Comparta este contenido

Share/Save/Bookmark

domingo, 20 de septiembre de 2009

El Gobierno actualiza sus cifras: sigue aumentando el déficit

Las nuevas proyecciones del Gobierno indican un mayor deterioro del panorama fiscal.


El Gobierno acaba de actualizar sus cifras fiscales para el año 2009. Como lo muestra el cuadro adjunto (marque encima de él si quiero verlo más nitidamente), esta es su cuarta actualización desde que presentó en Julio de 2008 el Plan Financiero de Mediano Plazo. Con cada actualización, las cifras son más preocupantes. Mientras en el primero de los planes, se preveía un déficit del 3% del PIB, en la última versión dicha cifra llega, según nuestras cuentas, al 4,6%.

En primer lugar, como lo habíamos manifestado en anterior entrada la revisión que hizo el gobierno en el mes de Enero de 2009 al bajar las proyecciones de crecimiento de la economía del 5% al 3% se tradujo en unos menores ingresos tributarios proyectados de $4.3 billones. Posteriormente, cuando en el mes de Marzo volvió a reducir su meta de crecimiento al 1% (o para ser más precisos en términos del lenguaje gubernamental, entre el 0,5% y el 1,5%) a pesar de que podría pensarse en un efecto del mismo tamaño, el gobierno solo reconoció en su plan una caída de solo 2,5 billones. El déficit en ese momento pasó a ser del 3,7% del PIB.

El Gobierno reconoce ahora que es necesario disminuir los ingresos proyectados en 1,4 billones, ante el comportamiento ya registrado en los ingresos tributarios. Por otro lado, anuncia que ISAGEN se va a vender de todas maneras en el 2009, pero los ingresos por esta operación (3 billones) entrarán solo en el 2010. No es todavía claro si ya renunció a vender este activo de generación eléctrica a las Empresas Públicas de Medellín, como lo había anunciado el presidente en un discurso ante los empresarios textileros en Medellín el pasado 28 de Julio, operación que concentraría la generación de energía eléctrica en el país, y que estaría en contra de la Resolución 128 de 1996 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que fijó en un 25% el máximo de la capacidad instalada de generación que podría controlar cualquier empresa. Todavía no se le ha explicado al país las condiciones en que se presentaría la enajenación de ISAGEN.


Ante la caída en ingresos por 4,4 billones, y puesto que el Gobierno ha anunciado que se mantienen las mismas proyecciones de gastos, el déficit será de 23,2 billones, equivalente a 4,6% del PIB. Si el Ministro de Hacienda anuncia un déficit del 4%, es simplemente por un truco contable: anuncia que se van a utilizar recursos que se iban a captar en el 2009 y que correspondían a la “prefinanciación del 2010”.

Cuando una persona, una empresa, o un gobierno gastan más de lo que se ganan, incurren en déficit. Si en período determinado yo me gano 10 y me gasto 12, mi déficit es 2. Puedo financiar ese déficit endeudándome en 1 y disminuyendo el saldo de mis ahorros en 1. No puede pretender que estos últimos recursos (disminución de los ahorros) no se contabilicen dentro del déficit. Pero eso es lo que el Gobierno quiere que creamos.

domingo, 13 de septiembre de 2009

El ranking mundial de competitividad ¿Si será cierto que mejoramos?


El informe global de competitividad nos muestra que hemos ascendido unos puntos en la competitividad. Sin embargo, solo volvimos al sitio que teníamos en el 2007. Por otra parte el informe da cuenta de un deterioro notable en los factores ligados al funcionamiento de las instituciones


Acaban de salir publicados dos informes importantes de comparación entre países: el Informe Global de Competitividad (WCR) 2008-2009 publicado por el Foro Económico Mundial y el informe “Haciendo Negocios 2010” publicado por el Banco Mundial. En principio, ambos producen buenas noticias para Colombia.

En el informe global de competitividad Colombia subió cinco puestos frente al informe anterior (2008-2009), puesto que ahora estamos en el renglón 69, frente al 74. Claro que frente al informe 2007-2008, volvemos al sitio en que estábamos. En el informe “Haciendo Negocios” progresamos 12 puestos, al pasar del 59 al 37 a nivel mundial. Analicemos en esta entrada los resultados del primero de estos informes

Los autores del Informe global de competitividad (GCR) entienden la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Una economía más competitiva está en capacidad de producir un nivel más alto de ingreso para sus ciudadanos. Los datos del WCR se obtienen procesando datos sobre los países, pero sobre todo utilizando una encuesta realizada a 13000 ejecutivos en el mundo (aproximadamente 91 por país incluido en el informe) a quienes se les interroga sobre la calificación que le da en el país correspondiente a cada uno de los factores incluidos en el índice de competitividad.

