1986 hasta el 2016 los dividendos estuvieron exentos. La ley 1816 de 2016 creó un impuesto a los dividendos, con una tarifa marginal máxima del 10%.

¿Qué propone el gobierno?
El  proyecto presentado por el gobierno rebaja la tasa a pagar por parte de las sociedades (por lo menos para la mayoría de ellas)  desde un 33% a un 30%.  Sin embargo, este régimen no aplica para todas las sociedades.  Las que clasifiquen como mega-inversiones  (art 58 del proyecto), pagarán solo el 27%, las empresas que estén ubicadas en zonas francas, 20%,  los hoteles que se construyan y remodelen, 9%, las empresas definidas en el proyecto como de “economía naranja”, así como las que  busquen “incrementar la productividad del campo colombiano, estarán completamente exentas de impuestos, aun cuando deberán hacer los aportes parafiscales patronales para SENA, ICBF y salud, que fueron eliminados para el resto de empresas en el año 2012.  En otra entrada tendremos la oportunidad de referirnos a la conveniencia de estos regímenes especiales unos que seguirán existiendo, y otros que crearía la propuesta del gobierno,
Como se señaló anteriormente, la pasada reforma tributaria había establecido un impuesto a los dividendos, con tarifas marginales que llegarían a un máximo del 10%, para personas que ganen más de 1000 UVT ($33 millones) por este concepto.
De aprobarse este proyecto la tarifa total del impuesto que van a pagar un accionista situado en el umbral más alto de las tarifas para dividendos (integrando el pagado por la empresa y el personal) dependerá del tipo de empresa, de la siguiente manera:

Tarifa general:                                                                           37%

Mega-inversiones:                                                                     34%

Zonas Francas:                                                                           28%

Hoteles nuevos o remodelados:                                                8%

Economía Naranja:                                                                    19%  *

Inversiones que aumenten productividad en el campo:    19%  *

*Se suman en estos dos casos las contribuciones parafiscales para el SENA, el ICBF  y la contribución patronal para salud, que deben pagar estas empresas, y que se ha calculado, de manera general, en un 9%.

Como se aprecia, existirá una amplia dispersión de tasas, lo cual contraría uno de los principios básicos de la administración tributaria, el de equidad horizontal: a ingreso igual, salario igual.  
La Comisión de Expertos había recomendado eliminar los tratamientos diferenciales en las tasas corporativas, estableciendo una única tasa que podría estar entre el 30% y el 35%.  A su vez, la tarifa para los dividendos más alta sería del 15%. El total del impuesto integrado sería del 41%.
Por otra parte, la misma Comisión había recomendado elevar la renta presuntiva (lo que cotizan las empresas que no contabilizan utilidades) de un 3% a un 4%, proponiendo además hacerlo sobre una base ampliada del patrimonio, de tal manera que no excluyeran de su cálculo las acciones y participaciones en otras sociedades. La Ley 1819 de 2016 subió la tasa a un 3,5%. El gobierno propone su eliminación a partir del 2021.  
En fin, el proyecto propone eliminar el impuesto a la riqueza para las empresas y dejarlo únicamente en las personas naturales.  Tiene pleno sentido esta propuesta. El régimen vigente hasta hoy (se suponía que este impuesto se desmontaba en el 2018) desestimula el crecimiento de las empresas.  Lo lógico es que el impuesto aplique sobre las personas naturales, y se aplique allí la progresividad (patrimonios más altos, tarifas más altas).  
 
En próximas entradas seguiremos ocupándonos de otros aspectos de la propuesta de reforma.  

sábado, 13 de octubre de 2018

El ingreso nacional, un concepto olvidado.


La nueva metodología para el cálculo del PIB nos trae buenas noticias. No pasa lo mismo con las cifras de Ingreso Nacional

Como lo mencionamos en una entrada anterior el DANE ha cambiado el año base para el cálculo de las cuentas nacionales. Es un ejercicio que periódicamente debe realizar la autoridad estadística de cualquier país.
Al comparar los nuevos datos con los que se habían publicado anteriormente, se encuentran cosas interesantes. El nuevo valor del PIB de Colombia, a precios corrientes (es decir, sin descontar el efecto de la inflación) fue con la metodología anterior de $912 billones para el año 2017. Con la nueva es de $928 billones. El PIB per cápita (dividiendo por los 49,2 millones proyectados por el DANE) para el mismo año fue de 18,5 millones con la antigua metodología. Con la nueva fue de 18,8 millones. Es decir, somos en promedio 1,7% más ricos.

