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miércoles, 24 de diciembre de 2008

¿Cuánto le costará al contribuyente colombiano la crisis de las pirámides?

En repetidas ocasiones el presidente de la República ha manifestado la inconveniencia que tendría para el país que el contribuyente respondiera por los dineros perdidos por quienes invirtieron en las pirámides. Por ejemplo, el día 2 de Diciembre, en la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas Militares señaló lo siguiente:

"Lo que no podemos hacer es que el Gobierno Nacional les pague el dinero a aquellos que lo perdieron en las ‘pirámides’. Creo que sería un precedente muy grave entrar a reponer un dinero que se perdió en una actividad ilegal".

Esto es lo conveniente. No puede considerarse adecuado que el contribuyente colombiano responda por las pérdidas que tuvieron quienes asumieron conscientemente el riesgo de comprometer sus recursos en una actividad claramente ilegal y altamente riesgosa.
Desde la declaratoria de la emergencia social, a través del Decreto 4333 la superintendencia de sociedades ha intervenido 26 entidades ( ver aquí ) que estaban captando dinero de manera ilegal, todos ellos actuando bajo esquemas semejantes a los de una pirámide. Aplicarle a unos damnificados un tratamiento crearía un funesto precedente. Estimularía por otra parte el surgimiento de nuevas pirámides en el futuro.

Sin embargo, algunas de las normas expedidas y de las declaraciones dadas por algunos funcionarios lo ponen a uno a pensar. Veamos:

El decreto 4490 del 27 de Noviembre, realiza un traslado presupuestal, del Ministerio de Hacienda, por valor de $147 mil millones, para la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Establece por otra parte que los recursos provenientes del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), que determine el Ministerio de Hacienda se trasladen para “Garantizar operaciones de crédito en las regiones afectadas por los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia social por medio del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008” y para “garantizar operaciones de crédito realizadas a través de corresponsales no bancarios, generadas por la administración de recursos a cargo de estos”. El FRECH, para quienes no lo saben es un fondo capitalizado con recursos del presupuesto nacional.
Con relación a los recursos dirigidos a Acción social, tal parece que lo que buscan, de acuerdo con los considerados del Decreto, es “establecer medidas para contrarrestar la amenaza de perturbación del orden social tales como las referentes a la focalización y aumento de cobertura de los programas sociales orientados a solucionar la situación económica y evitar una crisis social en las regiones más afectadas”. Pero todavía no están claros los criterios de asignación de estos recursos.

El Decreto 4590 del 4 de Diciembre establece la posibilidad de que los créditos que otorguen los establecimientos de crédito y las cooperativas autorizadas para el ejercicio de la actividad financiera que se desembolsen hasta el 31 de Diciembre de 2009 en “dichas regiones” (en ningún momento esta norma, ni ninguna de las anteriores ha definido cuáles son las regiones afectadas por la crisis), gozarán de una serie de privilegios tributarios y regulatorios. Señala además la norma que estos créditos podrán acceder a garantías con una cobertura hasta del 70% del Fondo Nacional de Garantías y hasta del 80% del Fondo Agropecuario de Garantías.

Por otra parte, este decreto establece que los establecimientos de crédito puedan reestructurar los créditos otorgados en las regiones afectadas (insistimos, no se ha definido cuáles son las regiones), y estos créditos reestructurados gozarán de los mismos beneficios señalados más arriba. Se fija un límite de hasta $10 millones para cada crédito reestructurado.
El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, en entrevista concedida al diario el Tiempo fue un paso más allá, al señalar que los créditos autorizados a los bancos son “obligatorios porque la Nación asume el riesgo crediticio”. Afortunadamente, ante las protestas de los bancos, tuvo que rectificar su posición al señalar que la banca no está obligada a dar los préstamos, pero afirmó: “creo que los otorgarán…porque están dadas las garantías para que los entreguen, de acuerdo con las condciones y características que se fijen con el Ministerio de Hacieda”.

