Comparta este contenido

Share/Save/Bookmark

domingo, 15 de enero de 2017

Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria. II- El nuevo régimen de impuesto a la renta


El régimen de impuesto a la renta establecido en esta reforma tributaria ha sido un paso atrás desde el punto de la eficiencia, de la neutralidad y de la distribución progresiva de ingresos.
El impuesto a las personas naturales
Existe consenso que en Colombia, y ello lo recordó el Informe Final de la Comisión de Expertos, el sistema tributario poco contribuye a la redistribución del ingreso.  El principio de progresividad implica que la tarifa aumente en la medida en que aumenten los ingresos de las personas naturales. Si bien, como lo señalábamos en una entrada anterior el impuesto a las empresas es un instrumento de recaudo del correspondiente a las personas naturales, puesto que afecta el patrimonio de éstas, desde el punto de sus efectos en la redistribución de ingresos, el instrumento más poderoso es el que grava directamente los ingresos recibidos por las personas naturales.
Uno de los elementos que ha incidido en la baja progresividad del impuesto de renta era la exención a los dividendos recibidos por los accionistas de las empresas. Desde 1986, con el supuesto propósito de estimular la inversión y el mercado de capitales y de eliminar la supuesta “doble tributación”,  los dividendos y participaciones recibidos por los accionistas y asociados eran exentos.    
La comisión de expertos recomendó justamente eliminar esta exención. Los dividendos recibidos serían gravados a la tarifa general correspondiente a cada persona natural según su nivel de ingresos. Reconociendo que las sociedades que distribuyen dividendos ya pagaron impuestos, existiría un descuento tributario del 20%, con lo cual el impuesto a los dividendos quedaría en el 15%. Proponían además (pag 12 del Informe) que cuando los dividendos se distribuyeran a sociedades cerradas existiría una retención en la fuente que sería trasladable a la retención que realicen cuando repartan dividendos a sus accionistas.
La ley se apartó bastante de las recomendaciones de la Comisión de Expertos. En primer lugar, la  Comisión proponía (pag 41 ) que se sumaran las rentas de diferentes fuentes para establecer un impuesto único por la vigencia. Pero la Ley estableció la  creación de 3 grupos de ingresos distintos: los correspondientes a rentas de trabajo y pensiones; las rentas de capital y “no laborales” (que no están en ninguna otra categoría), y las correspondientes a los dividendos. En lugar de sumarse todos los ingresos para establecer una tarifa general sobre los ingresos totales de las personas naturales, como lo proponía la Comisión, se determinó que cada grupo sería tratado de manera independiente, con una tarifa distinta.   
Si bien las tarifas en el primero y segundo grupo se establecen de manera progresiva (con una tarifa marginal máxima del 33% para rentas laborales y pensiones y del 35% para capital y no laborales), en el caso de los dividendos y participaciones esa progresividad es casi nula: solo existen tres tramos de ingresos: por debajo de 600 UVT ($19 millones en 2017), entre 600 y 1000 UVT ($31,8 millones) y por encima de esta última cifra. La tarifas marginales son para cada uno de estos tramos es del 0%, 5%  y 10%.
Por otra parte, la Ley 1819 estableció (art 2)  que están exentos de la renta los dividendos y participaciones percibidas por los socios y accionistas que sean sociedades nacionales.  Es sabido que la participación en muchas empresas se da, no a través de personas naturales directas, sino de otras sociedades. Alguien podría argumentar que, en la medida en que las utilidades de estas sociedades dueñas van a liquidar un mayor volumen de utilidades por los dividendos recibidos, van a pagar impuestos por ellas. Pero el mecanismo de elusión tributaria es muy simple: estas sociedades de “segundo piso” no van a distribuir muchas utilidades a sus accionistas bajo la forma de dividendos (porque estarían gravados), sino asumiendo muchos de los gastos personales de sus dueños. De esta manera no van a ser empresas rentables. Es de esperarse que en los próximos meses se presente un importante crecimiento en el número de sociedades constituidas, a las cuales se les trasladarán los derechos sociales de personas naturales.  
Por otra parte, ni el proyecto presentado por el gobierno, ni la ley aprobada, aceptaron la eliminación de la exención tributaria para las pensiones altas, de tal manera que se les diera a estos ingresos el mismo tratamiento que a las rentas de trabajo. Actualmente los ingresos por pensiones que están por debajo de 1000 UVT mensuales ($31,8 millones) están exentos para el cálculo de la renta gravable. Un privilegio injustificado que se concentra en el 0,01% de la población más rica.
Impuesto a las empresas
La reforma eliminó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que había sido creado en el 2012 para sustituir el impuesto a la nómina que pagaban las empresas a favor del SENA, del ICBF y del Sistema de Aseguramiento en Salud correspondiente a los empleados que ganaran menos de 10 salarios mínimos.  La tarifa para las sociedades quedó entonces en un 33%, con una sobretasa, supuestamente temporal, del 6% para el 2017 y del 4% para el 2018.
 La comisión también había propuesto eliminar muchos de los privilegios tributarios. Pero la Ley 1819 mantuvo casi que la totalidad de estos privilegios, tales como la exención por 30 años a los ingresos de hoteles construidos o remodelados a partir del 2002, los ingresos por servicios de ecoturismo, los ingresos por nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra para vivienda, y los ingresos de las empresas editoriales. . En el caso de las exención por ingresos para transporte fluvial con embarcaciones de bajo calado que se vencía en el 2017, se decidió prolongarla por  15 años más.  Se creó además un privilegio adicional: el correspondiente a los ingresos correspondientes a los servicios prestados en hoteles que se construyan o se remodelen en municipios de hasta 200.000 habitantes.
Uno de los privilegios tributarios más injustificados, como lo hemos señalado en otras entradas en este blog (ver por ejemplo aquí  consiste en la tarifa más baja para las empresas ubicadas en zonas francas. La tarifa vigente antes de la Ley 1819 para las empresas ubicadas en Zonas Francas era del 15%. A estas empresas no se les aplicaba el CREE, pero debían pagar el impuesto a la nómina (por ICBF y Sena) correspondiente a los trabajadores de menos de 10 SMMLV.  Como se recordará, el CREE, destinado a compensar los ingresos dejados de recibidos por esta contribución se estableció en el 9% de las utilidades.
Sumado el impuesto a la renta más el equivalente al impuesto a la nómina, las empresas ubicadas en zona franca terminaban pagando aproximadamente un 24%.  La Ley decidió ampliar su beneficio, puesto que la tarifa quedó en el 20%. Si la empresa había firmado Contrato de Estabilidad Jurídica, se le mantiene la tarifa en el 15%.
Es posible concluir, a partir de lo señalado en los puntos anteriores, que el régimen de impuesto a la renta establecido en esta reforma tributaria ha sido un paso atrás tanto desde el punto de la eficiencia, de la neutralidad y de la distribución progresiva de ingresos. 
 

lunes, 9 de enero de 2017

Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria. I- Los impuestos verdes

La reforma tributaria avanzó en el establecimiento de los "Impuestos Verdes". Buena noticia
 
El pasado 29 de diciembre fue sancionada la Ley 1819, que según su título “Adopta una reforma tributaria estructural y fortalece los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal”.  
En este blog tuvimos oportunidad de referirnos a los antecedentes de este proyecto: el informe de la comisión de expertos designada por el gobierno, y el proyecto de ley que presentó el ejecutivo en el mes de octubre.  Según mi apreciación, me gustó mucho el informe de la comisión, un poco menos el proyecto del gobierno, y muy poco la Ley, tal como quedó. Vamos a señalar en este blog, algunos aspectos positivos o negativos de esta reforma. Empezaremos en esta entrada con los primeros, que se refieren a las consideraciones ambientales en la definición de algunos impuestos.