De acuerdo con el anuncio del nuevo director del DANE con el 96,7% de los hogares escrutados en el Censo de Población apenas llegábamos a 41,3 millones. Suponiendo que el número de personas por hogar siga siendo el mismo en los faltantes, llegaríamos a los 42,8 millones. En este caso el PIB per cápita del año pasado hubiera sido de 21,8 billones.  Con dos cambios estadísticos, nos hemos enriquecido en un 18% (¿lo sintió usted?).
Para quienes nos gusta trabajar con estas cifras, lo anterior nos crea una dificultad. ¿Cómo hacer compatible las nuevas metodologías, y los nuevos datos de población para armar series históricas coherentes? Hoy ello es imposible. EL DANE debe producir lo que se llama una “retropolación” de los datos de las cuentas nacionales, es decir utilizar la nueva metodología, hasta donde ello sea posible,  hacia atrás. Hoy en día por ejemplo,  no se encuentra en la página de nuestra entidad estadística una serie de población compatible a partir del año 1950.   Ojalá haga este ejercicio rápidamente, y sobre todo, con una alta calidad técnica.

En otra entrada escrita hace dos años, llamábamos la atención sobre la ausencia, en las estadísticas oficiales, del concepto de ingreso nacional disponible, por lo menos tan importante como el del PIB. Este concepto mide el poder de compra de los ingresos que por cualquier naturaleza reciban las personas residentes en el país. No tiene por qué coincidir esta cifra con el PIB, por varias razones:
-          En primer lugar, una parte del PIB corresponde a ingresos, no de personas residentes en el Colombia, sino en otro país. Es el caso de las utilidades de las empresas extranjeras. También los intereses que es necesario girar por concepto de la deuda externa, sea privada o pública. Esto se compensa con la utilidades o intereses recibidos desde el exterior, pero como puede imaginarse el lector, el monto pagado es en Colombia superior al recibido. Del PIB es necesario entonces restar los “ingresos netos de factores del exterior (pagados menos recibidos)”. En el año 2017, por ejemplo, estos ingresos netos fueron negativos en US$24 mil millones, o 44 billones de pesos. Se restan del PIB.
-          Por otra parte, las personas residentes en Colombia recibimos transferencias del resto del mundo. En su gran mayoría, corresponden a las remesas de los colombianos que trabajan en el exterior. El monto neto recibido el año pasado por este concepto el año anterior fue de US$5900 millones  (17 billones de pesos). Se suman al PIB.  
-          Hasta ahora, estamos hablando de ingresos calculados a los precios del año 2015. Pero hay que tener en cuenta que los precios de los productos que exportamos o que importamos cambian. Por ejemplo, el año pasado los precios de nuestros productos exportados (especialmente petróleo y otros minerales) subieron un 18%. Pero aún con esa recuperación esos precios eran inferiores en un 41% al que se registró en el 2013. Los precios de los productos importados son más estables. Se produjo entonces desde ese año lo que se denomina un “deterioro en los términos de intercambio” que hizo caer el ingreso real de los habitantes de Colombia, en términos de su capacidad de compra.  

El gráfico adjunto muestra el comportamiento del ingreso nacional, después de tener en cuenta estos ajustes.

        Fuente:  Calculado a partir de datos del DANE (PIB)  y del Banco de la República (términos de intercambio, balanza de pagos y tasas de cambio promedio).  
Medido en términos per cápita (gráfico adjunto) como es de esperarse, la historia es más triste. El colombiano promedio fue en el 2017 un 2% más pobre que en el 2016 y un 4% que en el 2014.
Fuente:  Calculado a partir de datos del DANE (PIB y población )  y del Banco de la República (términos de intercambio, balanza de pagos y tasas de cambio promedio).  



sábado, 18 de agosto de 2018

Los costos hundidos y la posición de la Procuraduría frente al proyecto de semáforos de Bogotá


La Procuraduría General de la Nación, al abrir pliego de cargos contra el Secretario de Movilidad de Bogotá, ha incurrido en graves errores técnicos. Aquí explicamos porqué

Este blog cumplió el pasado 26 de Julio 10 años de existencia. En este período he escrito 188 entradas.  La primera  de ellas se dedicó a analizar la injusticia cometida con un funcionario público que se desempeñaba como Director de la Caja Nacional de Previsión, a quien jueces de tutela lo condenaron reiteradamente a cárcel por no haber pagado unas pensiones, que simplemente no podía pagar, por razones legales o por imposibilidad técnica y administrativa.
La incapacidad de los órganos de control por entender las complejidades de la función pública no ha dejado de crecer. Ello hace que sea muy difícil para un funcionario público ejercer responsablemente su labor.
 
