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sábado, 18 de agosto de 2018

Los costos hundidos y la posición de la Procuraduría frente al proyecto de semáforos de Bogotá


La Procuraduría General de la Nación, al abrir pliego de cargos contra el Secretario de Movilidad de Bogotá, ha incurrido en graves errores técnicos. Aquí explicamos porqué

Este blog cumplió el pasado 26 de Julio 10 años de existencia. En este período he escrito 188 entradas.  La primera  de ellas se dedicó a analizar la injusticia cometida con un funcionario público que se desempeñaba como Director de la Caja Nacional de Previsión, a quien jueces de tutela lo condenaron reiteradamente a cárcel por no haber pagado unas pensiones, que simplemente no podía pagar, por razones legales o por imposibilidad técnica y administrativa.
La incapacidad de los órganos de control por entender las complejidades de la función pública no ha dejado de crecer. Ello hace que sea muy difícil para un funcionario público ejercer responsablemente su labor.
 
Es necesario volver sobre este tema, a propósito del anuncio hecho por la Procuraduría General de la Nación  de abrir un pliego de cargos al Secretario de Movilidad de Bogotá, por hechos relacionados con la licitación para la modernización del sistema de semáforos de la ciudad. 
 
Según la Procuraduría, “en el proceso licitatorio se habría afectado, presuntamente, el patrimonio de la ciudad porque no se definió con anterioridad la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la ciudad, avaluados en más de $13 mil millones y compatibles con sistemas modernos de semaforización, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil, lo que demuestra una aparente falta de planeación en la etapa precontractual del proceso”. “Para el Ministerio Público la Secretaría de Movilidad tenía la obligación de calcular el valor de esos elementos y definir cuál sería su destino una vez entrara en funcionamiento el Sistema de Semaforización Inteligente, SSI. “Es motivo de gran preocupación el hecho de que no se sepa cuánto vale la red de cobre que actualmente comunica la red semafórica existente, lo que representa un riesgo para la integridad del patrimonio público”, señaló la Procuraduría en el pliego de cargos. La licitación tampoco definió, según el organismo de control, qué destino se le dará a la red de cable de cobre con la que opera actualmente el sistema, ni a los equipos que hacen parte de las dos centrales de semaforización que no van a ser integradas al nuevo esquema”.  
Para analizar la seriedad de los cargos de la Procuraduría,  es necesario recordar un elemento básico en la evaluación de proyectos económicos o sociales.  Es el concepto de los “costos hundidos”, entendidos como aquellos que se incurrieron en el pasado y no es posible recuperar.  Si usted llega a la conclusión de que debe cambiar su calentador de agua porque el antiguo le consume mucha energía, es necesario calcular el valor presente del costo de la energía ahorrada y compararlo con el  precio del nuevo calentador.  Si el nuevo equipo de permite a usted ahorrarse  $30.000 por mes en la factura de electricidad o de gas, suponiendo una tasa de interés del 5% anual, usted se va a ahorrar durante los diez años de vida útil de su calentador una suma de  $2.800.000. Si el calentador nuevo vale $2 millones (incluida la instalación),  es claro que es un buen negocio la adquisición.
Pero usted cae en cuenta de que su calentador antiguo lo compró hace cinco años, y le costó también $2 millones. Es decir, tiene todavía una vida útil de cinco años. Como no ha amortizado el costo total, usted llega a la conclusión de que el millón de pesos que queda por amortizar lo debe incluir como costo del proyecto denominado “modernización del sistema de calentamiento de agua en el hogar”. Con ello, los costos del proyecto quedan en $3 millones (el nuevo calentador más el costo de botar el antiguo). Llega a la conclusión entonces que no es conveniente hacer el cambio.
Usted comparte su análisis con un hijo que, afortunadamente, está estudiando economía, y que acaba de ver un curso sobre evaluación de proyectos. Él le hace caer en cuenta que el precio pagado por el antiguo calentador es un “costo hundido”. Mejor dicho, usted no lo puede tener en cuenta en la evaluación del proyecto. Incluso le aconseja que mire esta página sobre el tema. Si por tener en cuenta ese costo hundido, decide no acometer la inversión, usted está de todas maneras perdiendo la oportunidad de ahorrarse $360.000 durante cada uno de los siguientes 10 años.  Por contabilizar el “costo hundido” usted está llegando a una decisión errónea.
El proyecto de modernización del sistema de semáforos de Bogotá supone la utilización de una tecnología muchísimo más moderna que la existente, mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de unos controladores más modernos, así como el reemplazo de la red de cobre que hoy sirve de medio de comunicación por una de fibra óptica. Es de esperarse que ello tenga enormes beneficios en términos de movilidad y de disminución de accidentes. Pero surge la pregunta: ¿Qué hacer con los controladores antiguos y con la red de cobre? Con relación a los primeros lo lógico es utilizarlos, pero solo en la medida en que sean compatibles con la nueva tecnología. Con relación a la red de cobre, pues toca desmontarla.
 En su entrevista al diario El Tiempo ( ver aquí) . el secretario de movilidad de Bogotá ha dicho que se van a utilizar aquellos controladores que sean compatibles con la nueva operación, y aquellos que no lo sean, se pueden dar de baja y vender, posiblemente como chatarra. Lo mismo va a pasar con la red de cobre. Incluso señala que tratar de separar el cobre del caucho que lo cubre valdría más que el cobre recuperado. No vale por lo tanto la pena hacerlo.
¿Debería calcularse el valor a obtener por los activos que se darán de baja antes de decidirse a adelantar el proyecto? No necesariamente. El escenario más riguroso es el de asumir que estos activos valen cero. Si aun sin recuperar cualquier suma por la disposición de estos activos dados de baja el proyecto sigue siendo conveniente, con mayor lo será si se logra recuperar cualquier valor. Existen procedimientos legales en Colombia que regulan la baja o venta de estos activos, y no podría esperarse que ese procedimiento esté plenamente definido antes de acometer el nuevo proyecto. “Después veremos qué hacemos con el calentador viejo”, le diría su hijo.
Con esta manera de pensar de la Procuraduría, ninguna entidad pública podrá pensar, por ejemplo, en modernizarse tecnológicamente, porque antes de hacerlo deberá definir qué hace con los computadores o con las redes antiguas. Los proyectos van a costar más y se van a demorar más.
Posiblemente el Secretario de Movilidad, para ahorrarse dolores de cabeza (y dinero, porque el abogado que lo defienda debe pagarlo de su bolsillo), llegue a la conclusión de que lo mejor hubiera sido no hacer nada, y dejar a la ciudad con una tecnología de semáforos hace tiempo mandada a recoger. Es lo que posiblemente deben estar pensando muchos funcionarios públicos en este momento frente a los proyectos que quisieran adelantar
Ojalá que la Procuraduría General de la Nación, al juzgar este proceso disciplinario, tenga más sindéresis, capacidad técnica y sentido común del que ha demostrado hasta ahora. Lo mismo debería esperarse, en general,  de todos los organismos de control.