El impuesto al carbono.
Es importante que el país avance en el manejo de los llamados impuestos “verdes”, que son aquellos que buscan desincentivar la utilización de productos contaminantes del medio ambiente. Colombia debe cumplir los  compromisos que se adquirieron al firmar el acuerdo de París  sobre reducción de gases de efecto invernadero (GEI),  para contribuir a la lucha contra el cambio climático. El país se comprometió a reducir en un 20% las emisiones de los GEI con relación a las que proyectarían para el año 2030.  Se necesitan, además de mecanismos de mercado que encarezcan el costo para los emisores y fortalecer el presupuesto nacional para asumir los gastos de adaptación a dicho cambio climático. Las inundaciones que se presentaron en el país en el 2010, por el fenómeno de la Niña, mostraron las vulnerabilidades que tiene Colombia frente a los eventos asociados a este fenómeno.  

La elevación del costo para los emisores debe traducirse, entre otras medidas, en impuestos a los combustibles contaminantes. Desde la expedición de la Ley 99 de 1992 (que organizó el Sistema Nacional Ambiental) se había contemplado la existencia de “tasas retributivas y compensatorias”, que tendrían como objetivo desincentivar  “la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean el resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre”.  En los 23 años de vigencia de esta Ley, esas tasas no habían sido objeto de reglamentación.

El artículo 221 de la Ley 1819 establece el Impuesto Nacional al Carbono, que grava el contenido de este elemento en todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo y los gases fósiles que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados como combustión. La tarifa se determina a partir del factor de emisión de carbono (CO2) para cada uno de los combustibles. Es posible que ello se traduzca en una elevación del precio de los combustibles, pero es un costo que la sociedad debe asumir, como ya lo habíamos explicado en una entrada anterior.   

Tarifa preferencial para neveras eficientes en uso de energía

La Resolución 41012 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía adoptó el Reglamento Técnico de Etiquetado de uso final de energía eléctrica y gas combustible para equipos que se comercialicen y se utilicen en Colombia. El propósito es el que los consumidores tengan información clara sobre la eficiencia energética de los electrodomésticos que adquieren.
Una de las mayores fuentes de ineficiencia energética radica en el uso de neveras altamente intensivas en consumo de energía, especialmente en los sectores más pobres de la población colombiana.  Se calcula que cerca del 50% del consumo de energía en estos hogares se explica por la nevera. Un estímulo al cambio de la misma por parte de estos hogares tiene plena justificación desde el punto de vista de eficiencia económica y social. Neveras más eficientes pueden traducirse en una disminución en el valor del subsidio para el consumo de energía eléctrica en estos hogares y en una disminución en su  factura de consumo. El artículo 185 de la Ley 1819 redujo el  IVA para las neveras nuevas para sustitución que se clasifiquen como de consumo eficiente de energía eléctrica al 5%, siempre y cuando tengan un precio inferior 30 Unidades de Valor Tributario ($956.000 en 2017), el comprador pertenezca a un hogar de estrato 1 o 2,  y se entregue la nevera usada en el momento de la compra. Este es un caso en el cual se empieza a exigir a los fabricantes y distribuidores responsabilidad en el reciclaje de los artículos durables que agotan su vida útil.  

Impuestos a las bolsas plásticas.
Otro caso en el que el consumidor no asume los costos ambientales de su comportamiento lo constituye el exagerado uso de bolsas plásticas. Un colombiano utiliza 24 bolsas al mes (288 al año). Ello contribuye a congestionar los rellenos sanitarios y a contaminar los océanos. Se calcula que anualmente, 8 millones de toneladas de plástico acaban en los mares del planeta,  amenazando gravemente la supervivencia de muchas especies marinas. Una bolsa de plástico demora 20 años en descomponerse plenamente, según cálculos hechos pro Keep Britain Tidy, una ONG inglesa (ver aquí)  

Por esta razón, muchos países han empezado a implantar impuestos a las bolsas plásticas, o a obligar a los supermercados a facturarlas independientemente. Desde que Irlanda introdujo un cargo de 15 peniques en el 2002 (aproximadamente $500), el uso de las bolsas se redujo en un 90%, según un estudio de la Universidad de Dublin, citado por The Economist
El artículo 207 de la Ley de reforma tributaria crea, a partir de Julio de 2017 el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, que se causa con la entrega a cualquier título de bolsas de este material cuya finalidad sea la de cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen.

Con estas medidas, Colombia está dando algunos pasos hacia la racionalización del consumo de productos contaminantes.
En próximas entradas estudiaremos otros temas de la reforma tributaria.  Como lo veremos, las  noticias, desafortunadamente, no son tan buenas.
 
 

domingo, 27 de noviembre de 2016

La reforma tributaria y el régimen de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL)


Las medidas tributarias propuestas frente a las Entidades Sin Ánimo de Lucro pueden evitar que estas organizaciones sean un instrumento de evasión  tributaria. Sin embargo, los afanes fiscalistas pueden atentar contra la sostenibilidad en el largo plazo de las auténticas corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.


Continuamos analizando en esta entrada el proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno Nacional. Esta vez nos ocupamos del régimen propuesto para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).

En toda sociedad democrática existen organizaciones privadas que tienen como propósito adelantar, desinteresadamente, acciones de interés general o de beneficio público. Es conveniente para la sociedad que haya ciudadanos que quieran asociarse para adelantar de manera organizada acciones filantrópicas. Ello no debería ser obstaculizado por el estado.
Por otra parte, el propósito de un impuesto a la renta es el de gravar los ingresos de las personas naturales. El ingreso gravable, según un principio universal (principio Haig-Simon se le conoce en la literatura académica tributaria) recogido en el artículo 26 de nuestro estatuto tributario, es que el ingreso sujeto a impuestos debe ser aquél que es susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente.  Si se justifica que exista un impuesto a las sociedades, como lo señalamos en una anterior entrada, es porque es una manera de gravar a sus accionistas, que son en últimas personas naturales.