Es necesario volver sobre este tema, a propósito del anuncio hecho por la Procuraduría General de la Nación  de abrir un pliego de cargos al Secretario de Movilidad de Bogotá, por hechos relacionados con la licitación para la modernización del sistema de semáforos de la ciudad. 
 
Según la Procuraduría, “en el proceso licitatorio se habría afectado, presuntamente, el patrimonio de la ciudad porque no se definió con anterioridad la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la ciudad, avaluados en más de $13 mil millones y compatibles con sistemas modernos de semaforización, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil, lo que demuestra una aparente falta de planeación en la etapa precontractual del proceso”. “Para el Ministerio Público la Secretaría de Movilidad tenía la obligación de calcular el valor de esos elementos y definir cuál sería su destino una vez entrara en funcionamiento el Sistema de Semaforización Inteligente, SSI. “Es motivo de gran preocupación el hecho de que no se sepa cuánto vale la red de cobre que actualmente comunica la red semafórica existente, lo que representa un riesgo para la integridad del patrimonio público”, señaló la Procuraduría en el pliego de cargos. La licitación tampoco definió, según el organismo de control, qué destino se le dará a la red de cable de cobre con la que opera actualmente el sistema, ni a los equipos que hacen parte de las dos centrales de semaforización que no van a ser integradas al nuevo esquema”.  
Para analizar la seriedad de los cargos de la Procuraduría,  es necesario recordar un elemento básico en la evaluación de proyectos económicos o sociales.  Es el concepto de los “costos hundidos”, entendidos como aquellos que se incurrieron en el pasado y no es posible recuperar.  Si usted llega a la conclusión de que debe cambiar su calentador de agua porque el antiguo le consume mucha energía, es necesario calcular el valor presente del costo de la energía ahorrada y compararlo con el  precio del nuevo calentador.  Si el nuevo equipo de permite a usted ahorrarse  $30.000 por mes en la factura de electricidad o de gas, suponiendo una tasa de interés del 5% anual, usted se va a ahorrar durante los diez años de vida útil de su calentador una suma de  $2.800.000. Si el calentador nuevo vale $2 millones (incluida la instalación),  es claro que es un buen negocio la adquisición.
Pero usted cae en cuenta de que su calentador antiguo lo compró hace cinco años, y le costó también $2 millones. Es decir, tiene todavía una vida útil de cinco años. Como no ha amortizado el costo total, usted llega a la conclusión de que el millón de pesos que queda por amortizar lo debe incluir como costo del proyecto denominado “modernización del sistema de calentamiento de agua en el hogar”. Con ello, los costos del proyecto quedan en $3 millones (el nuevo calentador más el costo de botar el antiguo). Llega a la conclusión entonces que no es conveniente hacer el cambio.
Usted comparte su análisis con un hijo que, afortunadamente, está estudiando economía, y que acaba de ver un curso sobre evaluación de proyectos. Él le hace caer en cuenta que el precio pagado por el antiguo calentador es un “costo hundido”. Mejor dicho, usted no lo puede tener en cuenta en la evaluación del proyecto. Incluso le aconseja que mire esta página sobre el tema. Si por tener en cuenta ese costo hundido, decide no acometer la inversión, usted está de todas maneras perdiendo la oportunidad de ahorrarse $360.000 durante cada uno de los siguientes 10 años.  Por contabilizar el “costo hundido” usted está llegando a una decisión errónea.
El proyecto de modernización del sistema de semáforos de Bogotá supone la utilización de una tecnología muchísimo más moderna que la existente, mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de unos controladores más modernos, así como el reemplazo de la red de cobre que hoy sirve de medio de comunicación por una de fibra óptica. Es de esperarse que ello tenga enormes beneficios en términos de movilidad y de disminución de accidentes. Pero surge la pregunta: ¿Qué hacer con los controladores antiguos y con la red de cobre? Con relación a los primeros lo lógico es utilizarlos, pero solo en la medida en que sean compatibles con la nueva tecnología. Con relación a la red de cobre, pues toca desmontarla.
 En su entrevista al diario El Tiempo ( ver aquí) . el secretario de movilidad de Bogotá ha dicho que se van a utilizar aquellos controladores que sean compatibles con la nueva operación, y aquellos que no lo sean, se pueden dar de baja y vender, posiblemente como chatarra. Lo mismo va a pasar con la red de cobre. Incluso señala que tratar de separar el cobre del caucho que lo cubre valdría más que el cobre recuperado. No vale por lo tanto la pena hacerlo.
¿Debería calcularse el valor a obtener por los activos que se darán de baja antes de decidirse a adelantar el proyecto? No necesariamente. El escenario más riguroso es el de asumir que estos activos valen cero. Si aun sin recuperar cualquier suma por la disposición de estos activos dados de baja el proyecto sigue siendo conveniente, con mayor lo será si se logra recuperar cualquier valor. Existen procedimientos legales en Colombia que regulan la baja o venta de estos activos, y no podría esperarse que ese procedimiento esté plenamente definido antes de acometer el nuevo proyecto. “Después veremos qué hacemos con el calentador viejo”, le diría su hijo.
Con esta manera de pensar de la Procuraduría, ninguna entidad pública podrá pensar, por ejemplo, en modernizarse tecnológicamente, porque antes de hacerlo deberá definir qué hace con los computadores o con las redes antiguas. Los proyectos van a costar más y se van a demorar más.
Posiblemente el Secretario de Movilidad, para ahorrarse dolores de cabeza (y dinero, porque el abogado que lo defienda debe pagarlo de su bolsillo), llegue a la conclusión de que lo mejor hubiera sido no hacer nada, y dejar a la ciudad con una tecnología de semáforos hace tiempo mandada a recoger. Es lo que posiblemente deben estar pensando muchos funcionarios públicos en este momento frente a los proyectos que quisieran adelantar
Ojalá que la Procuraduría General de la Nación, al juzgar este proceso disciplinario, tenga más sindéresis, capacidad técnica y sentido común del que ha demostrado hasta ahora. Lo mismo debería esperarse, en general,  de todos los organismos de control.