domingo, 5 de agosto de 2018

El marco fiscal de mediano plazo, un útil instrumento de planeación financiera y de rendición de cuentas

Colombia ha avanzado mucho en su institucionalidad fiscal. El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un buen ejemplo de ello
 
Como muchos analistas y pensadores lo han señalado, el tipo de instituciones de que goza un país es fundamental para garantizar el bienestar y la felicidad de sus habitantes, que es en últimas el objetivo del estado. Las instituciones son, como lo plantea Douglas North, “restricciones creadas por los humanos que estructuran la interacción política, económica y social”.    La utilidad de las instituciones consiste en que, gracias a ellas, según el mismo autor, “se crea orden y se reduce la incertidumbre en la interacción humana”.
Las instituciones pueden referirse a todos los aspectos de la relación entre los individuos de una sociedad:  la justicia, el sistema electoral, la educación, la protección social, la seguridad, etc. Se reflejan en pautas tanto formales como informales que limitan el comportamiento de los ciudadanos, especialmente de los funcionarios del estado en cualquier rama del poder público.
Un aspecto importante de una sociedad moderna lo constituye la institucionalidad fiscal, entendida esta como el conjunto de normas y prácticas que determinan el comportamiento de los responsables de las finanzas públicas (por ejemplo, parlamento, ministros de hacienda y ministros ejecutores de programas públicos), así como de la ciudadanía frente a ellos. Harán parte de este marco institucional los sistemas de decisión sobre impuestos, gastos y deuda pública; los sistemas de ejecución del presupuesto público, y los mecanismos a través de los cuales los ejecutores de las decisiones fiscales rinden cuentas a la ciudadanía por el manejo de los recursos.
Una buena institucionalidad fiscal debería cumplir las siguientes condiciones:
-              Lograr que la sociedad entienda la importancia de una sana política fiscal y presione por ella.
-              Exponer los beneficios y los costos financieros y no financieros de las políticas públicas, tanto en el corto como en el largo plazo.
-              Elevar los costos para los agentes que se desvíen de los objetivos de una sana y eficiente política fiscal
-              Lograr un adecuado control sobre las acciones de los ejecutores de los recursos públicos.
El país ha venido con los años construyendo esta institucionalidad. Falta mucho, es cierto, como lo puede comprobar la insuficiencia estructural que hoy tiene el gobierno central para hacer frente a los gastos comprometidos por la constitución y por su desarrollo legal, así como la ausencia de mecanismos sistemáticos de evaluación del gasto público.   
En esta entrada vamos a referirnos exclusivamente a un aspecto de ese desarrollo institucional:  la exigencia, establecida en la Ley 819 de 2013,  de que el gobierno nacional presente al congreso, antes del 15 de Junio de cada año, un Marco Fiscal de mediano plazo, que debe ser estudiado con prioridad por las Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara.
Ese marco debe contener las proyecciones financieras sobre el comportamiento de las finanzas públicas,  las metas de superávit primario (el déficit fiscal sin contabilización de los intereses de la deuda), el nivel  de la deuda pública así como un análisis de su sostenibilidad, un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia anterior, una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones y descuentos tributarios existentes, el costo fiscal de las leyes sancionadas el año anterior y una relación de los pasivos contingentes de la Nación. Establece, además, que en el presupuesto se deben incluir indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados
Uno de los objetivos de esta norma fue la asegurar una adecuada planeación financiera. Una exageración en los ingresos o una subestimación en los gastos puede ser un instrumento mediante el cual un gobierno irresponsable (como los que han existido en muchos países latinoamericanos,) puede comprometer al estado en multitud de gastos que no tienen un financiamiento compatible con la estabilidad de las finanzas públicas.
La adecuada planeación financiera exige proyectar los ingresos y gastos de la Nación.  Desde el año 2003, se han producido 14 de estos documentos, que pueden ser consultados en la página web del Ministerio deHacienda .  
Un ejercicio interesante puede consistir en comparar las proyecciones hechas en el año anterior, con los resultados obtenidos, tanto en ingresos, gastos y el déficit total. Es lo que hemos tratado de hacer. Nos hemos basado en las proyecciones para cada año presentadas en junio del año anterior, comparándolas con los resultados obtenidos efectivamente, que se informan en el MFMP del año siguiente. Así, por ejemplo, las proyecciones correspondientes al año 2014 se informan en el 2013 y los resultados efectivos en el 2015. En ocasiones fue necesario realizar ajustes al MFMP. Para hacer coherente el ejercicio, no los estamos considerando.
En el cuadro siguiente se aprecia el monto de los ingresos totales (tributarios y no tributarios) del Gobierno Nacional tanto proyectados como efectivamente recaudados. En ocho de ellos se han presentado unos resultados superiores a los proyectado, y en cinco se ha presentado la situación contraria.
 
En cuanto a los gastos, que se muestran a continuación, en 7 de los años, los efectivos han sido superiores a los proyectados, y en seis se ha presentado la situación contraria. La desviación típica en los ingresos ha sido del 7,7%  y en el caso de los gastos del 3,1%.
 