Los factores de competitividad se agrupan en tres grandes categorías: requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia, y factores de innovación y sofisticación. El peso que se le da a cada uno de ellos para determinar el puntaje total es diferencial, según el grado de desarrollo de cada país. Los “requerimientos básicos” comprenden aspectos tales como las Instituciones, la Infraestructura, la Estabilidad Macroeconómica y la Salud y la Educación. En el caso Colombiano, obtuvimos en el ponderado de estos factores una calificación de 4.1, inferior a la del informe anterior (4.2). En el ranking mundial retrocedimos seis puestos, al pasar del 77 al 83. Algo semejante sucedió en infraestructura, en el que descendimos tres puestos (del 80 al 83) y en salud y educación primaria (puesto 67 al 72). Dentro de la categoría “requerimientos básicos” solo ascendimos en “estabilidad macroeconómica”, factor en el cual, a pesar de descender ligeramente de calificación, subimos del puesto 88 al 72.

Pero al mirar los factores agrupados bajo el título “Instituciones” el panorama es preocupante, como lo ilustra el cuadro adjunto. Descendimos 14 puestos en el ranking mundial, al pasar del sitio 87 al 101. En casi todos sus componentes descendimos, tanto en calificaciones (quien esté interesado puede consultarlas en el informe), como en el ranking. Es decir, somos un país más desinstitucionalizado. Vale la pena señalar el empeoramiento que obtuvimos en “desviación de fondos públicos”, “confianza del público en los políticos”, “independencia judicial”, “favoritismo en decisiones de funcionarios del gobierno” y “desperdicio del gasto público”.


El lector se preguntará, con razón, cómo es posible que, habiéndonos ido tan mal en los “requerimientos básicos” de la productividad, hayamos podido subir cinco puntos en el ranking mundial. La respuesta es sencilla y los autores del informe (pag 8) nos aclaran ese punto en la explicación de la metodología: estos requerimientos básicos, que tienen una ponderación del 60% en países que están en las etapas iniciales del desarrollo (etapa jalonada por los factores de producción), para un país como Colombia solo tienen un peso del 40%. Como en los otros factores mejoramos la calificación (sobre estos, y sobre el informe del Banco Mundial volveremos en una próxima entrada), pudimos pasar. Nos salvó el sistema de calificación utilizado por el profesor. Pero eso no quiere decir que no debamos preocuparnos por los pobres resultados obtenidos en los aspectos institucionales. A la luz de los últimos acontecimientos, lo más probable es que el próximo informe nos indique que en el 2009 seguimos empeorando.

domingo, 6 de septiembre de 2009

La nueva Ley de Promoción de Competencia: ¿avance o retroceso?

La Ley 1340 tiene aspectos positivos. Sin embargo, alguien le introdujo unos micos que la hacen nugatoria.

El pasado 24 de Julio fue sancionada la Ley 1340 de 2009, que, según el objeto definido en ella, “tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional”.

Uno de los aspectos más importantes de la ley consiste en concentrar en la Superintendencia de Industria y Comercio las investigaciones administrativas, las multas y las decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia.

Quienes han estudiado académicamente el tema de la relación entre las empresas y el Estado han identificado un fenómeno común: la captura del regulador. Sin necesidad de que haya corrupción, los reguladores comienzan a ver los problemas de las empresas que están bajo su jurisdicción como sus propios problemas, y a resolver los temas bajo su consideración a la luz de los intereses de ellas y no a la luz de la eficiencia económica general, a lo que estarían obligados como defensores del interés público. Si además de ello se presenta el fenómeno de la puerta giratoria entre sector privado y sector público, es mucho más probable que un regulador sectorial trabaje, consciente o inconscientemente, a favor de sus futuros o de sus antiguos patrones. Esta situación, en principio, es menos probable que se produzca cuando quien debe analizar las situaciones que puedan conducir a una restricción de la competencia es una autoridad general no especializada.