domingo, 5 de agosto de 2018

El marco fiscal de mediano plazo, un útil instrumento de planeación financiera y de rendición de cuentas

Colombia ha avanzado mucho en su institucionalidad fiscal. El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un buen ejemplo de ello
 
Como muchos analistas y pensadores lo han señalado, el tipo de instituciones de que goza un país es fundamental para garantizar el bienestar y la felicidad de sus habitantes, que es en últimas el objetivo del estado. Las instituciones son, como lo plantea Douglas North, “restricciones creadas por los humanos que estructuran la interacción política, económica y social”.    La utilidad de las instituciones consiste en que, gracias a ellas, según el mismo autor, “se crea orden y se reduce la incertidumbre en la interacción humana”.
Las instituciones pueden referirse a todos los aspectos de la relación entre los individuos de una sociedad:  la justicia, el sistema electoral, la educación, la protección social, la seguridad, etc. Se reflejan en pautas tanto formales como informales que limitan el comportamiento de los ciudadanos, especialmente de los funcionarios del estado en cualquier rama del poder público.
Un aspecto importante de una sociedad moderna lo constituye la institucionalidad fiscal, entendida esta como el conjunto de normas y prácticas que determinan el comportamiento de los responsables de las finanzas públicas (por ejemplo, parlamento, ministros de hacienda y ministros ejecutores de programas públicos), así como de la ciudadanía frente a ellos. Harán parte de este marco institucional los sistemas de decisión sobre impuestos, gastos y deuda pública; los sistemas de ejecución del presupuesto público, y los mecanismos a través de los cuales los ejecutores de las decisiones fiscales rinden cuentas a la ciudadanía por el manejo de los recursos.
Una buena institucionalidad fiscal debería cumplir las siguientes condiciones:
-              Lograr que la sociedad entienda la importancia de una sana política fiscal y presione por ella.
-              Exponer los beneficios y los costos financieros y no financieros de las políticas públicas, tanto en el corto como en el largo plazo.
-              Elevar los costos para los agentes que se desvíen de los objetivos de una sana y eficiente política fiscal
-              Lograr un adecuado control sobre las acciones de los ejecutores de los recursos públicos.
El país ha venido con los años construyendo esta institucionalidad. Falta mucho, es cierto, como lo puede comprobar la insuficiencia estructural que hoy tiene el gobierno central para hacer frente a los gastos comprometidos por la constitución y por su desarrollo legal, así como la ausencia de mecanismos sistemáticos de evaluación del gasto público.   
En esta entrada vamos a referirnos exclusivamente a un aspecto de ese desarrollo institucional:  la exigencia, establecida en la Ley 819 de 2013,  de que el gobierno nacional presente al congreso, antes del 15 de Junio de cada año, un Marco Fiscal de mediano plazo, que debe ser estudiado con prioridad por las Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara.
Ese marco debe contener las proyecciones financieras sobre el comportamiento de las finanzas públicas,  las metas de superávit primario (el déficit fiscal sin contabilización de los intereses de la deuda), el nivel  de la deuda pública así como un análisis de su sostenibilidad, un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia anterior, una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones y descuentos tributarios existentes, el costo fiscal de las leyes sancionadas el año anterior y una relación de los pasivos contingentes de la Nación. Establece, además, que en el presupuesto se deben incluir indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados
Uno de los objetivos de esta norma fue la asegurar una adecuada planeación financiera. Una exageración en los ingresos o una subestimación en los gastos puede ser un instrumento mediante el cual un gobierno irresponsable (como los que han existido en muchos países latinoamericanos,) puede comprometer al estado en multitud de gastos que no tienen un financiamiento compatible con la estabilidad de las finanzas públicas.
La adecuada planeación financiera exige proyectar los ingresos y gastos de la Nación.  Desde el año 2003, se han producido 14 de estos documentos, que pueden ser consultados en la página web del Ministerio deHacienda .  
Un ejercicio interesante puede consistir en comparar las proyecciones hechas en el año anterior, con los resultados obtenidos, tanto en ingresos, gastos y el déficit total. Es lo que hemos tratado de hacer. Nos hemos basado en las proyecciones para cada año presentadas en junio del año anterior, comparándolas con los resultados obtenidos efectivamente, que se informan en el MFMP del año siguiente. Así, por ejemplo, las proyecciones correspondientes al año 2014 se informan en el 2013 y los resultados efectivos en el 2015. En ocasiones fue necesario realizar ajustes al MFMP. Para hacer coherente el ejercicio, no los estamos considerando.
En el cuadro siguiente se aprecia el monto de los ingresos totales (tributarios y no tributarios) del Gobierno Nacional tanto proyectados como efectivamente recaudados. En ocho de ellos se han presentado unos resultados superiores a los proyectado, y en cinco se ha presentado la situación contraria.
 