 

Se han presentado tres casos casos especiales de “descache”, atribuibles principalmente a choques externos. En el año 2009 Colombia, como la gran mayoría de países del mundo, sufrió las consecuencias de la gran crisis financiera que empezó en Mayo del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers,y que se tradujo en una importante caída en el PIB de los países industrializados, en la baja en los precios del petróleo y en la devaluación del peso. El resultado fue que el PIB creció en el 2009 solo en un 1,2% (según la revisión que publicó hace unas semanas el DANE al publicar los datos con la nueva base estadística). Los ingresos fiscales resultaron inferiores al 10% de los proyectados, lo cual obligó a un recorte importante de gastos. El déficit resultante con relación al PIB fue del 4,2%, frente a una proyección inicial del 3%. 
A mediados de 2014, con posterioridad a la presentación del MFMP, comenzó la caída en los precios del petróleo.  Este documento había proyectado (Ver MFMP 2014, pag 151) unos precios de US$98 por barril para el 2015.  En realidad, los precios fueron en promedio en ese año de  US$43,44 por barril para la canasta colombiana  (MFMP 2016, pag 3). A pesar de una recuperación en los precios del combustible a partir de 2016, todavía se sienten los efectos de ese duro golpe sobre las finanzas colombianas. 
La otra situación se presentó en el año 2017, resultado también del deterioro en los ingresos asociado al comportamiento del petróleo. En efecto, el Gobierno tenía pensado presentar un proyecto de reforma tributaria en el segundo semestre de ese año, para compensar, así sea parcialmente los ingresos dejados de recibir. El proyecto se convirtió en la Ley 1819 de 2016. Pero en las proyecciones presentadas en Junio, como es lógico, no podrían incluir los ingresos que esa reforma podía arrojar. Los gastos, tanto en el plan financiero como en el proyecto de la Ley de Presupuesto se presentaron con un monto incluso inferior al calculado en ese momento para el 2016. Al aprobarse la reforma tributaria se reliquidó el presupuesto, y se aumentaron tanto los ingresos como los gastos. Ello explica la desviación relativamente grande entre los resultados obtenidos en ambos rubros frente a los proyectados
Como otro desarrollo importante en la institucionalidad fiscal, el Congreso aprobó en el año 2011 la Ley 1473, que estableció la Regla Fiscal que en últimas se traduce en la exigencia de ahorrar en épocas de vacas gordas (por precio del petróleo o por crecimiento económico) para poder gastar en épocas de vacas flacas. Desafortunadamente, en su artículo 5, que estableció las metas de ajuste estructural (como se llama al obtenido después de ajustar por los efectos del ciclo económico y de los precios minero-energéticos), solo lo hizo a partir del año 2014, cuando comenzó la caída en los precios del petróleo. No pudimos ahorrar lo suficiente en los años de altos precios.
No puede esperarse de ningún gobierno en el mundo esté en capacidad de proyectar con precisión sus ingresos y sus gastos. Pero si debe informar al Congreso y a la ciudadanía las bases de sus cálculos y rendir cuentas frente a las desviaciones que se presenten. En general, tanto la Ley 819 del 2003 como la 1473 son pasos hacia la consolidación de unas instituciones fiscales sólidas. Ojalá el nuevo gobierno y el nuevo congreso continúen avanzando por esa vía.



domingo, 1 de julio de 2018

Séptimo Día y la labor del INVIMA, un programa tendencioso.

El programa Séptimo Día, transmitido por Caracol TV el pasado 24 de Junio, le atribuyó al INVIMA y a las autoridades de salud en Colombia intenciones perversas para no aprobar el registro de medicamentos.  Fue un programa hecho sin ninguna objetividad periodística.   
 
El  pasado domingo 24 de Junio, el programa Séptimo Día, dirigido por el periodista Manuel Teodoro, estuvo dedicado a supuestas fallas del  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA),  al no aprobar el registro de medicamentos que, según el programa, han sido aprobados en otros países (el programa puede verse aquí)
Según sus funciones legales, el INVIMA está encargado de aprobar el registro sanitario de  medicamentos, requisito indispensable para su comercialización legal en Colombia.  Las criticas al Invima se basaron en tres ejemplos. En cada uno de ellos, se entrevistaron a pacientes o a sus familiares. La conclusión a la que quería llegar era muy simple: por culpa de la negligencia del INVIMA estos pacientes no podían contar con los medicamentos que le permitían a ellos enfrentar su enfermedad. En uno de lo casos, la paciente había fallecido. Se insinuó incluso que esa muerte era responsabilidad del Invima
Miremos cada uno de los tres ejemplos mostrados en el programa.   
1-      Palbociblib . Fabricado por Pfizer.  Medicamento utilizado para el cáncer de seno. Ha recibido aprobación  de la Agencia Federal de Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés)  También fue aprobada para su comercialización por la  Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su siglas en inglés). Su gran mérito, aparentemente, es que puede prolongar en 10 meses la mediana de supervivencia de los pacientes. El precio de su caja, con 21 cápsulas (tres semanas  de tratamiento) es, según la información de la paciente entrevistada en Séptimo Día, de $23 millones. Sin embargo en un blog del Instituto Nacional del Cancer (organización del gobierno federal de Estados Unidos para la investigación sobre esta enfermedad) se señala lo siguiente:   “ Al tiempo del análisis, la duración del seguimiento de pacientes tanto en el estudio de ribociclib como en el de palbociclib no era suficientemente largo como para determinar si las terapias mejoraron el tiempo que vivieron las pacientes. Los investigadores de ambos estudios continúan el seguimiento y esperan informar acerca de la supervivencia general en el futuro”.
No es cierto, por lo tanto, que este medicamento pueda ser presentado como una cura contra el cáncer, como maliciosamente se insinuó en el programa. Su financiación a través del Sistema de Seguridad Social en Salud Colombiano, no pasaría un objetivo análisis de costo/beneficio. En el caso inglés, el NICE (instituto Nacional de Salud y Excelencia en el Cuidado) solo aprobó su financiamiento a través del Sistema Nacional de Salud  después de que el laboratorio aceptó reducir sensiblemente el precio, como puede leerse aquí . Téngase en cuenta que el Reino Unido tiene un PIB per cápita (medido por capacidad de compra) que es tres veces el de Colombia.
2. Romidepsin (nombre comercial Istodax, de laboratorios Celgene)  Se trata de un medicamento contra el cáncer denominado linfoma periférico de células T.. Si bien ha sido aprobado por la  FDA, el Comité de Medicamentos para uso humano de la Agencia Europea de Medicinas (EMA), negó la autorización para su comercialización,  basándose en que el Comité no pudo determinar el beneficio del medicamento. Tampoco fue posible determinar si los beneficios del medicamento eran mayores que los riesgos (ver aquí)
3. Coencima Q-10. De nature’s bounty. Según el programa séptimo día, y los médicos consultados por ellos, serviría para hacer frente a una enfermedad rara denominada “leucodistrofia mitrocondial”. Sin embargo, la sustancia está aprobada, tanto en Estados Unidos como en Colombia como suplemento dietético,  no como medicamento (ver aquí.).  Los criterios para aprobar un alimento o suplemento alimenticio no son tan exigentes como en el caso de las medicinas.
En el 2010 la sala especializada de medicamentos y producto biológicos del INVIMA, dictaminó  que no existía evidencia científica que demostrara la eficiencia del producto en la patología para la cual era formulado.  En el 2013 volvió a pronunciarse sobre la misma sustancia, negando la autorización para el producto Liquipak, que tiene dicho principio activo. Frente a la solicitud de que se incluyera este producto en el listado de medicamentos vitales no disponibles, el comité concluyó que dicho producto, al contar con sustitutos en el mercado (es decir que tenían el mismo principio activo) no cumplía con los criterios para su inclusión en el listado de medicamentos vitales no disponibles
Por otra parte, el que quiera conseguir esa sustancia (complemento alimenticio, no medicamento) lo puede conseguir fácilmente en Colombia (mirar aquí, por ejemplo).  
La gran conclusión del programa (y de algunos de los médicos y dirigentes gremiales entrevistados) sería que no el país no debería tener una entidad científica encargada de la aprobación de medicamentos. Basta con aceptar las aprobaciones de una agencia de otro país. Conclusión absurda.
 Como se ve, el programa se caracterizó por su absoluta parcialidad. De 46 minutos de duración, a Director del Invima, pese a haber conversado con la periodista por una hora y cuarenta minutos, solo se le dio 1 minutos 40 segundos. Quienes aspiren a oir una versión completa sobre la manera como trabaja el INVIMA, pueden oir la entrevista que se le hizo en la emisora de la Universidad Nacional, en este sitio.  