Otro de los aspectos positivos de la nueva Ley tiene que ver con el monto de las multas por violación de las normas sobre competencia. En el régimen anterior, éstas eran irrisorias. Los monopolios podían asumirlas como un costo de la operación de violación, y por lo tanto no tenían ningún efecto disuasivo. Hoy en día pueden llegar hasta 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes ($50.000 millones) o hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor.

Sin embargo, existen algunos aspectos de la ley que en mi opinión, son preocupantes y que podrían representar un paso atrás frente a la legislación anterior. De acuerdo con las disposiciones anteriores (ley 155 de 1959), “las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un artículo determinado…. cuyos activos individualmente considerados en conjunto asciendan a veinte millones de pesos ($ 20.000.000.00), o más, estarán obligados a informar al Gobierno Nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o integración". Obviamente, esta Ley requería de una actualización, en términos de los montos de activos involucrados. Así lo hicieron los actuales legisladores: señalaron que la obligación de la información rige en los siguientes casos:

1. Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, o

2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en conjunto o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio.

Hasta el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha expedido la reglamentación de la Ley, y por lo tanto no es posible juzgar la manera como va a funcionar esta disposición. Valga la pena señalar, sin embargo, que si el monto de los activos o ingresos operacionales se fija muy alto, muchos casos de integración que se traduzcan en concentración exagerada del mercado se escaparían al control de la Superintendencia.

La Ley añade sin embargo el siguiente parágrafo:

En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% mercado relevante, se entenderá autorizada la operación. Para este último caso se deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de esta operación.

La definición de lo que constituye un mercado relevante es un tema particularmente complejo. Dos laboratorios farmacéuticos que entre ellos concentren el 100% de un antibiótico especializado en combatir una determinada enfermedad, pueden alegar que el “mercado relevante” es el de antibióticos, o el de productos farmacéuticos, y en ninguno de esos casos se logra el 20%. Una vez entendida por ellos (¿por quién mas?) que la operación de fusión ha sido autorizada, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene nada que hacer. Muy posiblemente, su única alternativa va a ser la de disputar el concepto pertinente de “mercado relevante” ante los tribunales. Mientras tanto, y dada la lentitud de la justicia colombiana, podrán beneficiarse de las rentas monopolísticas.

El parágrafo 3 del artículo 9 establece lo siguiente:

Las operaciones de integración en las que las intervinientes acrediten que se encuentran en situación de Grupo Empresarial en los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, se encuentran exentas del deber de notificación previa ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Supongamos que yo soy el presidente de un grupo empresarial (grupo A), y tengo como filial del grupo una empresa (empresa B), que controla el 40% de un determinado producto. Aspiro a consolidar una posición monopólica u oligopólica en ese producto: ¿qué puedo hacer? La operación es relativamente sencilla dentro del marco de la Ley 1340:

El holding empresarial (grupo A) adquiere la empresa C, que controla otro 40% del mercado. Como el holding es lo suficientemente diversificado, y además su objeto social no es el de producir unos bienes sino el de administrar unas inversiones, yo puedo sustentar jurídicamente que no estoy obligado a informar de esta operación a la SIC, por cuanto las empresas adquirente y adquiridas "no se dedican a la misma actividad económica o participan en la misma cadena de valor". Ya puedo controlar el mercado, sin problemas: a través del holding establezco una estrategia de producción y de precios que maximice los ingresos del grupo, independientemente de los resultados financieros de cada una de las empresas filiales.

Pero si quiero consolidar más la posición monopólica, ahorrándome unos costos adicionales y responsabilizando a un solo equipo directivo por los resultados, puedo dar un paso adicional: fusiono las empresas B y C. Como ambas pertenecen al mismo grupo empresarial, no tengo ninguna necesidad de informar a la SIC, y ésta no puede por lo tanto opinar sobre la operación.

Un comentario adicional relacionado con el tema de la competencia. En entrada anterior me refería a la investigación que abrió el anterior Superintendente de Industria y Comercio contra Telmex, Superview, TV Cable y TV Cable del Pacífico S.A, por haberse abstenido de solicitar autorización para una adquisición que significó la concentración del 96,4% del mercado de televisión por suscripción en Bogotá en una sola empresa. Hoy en día las empresas investigadas podrían argumentar que el “mercado relevante” es el del total de la televisión en Colombia, o incluso el de medios de comunicación. En este caso, no habría concentración del mercado.

Ante la ausencia de noticias de la SIC sobre esta investigación, he radicado un derecho de petición para que se me informe sobre su estado. Mantendré informados a los lectores sobre la respuesta que se me proporcione.