En cuanto a los gastos, que se muestran a continuación, en 7 de los años, los efectivos han sido superiores a los proyectados, y en seis se ha presentado la situación contraria. La desviación típica en los ingresos ha sido del 7,7%  y en el caso de los gastos del 3,1%.
 

 

Se han presentado tres casos casos especiales de “descache”, atribuibles principalmente a choques externos. En el año 2009 Colombia, como la gran mayoría de países del mundo, sufrió las consecuencias de la gran crisis financiera que empezó en Mayo del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers,y que se tradujo en una importante caída en el PIB de los países industrializados, en la baja en los precios del petróleo y en la devaluación del peso. El resultado fue que el PIB creció en el 2009 solo en un 1,2% (según la revisión que publicó hace unas semanas el DANE al publicar los datos con la nueva base estadística). Los ingresos fiscales resultaron inferiores al 10% de los proyectados, lo cual obligó a un recorte importante de gastos. El déficit resultante con relación al PIB fue del 4,2%, frente a una proyección inicial del 3%. 
A mediados de 2014, con posterioridad a la presentación del MFMP, comenzó la caída en los precios del petróleo.  Este documento había proyectado (Ver MFMP 2014, pag 151) unos precios de US$98 por barril para el 2015.  En realidad, los precios fueron en promedio en ese año de  US$43,44 por barril para la canasta colombiana  (MFMP 2016, pag 3). A pesar de una recuperación en los precios del combustible a partir de 2016, todavía se sienten los efectos de ese duro golpe sobre las finanzas colombianas. 
La otra situación se presentó en el año 2017, resultado también del deterioro en los ingresos asociado al comportamiento del petróleo. En efecto, el Gobierno tenía pensado presentar un proyecto de reforma tributaria en el segundo semestre de ese año, para compensar, así sea parcialmente los ingresos dejados de recibir. El proyecto se convirtió en la Ley 1819 de 2016. Pero en las proyecciones presentadas en Junio, como es lógico, no podrían incluir los ingresos que esa reforma podía arrojar. Los gastos, tanto en el plan financiero como en el proyecto de la Ley de Presupuesto se presentaron con un monto incluso inferior al calculado en ese momento para el 2016. Al aprobarse la reforma tributaria se reliquidó el presupuesto, y se aumentaron tanto los ingresos como los gastos. Ello explica la desviación relativamente grande entre los resultados obtenidos en ambos rubros frente a los proyectados
Como otro desarrollo importante en la institucionalidad fiscal, el Congreso aprobó en el año 2011 la Ley 1473, que estableció la Regla Fiscal que en últimas se traduce en la exigencia de ahorrar en épocas de vacas gordas (por precio del petróleo o por crecimiento económico) para poder gastar en épocas de vacas flacas. Desafortunadamente, en su artículo 5, que estableció las metas de ajuste estructural (como se llama al obtenido después de ajustar por los efectos del ciclo económico y de los precios minero-energéticos), solo lo hizo a partir del año 2014, cuando comenzó la caída en los precios del petróleo. No pudimos ahorrar lo suficiente en los años de altos precios.
No puede esperarse de ningún gobierno en el mundo esté en capacidad de proyectar con precisión sus ingresos y sus gastos. Pero si debe informar al Congreso y a la ciudadanía las bases de sus cálculos y rendir cuentas frente a las desviaciones que se presenten. En general, tanto la Ley 819 del 2003 como la 1473 son pasos hacia la consolidación de unas instituciones fiscales sólidas. Ojalá el nuevo gobierno y el nuevo congreso continúen avanzando por esa vía.