 

lunes, 21 de mayo de 2018

Cambio de base de las cuentas nacionales del DANE. Nuevas cifras sobre crecimiento.

EL Departamento Nacional de Estadística acaba de cambiar la base de cálculo de las Cuentas Nacionales: ahora es el año 2015. También hay otros cambios metodológicos. Primeros análisis
 
Cambio metodológico.
La semana pasada, el DANE publicó los datos de crecimientode la economía correspondientes al primer trimestre del año.  Aprovechó para cambiar el año base con el que se calcula la producción en términos constantes: de ahora en adelante no va a ser el año 2005 sino el 2015. Es un cambio deseable: períodicamente debe estarse cambiando la base, según recomendaciones de las buenas prácticas internacionales. Por otra parte, se introdujo un cambio en la agregación de las actividades económicas que sirven para calcular el PIB desde el punto de vista de la oferta. Hoy hay 12 agrupaciones y antes había 9. El columnista Eduardo Sarmiento insinúa que como resultado de la inclusión de los “nuevos sectores”  el PIB resulta creciendo más que con la anterior metodología, porque “Los nuevos sectores crecen a altas tasas y carecen de historia estadística”.  De allí a afirmar que este cambio metodológico obedece a una manipulación estadística podría no haber sino un solo paso.
Una primera aclaración al profesor Sarmiento: en realidad no se están introduciendo nuevas actividades: todas ellas estaban contempladas en la metodología anterior. Se trata de la adaptación a Colombia de la Clasifificación Internacional Industrial Uniforme, revisión 4, adaptada para Colombia, metodología que había sido publicada desde el 2012 por el mismo DANE. Esta es una actualización que tarde o temprano debía hacerse.
Las nuevas grandes agrupaciones son las siguientes:
Actividades inmobiliarias: estaba en la metodología anterior dentro de la agrupación 8:  “Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas”.
La antigua agrupación “Actividades de servicios sociales, comunales y personales”, se divide ahora en las siguientes tres:
-           Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo
-          Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
-          Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio
Indudablemente que la nueva metodología va a exigir un esfuerzo estadístico al DANE para recolectar información más completa de las actividades que ahora se introducen.  Bienvenido también ese cambio
Ahora sí hablemos de las cifras.
Hasta ahora, el DANE no ha publicado el total anual del PIB de años anteriores con la nueva metodología. Solo aparecen los datos trimestrales. Pero ello no es obstáculo: es posible sumar los cuatro trimestres de cada año. A partir de allí, se calculan los crecimientos anuales. Al comparar estos crecimientos con los que se registraban en los datos publicados en la base anterior, se encuentran algunas diferencias, especialmente para algunos años, como lo muestra el cuadro siguiente:
 
Año
Crecimiento base 2005
Crecimiento base 2015
 
2009
1,7%
1,2%
2010
4,0%
4,3%
2011
6,6%
7,4%
2013
4,0%
3,6%
2014
4,4%
4,7%
 
En conclusión, el año 2009 fue peor de lo que nos habíamos imaginado inicialmente. El 2011, resultó siendo mucho mejor.
 Otra novedad. El DANE ha comenzado a publicar, a partir de su última entrega, los datos de crecimiento trimestral comparados con los del trimestre anterior. Nos aclara que ello es posible en la medida en que, a partir de las series originales, es posible aislar tanto el efecto estacional (no todos los trimestres del año se comportan igual), como los efectos del calendario (por ejemplo, la semana santa en algunos años cae en Marzo y en otros en Abril).
Gracias a esta modificación, el DANE nos dice que es posible realizar comparaciones con el período inmediatamente anterior (por ejemplo, el primer trimestre del 2018 creció 0,4% con relación al cuarto trimestre del 2017), pero nos advierte que las series ajustadas estacionalmente y por efecto calendario “no reflejarán el comportamiento anual de las series del PIB”.
Desde hace varios años, para ser más precisos, desde el 2009, hemos utilizado en este blog los datos de las antiguas series desestacionalizadas para calcular el crecimiento anualizado del PIB. Ver por ejemplo aquí.   Para ello, se toman las cifras desestacionalizadas de un trimestre, se compara con el trimestre anterior, y se “anualiza”, utilizando la misma fórmula que en matemáticas financieras permite pasar de una tasa de interés trimestral a una efectiva anual. Es el mismo procedimiento que utiliza la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA por sus siglas en inglés), y que se encuentra en la página 4-23 de este documento. Es el procedimiento que también utiliza la revista The Economist, cuando publica semanalmente sus indicadores para varios países, incluido Colombia. ( ver la columna qtr*).
Esta tasa de crecimiento anualizada equivale a la velocidad que nos registra el velocímetro de un automóvil. Este no calcula la velocidad comparando cuántos kilómetros hemos recorrido desde hace una hora, sino que lo calcula midiendo la velocidad un espacio de segundo y “horaliza” esa velocidad, es decir contesta a la pregunta de cuántos kilómetros se recorrerían en una hora, a esa velocidad instantánea. Esa es la información importante para que el conductor tome decisiones (o para que un policía de tráfico imponga una multa). De la misma manera, la velocidad de crecimiento de la economía en el espacio más pequeño posible de tiempo para las mediciones macroeconómicas (un trimestre, por convención universal) , le puede dar una verdadera idea al gobierno, de si se está creciendo a tasas satisfactorias o no, y  a partir de esa información tomar las medidas que se consideren adecuadas.
Qué nos dice ese crecimiento anualizado que he calculado para los últimos trimestres, a partir de la nueva serie de cuentas nacionales del DANE? Violando la advertencia del DANE [1], he hecho los cálculos, y los presento en el gráfico adjunto (marque sobre él para verlo más claramente) :
 
