Comparta este contenido

Share/Save/Bookmark

domingo, 19 de febrero de 2012

La triste historia del tercer canal

Los astros (es decir varios organismos públicos) se alinearon para que continúe, quién sabe por cuánto tiempo más, el duopolio en la televisión abierta colombiana.






Según noticias de prensa, el Consejo de Estado acaba de declarar improcedente el trámite de licitación del tercer canal de televisión, con el argumento de que el procedimiento de adjudicación diseñado por la Comisión Nacional de Televisión viola el principio de selección objetiva, puesto que solo habría un proponente para el canal. He estado buscando en la página del Consejo del Estado el fallo correspondiente, o al menos un comunicado de prensa que explique la decisión, y no lo he podido encontrar. Todo lo que he podido consultar son declaraciones del Presidente de dicho tribunal. Si algún lector tiene más suerte que yo en esa búsqueda, le pido hacérmelo saber. Por ahora, toca opinar apoyándose en dichas declaraciones.




Para el análisis de esta noticia, de graves implicaciones desde el punto de vista de pluralidad informativa y de la competencia en este importante servicio de comunicación, vale la pena hacer un poco de historia y examinar qué tan coherentes han sido frente a este tema el Congreso de la Republica, el propio Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación (entidad que ordenó en reiteradas ocasiones suspender el proceso de adjudicación) y la ahora en vía de extinción Comisión Nacional de Televisión (CNTV).




Cuando se expidió en 1995 la Ley 182, que abrió la posibilidad para la participación privada en los canales abiertos de televisión, algún grupo de lobistas logró incluir un curioso artículo que decía (art 48) que “de ninguna manera la concesión se hará por subasta pública”. Aun cuando este artículo se refería claramente a la televisión zonal, y no a la nacional, esta disposición se utilizó para negociar los primeros canales de televisión privada. El propósito del artículo erae el de abaratarle los costos a los posibles proponentes, que ya estaban suficientemente identificados.


Entre la Comisión Nacional de Televisión y los canales RCN y Caracol se firmaron sendos contratos en 1997. En ningún momento hubo subasta, todo lo que hubo fue una negociación privada entre la CNTV y dos únicos proponentes (uno para cada uno de los canales). Ni la Contraloría general de la Nación, ni el Consejo de Estado, ni la Procuraduría protestaron en su momento esta adjudicación.




Con motivo del vencimiento, diez años más tarde, de las licencias otorgadas a los dos canales privados, la CNTV contrató con una banca de inversión un estudio para determinar su valor, estudio que estimó el valor de la licencia en $189.000 millones, más un 7,58% de los ingresos brutos generados durante los diez años de concesión. Los canales privados protestaron y el Gobierno de entonces le hizo una “respetuosa sugerencia” a la CNTV de que reconsiderara el valor y de que se armara una “mesa de trabajo permanente”. En ningún momento se pensó en utilizar el mecanismo obvio para definir el valor de las licencias: adjudicarlas mediante subasta pública. Incluso, lo lógico hubiera sido abrir tantos canales como fuera posible, 5 o 6, como funcionan hoy en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Y adjudicarlos todos mediante subasta, como se hizo en 1993 con las licencias de la telefonía celular.


La negociación continuó, la CNTV acordó rebajar el valor de la licencia, y en Enero de 2009 se firmó la prórroga con RCN y Caracol. Una de las justificaciones para el valor de las licencias de televisión era la inminente entrada del tercer canal a partir del 2010. Se suponía que la participación del nuevo canal comenzaría a ser del 14%, y el año siguiente subiría al 29,2%, proporción que se mantendría hasta el 2019. La no apertura del tercer canal durante dos años ha significado entonces unos ingresos extraordinarios para los dos operadores. De este tema, afortunadamente, ya se ha ocupado la Contraloría General de la República. En su momento, hicimos en este blog varias observaciones sobre las condiciones de dicha prórroga, que no vamos a repetir aquí. El lector interesado puede consultar nuestra entrada sobre el tema.