domingo, 1 de julio de 2018

Séptimo Día y la labor del INVIMA, un programa tendencioso.

El programa Séptimo Día, transmitido por Caracol TV el pasado 24 de Junio, le atribuyó al INVIMA y a las autoridades de salud en Colombia intenciones perversas para no aprobar el registro de medicamentos.  Fue un programa hecho sin ninguna objetividad periodística.   
 
El  pasado domingo 24 de Junio, el programa Séptimo Día, dirigido por el periodista Manuel Teodoro, estuvo dedicado a supuestas fallas del  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA),  al no aprobar el registro de medicamentos que, según el programa, han sido aprobados en otros países (el programa puede verse aquí)
Según sus funciones legales, el INVIMA está encargado de aprobar el registro sanitario de  medicamentos, requisito indispensable para su comercialización legal en Colombia.  Las criticas al Invima se basaron en tres ejemplos. En cada uno de ellos, se entrevistaron a pacientes o a sus familiares. La conclusión a la que quería llegar era muy simple: por culpa de la negligencia del INVIMA estos pacientes no podían contar con los medicamentos que le permitían a ellos enfrentar su enfermedad. En uno de lo casos, la paciente había fallecido. Se insinuó incluso que esa muerte era responsabilidad del Invima
Miremos cada uno de los tres ejemplos mostrados en el programa.   
1-      Palbociblib . Fabricado por Pfizer.  Medicamento utilizado para el cáncer de seno. Ha recibido aprobación  de la Agencia Federal de Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés)  También fue aprobada para su comercialización por la  Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su siglas en inglés). Su gran mérito, aparentemente, es que puede prolongar en 10 meses la mediana de supervivencia de los pacientes. El precio de su caja, con 21 cápsulas (tres semanas  de tratamiento) es, según la información de la paciente entrevistada en Séptimo Día, de $23 millones. Sin embargo en un blog del Instituto Nacional del Cancer (organización del gobierno federal de Estados Unidos para la investigación sobre esta enfermedad) se señala lo siguiente:   “ Al tiempo del análisis, la duración del seguimiento de pacientes tanto en el estudio de ribociclib como en el de palbociclib no era suficientemente largo como para determinar si las terapias mejoraron el tiempo que vivieron las pacientes. Los investigadores de ambos estudios continúan el seguimiento y esperan informar acerca de la supervivencia general en el futuro”.
No es cierto, por lo tanto, que este medicamento pueda ser presentado como una cura contra el cáncer, como maliciosamente se insinuó en el programa. Su financiación a través del Sistema de Seguridad Social en Salud Colombiano, no pasaría un objetivo análisis de costo/beneficio. En el caso inglés, el NICE (instituto Nacional de Salud y Excelencia en el Cuidado) solo aprobó su financiamiento a través del Sistema Nacional de Salud  después de que el laboratorio aceptó reducir sensiblemente el precio, como puede leerse aquí . Téngase en cuenta que el Reino Unido tiene un PIB per cápita (medido por capacidad de compra) que es tres veces el de Colombia.
2. Romidepsin (nombre comercial Istodax, de laboratorios Celgene)  Se trata de un medicamento contra el cáncer denominado linfoma periférico de células T.. Si bien ha sido aprobado por la  FDA, el Comité de Medicamentos para uso humano de la Agencia Europea de Medicinas (EMA), negó la autorización para su comercialización,  basándose en que el Comité no pudo determinar el beneficio del medicamento. Tampoco fue posible determinar si los beneficios del medicamento eran mayores que los riesgos (ver aquí)
3. Coencima Q-10. De nature’s bounty. Según el programa séptimo día, y los médicos consultados por ellos, serviría para hacer frente a una enfermedad rara denominada “leucodistrofia mitrocondial”. Sin embargo, la sustancia está aprobada, tanto en Estados Unidos como en Colombia como suplemento dietético,  no como medicamento (ver aquí.).  Los criterios para aprobar un alimento o suplemento alimenticio no son tan exigentes como en el caso de las medicinas.
En el 2010 la sala especializada de medicamentos y producto biológicos del INVIMA, dictaminó  que no existía evidencia científica que demostrara la eficiencia del producto en la patología para la cual era formulado.  En el 2013 volvió a pronunciarse sobre la misma sustancia, negando la autorización para el producto Liquipak, que tiene dicho principio activo. Frente a la solicitud de que se incluyera este producto en el listado de medicamentos vitales no disponibles, el comité concluyó que dicho producto, al contar con sustitutos en el mercado (es decir que tenían el mismo principio activo) no cumplía con los criterios para su inclusión en el listado de medicamentos vitales no disponibles
Por otra parte, el que quiera conseguir esa sustancia (complemento alimenticio, no medicamento) lo puede conseguir fácilmente en Colombia (mirar aquí, por ejemplo).  
La gran conclusión del programa (y de algunos de los médicos y dirigentes gremiales entrevistados) sería que no el país no debería tener una entidad científica encargada de la aprobación de medicamentos. Basta con aceptar las aprobaciones de una agencia de otro país. Conclusión absurda.
 Como se ve, el programa se caracterizó por su absoluta parcialidad. De 46 minutos de duración, a Director del Invima, pese a haber conversado con la periodista por una hora y cuarenta minutos, solo se le dio 1 minutos 40 segundos. Quienes aspiren a oir una versión completa sobre la manera como trabaja el INVIMA, pueden oir la entrevista que se le hizo en la emisora de la Universidad Nacional, en este sitio.  

