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sábado, 24 de diciembre de 2011

Algo más sobre la fusión de las empresas de servicios públicos de Bogotá

El autorregulador del mercado de Valores descartó una posible manipulación en las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá, cuyo precio cayó con posterioridad a las declaraciones de Petro.








Después del anuncio del alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, de su voluntad de fusionar las empresas de servicios públicas de Bogotá, la acción de la Empresa de Energía de Bogotá cayó un 16,66% entre el 5 y el 7 de Diciembre (cuando la Superintendencia Financiera suspendió la negociación de la acción), frente a la cotización que tenía el 2 del mismo mes. Si bien se ha presentado una recuperación, el precio de la acción cerró ayer en $1135. La acción sigue estando en un 10% inferior al valor del día 2. En el mismo lapso de tiempo, el índice General de la Bolsa de Colombia descendió un 1,7%.


Lejos de reconocer su error, el alcalde electo no aceptó ninguna responsabilidad en el comportamiento del mercado. Simplemente dijo que la caída había sido el resultado de una especulación. Acaba de salir publicado el informe del autorregulador del mercado de valores (AMV). que investigó el comportamiento de la acción de la empresa en los días críticos. Su conclusión es clara: “para las fechas de análisis el mercado tuvo un comportamiento ordenado. Si bien se aceleró la tendencia bajista de la acción, para AMV los patrones de comportamiento de los agentes responder a la información disponible y no permiten concluir que intermediarios de valores o inversionistas hayan producido abusos de mercado relacionados con la formación de precios”. …."Con base en la información preliminar adelantada, AMV descarta una posible manipulación del precio de EEB en los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2011”.


Es lógico que si quien va a a ejercer como presidente de Junta de la Empresa de Energía anuncia que los intereses de los minoritarios no van a ser tenidos en cuenta, sino que se van a supeditar a los del accionista mayoritario, a quien supuestamente le interesa financiar el déficit de la empresa de Acueducto, los accionistas minoritarios se asusten. Fue precisamente lo que sucedió en esos días.


Para entender la complejidad de la operación que propone Petro, es bueno que recordemos la estructura accionaria de la Empresa de Energía de Bogotá y de sus filiales en los negocios de generación y de distribución de Energía Eléctrica. El Distrito tiene en la Empresa de Energía de Bogotá una participación del 76% (era del 81% hasta Octubre pasado, cuando entró un 5% de nuevos accionistas). Es decir, allí tiene el distrito un absoluto control. El único freno que tiene es el código de gobierno corporativo, que le obliga a respetar a tratar a los accionistas minoritarios en forma “equitativa, respetuosa y prioritaria”. Su actividad operativa principal es la de transmisión de Energía.


Las dos filiales principales que están en el negocio de la electricidad en Colombia son EMGESA (en el de generación) y Codensa (en el de distribución). En cada una de estas empresas tiene el 43,2 de las acciones ordinarias (las que dan derecho a voto). La gran mayoría del resto de acciones ordinarias le pertenece al grupo italiano ENEL, quien adquirió el control de la empresa española Endesa, antiguo accionista mayoritario, en Febrero de 2009.


Tanto en Emgesa como en Codensa, el distrito tiene el 100% de acciones preferenciales, que no tienen derecho a voto, pero gozan a cambio del derecho, consagrado en los estatutos de ambas sociedades, a percibir un dividendo que se paga de preferencia respecto al que corresponda a las acciones ordinarias, y de un derecho de reembolso preferencial en caso de liquidación de la compañía. El sistema de las acciones preferenciales es una figura legal consagrada en el Código de Comercio, y muy utilizada en el mercado tanto en el mercado de valores colombiano como en el internacional. En nuestro paía ha sido una figura interesante para vincular un socio estratégico que se encargue de la operación del negocio, y es una alternativa para vacunar a las empresas de servicios públicos frente a la politiquería. Por negarse a perder el control, el Consejo y la administración distrital no han podido conseguir un socio para la Empresa de Teléfonos de Bogotá, que sigue perdiendo valor.


Si la administración del alcalde Petro quiere que el Distrito retome el control de Emgesa y de de Codensa, no tiene sino una alternativa: comprarle al socio privado su participación. El precio sería acordado con el socio estratégico. ¿Será que vale la pena para el Distrito hacer semejante esfuerzo financiero, cuando existen tantas necesidades en movilidad, en educación y en salud?


P.D. Mañana domingo 25 de Diciembre, en el programa Veredicto del Canal Capital se transmitirá un debate entre Diego Otero, como defensor de la fusión de las empresas, y el suscrito, como fiscal. Invito a todos los lectores a que vean el programa y voten al final para que determinen quién tiene la razón.