Fuente: elaborado a partir de las cifras del DANE
Como se puede ver, el crecimiento anualizado calculado de esta forma fue en el primer trimestre de 2018 del 1,6%, inferior al que registra el comunicado del DANE del 2,2%,  calculando éste con el  mismo trimestre del año anterior.
 
Se puede ver que estos datos son bastante volátiles (por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2014 crecimos un 13,3% anual, y en el primer trimestre del 2015 caímos a una velocidad anual del 7,1%. A algunos economistas no les gusta esta manera de presentar los datos por esa razón. Aquí simplemente, me cito a mí mismo, en mi entrada del 2009 sobre este tema:
“A algunos economistas no les gusta este procedimiento de cálculo de las variaciones anuales porque, se argumenta, introduce una alta volatilidad en la medición de las variables económicas. Ello es cierto. Pero yo pienso que si la realidad es volátil, así lo deben reflejar las estadísticas. No tiene sentido para un médico tratar de “suavizar” los datos sobre las pulsaciones de su paciente que le reporta el electrocardiograma. Si lo hace, correría el riesgo de no darse cuenta de la gravedad de la situación. Lo mismo le puede pasar a los analistas económicos y a los gobiernos”.





[1] Los cuadros traen esta leyenda: “Los datos corregidos de efecto estacional y calendario son publicados únicamente con fines de hacer comparables los trimestres consecutivos; por lo tanto no deben ser utilizados para leer variaciones anuales”.
 

domingo, 25 de febrero de 2018

¿Se prestaban los Contratos de Estabilidad Jurídica a la corrupción? El caso de la Ruta del Sol.


Ya parece claro que el soborno a parlamentarios fue indispensable para la firma del Contrato de Estabilidad Jurídica entre el Gobierno Nacional y la Concesionaria Ruta del Sol.
Entre los escándalos que han rodeado a la firma brasilera Odebretch  en la adjudicación y construcción de la famosa Ruta del Sol, se ha denunciado por parte de la Fiscalía General de la Nación (ver noticia aquí del diario El Espectador) que,  gracias a la gestión de un grupo de senadores denominado el buldócer, cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria puesta a consideración del Congreso en el año 2012, se logró la aprobación en tiempo súper rápido de un Contrato de Estabilidad Jurídica (CEJ) a favor de la Concesionaria Ruta del Sol, contrato que fue firmado efectivamente el 31 de Diciembre de 2012 (ver aquí el texto del contrato). 
Para recordar: ¿qué son los contratos de estabilidad jurídica (CEJ)?

La Ley 903 de 2005 autorizó al Gobierno a firmar estos CEJ, que tenían como propósito garantizar a los inversionistas que los suscribieran (siempre y cuando estuvieran en posibilidad de realizar una inversión de 7500 salarios mínimos) protección frente a eventuales modificaciones de las normas que hubiera sido identificadas en los contratos como determinantes de la inversión. De producirse estos cambios, a los inversionistas se les continuaría aplicando las normas no modificadas por el término de duración del contrato.
Fueron muchas las observaciones que hicimos en este blog sobre la inconveniencia de esta figura jurídica (mirar estas entradas: 1,2,3,4).  Incluso sobre el tema, elaboré, en coautoría con dos egresados del programa de Doctorado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes un artículo académico que fue publicado  en la revista Innovar, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
¿Qué pasó con el CEJ de Odebretch?
 