Hasta el momento de escribir estas líneas, no se conoce todavía la reglamentación del Ministerio de Hacienda sobre los requisitos que deben cumplir los créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías o por el Fondo Agropecuario de Garantías. En la medida en que garanticen obligaciones incobrables, la factura se le cobrará al dueño de estas entidades: el contribuyente colombiano. Todavía no sabemos por lo tanto cuál puede ser el costo de este salvamento Estaremos atentos.

lunes, 15 de diciembre de 2008

El valor de las licencias de televisión (II)

La Comisión Nacional de Televisión ha publicado las observaciones que presentaron Caracol y RCN a los estudios de valoración de prórrogas de los canales privados y del nuevo canal de televisión comercial. Quiero referirme en esta entrada a algunos de los puntos señalados por estas empresas.

He insistido en anteriores entradas en que la mejor manera de adjudicar los canales es a través de un proceso de subasta. Es la vía para hacer una selección objetiva, que no esté sujeta a presiones políticas o de otra índole. Los actuales concesionarios de la televisión privada insisten en que la subasta es un procedimiento ilegal, porque, según ellos, está prohibido por la Ley 182 de 1995. En efecto, el artículo 48 de dicha Ley dice lo siguiente:

“La escogencia de los operadores zonales, se hará siempre y sin ninguna excepción por el procedimiento de licitación pública. La adjudicación se hará en audiencia pública. De ninguna manera la concesión se hará por subasta pública “

Sin embargo, la definición del verbo licitar de la Real Academia Española consiste en “Ofrecer precio por algo en una subasta o almoneda”. El mismo diccionario , en la definición de subasta, trae la siguiente definición de “sacar algo a pública subasta": Ofrecerlo a quien haga proposiciones más ventajosas en las condiciones prefijadas”
.
Es decir, la Ley dice que debe haber licitación y acto seguido la prohíbe. Pregunto yo a los abogados lectores de este blog: ¿Cómo se resuelve esta contradicción?

Por otra parte, el artículo mencionado hace referencia a los operadores zonales. Al citar la ley, Caracol y RCN introducen un paréntesis que dice: hoy nacionales. Una pregunta, para responder la cual solicito también la opinión de los expertos: ¿Mediante qué ley se cambió este artículo de tal manera que donde dijera zonales se leyera nacionales?

Por otro lado, la Ley 80 de 1993, que regula de manera general la contratación pública, estableció lo siguiente (art 29): “La selección de contratistas será objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”.

Pregunto yo: ¿no debe entrar el precio dispuesto a pagar como consideración importante en la definición de cuál es el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella persiga? El hecho de que la Ley haya establecido (ar 5, literal, g) que es función de la CNTV fijar los derechos, tasas y tarifas que debe percibir por el otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio, no excluye la posibilidad de que esos derechos sean determinados mediante un proceso de licitación o de subasta.

Perdone el lector estas elucubraciones jurídicas provenientes de un lego en los temas del derecho, pero me parece importante subrayar estos puntos, pues la suerte de este proceso, de tanto importancia para el bienestar de los ciudadanos, se va a jugar, no lo dudemos, en el terreno jurídico.

Los adjudicatarios actuales de las concesiones de televisión se apoyan ( pagina 2, documento 2), en que el pacto de San José, del cual es signatario el gobierno colombiano, señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, tales como abuso de controles oficiales o particulares de papel para los periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Absolutamente de acuerdo. Solo que los canales deberían ser consecuentes. Son ellos quienes se opusieron a la apertura de un tercer canal. Lo que debería hacer el Estado es entonces abrir tantas concesiones como sean posibles desde el punto técnico ( de tal manera que no haya interferencia). La adjudicación mediante subasta no contrariaría el pacto de San José. Se trata simplemente de asegurar la óptima utilización de un recurso público escaso: el espectro electromagnético.

sábado, 6 de diciembre de 2008

El valor de las licencias de televisión

La Comisión Nacional de Televisión, con su decisiones sobre adjudicación de las licencias, está sacrificando el interés de los usuarios para privilegiar el objetivo de maximizar sus ingresos

La Comisión Nacional de Televisión anunció el pasado Martes 2 de diciembre que en Mayo de 2009 entregaría una nueva licencia nacional en televisión abierta, para un canal de televisión comercial, en un proceso licitatorio. El operador será escogido por subasta pública, aun cuando no se han definido los términos de dicha subasta.