 

lunes, 21 de mayo de 2018

Cambio de base de las cuentas nacionales del DANE. Nuevas cifras sobre crecimiento.

EL Departamento Nacional de Estadística acaba de cambiar la base de cálculo de las Cuentas Nacionales: ahora es el año 2015. También hay otros cambios metodológicos. Primeros análisis
 
Cambio metodológico.
La semana pasada, el DANE publicó los datos de crecimientode la economía correspondientes al primer trimestre del año.  Aprovechó para cambiar el año base con el que se calcula la producción en términos constantes: de ahora en adelante no va a ser el año 2005 sino el 2015. Es un cambio deseable: períodicamente debe estarse cambiando la base, según recomendaciones de las buenas prácticas internacionales. Por otra parte, se introdujo un cambio en la agregación de las actividades económicas que sirven para calcular el PIB desde el punto de vista de la oferta. Hoy hay 12 agrupaciones y antes había 9. El columnista Eduardo Sarmiento insinúa que como resultado de la inclusión de los “nuevos sectores”  el PIB resulta creciendo más que con la anterior metodología, porque “Los nuevos sectores crecen a altas tasas y carecen de historia estadística”.  De allí a afirmar que este cambio metodológico obedece a una manipulación estadística podría no haber sino un solo paso.
Una primera aclaración al profesor Sarmiento: en realidad no se están introduciendo nuevas actividades: todas ellas estaban contempladas en la metodología anterior. Se trata de la adaptación a Colombia de la Clasifificación Internacional Industrial Uniforme, revisión 4, adaptada para Colombia, metodología que había sido publicada desde el 2012 por el mismo DANE. Esta es una actualización que tarde o temprano debía hacerse.
Las nuevas grandes agrupaciones son las siguientes:
Actividades inmobiliarias: estaba en la metodología anterior dentro de la agrupación 8:  “Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas”.
La antigua agrupación “Actividades de servicios sociales, comunales y personales”, se divide ahora en las siguientes tres:
-           Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo
-          Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
-          Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio
Indudablemente que la nueva metodología va a exigir un esfuerzo estadístico al DANE para recolectar información más completa de las actividades que ahora se introducen.  Bienvenido también ese cambio
Ahora sí hablemos de las cifras.
Hasta ahora, el DANE no ha publicado el total anual del PIB de años anteriores con la nueva metodología. Solo aparecen los datos trimestrales. Pero ello no es obstáculo: es posible sumar los cuatro trimestres de cada año. A partir de allí, se calculan los crecimientos anuales. Al comparar estos crecimientos con los que se registraban en los datos publicados en la base anterior, se encuentran algunas diferencias, especialmente para algunos años, como lo muestra el cuadro siguiente:
 