La figura de los CEJ fue afortunadamente eliminada mediante el artículo 166 de la Ley 1607 de 2012, Ley que se aprobó unos días antes del CEJ con Odebrecht.  Sin embargo, los congresistas (impulsados por el famoso buldócer), incluyeron un artículo que señalaba que las solicitudes que se encontraran radicadas ante Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la fecha de expedición de la Ley podrían seguir su trámite, y por lo tanto se podían firmar los respectivos contratos  De igual manera, quedó claro (no podía ser de otra manera) que los contratos firmados seguirían teniendo efecto.  Hoy en día, según la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, están en ejecución 68 contratos.  6 de ellos firmados con posterioridad a la aprobación de la Ley  1607. Incluso hubo dos que se firmaron en 2016. 
Con estos contratos el Estado les garantiza a las empresas firmantes, que si durante su vigencia (la gran mayoría son a 20 años), se modifica en forma adversa a ellas alguna de las normas que haya sido identificada como determinante de la inversión, ellas tendrán derecho a que se les continúe aplicando dichas normas por el término del contrato respectivo.
Como resultado de lo anterior, todos esos contribuyentes tienen un sistema privilegiado. Se les aplican los beneficios (reducciones) pero no se les aplican los incrementos. Un ejemplo: en la reforma tributaria de 2012 las empresas deberían pagar el CREE en sustitución del aporte patronal a favor del sistema de salud, del ICBF, y   del SENA, correspondiente a remuneraciones al trabajo inferiores a 10 salarios mínimos. Como se trataba de un impuesto nuevo (y no de un cambio en un impuesto vigente), las empresas con CEJ deberían pagar el CREE. En la reforma del 2016 (art 376) se eliminó el CREE y en compensación se aumentó el impuesto a la renta empresarial. Pues bien, las empresas con CEJ que hubieran “estabilizado” el impuesto a la renta, dejan de pagar el CREE y a ellas no se les aplica la compensación mencionada, que subió el impuesto a la renta del 25% al 33%. Además de ello, se beneficiaron de la eliminación del impuesto a la nómina mencionado.
Se suponía que uno de las grandes justificaciones  para los CEJ era que el sector privado adelantara inversiones que en otras condiciones no se realizarían.  En el caso del contrato de la Ruta del Sol, la Estructura Plural Promesa de Sociedad Futura Concesionaria Ruta del Sol se presentó a la licitación correspondiente y le fue adjudicada la construcción, operación y mantenimiento del sector 2 (Puerto Salgar-San Roque). Si se presentó a dicha licitación y se la ganó, estaba claro que estaba en su obligación adelantar la obra, y no podía condicionarla a que la Nación le otorgara un contrato de estabilidad jurídica. Si el régimen tributario entonces vigente impedía, en su concepto, realizar la inversión correspondiente, lo lógico es que esta empresa no se hubiera presentado a la licitación,  o que lo hubiera hecho en condiciones financieras diferentes.  
Posiblemente ello explica que, frente a una primera solicitud de CEJ, hecha el 23 de Septiembre de 2010, el Comité de Estabilidad Jurídica del gobierno nacional, en sesión del 11 de Septiembre de 2011, la evaluó y no la aprobó. La empresa interpuso recurso y el mismo comité resolvió aprobársela el 21 de diciembre de 2012.
Las informaciones de prensa que han aparecido explican qué fue lo que pasó. Según las declaraciones del empresario Federico Gaviria, el famoso buldózer, es decir, un grupo de parlamentarios comprometidos con Odebretch (ver aquí) , forzó la aprobación del contrato, que como decíamos anteriormente, termino aprobándose y firmándose el 31 de Diciembre.
Según la Fiscalía General de la Nación (ver aquí)  por dicho trámite a los congresistas se les ofreció una comisión que habría alcanzado los US2 millones,  a condición que el resultado se obtuviera a más tardar el 31 de Diciembre de 2012. Lo lograron. Si la firma del contrato dio para pagar este soborno, vale la pena preguntarse: ¿cuál fue el costo para la Nación, en términos de ingresos tributarios dejados de percibir, derivado de la firma de este contrato?

Una lección por sacar de esta experiencia es la absoluta inconveniencia, y peligro, de violar el principio de transparencia en las normas tributarias. Si éstas pueden  ser distintas para cierto tipo de contribuyentes que cuenten con capacidad de presión ante cualquier comité (sea de estabilidad jurídica, de zonas francas, etc), está abierta la oportunidad para la corrupción.   
En fin, una pregunta para abogados, si es nulo jurídicamente el Contrato de la Ruta del Sol por haberse logrado mediante sobornos, ¿no sería también nulo en el Contrato de Estabilidad Jurídica de marras? Declarada su nulidad (y la DIAN, o al que le toque, debería hacerlo) , ¿lo procedente no sería el recálculo de las obligaciones tributarias de esta empresa entre los años 2012 y 2017?

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Algo más sobre las regalías petroleras. ¿Qué pasa si ellas corresponden a una remuneración por el capital invertido?

Continuando con el debate sobre el carácter de las regalías petroleras.  Si el petróleo puesto por la Nación se considera aporte de capital, no hay diferencia frente al caso en que la regalía se considere un costo deducible.
 
 
En mi pasado blog sobre este tema, señalé cómo, tanto económica como legalmente, las regalías que le paga una compañía petrolera al Estado pueden ser deducibles como costo en el cálculo de la renta gravable, siempre  y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el Estatuto Tributario. En mi modesta opinión, esta situación no ha cambiado con motivo del reciente fallo del Consejo de Estado.
La columna del economista Guillermo Rudas, publicada en Razón Pública,  y que originó esta discusión, plantea además un punto de vista interesante para señalar la improcedencia de la deducibilidad de las regalías. Cito textualmente de su columna:
Las  regalías constituyen una participación del Estado en la renta generada por la explotación de los recursos del subsuelo. En términos contractuales, el Estado se asocia con la empresa extractiva, aportando el capital natural como parte de la inversión (los recursos del subsuelo); y, como resultado, participa en los rendimientos de dicha inversión (las regalías). El hecho de que el Estado y la empresa sean socios implica que no se trata de una compraventa de los minerales extraídos y que las regalías no sean el precio de esos minerales. Son, como dije, la parte de la renta que corresponde al Estado por ser aportante del capital natural.
A primera vista, el argumento es atractivo: una empresa no puede considerar como costo deducible la distribución de utilidades a sus accionistas. Si las regalías pagadas constituyen una remuneración al capital invertido por el Estado, no habría lugar a la deducción tributaria.
 