En la medida en que los fundadores, promotores o donantes de una auténtica ESAL no se benefician patrimonialmente de las utilidades o excedentes generados por ellas, no existe motivo para que ellas sean objeto del impuesto a la renta. Ello está reconocido en nuestra normatividad tributaria, al aceptar (art 19 ET) la existencia de entidades con un régimen tributario especial, entre las cuales están las corporaciones, fundaciones, y asociaciones sin ánimo de lucro, con la condición de que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.

Un riesgo de la existencia de organizaciones sujetas a un régimen tributario especial consiste en que pueden convertirse en instrumento para evadir impuestos. Si una actividad comercial se desarrolla bajo este esquema, se podría considerar que está compitiendo, en condiciones no equitativas, con otras empresas que sí deben pagar los impuestos. Puede darse el caso, inclusive, que algunas entidades se creen con el propósito de evadir impuestos. Los promotores de estas organizaciones pueden beneficiarse a través de pagos que la fundación les haga como real o supuesta remuneración por contratos de trabajo, asesoría, alquiler de activos, etc. Todavía recordamos el escándalo que puso en evidencia que ese era el sistema utilizado por los fundadores de una institución de educación superior recientemente intervenida por el gobierno.

Es necesario entonces que la exención tributaria de estas organizaciones esté condicionada a que el estado esté en capacidad de controlar que efectivamente se trata de organizaciones que no puedan ser utilizadas como fuente de enriquecimiento para sus fundadores o promotores. Ello implica que debe cumplir unas condiciones muy estrictas tanto en sus estatutos como en su funcionamiento interno, y además deben someterse a la fiscalización de las autoridades tributarias. Es el sistema que normalmente existe en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo ,  estas disposiciones están contenidas en la  sección501 del Internal Revenue Service .
En Colombia, sin embargo, no existe ningún control tributario serio por parte de la DIAN que permita comprobar que se trata realmente de entidades sin ánimo de lucro. Como lo señala el informe final de la Comisión de Expertos (pag 192) el comité que se había creado en la Ley 75 de 1986, y que tenía ese propósito, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.  Hoy basta que una entidad se registre como ESAL ante una administración municipal para que automáticamente se beneficie del régimen tributario especial.
Frente a esta situación, la reforma radicada por el Gobierno propone lo siguiente:

-          Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, incluyendo aquí las cajas de compensación familiar, y las religiones reconocidas como tales por el Ministerio del Interior, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Pueden pertenecer al Régimen Tributario Especial aquellas entidades que se constituyan como ESAL, que su objeto sea de interés general, a las cuales tenga acceso la comunidad y que sus aportes no puedan ser reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad. Si pertenecen a este régimen pagarán un impuesto del 20%. Pero si el excedente se destina en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo al desarrollo  del objeto social y a la actividad meritoria de la entidad, este excedente se considerará exento. La parte que no se invierta será gravable en el año en que esto ocurra

-          Las entidades que superen los 160.000 UVT ($4524 millones) de ingreso anual estarán obligadas a presentar a la DIAN una memoria económica sobre su gestión.

-          Los pagos por concepto de prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales, o cualquier otro tipo de pagos que se hagan a los fundadores, aportantes,donantes, representantes legales o administradores, su cónyuges o familiares, serán consideradas por la administración tributaria como distribución indirecta de excedentes. Ocasionará la exclusión del RTE.
En principio, estas propuestas pueden considerarse como positivas, pues contribuyen a filtrar entre las auténticas ESAL y aquellas que solo sirven como instrumento de enriquecimiento para sus patrocinadores o promotores.

Sin embargo, la normatividad propuesta tiene algunas limitaciones, sobre las cuales quiero llamar la atención:  

-          Exige que los excedentes sean gastados en el año siguiente al que fueron obtenidos. En casos excepcionales, autorizados por la Asamblea General o por el órgano de administración que haga sus veces, este plazo puede ser hasta de cinco años. Esto crea un problema en el caso de los legados (o endowments como se conocen en los países anglo-sajones)  que reciben algunas ESAL y que tienen el mandato explícito de que solo se pueden gastar en el propósito social los rendimientos financieros del legado obtenidos en un período determinado.  Así funcionan algunas ESAL en Colombia. El caso más conocido a nivel mundial es el de la Fundación Nobel. Su fundador, Alfred Nobel, cedió su fortuna a la Fundación que lleva su nombre, con la condición de que el ingreso proveniente de sus inversiones fuera distribuido en forma de premios anuales para aquellos que en el año anterior hubieran conferido los más grandes beneficios para la humanidad (ver aquí). De haber existido una norma semejante en Suecia a principios del siglo XX, la Fundación Nobel habría tenido que gastar el legado recibido (sería un ingreso en términos de la normatividad tributaria) por tarde en 1905. No tendríamos hoy premios Nobel.

-          El artículo 357 del ET, que seguiría vigente, señala que el excedente de las ESAL (que se debe aplicar directamente al objeto social de la organización) se calcula tomando la totalidad de los ingresos y restando el valor de los egresos, incluyendo en los egresos las inversiones que se hagan en cumplimiento del objeto social. Es decir que si una ESAL decide construir o ampliar sus instalaciones, o mejorar sus sistemas de información para mejorar la calidad de atención a sus beneficiarios, el valor de esas inversiones se considera como gasto, y por lo tanto no hace parte del excedente. Lo anterior, sin embargo, con otra propuesta de la reforma (artículo 149 del proyecto de Ley), que establece se puede establecer por el método de comparación patrimonial entre los patrimonios líquidos del año gravable y del año anterior. En la medida en que las inversiones hechas por la ESAL pasan a hacer parte de su patrimonio, esta disposición desvirtúa la posibilidad de que se resten las inversiones para determinar el excedente gravable. Desestimula por completo el crecimiento de las ESAL.  
-      El artículo 168 del proyecto de Ley contempla las causales que llevarían a un ESAL  a ser excluida del régimen tributario. Es claro que si no cumplen con las normas que las regulan deben perder ese carácter. Pero el numeral 3 de ese artículo señala  que también se pierde ese carácter cuando miembros de la junta directiva, representantes legales o miembros de órganos de dirección sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social o el patrimonio económico. También si son sancionados con la caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública. Estas sanciones se pueden presentar por hechos que no tienen nada que ver con la labor de la ESAL dirigida por ellos. Esta disposición es absolutamente peligrosa y sospecho que inconstitucional. Es hacer que una persona jurídica distinta pague las consecuencias del accionar de alguien.  En el pasado reciente colombiano, fundaciones respetables han tenido en sus órganos directivos a personas que han resultado condenadas por delitos económicos. De haber existido esta disposición, hubieran perdida su régimen especial.
 
Positivo que se cierren las posibilidades de evasión, filtrando claramente las auténticas ESAL de  aquellas que no lo son.  Pero debe tener cuidado el Congreso de no afectar la sostenibilidad de largo plazo de las primeras.
 