Cordial saludo a todos, y feliz Navidad.

domingo, 11 de diciembre de 2011

La propuesta de fusión de las empresas públicas de Bogotá

La propuesta del alcalde Petro de fusionar las empresas de Energía, Teléfonos y Acueducto de Bogotá se enfrenta con las normas legales sobre gobierno corporativo y sobre regímenes tarifarios. Pero lo peor es que se trata de una propuesta altamente inconveniente.


En entrevista con el periodista Yamid Amat, el alcalde electo anunció su intención de fusionar las empresas públicas de servicios de Bogotá.

Dijo textualmente Petro:

“Fusionaremos las tres grandes empresas: acueducto, telecomunicaciones y energía. Algunos de estos servicios públicos tienen superávit, como energía eléctrica, y otros son deficitarios, como acueducto. El superávit de la Energía lo hemos usado en descapitalizar la empresa. La platica se va fuera del país, a hacer negocios de acuerdo a la lógica del socio minoritario de la empresa. En acueducto, tenemos las tarifas más altas del mundo. Entonces, en vez de descapitalizar la empresa, como hizo Peñalosa, cruzaremos excedentes, para que el usuario obtenga tarifas menores y más eficiencia. La fusión se hará por decisión del dueño mayoritario de las tres empresas, que es el Distrito”

Quiero recordar simplemente algunos puntos que están contemplados en el Código de Buen Gobierno de la Empresa de Energía de Bogota:

1) EEB es, de acuerdo con las normas legales, un grupo empresarial, con intereses en las siguientes empresas: TGI SA ESP, Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca, S.A. ESP, Transportadora de Energia de Centramérica S.A. y CONGAS Perú S.A.C.

2) La misión (art 8) consiste en generarle valor a sus accionistas y a Bogotá D.C. a través de la participación relevante en el sector energético nacional e internacional.

3) Todos los accionistas (art 60) tiene derecho a ser tratados de forma equitativa, respetuosa y prioritaria. La sociedad dará el mismo trato en cuanto a petición, reclamación e información a sus inversionistas y accionistas, independientemente del valor de sus inversiones o del número de acciones que represente.

4) Los accionistas tendrán la obligación de actuar con lealtad con la sociedad y deberán abstenerse de participar en actos o conductas respecto de los cuales exista conflicto de intereses. Igualmente se abstendrán de revelar a terceros la información de la sociedad o relativa a ella, que hayan conocido en el ejercicio de sus derechos, así como utilizarla para obtener provecho propio o ajeno, distinto al derivado de la ejecución legítima de los derechos inherentes a su calidad de accionista.

Vale la pena recordar, por otra parte, que la Ley 142 de 1993 (Ley de servicios públicos) contempla en su artículo 87 la eficiencia económica como uno de los criterios que deben orientar el régimen tarifario. Ello implica que este régimen “procurará que éstas (las tarifas) se aproximen a lo que serían los precios en un mercado competitivo; y que los costos las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste.”.

Se habla del caso de las Empresas Públicas de Medellín. Lo que hay que imitar no es tanto la operación integrada (por ley debe existir una contabilidad separada para cada uno de los servicios), sino la independencia con la que tradicionalmente han funcionado estas empresas con relación a la clase política de Medellín (con excepciones en algunos casos. ¿se acuerdan del caso de la vajilla de $100 millones?). Por otra parte, en el caso de Cali, la integración no impidió la quiebra de las Empresas Públicas Municipales, situación que obligó a su intervención. Allí fue la intromisión política indebida la que causó el descalabro.

Si el alcalde quiere disminuir el déficit de la Empresa de Acueducto, lo que debe hacer es utilizar su poder en ella (allí si tiene un 100% de propiedad) para reducir sus costos. Ello implica sacar a los concejales de Bogotá de la injerencia indebida que han tenido sobre la administración de esta empresa, a través de la presión sobre los contratos y de recomendaciones de personal. Ello es lo que explica las tarifas más altas del mundo a las que se refiere Petro.

Si quiere financiar el mínimo vital de consumo de agua, como lo prometió en su campaña, puede utilizar para ese propósito los recursos que el Distrito obtiene en la participación de las utilidades de la Empresa de Energía o lo que recibe de impuestos por parte de los habitantes de la ciudad.

Por otro lado, ¿habrá pensado el alcalde electo en las implicaciones de su propuesta de fusión sobre los costos laborales de las empresas? Según las normas laborales, una fusión se traduciría en que los costos de la convención colectiva más generosa con sus trabajadores (la Empresa de Teléfonos) se extenderían a la Empresa de Energía y a la de Acueducto. O bien estaría amenazada la subsistencia de estas empresas (como lo está hoy la de la Empresa de Teléfonos), o bien los bogotanos tendremos que pagar con tarifas más altas en todos los servicios públicos los costos de la brillante idea del alcalde.

domingo, 6 de noviembre de 2011

Pico y placa: el reto del nuevo alcalde

El alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, ha anunciado que la restricción vehicular en Bogotá será levantada “gradualmente” , y que va a sustituirla por otro tipo de medidas que tengan como propósito descongestionar la ciudad. No ha anunciado cuáles serán estas medidas. Pero así no existan, los perjuicios que está causando la restricción de todo el día aconsejan su levantamiento inmediato.