En primer lugar, dejemos en claro un hecho básico: el Estado, en sentido estricto, no es normalmente socio jurídico de la compañía petrolera, en el sentido societario del Código de Comercio Colombiano. En los contratos petroleros que hoy existen, que, como lo señala la ANH,  son los de Exploración  y Producción, y los de Evaluación Técnica, la compañía petrolera cuenta exclusivamente con socios privados[1], que pueden ser nacionales o extranjeros. En un contrato de exploración y producción, el Estado le permite a la compañía privada el derecho a explorar y, en el caso de una exploración exitosa, a explotar el campo a cambio de una remuneración. Esta consiste en una participación en la venta del petróleo extraído, participación que en los países de herencia hispana adquiere el nombre de regalía. Según el diccionario de la Real Academia, el término puede entenderse como la “participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo”. En el caso de la explotación petrolera, el estado concede a un privado el derecho a explotar el recurso, a cambio del pago de una regalía. En términos económicos, esta regalía es semejante a la que paga una editorial al autor de un libro, una empresa al propietario de una patente, etc. En todos estos casos, si se cumplen las exigencias legales, el pago puede considerarse como un costo deducible de los ingresos brutos de la empresa.
Pero yendo al fondo del argumento económico, el que se opte por establecer una sociedad mixta para la explotación de un recurso mineral, o que se adopte la figura de la regalía como costo deducible, podría ser indiferente para el Estado o para la compañía, siempre y cuando se cumplan tres supuestos básicos:
a)       El estado considera que una compañía privada debe encargarse de la explotación del recurso, porque cree que esa es la solución más eficiente. Esta empresa tiene la tecnología de extracción y de comercialización que permite maximizar el valor agregado en esta actividad.
b)      A través de una regulación cuidadosa, el Estado debe asegurarse de que el país no asuma costos indeseables, por ejemplo, de tipo ambiental. Prohibiciones (por ejemplo, no autorizar la exploración en áreas protegidas) o compensaciones ambientales, como las que están contempladas en la legislación colombiana, deben permitir conciliar el interés privado con el de general de la sociedad.
c)       Dados los puntos anteriores, el Estado debe aceptar que la compañía privada obtenga una remuneración aceptable, proporcional al que obtendría una compañía privada en condiciones de eficiencia. Esto podría lograrse a través de un proceso competitivo, en el cual el derecho a explotar se le conceda a la empresa que esté dispuesta a pagar un mayor valor por regalías, o por un proceso técnico que calcule el costo de capital correspondiente al nivel de riesgo asumido por la compañía. Si alguien piensa que este costo es imposible de determinar, valga la pena recordar que es esta la metodología con la que se determinan las tarifas en los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de acueducto, y por lo tanto la remuneración de las empresas operadoras, sean éstas privadas o públicas.  
Como aspiro a demostrarlo en la sección siguiente, de cumplirse los tres postulados anteriores, para el Estado puede ser indiferente que la forma jurídica que se adopte sea la de un contrato de Exploración y Producción, o la conformación de una empresa mixta  en asocio con un accionista privado.  
¿Qué pasa si se arma una compañía mixta, con participación del Estado y del Sector privado?
Asumamos que el Estado quiere estructurar su negocio de una manera diferente, en los términos en que lo plantea Rudas: en lugar de “vender” el petróleo a la compañía explotadora, le propone a ésta constituir una sociedad mixta (público-privada). El aporte del estado va a ser el petróleo que está en el subsuelo (asumamos que ya está descubierto, y que se conoce con certeza el tamaño del pozo)[2]. El aporte de la compañía privada va a ser toda la inversión necesaria para el desarrollo y explotación del pozo, así como para transportarlo hasta el sitio de entrega al comprador.
Arman entonces entre los dos (el Estado y la compañía privada) una nueva compañía: llamémosla Empresa Mixta S.A. Para constituirla, será necesario valorar el aporte de cada uno de los socios. En el caso del socio privado, el valor es fácilmente determinable: el monto necesario para poner en operación y para operar el pozo. Pero en el caso del Estado ¿cómo se puede valorar el petróleo en el subsuelo? De esta valoración, y por lo tanto de la composición accionaria resultante, va a depender la repartición de las futuras utilidades.
Una alternativa sería que el Estado subastara el petróleo, y lo adjudicara a aquella empresa que más valorara el recurso mineral en la conformación de la empresa mixta. Obviamente, entre más reconozca la compañía privada por el aporte de capital bajo la forma de petróleo, menor será su rentabilidad. ¿Hasta dónde está dispuesta una compañía eficiente a disminuir su rentabilidad? Lo que nos dice la teoría económica (y pido excusa a los lectores por no explicar este punto en detalle) es que la rentabilidad exigida sería aquella que iguale el costo de capital de la empresa, dado su nivel de riesgo. En otros términos, si la empresa puede ganar en proyectos de semejante nivel de riesgo, por ejemplo, un 10% (después de impuestos), solo invertiría en el pozo propuesto si puede esperar obtener dicha rentabilidad. En este esquema, el valor del aporte estatal (y por lo tanto el precio del petróleo en el subsuelo) se determina a partir de la rentabilidad buscada por la empresa más eficiente. Una valoración del aporte que resulte de un precio superior espantaría a la empresa más eficiente, y por lo tanto a todos los otros inversionistas. Una valoración inferior significaría darle al privado una rentabilidad superior a la de equilibrio. Como partimos de la base de que el interés racional del estado es explotar el recurso y no dejarlo enterrado (salvo que se trate de un área protegida), llegará a la conclusión de que es mejor sacar el petróleo, dándole al inversionista privado la mínima rentabilidad posible, que es la que se lograría en un proceso competitivo.  
Expliquemos esto con un ejemplo simple. Supongamos que existe un pozo de la Nación que tiene una capacidad de producción de 1000 barriles, con una vida útil de un año. Supongamos un precio internacional del barril de US$60. Asumamos también que el costo de las actividades de explotación asciende a US$40.000, que es el valor del aporte del socio privado. Supongamos también que la mínima rentabilidad buscada por un inversionista, dado el nivel de riesgo del negocio, es del 10%.  La pregunta que es necesario resolver es la siguiente ¿Cómo valorar el aporte estatal, de tal manera que, al repartir las utilidades, el socio privado obtenga esa rentabilidad?
El siguiente cuadro muestra la manera como se llegaría a establecer el valor del aporte:
A
Precio de venta del petróleo por barril
US$60
B
Tamaño del pozo (barriles)
1000
C
Valor total de la venta del petróleo (A*B)
US$60.000
D
Costo de las actividades de explotación  (valor del aporte del socio privado)  
US$40.000
E
Costo de oportunidad del socio privado (después de impuestos)
10%
F
Tasa corporativa de impuestos
30%
G
Costo de oportunidad del socio privado (antes de impuestos)= E*(1-F)
14,3%
H
Utilidades de la compañía mixta (antes de impuestos) = C-D
US$20.000
I
Impuestos a pagar por la compañía mixta H*30%
US$6000
J
Utilidades de la compañía mixta (después de impuestos) = H- I
US$14.000
K
Dividendos máximos de equilibrio a repartir al socio privado= D*E
US$4.000
L  
Dividendos a repartir al Estado = J-K  
US$ 10.000
M
Porcentaje del socio privado en utilidades  (K/J)*100
29%
N
Porcentaje del estado en utilidades (100%-M)
71%
O
Valor total del capital de la empresa mixta = (D*100)/M
US$140.000
P
Valor del petróleo aportado (aporte del estado) = O-D
US$100.000
Q
 