Por transparencia frente a los lectores, debo señalar que soy empleado de una entidad sin ánimo de lucro, y pertenezco además al órgano directivo de otra.

domingo, 30 de octubre de 2016

Continuamos analizando la reforma tributaria: el impuesto a las bebidas azucaradas

El impuesto a las bebidas azucaradas propuesto por el gobierno puede contribuir a mejorar la salud de los colombianos, especialmente de los más pobres. Es un impuesto progresivo
 
 
Continuamos con esta entrada el análisis de algunos aspectos de la reforma tributaria que ha presentado el Gobierno a consideración del Congreso. Nos ocupamos en esta ocasión del impuesto a las bebidas azucaradas, que ocupa los artículos 196 a 201 del proyecto.  
Qué  se propone  
El gobierno está proponiendo crear un impuesto al consumo de bebidas energizantes o saborizadas  o a  cualquier bebida que contenga azúcares añadidos o edulcorantes, así como a polvos y jarabes que, al diluirse, permitan la obtención de ese tipo de bebidas. Este impuesto equivaldrá a 300 pesos por cada litro. Los edulcorantes sin aporte calórico no se consideran azúcar para los efectos del proyecto. El responsable del impuesto es el productor o importador de la bebida.  
¿Por qué es conveniente este impuesto?
Hoy es un hecho ampliamente aceptado por la comunidad científica que el excesivo consumo de azúcar está asociado con sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes, e incluso con ciertos tipos de cáncer. Este tipo de dolencias ha aumentado su prevalencia en Colombia.  Remito al lector a la extensa literatura citada en la exposición de motivos delproyecto de ley  y a este este ilustrativo artículo de Andrés Vecino publicado en La Silla Vacía.  Además del daño que se hace así mismo el consumidor, esta situación conduce a un incremento del gasto en salud, tanto por parte del estado (recordemos que hoy existe prácticamente  cobertura universal en el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia) como en los gastos de bolsillo de los pacientes.
El alto consumo de azúcar es entonces un típico ejemplo de lo que en economía se denomina “externalidades negativas”. Se trata de imperfecciones del mercado que se generan porque el productor o consumidor de un determinado bien ocasiona efectos nocivos al resto de la sociedad, sin que asuma esas consecuencias negativas a través del sistema de precios. En otras palabras, no paga por el daño que hace. Otro ejemplo de externalidad negativa la constituye la contaminación ambiental que producimos al conducir un automóvil (por lo cual se justifican los impuestos a la gasolina). 
Otra imperfección del mercado radica en la poca información que tienen los consumidores de productos azucarados sobre el daño que se hacen ellos mismos (ya no al resto de la sociedad), bien por ignorancia sobre la existencia de dicho daño, o bien por un comportamiento miope que lo lleva a valorar una gratificación presente (es indudable que los productos azucarados son placenteros al gusto), menospreciando el daño futuro que ello le pueda ocasionar
Frente a estas imperfecciones, es conveniente una intervención del estado para inducir cambios en el comportamiento de los ciudadanos. Para ello puede utilizar instrumentos como la educación y la publicidad sobre hábitos de vida saludable y obligar a los fabricantes a informar el contenido calórico de los alimentos. Pero también los impuestos pueden  ser útiles para dicho propósito, como lo señala un estudio de la Organización Mundial de la Salud . Si se aplica un impuesto a las bebidas azucaradas ello debe normalmente traducirse en una disminución en su consumo. Efectos sobre el efecto del impuesto en México indican que sí se ha presentado una reducción en el consumo de estas bebidas  (ver aquí)
 
¿Quién paga el impuesto?  
De acuerdo con el proyecto, el responsable legal del impuesto, como se mencionó anteriormente, es el productor o el importador de las bebidas. Pero ello no quiere decir que el impuesto lo asuman directamente ellos. Hay quienes argumentan que en la medida en que los productores trasladan ese mayor costo al consumidor, es éste quien termina asumiéndolo plenamente. Ello no es tan cierto.
Permítanme los lectores no economistas una pequeña digresión técnica sobre un tema de la teoría económica: el de la incidencia tributaria, que estudia quién termina pagando en realidad un impuesto, después de que los agentes económicos, tanto productores como consumidores, se acomodan a su existencia.
En principio un impuesto como el propuesto aumenta los costos de producir la bebida.  Si el mercado de gaseosas fuera ampliamente competitivo (por ejemplo, el mercado de la papa o de las naranjas), los productores deberían pasarle todos sus costos al consumidor. Recuérdese que la competencia normalmente conduce a que el precio de equilibrio en el mercado es aquél que cubre los costos del productor, incluido en esos costos una remuneración razonable (determinada también por el mercado) sobre el capital invertido por éste.
Si existiera un solo productor, lo que la teoría económica dice es que el precio que cobra el monopolista no es igual al costo de producción. ¿Qué precio cobrará?  El monopolista hace sus cuentas, sabiendo que un mayor precio, si bien aumenta su margen sobre los costos, puede disminuir sus ventas.  Un menor precio aumenta sus ventas, pero por definición disminuye sus utilidades por unidad vendida. Teniendo en cuenta estos dos efectos, el monopolista establece un precio que “maximice sus utilidades”. Ese precio es normalmente superior al que se obtiene en condiciones de competencia.
Esta diferencia entre el precio del monopolista y el precio del mercado da lugar a una utilidad extraordinaria para el productor. En términos estrictos, el monopolista está cobrando una suma superior a sus costos de producción y a su utilidad razonable. En otros términos obtiene una utilidad que no está justificada por el valor que su producto le genere a la sociedad. Por ello los monopolios son inconvenientes. Es lo que justifica que el estado deba evitar que ellos se presenten, bien impidiendo aquellas fusiones o adquisiciones que concentren la producción en unos pocos agentes,  o bien, cuando es inevitable que exista un monopolio, como en el caso de los servicios de acueducto, alcantarillado, o distribución de energía eléctrica, estableciendo tarifas máximas que simulen las condiciones de competencia (así lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1993  que regulan los servicios públicos en Colombia).   
El mercado de gaseosas en Colombia está lejos de ser un mercado de competencia perfecta. Por razones históricas que será conveniente estudiar, el estado no intervino para impedir las fusiones que se presentaron desde los años 60 del siglo pasado, que llevaron a la desaparición de muchos productores, especialmente regionales.  Quedaron solo dos grandes productores.  
 