Cuando expidió la ampliación a todo el día del pico y placa en Bogotá, el alcalde Samuel Moreno anunció que dicha medida estaba basada en estudios técnicos profundos. Al no encontrar estos estudios en las páginas web de la Secretaría de Movilidad, los solicité, primero por derecho de petición, y después por una acción de tutela.




Cuando por orden de un juez de tutelas me llegaron los supuestos “estudios”, tuve oportunidad de comentarlos en este blog. Llamé la atención por su mediocridad. Ver aquí y aquí. El único estudio entre los que me fueron enviados que hacía un esfuerzo por calcular los costos y los beneficios de la medida[1], reducía los costos únicamente a lo dejado de percibir por el Distrito por el menor consumo de gasolina ( la llamada minoración fiscal) que se calculaba en $21.869 millones. El beneficio de la medida, medido por los minutos ahorrados por quienes pudieran desplazarse en vehículos livianos (los días en que podían desplazarse) era de $24.483 millones. Con estas cuentas, era claro el efecto positivo. Como lo señalamos en su momento, medir los costos de una medida a partir de su efecto sobre las finanzas públicas es un ejercicio absurdo, por decir lo menos. Lo que debe maximizar un gobierno no es el monto de los impuestos que recauda, sino el bienestar de sus ciudadanos.




Medir el efecto de la medida sobre el bienestar de los ciudadanos es precisamente lo que han hecho dos técnicos del Banco de la República, Carlos Alberto Medina y Carlos Eduardo Vélez, en un interesante estudio destinado a medir el efecto de la restricción vehicular de todo el día en Bogotá y en Medellín [2]. Este documento muestra cómo debe evaluarse seriamente una medida de política. Voy a resumir sus apartes más importantes, concentrándome en el caso de Bogotá.




Los autores comienzan por revisar la literatura existente sobre dos experiencias internacionales diferentes para enfrentar el problema de la congestión: la restricción vehicular en México DF, y la implantación de peajes urbanos en Londres.



Dos estudios del Banco Mundial [3] señalas que la restricción vehicular en México produjo efectos contrarios a lo que se buscaba puesto que se incrementó la compra de autos viejos, no se alivió la congestión, y se agravaron en consecuencia los problemas de contaminación. Los pasajeros no incrementaron el uso del transporte público, la compra de gasolina aumentó, y se elevaron los niveles de contaminación. Por el contrario, en el caso de Londres, un cargo de 5 libras por circular entre las 7 a.m. y las 6:30 p.m en el área central de la ciudad redujo el número de vehículos que circulaban, aumentó en un 13% la velocidad de circulación, y se tradujo también en una mejora del servicio público en los buses.

Para calcular los beneficios y los costos los autores del estudio se apoyan en la metodología denominada “calidad de vida”, que consiste en calcular cuál sería la compensación monetaria que habría que pagarle a un hogar por la pérdida de bienestar asociada a la expropiación (pues de eso se trata) del tiempo de uso de su automóvil. Esta compensación monetaria depende de la valoración que tengan los hogares de su automóvil, de la proporción de hogares que posean automóvil, y del nivel de racionamiento.

La medida de dos días sin automóvil equivale a una expropiación del 40% del flujo de servicios automóvil durante la semana laboral. En Bogotá existen 441 mil hogares que poseen automóvil. Ello quiere decir que la medida afectó al 23% de los hogares. Y un dato importante: más del 53% de los hogares de Bogotá que tienen automóvil pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. A pesar de que los estratos más bajos tienen menos probabilidad de tener automóvil (9% para el estrato 3, contra 75% para los 5 y 6), estos estratos son más numerosos. Esto quiere decir, según los autores del estudio que “independientemente de los costos de eficiencia de las restricciones al tráfico vehicular, la medida también tiene consecuencias inequitativas pues afecta considerablemente a grupos económicamente desfavorecidos” (Pag 20).

Este perjuicio adquiere diversas formas: “la mayoría de los miembros de los hogares no pueden ir al trabajo en su vehículo o transportar en el mismo a miembros del hogar al colegio, a actividades recreativas, o para demandar bienes y servicios. Las empresas enfrentan restricciones significativas para entregar bienes y servicios. Algunos hogares no pueden utilizar su vehículo como herramienta para trabajar, que para Bogotá representan el 20% de los hogares en el estrato 2. El perjucio es mayor para empresas que no tienen opciones alternativas de transporte por imposibilidad de reprogramar la actividad sin incurrir en mayores costos o disponer de otro auto o medio de transporte igualmente seguro y económico” (pag 21).