Total recibido por el Estado (dividendos más impuestos)  I+L
US$ 16.000
 La empresa tendría unas utilidades totales de US$20.000 antes de impuestos, y de US14.000 después de impuestos (suponiendo una tasa corporativa de impuestos del 30%). También se está suponiendo que los dividendos recibidos constituyen renta exenta, como lo establece hoy la Ley colombiana[3].  La empresa privada recibirá unos dividendos de US$4.000, que deben ser iguales al costo de oportunidad de su capital invertido. Quiero ello decir que el resto de los dividendos, US$10.000, son del Estado.
Para que esta participación en las utilidades sea posible, es necesario que sea un reflejo de la participación en el capital. Si la empresa privada recibió el 29% de las utilidades, su aporte de US$ 40.000 debió ser igual al 29% del capital total de la empresa, que es entonces de US$140.000.  Quiere ello decir que el valor del aporte del Estado es de US$100.000, que equivale al 71% de la empresa.  
¿Cuánto recibió el Estado en total? US$16.000:  US$10.000 en dividendos y US$6.000 en impuestos.
¿Y si es una compañía privada que paga regalías y las deduce como costo para su renta gravable?
 Ahora hagamos otro ejercicio. Supongamos que el Estado, en lugar de armar una empresa mixta, decide “vender” el petróleo a la compañía explotadora, bajo la forma de regalía, y esta compañía privada deduce la regalía pagada como costo para determinar la renta líquida gravable. Nuevamente, la rentabilidad mínima después de impuestos del privado debe ser del 10%, que correspondería al costo del capital de la empresa más eficiente, costo que se obtendría en una subasta competitiva, o mediante un análisis técnico. Nuevamente, el valor de la regalía a pagar es aquella que le permita al inversionista privado obtener, después de impuestos, esta rentabilidad.
El valor agregado o excedente obtenido en la actividad de explotación es de US$20000, que es la diferencia entre el valor del petróleo vendido y los costos de la explotación (US$60000 memos US$40.000). ¿Cómo se distribuye ese excedente entre el Estado y la compañía?  Si el deseo del Estado es que la compañía privada obtenga una remuneración igual a su costo de capital, y no más que eso, la utilidad de la empresa privada debería ser de US$4.000. Es decir, el Estado debería recibir US$16.000, entre regalías e impuestos.
El cuadro siguiente muestran las distintas cifras de la empresa, bajo el supuesto de que las regalías sean deducibles.
A
Precio de venta del petróleo por barril
US$60
B
Tamaño del pozo (barriles)
1000
C
Valor total de la venta del petróleo (A*B)
US$60.000
D
Costo de las actividades de explotación  (inversión total del socio privado)  
US$40.000
E
Excedente de la empresa privada antes de impuestos y regalías (C-D)
US$20.000
F
Costo de oportunidad del inversionista eficiente (después de impuestos y regalías)
10%
G
Tasa corporativa de impuestos
30%
H
Utilidades a recibir por el inversionista eficiente (después de impuestos y regalías)
US$4000
I
Regalías a pagar para disminuir excedente hasta I. I-H
US$14286
J
Renta gravable de la empresa después de deducir regalías
US$ 5714
K
Impuesto corporativo a pagar=    I* 30%
US$1714
L
Total recibido por el Estado, regalías más impuestos= I+K
US$16.000
 En conclusión, dado que la política del Estado consiste en asegurarle al privado una remuneración igual a su costo de capital, y no más que eso, puede ser indiferente la forma jurídica que se adopte: una concesión condicionada al pago de regalías, o una empresa mixta que, además de pagar utilidades, pague los impuestos correspondientes a la tasa corporativa.
De lo anterior se deduce que si existiera una disposición legal que prohibiera la deducción de regalías (como parece querer Rudas), para que la empresa privada obtuviera la misma remuneración por su capital invertido (US$4000) sería necesario bajar el valor de la regalía. Unas por otras.  
Consideraciones finales.
Guillermo Rudas plantea, con toda la razón, que si el monto pagado por la empresa privada a título de regalías se considera ingreso no gravable, el permitir una deducción de las mismas regalías constituiría un beneficio tributario absolutamente injustificado.  Esperemos que la DIAN no haya aceptado este doble descuento de las regalías. Sería realmente el colmo de la incompetencia, por decir lo menos. Como tengo entendido que Rudas le solicitó a la DIAN aclarar esta situación en un derecho de petición, sería altamente conveniente que esta entidad respondiera.
Por otra parte, es necesario insistir en que,  vencido el período inicial de producción otorgado a la compañía exploradora (24 años en el caso del petróleo) , la prolongación del contrato no debería ser automática. Tanto en el caso del petróleo, como en el de ferroníquel (Cerromatoso), carbón, oro, etc, el Estado debería abrir una subasta, y otorgar el contrato a aquella empresa que está dispuesta a pagar un monto superior en regalías. Ello requiere una reforma legal. Pero vale la pena.

Nota: una versión editada de esta entrada fue publicada en el medio virtual Razón Pública. Puede consultarse aquí.


[1] Es teóricamente posible que una compañía estatal (por ejemplo Ecopetrol), se asocie con accionistas privados para formar una compañía de capital mixto. Esta compañía a su vez tendrá un régimen tributario igual a cualquier sociedad.  Por ello no se considera como un caso especial en este análisis.
 [2] En el caso en que el petróleo no haya sido descubierto, el riesgo de la empresa exploradora/explotadora es mayor, lo que debería reflejarse en una mayor remuneración para ella. Para simplificar el análisis, estamos suponiendo que exista certeza sobre la cantidad del petróleo en el subsuelo, y que lo que se concesiona es el derecho a explotar (no a explorar).  Esta situación se aplicaría cuando la producción de un campo haya llegado a los 24 años después de la declaratoria de comerciabilidad. En mi opinión, como se expone más  adelante la prórroga de un contrato de esta naturaleza no  debería ser automática, sino que se adjudicaría a la compañía que esté dispuesta a pagar mayores regalías.  
[3] En el caso de que los dividendos sean recibidos por una sociedad, según lo estableció la Ley 1819 de 2016. Si el receptor de los dividendos debe pagar impuestos sobre éstos, por ejemplo si es una persona natural, el costo del capital antes de impuestos tendrá que tener en cuenta, además del impuesto corporativo, el impuesto individual del accionista.