Mientras tanto, se comenzaron a dar los pasos para la apertura del tercer canal. El 2 de Diciembre de 2008 , la CNTV anunció que en mayo del año siguiente se entregaría una nueva licencia de televisión abierta. Para valorar el nuevo canal se contrataron los servicios de dos firmas de banca de inversión. Estas firmas concluyeron, de una manera equivocada en nuestra opinión (que planteamos aquí ), que no era viable un cuarto canal y estimaron el precio base del tercer canal en una suma de $69.706 millones, suma a la cual se le aplicaría un ajuste “en función del comportamiento real observado de la inversión neta en publicidad en televisión abierta, nacional, regional y local”. [1] Esta suma fue la que quedó consignada en el pliego de condiciones. Se abrió entonces el proceso para la adjudicación el 29 de Octubre de 2009.



Mientras tanto, se había aprobado en el Congreso la Ley 1341 de 2009. Los mismos lobistas (y casi que los mismos parlamentarios), que habían aprobado en 1995 el artículo 48 que prohibía las subastas, y que impidió que tanto la adjudicación inicial como la renegociación con los canales privados se realizara por dicho procedimiento, lograron incluir un artículo que decía lo siguiente:


“Previamente al proceso de otorgamiento del permiso de uso del espectro radioeléctrico de asignación o de concesión de servicios que incluya una banda de frecuencias, se determinará si existe un número plural de interesados en la banda de frecuencias correspondiente.• En caso de que exista un número plural de interesados en dicha banda, y con el fin de maximizar los recursos para el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se aplicarán procesos de selección objetiva entre ellos la subasta. Cuando prime el interés general, la continuidad del servicio, o la ampliación de cobertura, el Ministerio podrá asignar los permisos de uso del espectro de manera directa."

El artículo es bastante ambiguo, pero la interpretación que posteriormente haría el Consejo de Estado de él es que de ahora en adelante si se necesitaban las subastas. La pluralidad de oferentes ahora si iba a constituirse en un requisito, pero no lo había sido para la adjudicación ni para la renegociación de los dos canales privados hasta ahora existentes.

Siguió además la batalla política contra el tercer canal. El senador Iván Moreno, cuyo hermano había empujado la aprobación del famoso articulito de la Ley 182, manifestó en un debate en el Congreso la inconveniencia del tercer canal. A principios de 2010, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la CNTV revocar la apertura de la Licitación, argumentando la necesidad de que hubiera pluralidad de oferentes, “para asegurar la maximización de recursos perseguida por las normas especiales en materia de telecomunicaciones”.


Quién se atreve a pelear con la Procuraduría? No por cierto la CNTV. Si bien manifestó su desacuerdo, procedió a revocar el acto de apertura de la licitación. Atendiendo las sugerencias de la Procuraduría, se puso en marcha nuevamente el proceso en Mayo de 2010. La apertura de los sobres y la definición de la adjudicación quedó fijada para Junio del mismo año.


En ese mes, los grupos PACSA y Rendiles, aspirantes a la adjudicación del canal, manifiestan u voluntad de abstenerse de participar en la licitación. Están en su derecho, pero el resultado, buscado o no, fue el de sabotear el proceso.


En vísperas de la adjudicación de la licitación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones da a conocer un concepto (no estaba obligado a hacerlo), que había solicitado al Consejo de Estado con ocasión del proceso de licitación anterior, concepto que exige ahora la pluralidad de oferentes para los canales de televisión y la imposibilidad de una adjudicación directa a un único proponente Vale la pena señalar que ni el Gobierno había consultado, ni la Procuraduría se había pronunciado sobre la ausencia de pluralidad de oferentes en las negociaciones directos que adelantó la CNTV con RCN y Caracol ni en la adjudicación ni en la renegociación de sus canales.


La Procuraduría General de la Nación conceptúa esta vez que el proceso de adjudicación puede continuar, dado que “se superaron los reparos de orden técnico y económico observados por este órgano de control”.


El 23 de junio se cierra la licitación, y la firma Canal 3 Televisión Colombia es la única que se presenta.