En el caso de un oligopolio (pocos productores), que es como se denomina esta situación, tal vez no sea posible lograr el precio del monopolio, a no ser que los productores armen un cartel (como los que han sido descubiertos en el caso de los pañales, de los cuadernos y del papel higiénico) mediante el cual se comprometen a no competir y a pedir el precio óptimo para ellos, que sería el precio que podría cobrar un monopolio. No existen hoy en día en la ciencia de la economía modelos que expliquen satisfactoriamente el comportamiento de los precios en condiciones de oligopolio. Todo lo que ha podido establecerse es que normalmente estos precios son superiores al que existiría en condiciones de competencia perfecta, pero inferiores al que cobraría un monopolista. Sigue habiendo un ingreso extraordinario para los oligopolistas.
Dado lo anterior, si se decreta un impuesto a las gaseosas, ¿Quién paga el impuesto, el productor o el consumidor? Un traslado total del impuesto puede no convenirles a los productores. La cantidad vendida disminuiría (el mayor precio disminuye la demanda por gaseosas) y esas menores ventas le pueden llevar a hacer nuevamente sus cálculos para saber cuál es el precio que maximice sus ganancias. Debe pesar muy bien cuál es el nuevo precio que se va a cobrar, para tratar de evitar ese efecto.  En un caso de estudio realizado en la ciudad de Berkeley en California, se pudo establecer que los productores pasaron solo el 43,5% del impuesto a los consumidores. El otro 57% fue asumido por ellos, es decir, se disminuyó en algo la renta del oligopolio. Obviamente, los resultados obtenidos en cada país pueden diferir, según la estructura de mercado de las bebidas, y de la respuesta de los consumidores sobre la demanda.
¿Si sube el precio, baja el consumo?

Existe evidencia internacional de que los cambios en los precios de las bebidas azucaradas inciden en el comportamiento del consumidor. En el caso de México un estudio encontró que por cada 10% que subiera su precio, la demanda podría disminuir entre 10,6% y 11,6%. También encontró que esa reducción fue más grande en los hogares de bajos ingresos.
Vale la pena mencionar que ese incremento en el precio que pagan los consumidores es lo que incide favorablemente en la salud. Recordemos que este impuesto no tiene como propósito único recoger dinero para el estado. Busca sobre todo incidir favorablemente en el comportamiento de los consumidores, para que se pasen a una dieta más saludable. En un caso extremo, un impuesto se traduciría en un cambio total en los hábitos de consumo hacia productos bajos en azúcar (agua embotellada por ejemplo, o agua potable de una pileta pública). El recaudo sería del impuesto sería de cero. Se habrá logrado el resultado óptimo.
¿Es un impuesto regresivo? Como se señaló anteriormente, la literatura indica que son los consumidores de ingresos más bajos quienes responden más a un incremento en los precios. Pero el efecto del impuesto es necesario analizarlo de una manera integral. El proyecto de reforma tributaria contempla que los recursos así recaudados se orientarán a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como es ampliamente conocido, y como lo hemos señalado repetidamente en este blogel crecimiento exagerado en los gastos en salud está amenazando la sostenibilidad de este sistema. En caso de una desaparición del mismo sistema o una implosión del mismo hacia un alto racionamiento en los servicios , son los pobres los que resultarían más afectados. No hay duda, por lo tanto, que, visto integralmente el efecto de este impuesto, tiene un carácter progresivo.
Objeciones
En la discusión sobre los efectos de los impuestos se han planteado dos objeciones: o bien no se logra ninguna reducción en el consumo, o bien, que no se recoge dinero. ¿No se han dado cuenta quienes esto argumentan que es imposible que se cumplan estas dos condiciones? Si no se recoge el dinero, es porque se logró un efecto positivo en los hábitos de comida saludable de los consumidores. Si se recoge algo de recaudo, no se logró plenamente el efecto buscado, pero, como premio de consolación, la sociedad habrá recogido un dinero que se puede destinar a pagar las consecuencias negativas de ese consumo.
Estrategias adicionales
En fin, es necesario señalar que el impuesto no puede ser el único instrumento en la búsqueda de hábitos de vida saludable en la población colombiana. Son necesarias campañas de educación sobre la nutrición adecuada y sobre la necesidad del ejercicio. El estado puede proveer alternativas de consumo alternativo, por ejemplo, mediante la obligación de que existan pilas de agua potable en colegios, universidades y empresas
Una observación: el proyecto del gobierno propone un impuesto de $300 pesos. Con el paso del tiempo, la inflación normal puede llevar a que pierda peso del valor del producto.  Debería establecerse que el impuesto se definiera, como se hace en otros artículos del Estatuto Tributario, en Unidades de Valor Tributario. El articulo podría decir entonces que el valor del impuesto es equivalente al 1,1% de la UVT

sábado, 22 de octubre de 2016

Empezando a analizar la propuesta de reforma tributaria. El tratamiento a los ingresos de capital.


La propuesta presentada por el gobierno en el tratamiento de las rentas de capital es progresiva.  Hizo caso a algunas recomendaciones de la Comisión de Expertos, pero no siempre. Es un avance.
Después de varias semanas de expectativa, el gobierno nacional radicó esta semana el proyecto de reforma tributaria en el Congreso 

Se trata de un documento extenso, de 311 artículos, cuyo estudio no es fácil, aún para los entendidos en temas tributarios, puesto que aborda modificaciones importantes tanto en los impuestos directos e indirectos de orden nacional y territorial; propone impuestos para promover hábitos saludables (a bebidas azucaradas y al consumo de tabaco) , y un impuesto a la emisión de carbono en los combustibles fósiles; regula la situación tributaria de las organizaciones  constituidas sin ánimo de lucro, e introduce cambios importantes en el procedimiento tributario destinados a combatir la evasión.  
Se trata, indudablemente de una reforma “estructural” como reza el título del proyecto, y como lo habían solicitado medios académicos, organizaciones internacionales, y calificadoras de riesgo. El proyecto se apoyó en buena medida en las recomendaciones del Comité de Expertos
 
Vamos a destinar las próximas entradas e este blog a analizar algunas de las propuestas. Comenzaremos hoy con el impuesto a la rentas de capital, en el cual se proponen modificaciones importantes.
Tratamiento “cedular” de los diferentes ingresos de las personas naturales.