En relación con las prórrogas a los actuales canales privados (RCN y CARACOL), la Comisión anunció que ellas serían firmadas antes del 10 de Enero del año próximo, y que deberán pagar 189000 millones de pesos, más un 7.58% de los ingresos brutos generados durante los diez años de la concesión. Ante la protesta de los canales privados, el gobierno decidió congelar esta decisión de la CNTV ( ver aquí) y hacerle una “respetuosa sugerencia” de que se proponga una mesa de trabajo permanente, donde estén los canales de televisión, la CNTV y el Gobierno. Preguntamos, ¿y dónde estarán los usuarios?

En una anterior entrada nos habíamos referido a este tema. Señalábamos, coincidiendo con lo señalado en su momento por la Procuraduría General de la Nación, que la adjudicación de las licencias de televisión debería realizarse mediante subasta. Pero decíamos además que esta subasta no debería limitarse a los canales adicionales, sino a los canales actuales. Las empresas beneficiarias de las licencias actuales deberían someterse a las mismas reglas del juego, y participar en las subastas, en las mismas condiciones de los nuevos proponentes. Decíamos también en ese momento que desde el punto de vista del interés público la CNTV debería adjudicar tantos canales como sea posible desde el punto de vista técnico ( 5 o 6). Ello tiene la virtud de ampliar las opciones de programación para el televidente.

La decisión de la CNTV se apoyó en los estudios de dos bancas de inversión, que acaban de ser puestos en conocimiento del público . Al revisarlos, se me han ocurrido las siguientes observaciones:

Las bancas de inversión llegan a la conclusión de que un cuarto canal no es viable, “porque tendría un valor presente neto negativo” (diapositiva 20, presentación final ). Esta consideración se basa en la idea de una “torta publicitaria “ fija disponible para los canales abiertos, que debe repartirse entre ellos.

Las firmas de banca de inversión parten de la base de que el modelo de negocios va a ser el mismo para todos los canales. Por ello aplican los mismos porcentajes de costos de programación, de costos administrativos, y de costos de ventas. Pero dejan de lado la posibilidad de que cada operador puede tener un modelo de negocios completamente diferente. Un canal, por ejemplo, puede decidir concentrarse en un nicho específico (los niños, los adolescentes, los amantes del arte y de la música clásica, etc), y manejar estructuras de ingresos y de gastos completamente diferentes. Si se aplicara la metodología de las bancas de inversión al mercado de revistas en Colombia, y partiéramos de un escenario en el solo existieran dos de ellas ( por ejemplo SOHO y Semana) no sería extraño que se llegara a la conclusión de que no habría campo sino, máximo, para otra más. El mismo ejercicio podría aplicarse para emisoras, para prensa diaria, etc.

Tampoco tienen en cuenta las firmas de banca de inversión contratadas por la CNTV que la llamada torta publicitaria para un medio específico puede crecer con el incremento en la oferta de canales. Es posible que el precio de la pauta baje, pero ello no se debe ver como inconveniente.

En fin, insistimos en que el valor de las licencias, ante las amplias incertidumbres que ser presentan en un sector tan dinámico, debe ser determinado por los propios interesados en un proceso de subasta. Es a ellos, y no al Gobierno, a quien le corresponde valorar los riesgos y las oportunidades de la explotación de una licencia de televisión, como en cualquier negocio. No le corresponde a un municipio hacer un estudio de factibilidad del mercado del pan para saber si le otorga la licencia de funcionamiento a una panadería.

Lo cierto es que la Comisión Nacional de Televisión privilegió el objetivo de maximizar sus ingresos en la definición de los términos de la adjudicación de las licencias, y con ese criterio se adelantó el trabajo de las firmas de banca de inversión. [1]. La variable que debe maximizar una entidad pública es el bienestar de los ciudadanos. En el caso de la televisión, ello debe consistir en la amplición de la oferta televisiva de calidad, en condiciones de regulación que estimulen la más amplia competencia, tanto por la audiencia como por la publicidad, y que garanticen el respeto a los derechos del televidente. No es esto lo que ha buscado la CNTV.

[1] Una de ellas lo reconoce, cuando propone un escenario que “maximice el valor de la concesión”. ( ver aquí )