En fin, el 29 de Julio de 2010, y ante una nueva intervención de la Procuraduría, la CNTV decide suspender el proceso de adjudicación del tercer canal, “hasta tanto la Sala Plena del Consejo de Estado se pronuncie sobre el recurso de reposición formulado por la Procuraduría General de la Nación, la CNTV y un importante grupo de ciudadanos”.


Ya en Julio de 2011, la Procuraduría tiene otra opinión. Considera que la licitación para la adjudicación del tercer canal puede continuar, “por cuanto cumple con todos los requisitos legales exigidos para este tipo de intervenciones administrativas”.



El Consejo de Estado le hizo caso en su momento a la Procuraduría para suspender la licitación, pero no se lo hizo para autorizar su continuidad, como lo atestigua el concepto dado a conocer a la prensa el pasado 14 de Febrero.


Definitivamente, todos los astros (Congreso, Gobierno, CNTV, Procuraduría y Consejo de Estado) se alinearon, o más bien se dejaron alinear, para que continúe, quién sabe por cuánto tiempo más, el duopolio que controla hoy la televisión abierta en Colombia. Sinceras felicitaciones a los abogados y lobistas de Caracol y de RCN. Lograron su cometido, y se ganaron su plata. Lástima que sea todo en perjuicio de los televidentes.


[1] Comisión Nacional de Televisión (sin fecha). Estudio de conveniencia y oportunidad para la adjudicación de una nueva concesión de televisión abierta privada nacional, pag 43








sábado, 4 de febrero de 2012

El nuevo formulario de la DIAN: por unas mejores cuentas fiscales


Bienvenido el nuevo formulario de declaración de renta de la DIAN si con él se aumenta la transparencia tributaria y se disminuye la evasión.



Como es ya prácticamente un lugar entre los economistas que han analizado el régimen tributario colombiano, y como lo hemos mencionado también en este blog en algunas ocasiones, este régimen se caracteriza por la existencia de innumerables tratamientos diferenciales para ciertos sectores o actividades económicas. No siempre esos tratamientos tienen una clara justificación desde el punto de la eficiencia económica o de la equidad.



La ley 788 de 2002 estableció que para mejorar la transparencia fiscal, el Gobierno Nacional debe presentar anualmente, con el proyecto de Ley del presupuesto, un informe detallado en el que se deberá evaluar y hacer explícito el impacto fiscal de los beneficios, así como su fuente de financiación, ya sea por aumento de ingresos o disminución del gasto. Por otra parte la Ley 819 del 2003 introdujo la obligación para el Gobierno de informar los costos fiscales de las iniciativas legislativas, como requisito para su promulgación.



Estas disposiciones son apenas naturales en una democracia. Las exenciones, deducciones y descuentos tributarios constituyen efectivamente un gasto, que se conoce universalmente como “gasto tributario”. El Código de buenas prácticas fiscales del Fondo Monetario Internacional (organización de la cual Colombia es miembro) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (del cual aspiramos a serlo, según ha anunciado el presidente Santos), recomiendan que se calcule el costo fiscal de los incentivos tributarios, como una manera de aumentar la transparencia de la política fiscal, de promover el debate público sobre la misma, y de incidir en el mejor diseño del sistema tributario.



Desde la expedición de la Ley mencionada, los Ministros de Hacienda han incluido en sus capítulos de los Informes denominados Marcos Fiscales de Mediano Plazo un capítulo denominado Principales Beneficios Tributariso en el impuesto a la renta y en el impuesto al valor agregado, correspondiente al año gravable inmediatamente anterior. [1] La Dian también ha hecho un esfuerzo por publicar estudios sobre el tema. [2]



Para el año 2010, el informe del Ministro de Hacienda estimó el costo fiscal de los principales beneficios tributarios en el impuesto a la renta en $8,5 billones, que equivale a un 1,6% del PIB y, ojo, a un monto más o menos igual al impuesto de renta efectivamente recaudado en ese año. Obviamente, no se podría calcular alegremente que de eliminarse todos los beneficios tributarios se duplicaría la tributación sobre la renta, pero si es claro que el gasto tributario es en Colombia es una suma considerable.