Recordemos que la reforma tributaria de 2012 había introducido una extraña clasificación de las personas naturales para efectos tributarios. Las dividía en "Empleados"  y en “Trabajadores por Cuenta Propia”. Dejó por fuera de esta clasificación a los rentistas de capital y las personas que no estén agrupadas en ninguna de las anteriores categorías. En la propuesta inicial de dicha reforma, se le aplicaba el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) a todas las personas naturales, incluidos los trabajadores por cuenta propia y los rentistas de capital. Esta propuesta tenía como propósito poner un límite a las deducciones utilizadas para disminuir la renta gravable, deducciones que favorecen en la práctica a las personas de ingresos más altos. Pues bien, el Congreso, en su sabiduría, determinó que este sistema “presuntivo y obligatorio” de determinación de la base gravable solo debía ser aplicable para los empleados, definidos estos como aquellos que recibirían un 80% o más de su ingreso por la prestación de servicios por cuenta y riesgo del empleador o contratante. No se aplicaría el IMAN para los rentistas de capital ni a los asalariados o contratistas con ingresos complementarios superiores al 20% de sus ingresos totales. Esta disposición generó inequidad en contra de los empleados, como lo señalamos en su oportunidad.
Es positivo que el proyecto de ley sustituya esa clasificación de personas, para sustituirlo por un sistema “cedular”, en el cual las diferentes categorías de ingresos: trabajo, pensiones, de capital, no laborales, y dividendos y participaciones, tienen cada una su propio sistema de depuración, de tal manera que las exenciones y deducciones de cada cédula no puedan ser objeto de reconocimiento simultáneo ni generen doble beneficio. Esto es una medida progresiva, en la medida en que cierra un canal de elusión para contribuyentes de altos ingresos.
La Comisión de Expertos había recomendado elevar el monto de la renta presuntiva (lo mínimo que debe rentar un patrimonio líquido en un año) del 3% al 4%. Esta recomendación la acoge el Gobierno. Sigue siendo baja, pero constituye un elemento progresivo
La tributación al capital y el impuesto corporativo
En la medida en que los dueños de las empresas (o en general, de las personas jurídicas) son, en ultimas, personas naturales, es claro que un impuesto a las empresas lo terminan pagando las personas. Surge un problema técnico: ¿en cabeza de quién es mejor cobrar el impuesto, en  las empresas o en las personas?  La respuesta no es indiferente, desde el punto tanto de la eficiencia económica como de la equidad.
Existen  razones de eficiencia administrativa para gravar el ingreso generado en las empresas.  En primer lugar, la gran mayoría del ingreso generado en una economía moderna se realiza por medios empresariales. Por ejemplo, un 49 % del PIB colombiano del año 2014 se originó en las empresas, tanto financieras como no financieras. Por otra parte, es mucho más fácil para la autoridad tributaria hacer seguimiento a las transacciones empresariales que a las personales. Es lo que justifica que las empresas son utilizadas como instrumentos de retención de los ingresos recibidos por otros agentes económicos (retención en la fuente para empleados y contratistas, tanto para el impuesto de renta como para el IVA y el ICA).
La gran desventaja de un sistema, como el colombiano, que se apoye de manera preferencial en el impuesto corporativo, tiene que ver con la imposibilidad de conseguir por este mecanismo objetivos de progresividad tributaria. Puesto que los accionistas de las empresas pueden ser personas de diferentes ingresos, la tasa corporativa uniforme   impide que la tasa que resulten pagando las personas tenga una relación directa con los ingresos, condición fundamental para que se pueda hablar de progresividad.
El sistema colombiano se adoptó en 1986 (Ley 75 de dicho año), cuando, en aras de eliminar la supuesta “doble tributación”, se determinó que las empresas serían las que pagarían impuestos, y quedaron por lo tanto exentos los dividendos. El impuesto corporativo quedó en ese momento en el 30%. En ese mismo nivel se estableció la tarifa marginal máxima que pagarían las personas naturales. Antes de dicha Ley, la tasa marginal a que estaba expuesta una persona en el tramo superior, es decir, que ganara más de $525 millones de pesos ($17000 millones de hoy en día, según mis cuentas), era de 49%, mientras que con el nuevo sistema pasaba a tributar solo un 30%. En la medida en que los accionistas de las empresas son personas situados en los tramos superiores de ingresos, esta reforma tuvo consecuencias claramente regresivas.
A lo anterior se añade que en sucesivas reformas tributarias se han ido estableciendo tratamientos privilegiados a ciertas actividades económicas, tales como exenciones a la renta gravable, deducciones que no tienen ninguna relación con la actividad generadora de renta, deducciones a inversiones (para eso se supone que existe la depreciación) y tarifas discriminatorias más bajas para ciertas empresas (como la de las empresas situadas en zonas francas). Muchos de estos tratamientos diferenciales fueron reforzados mediante los contratos de estabilidad jurídica (CEJ), autorizados por la Ley 963 de 2005, que tenían como propósito garantizar a los inversionistas que los suscribieran la estabilidad de las normas tributarias que hubieran sido identificados por ellos como determinantes de la inversión. La reforma tributaria de 2012 (Ley 1607) derogó la autorización al gobierno para firmar nuevos CEJ. Sin embargo, quedaron firmados 66 contratos, que en la práctica se traducen en un régimen tributario diferente para cada una de las empresas firmantes, aumentando la complejidad del sistema administrativo, y violando el principio de equidad tributaria.
La consecuencia de lo anterior ha sido la de profundizar las inequidades del sistema tributario. Utilizando la información financiera proporcionada por las empresas a las superintendencias de sociedades y financiera, se encuentra que las tarifas efectivas pagadas (monto de impuesto a la renta y CREE  dividido por las utilidades contables) pueden ir desde 0% hasta el 100%. Solo una tercera parte de las empresas paga una tarifa que esté entre el 30% y el 40%. 6% de las empresas pagan entre el 0% y el 10%. Es posible deducir que los principios de equidad y progresividad difícilmente pueden cumplirse con este tipo de estructura tributaria empresarial.
 Qué propone el proyecto
El proyecto de reforma tributaria plantea varias reformas al impuesto a la renta a pagar por las personas jurídicas. En primer lugar, propone la eliminación del CREE y  que la tarifa general aplicable a las personas jurídicas sea del 32%, lo cual es una disminución frente a la existente hoy, que es del 34% (25% renta y 9% CREE). Recuérdese que esta tarifa combinada puede llegar temporalmente (hasta el 2018), hasta el  43% para las empresas más grandes,  en virtud de la sobretasa al CREE creada en la reforma de 2014 (Ley 1739). Es indudable que una empresa que no haya logrado exenciones, deducciones injustificadas, y descuentos tributarios, termina pagando una carga excesiva con relación a las utilidades contables.
Pero, además de lo anterior, los dividendos recibidos por los accionistas personas naturales sí estarán gravados a una tarifa marginal que puede ser del 10% por encima de las 600 Unidades de Valoración Tributaria (UVT), es decir, $16 millones.  Vale la pena señalar que la comisión de expertos había propuesto un sistema más progresivo:  los dividendos recibidos entrarían a formar parte del ingreso total de la persona natural, y se le aplicaría a la totalidad de esos ingresos la tasa marginal correspondiente (en la propuesta de la comisión no existían las cédulas independientes por categoría de ingreso). En la medida en que las empresas ya habían pagado un impuesto, la persona podría contabilizar un descuento tributario del 20% de su impuesto calculado. Para las personas de altos ingresos, que tuvieran una tasa marginal de 35%, ello significaría una tasa sobre los dividendos del 15%.  
Por otra parte, la propuesta elimina, positivamente en mi opinión, muchas de las rentas exentas existente hoy en día, como las contempladas en el artículo 207-2 del ET:  prestación de servicios de transporte fluvial en embarcaciones de bajo calado, los servicios de ecoturismo, el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, nuevos productos medicinales y software, elaborados en Colombia y calificados por Colciencias, y la prestación de servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos.
 En cuanto a tarifas diferenciales, a pesar de la recomendación de la Comisión de Expertos, se mantiene la de las empresas usuarias de zonas francas, que será de ahora en adelante inferior en 10 puntos a la tarifa general corporativa. Sigo pensando que no tiene ninguna justificación ese tratamiento privilegiado.
 