Año
Crecimiento base 2005
Crecimiento base 2015
 
2009
1,7%
1,2%
2010
4,0%
4,3%
2011
6,6%
7,4%
2013
4,0%
3,6%
2014
4,4%
4,7%
 
En conclusión, el año 2009 fue peor de lo que nos habíamos imaginado inicialmente. El 2011, resultó siendo mucho mejor.
 Otra novedad. El DANE ha comenzado a publicar, a partir de su última entrega, los datos de crecimiento trimestral comparados con los del trimestre anterior. Nos aclara que ello es posible en la medida en que, a partir de las series originales, es posible aislar tanto el efecto estacional (no todos los trimestres del año se comportan igual), como los efectos del calendario (por ejemplo, la semana santa en algunos años cae en Marzo y en otros en Abril).
Gracias a esta modificación, el DANE nos dice que es posible realizar comparaciones con el período inmediatamente anterior (por ejemplo, el primer trimestre del 2018 creció 0,4% con relación al cuarto trimestre del 2017), pero nos advierte que las series ajustadas estacionalmente y por efecto calendario “no reflejarán el comportamiento anual de las series del PIB”.
Desde hace varios años, para ser más precisos, desde el 2009, hemos utilizado en este blog los datos de las antiguas series desestacionalizadas para calcular el crecimiento anualizado del PIB. Ver por ejemplo aquí.   Para ello, se toman las cifras desestacionalizadas de un trimestre, se compara con el trimestre anterior, y se “anualiza”, utilizando la misma fórmula que en matemáticas financieras permite pasar de una tasa de interés trimestral a una efectiva anual. Es el mismo procedimiento que utiliza la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA por sus siglas en inglés), y que se encuentra en la página 4-23 de este documento. Es el procedimiento que también utiliza la revista The Economist, cuando publica semanalmente sus indicadores para varios países, incluido Colombia. ( ver la columna qtr*).
Esta tasa de crecimiento anualizada equivale a la velocidad que nos registra el velocímetro de un automóvil. Este no calcula la velocidad comparando cuántos kilómetros hemos recorrido desde hace una hora, sino que lo calcula midiendo la velocidad un espacio de segundo y “horaliza” esa velocidad, es decir contesta a la pregunta de cuántos kilómetros se recorrerían en una hora, a esa velocidad instantánea. Esa es la información importante para que el conductor tome decisiones (o para que un policía de tráfico imponga una multa). De la misma manera, la velocidad de crecimiento de la economía en el espacio más pequeño posible de tiempo para las mediciones macroeconómicas (un trimestre, por convención universal) , le puede dar una verdadera idea al gobierno, de si se está creciendo a tasas satisfactorias o no, y  a partir de esa información tomar las medidas que se consideren adecuadas.
Qué nos dice ese crecimiento anualizado que he calculado para los últimos trimestres, a partir de la nueva serie de cuentas nacionales del DANE? Violando la advertencia del DANE [1], he hecho los cálculos, y los presento en el gráfico adjunto (marque sobre él para verlo más claramente) :
 
Fuente: elaborado a partir de las cifras del DANE
Como se puede ver, el crecimiento anualizado calculado de esta forma fue en el primer trimestre de 2018 del 1,6%, inferior al que registra el comunicado del DANE del 2,2%,  calculando éste con el  mismo trimestre del año anterior.
 
Se puede ver que estos datos son bastante volátiles (por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2014 crecimos un 13,3% anual, y en el primer trimestre del 2015 caímos a una velocidad anual del 7,1%. A algunos economistas no les gusta esta manera de presentar los datos por esa razón. Aquí simplemente, me cito a mí mismo, en mi entrada del 2009 sobre este tema:
“A algunos economistas no les gusta este procedimiento de cálculo de las variaciones anuales porque, se argumenta, introduce una alta volatilidad en la medición de las variables económicas. Ello es cierto. Pero yo pienso que si la realidad es volátil, así lo deben reflejar las estadísticas. No tiene sentido para un médico tratar de “suavizar” los datos sobre las pulsaciones de su paciente que le reporta el electrocardiograma. Si lo hace, correría el riesgo de no darse cuenta de la gravedad de la situación. Lo mismo le puede pasar a los analistas económicos y a los gobiernos”.





[1] Los cuadros traen esta leyenda: “Los datos corregidos de efecto estacional y calendario son publicados únicamente con fines de hacer comparables los trimestres consecutivos; por lo tanto no deben ser utilizados para leer variaciones anuales”.