Al estudiar el informe sobre gasto tributario, tanto el contenido en el MFMP como en el informe de la DIAN, no encuentra el lector respuesta a algunas preguntas. Las rentas exentas y los descuentos tributarios están consolidados (aun cuando clasificados por actividad económica) , de tal manera que no es posible para el lector concluir el efecto que tienen sobre el recaudo exenciones específicas para algunos sectores, deducciones autorizadas que no corresponden a gastos necesarios para el negocio (ese es el concepto ortodoxo de deducción), así como el efecto de tasas diferenciales de tributación (como la existente para los usuarios industriales de las zonas francas).



La respuesta de porqué no es posible para el gobierno proporcionar esa información proviene del formulario de la Declaración de Renta. Hasta el año anterior, estos formularios, tanto para personas naturales como para jurídicas, constaban de una sola página. El detalle contable que justificara las exenciones o descuentos quedaba como anexo para cuando se produjera una auditoría de la DIAN, y por lo tanto no podía ser objeto de consolidación o estudio.



No era posible, ni para la DIAN, para el Gobierno, ni para la opinión, conocer el costo de los siguientes beneficios (cito solo algunos ejemplos)



Ingresos no constitutivos de renta (mejor dicho, no son ingresos):



- Utilidad en la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana.
- Utilidades provenientes de la negociación de derivados cuyo subyacente esté representado en acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana.
- Distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social.
- Valor de los terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año gravable.
- Dividendos y participaciones recibidas por los socios, accionistas, comuneros o asociados.

Rentas exentas: (no se paga impuesto por ellas) :



- Ingresos por concepto de derechos de autor
- Ingresos de los fondos ganaderos
- Ingresos de las empresas agrícolas de nuevas empresas en la zona del Nevado del RUIZ.
- Ingresos de las empresas editoriales
- Durante 30 años, renta obtenida por hoteles que se construyan, remodelen o amplíen entre el 1 de Enero de 2003 y el 31 de Diciembre de 2007.
- Renta por servicios de ecoturismo (por 20 años)
- Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales
- Utilidad en la enajenación de predios destinados a bienes de utilidad pública


Deducciones especiales (se reconocen como costos del negocio, así no lo sean):



- Donaciones a entidades sin ánimo de lucro
- Aportes voluntarios a los fondos de pensiones
- Sumas que se destinen a las cuentas de Ahorro para el fomento de la construcción (AFC)
- Intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición de vivienda
- Inversiones en nuevas plantas de reforestación de coco, palmas productoras de aceites, caucho, olivo, cacao, árboles frutales, pozos profundos y silos para tratamiento y beneficio primario de productos agrícolas
- Inversión en proyectos científicos y tecnológicos
- Inversión por inversiones amortizables en la industria petrolera
- Deducción por agotamiento en explotación de hidrocarburos
- Factor especial de agotamiento en explotación de hidrocarburos

Tarifas especiales de impuesto a la renta

- 15% (en lugar del 33% que es la de carácter general) a las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca.



Descuentos tributarios (disminuyen el valor del impuesto a pagar)



- 20% de la inversión en nuevos árboles de las especies y áreas de reforestación
- Inversiones en empresas agropecuarias democratizadas



Es posible que algunas de estos beneficios tengan justificación económica. La única manera de saberlo consiste en comparar su costo fiscal con los eventuales beneficios que reciba la sociedad por su existencia. Si el nuevo formulario de la DIAN para personas jurídicas, aplicable únicamente a grandes contribuyentes y a empresas que hubieren declarado ingresos brutos superiores a 3 mil millones de pesos en el año gravable 2010 contribuye a conocer ese costo fiscal, y además de ello a disminuir la evasión tributaria, bienvenido.

[1][1] Ver por ejemplo el capitulo IV del último MFMP, pag 156. Se puede encontrar aquí.
[2] Ver por ejemplo, El gasto tributario en Colombia. Principales beneficios en el impuseto sobre la renta e IVA. Años gravables 2008 y 2009, por Gloria Yori Parra, Ivón Maritza Albarracín, y Pastor Sierra Reyes. Documento WEB 040, Noviembre de 2010. Se consigue aquí.