La ley 788 de 2002 había creado también una exención total durante 30 años a los ingresos provenientes de hoteles que se construyeran o se remodelaran dentro de los 15 años siguientes. El gobierno está proponiendo que a partir de 2017 estas empresas paguen un 9%, que es equivalente al antiguo CREE, que como se recuerda, sustituyó la contribución patronal a salud, ICBF y SENA. Sigue existiendo un injustificado privilegio para la industria hotelera.  
Las empresas editoriales también están hoy en día exentas de impuesto a la renta, pero no del CREE. Recuérdese que el CREE se estableció para compensar la eliminación de las cuotas del empleador para Salud, Sena e ICBF correspondiente a los salarios inferiores a 10 salarios mínimos. De aprobarse la reforma as empresas editoriales con base gravable de hasta 33610 UVT  ($950 millones) pagarán el 9% de renta. Los ingresos que superen esa suma pagarán la tarifa general del impuesto a la renta.  
En conclusión, si bien el gobierno no acogió íntegramente las recomendaciones de la Comisión de Expertos, es cierto que está proponiendo reformas importantes en el sistema de impuesto a las rentas de capital, que constituyen un paso hacia la progresividad.  Desafortunadamente, seguirán existiendo algunos privilegios tributarios injustificados. Pero, en general, es un avance importante en la racionalización de nuestro sistema tributario.  Solo resta esperar que los sectores afectados no tengan éxito en su actividad de lobby ante el Congreso, para defender las gabelas tributarias que el proyecto quiere desmontar. La opinión pública estará pendiente de la manera en que actúen nuestros congresistas.  

Corrección: En una versión anterior de esta entrada, mencioné que el proyecto de reforma buscaba eliminar la exención contemplada en el artículo 46 del ET, consistente en que para el ganadero, el valor de los terneros nacidos y enajenados en el mismo año gravable no constituye ingreso gravable. En realidad, como me hizo caer en cuenta el lector Andrés Castro Araujo, esta exención fue había sido eliminada por la Ley 863 de 2003. El texto del Estatuto Tributario que yo tengo no tenía, desafortunadamente, esa actualización. 

 

lunes, 3 de octubre de 2016

Porqué vote SI el domingo. ¿Qué sigue ahora?



Para decidir mi voto del domingo, yo me tomé el trabajo de leer las 297 páginas del acuerdo. Lo fui leyendo en la medida en que iban saliendo los textos parciales, y por eso, cuando salió el texto final, era poco lo que me faltaba. Estoy de acuerdo con muchos en que es un documento pesado, aburrido de leer, con mucha palabrería inútil, y con ese lenguaje supuestamente incluyente que lo hace más difícil de digerir. Pero lo estudié con un criterio: si yo estuviera en los zapat...os de un negociador del gobierno colombiano, ¿cuáles punto rechazaría definitivamente por violentar mis principios? Y tengo que ser claro, no encontré ninguno. 
 
Hubo algunos otros puntos con los que yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, me preguntaba: ¿lo rechazaría completamente, sabiendo que la paz de Colombia estaba en juego? Tampoco encontré ninguno que me pusiera en ese dilema.

Tampoco me opondría a los párrafos pesados, al lenguaje falsamente incluyente, etc, sabiendo que para mi contraparte en la negociación eso era muy importante. No podía caer en aquella situación de la que hablaba el poeta Guillermo Valencia “sacrificar un mundo para pulir un verso”.

Por las razones anteriores, yo voté por el sí. Y lo hice realmente esperanzado.

¿Qué sigue? Yo realmente creí que el presidente presentaría su renuncia, como lo hizo De Gaulle en 1969 cuando perdió un plebiscito sobre una reforma constitucional en Francia. Germán Vargas Lleras, cuyo apoyo al Si fue absolutamente tibio, tendría la autoridad para, con un nuevo equipo negociador, compuesto únicamente por delegados de las fuerzas políticas que impulsaron el no, lograr ese mejor acuerdo que nos prometieron.

Bueno, Santos no renunció (al menos no todavía). Creo sinceramente que lo hizo pensando en la estabilidad del país. Pero de todas maneras, la responsabilidad de reencauzar las negociaciones le corresponde a los promotores del NO. El nuevo equipo negociador debe ser nombrado por Uribe, Pastrana, Ordóñez, etc. Tiene el inmenso reto de sacar un nuevo acuerdo, y de sacarlo rápido.
 
Ahora bien, si actúan, como dice el refrán, sin rajar ni prestar el hacha, es decir sin gobernar ni dejar gobernar, nos habrán demostrado que lo único que les interesa es estar bien posicionados para el 2018, y montarse sobre la crisis política y económica que toda esta incertidumbre habrá ocasionado para ganar el poder en ese año. Recordemos que la diferencia entre un estadista y un político es que al primero le interesa la próxima generación y al segundo la próxima elección. Ojalá los del No nos demuestren que son estadistas

sábado, 23 de julio de 2016

El paro camionero, un balance agridulce

La chatarrización 1 a 1, la eliminación de la vida útil regulatoria para los camiones y una tabla parcial de fletes son algunos de los inconvenientes del acuerdo para levantar el paro.
Nuevamente un sector de la economía se dio el lujo de poner en rehén al país: si el gobierno no accede a sus demandas, no solo dejan de trabajar (están en su derecho, pero también tanto el gobierno como los generadores de carga tienen derecho a buscar alternativas para satisfacer sus necesidades de transporte), sino que también bloquean vías y promueven actos de violencia contra los transportadores que no acogen sus consignas.
El viernes pasado el gobierno y los promotores del paro firmaron un extenso convenio (se puede consultar aquí  . Vamos a analizar algunos de los puntos firmados:
 
1- El Gobierno Nacional se compromete a que la renovación del parque automotor de carga por carretera debe realizarse vía reposición y en ningún momento por incremento, es decir mantener el 1 a 1, hasta tanto se ejecuten los recursos recaudados para tal fin, conforme lo determina el numeral 12 del presente documento, o se equilibre la condición del mercado de oferta y demanda del parque automotor de carga, demostrado técnicamente.
Esta cláusula del acuerdo congela en la práctica la oferta de camiones disponibles para el transporte de carga, hasta tanto se produzca el supuesto equilibrio entre la oferta y la demanda. Como bien lo sabe cualquier estudiante de primer semestre de economía, el concepto de equilibrio de un mercado es absolutamente relativo. En este caso específico, la oferta es la cantidad de toneladas (o cualquier unidad con la que se quiera medir la carga) que los transportadores están dispuestos a ofrecer, dados los precios de mercado.  La demanda es la cantidad de toneladas que los originadores de carga están dispuestos a comprar, dados también los precios de mercado. Si temporalmente aumenta la oferta, por ejemplo, porque bajan los precios de los camiones (por ejemplo por una revaluación del peso), o de los insumos del transporte (gasolina, llantas, etc), la oferta aumenta: los transportadores, a cada precio de mercado, están dispuestos a ofrecer un mayor volumen de carga. Los fletes por lo tanto deberán bajar. Si aumenta la demanda, por ejemplo, por crecimiento de la economía, los generadores de carga estarán dispuestos a contratar más transporte a cada precio.  Los fletes en consecuencia subirán. Los precios del transporte (es decir los fletes) son entonces el mecanismo por excelencia que se utiliza para equilibrar la oferta y la demanda.
Un concepto muy distinto es el de la capacidad instalada. Si ha habido un crecimiento importante en la cantidad de camiones, la competencia entre éstos hace bajar los fletes. ¿Hasta qué precio está dispuesto el propietario de un camión a ofrecer su servicio de transporte? Hasta el punto en que el flete le cubra sus costos variables (gasolina, peajes, aceite, salario del conductor, etc). Es posible que no le cubra sus costos fijos (la depreciación del camión), lo cual quiere decir que incurrirá en pérdidas. Si el flete no le cubre ni siquiera los costos fijos, no vale la pena poner a trabajar el camión: mejor dejarlo parqueado.  Si la situación de precios bajos se prolonga, lo mejor para el transportador es abandonar el negocio: vender o volver chatarra su camión. Un análisis simétrico se puede hacer cuando el crecimiento en la demanda de transporte excede la capacidad instalada de camiones existentes. Los fletes suben, el negocio genera ganancias extraordinarias temporales, que induce a los trasportadores a aumentar la capacidad instalada, comprando más camiones.  Este es el mecanismo por el cual, también en el largo plazo, tiende a equilibrarse la demanda y la oferta de transporte de carga.
Cuando los fletes bajan, los transportadores más eficientes, es decir aquellos con costos variable más bajos, son los que pueden permanecer en el negocio. Ello es lo que conviene a la economía, tanto a los generadores de carga como a los consumidores de la mercancía transportada.  El punto pactado entre el gobierno y los promotores del paro deja para un futuro hipotético, en el cual “se equilibre la oferta y la demanda” la suspensión del congelamiento de la oferta de camiones. Si en algún momento un “estudio técnico” dice que el mercado está equilibrado, y que se puede aumentar la oferta, los camioneros inevitablemente manifestarán su desacuerdo y promoverán otro paro.
 
 Por otra parte, gracias a esta congelación, ya se está presentando un síntoma inquietante: se está reproduciendo en el mercado de camiones el indeseable fenómeno de compra y venta de cupos que se presenta en el mercado de taxis en muchas ciudades del país. Los únicos favorecidos son los transportadores actuales. Cualquier empresario que quisiera meterse al negocio del transporte deberá pagar ese peaje injustificado. Los costos de oportunidad de los recursos invertidos en la compra de los cupos se traducirán en un incremento en los costos del transporte, que terminarán pagando los usuarios: es decir, todos los colombianos.
 
Con respecto a la chatarrización financiada por recursos públicos vale la pena recordar algo elemental: ya existe un incentivo para que el empresario se deshaga de los vehículos viejos (cuyos costos variables son más altos) y es el mismo que existe en otras actividades de la economía: se llama depreciación. Gracias a ella, el empresario puede descontar de su ingreso la suma razonable “causada por el desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta”, según lo establece el artículo 128 del Estatuto Tributario. La reserva de depreciación constituida por estos fondos, es el recurso de los empresarios para financiar la renovación de sus equipos. En el colmo del cinismo, hay quien argumenta que, puesto que hay muchos transportadores "informales", ellos no pagan impuestos, y por lo tanto no se benefician de la depreciación. En este caso se benefician de la ineficiencia del estado como recaudador de impuestos
Es difícil entender qué tiene de especial el sector transporte para que esa renovación de activos fijos tenga que ser financiada por los contribuyentes. Con este precedente, los textileros podrán solicitar fondos públicos para la "chatarrización"  de sus telares, los productores de cemento o de acero o los panaderos para la de sus hornos,  los profesionales independientea para la de sus computadores personales, o teléfonos celulares, etc.

 14. El Ministerio de Transporte no establecerá vida útil para los vehículos de transporte terrestre automotor de carga y cooperará con el sector de transporte y la logística de generadores de carga, empresarios y propietarios para que no se aplique vida útil por iniciativa privada y se ajusten a la política de no vida útil con el fin de facilitar a los propietarios planes de modernización, en concordancia con el artículo 7 del Decreto 2228 de 2013.
 
Uno de los argumentos para la regulación de una actividad económica es la existencia de “externalidades negativas” , es decir, aquellas situaciones en las cuales la producción o el consumo de un bien le imponen unos costos a la sociedad no asumidos por el agente económicos responsables de la transacción. Identifico en principio tres de esas externalidades negativas en el caso de los vehículos viejos: aumentan los riesgos de accidente, poniendo en peligro la vida y los activos de otras personas;  aumentan la congestión vehicular, por las menores velocidades o por los carros varados, y en fin, es claro que los vehículos más antiguos son más ineficientes en consumo de combustible, lo cual hace que sean más contaminantes  En este acuerdo, el gobierno ha renunciado a un instrumento útil de regulación frente al transporte terrestre.   
 
 6- El Ministerio de Transporte reconoce que existen distorsiones en el mercado de transporte y basado en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, así como en el Decreto 87 de 2007, ha decidido intervenir temporalmente las rutas críticas. La intervención se hará mediante resoluciones.
7. En aras de hacer un control efectivo al cumplimiento de las normas sobre intervención de rutas, el Ministerio de Transporte dará lineamientos a través de un acto administrativo (8 días), donde requerirá a las autoridades responsables de la supervisión, inspección, control y vigilancia, y señalará la necesidad de disponer de un equipo especial de la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Policía de Carreteras. Estos equipos deberán ser ubicados en los centros más importantes de despacho como los puertos, y contarán con la información actualizada del valor de referencia del SICE, para que sea comparado con el valor del manifiesto de carga y sancionar en los casos donde se incumpla la norma.

 
Pese a que el gobierno afirma que no cedió en la solicitud de los transportadores de restablecer la nefasta “tabla de fletes”, la intervención señalada en estos puntos no tiene otra interpretación posible que la expedición, mediante resolución del Ministerio, de peajes mínimos temporales en las llamadas rutas críticas.  Aparte de lo inconveniente de esta medida es necesario señalar su inaplicabilidad. El Gobierno debiera decirles a los transportadores la verdad, así esta sea dura: no es posible controlar administrativamente los fletes, ni siquiera en esas “rutas críticas”.  Ello porque no es posible poner toda la autoridad estatal a vigilar que la información que conste en los manifiestos de carga corresponda a la realidad, es decir a lo que efectivamente pagado por el generador de carga. Ello exigiría montar un ejército de auditores e investigadores a defender los intereses de un sector específico, y aún así, el objetivo no podría lograrse. No vale la pena el costo social de semejante esfuerzo.