Las pérdidas de bienestar por la restricción de la movilización por todo el día equivalen según los autores a 503 mil millones por año de los ciudadanos de Bogotá.

El estudio no trae el efecto de la compra de un segundo (o un tercer) automóvil. Pero es claro que los hogares que lo hacen son preferencialmente los de los estratos altos (el costo para los hogares que lo compran es la suma de los costos asociados a tener un segundo automóvil). Los hogares que no lo adquieren deben enfrentar, además del racionamiento, el mayor costo derivado de congestión adicional en los días en que puedan circular.

Recordemos que el estudio citado de la Secretaría de Movilidad había calculado los beneficios de la restricción vehicular, calculando el valor de los minutos ahorrados para la gente que podía transportarse, en $26.483 millones. Los costos calculados por los autores del estudio representan 19 veces esa cifra.

Entre más se demore el nuevo alcalde en levantar esta absurda medida, más hogares adquirirán el segundo automóvil, porque van a asumir que el racionamiento será permanente. Por favor, señor alcalde, no se demore en levantar la medida. Indudablemente va a aumentar la congestión en el corto plazo en las horas valle (no en las horas pico), pero va a evitar que aumenten los perjuicios futuros de la población, en especial la de menores ingresos.

[1]Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Movilidad. Análisis minoración fiscal y beneficio económico para vehículos livianos en la ciudad de Bogotá. Bogotá, Enero 5 de 2009.
[2] Carlos Alberto Medina y Carlos Eduardo Vélez. Aglomeración Económica y congestión vial: los perjuicios por racionamiento del tráfico vehicular. Borradores de Economía, Banco de la República, Num 678. En este resumen nos vamos a concentrar en los datos relacionados con Bogotá.
[3] Eskeland y Feyzioglu, 1995. Rationing can Back Fire: Day without a car in Mexico WPS1554, Worl Bank. Se puede encontrar aquí y Davis, 2008. The Effect of Driving Restrictions on Air Quality México. Verlo aquí. Ambos estudios estaban disponibles cuando se tomó la medida de la ampliación del pico y placa en Bogotá. El equipo del alcalde hubiera podido consultarlos, y ahorrarnos muchos dolores de cabeza.

domingo, 2 de octubre de 2011

El crecimiento económico de Colombia, ¿cómo estamos?

Nuestras tasas de crecimiento per cápita siguien siendo mediocres cuando nos comparamos con otros países







Hace unos días fueron publicadas las actualizaciones de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, incluyendo los datos del 20010. Me he puesto a jugar con estos números y he encontrado algunos datos interesantes, que quiero compartir con los lectores de este Blog.

Los cálculos sobre crecimiento económico normalmente se hacen tomando como punto de referencia el PIB per capita en unidades monetarias constantes. Soy consciente de las limitaciones que tienen estas cifras, que ocultan fenómenos importantes como concentración del ingreso. Es claro que Colombia debe hacer un esfuerzo por distribuir mejor el ingreso y de eso deben encargarse, entre otras, la política tributaria y, la política de estímulo a la competencia (que impida el surgimiento de rentas monopólicas y que abarate el precio de los bienes de consumo, componente importante del ingreso real de los sectores más pobres de la población), así como la política social. Pero, aparte de estas consideraciones, Pambelé tenía la razón cuando decía que “es mejor ser rico que pobre”. Por eso la importancia de las cifras sobre PIB per cápita.

El PIB per capita en Colombia, a precios corrientes, fue el año pasado de $12 millones de pesos. El Banco Mundial informa un PIB per capita en dólares corrientes de $6225 dólares, 2,54 veces el valor que teníamos en el 2001 (US$2440). Esto nos daría un crecimiento promedio anual de nuestro ingreso en dólares cercano al 11% anual. ¿Estaremos presenciando el milagro económico colombiano? ¿Habremos encontrado entonces el camino para salir de pobres?.

Recordemos varias variables que inciden en el comportamiento del PIB promedio en dólares. En primer lugar, los precios mundiales en dólares también registran inflación. Si aislamos el efecto de ésta, obtenemos el crecimiento en dólares constantes. Según el Banco Mundial, el crecimiento anual promedio de nuestro PIB per cápita en dólares constantes fue solo del 2,8% desde el 2001. Es el mismo que obtenemos al mirar los datos anuales del DANE, ya con su base revisada y la nueva metodología que estrenó hace algunos meses. El crecimiento real del PIB colombiano entre 2 001 y 2010 fue del 4,1 % anual. Como la población ha crecido a una tasa promedio anual del 1,19%, ello quiere decir que en ese mismo período nuestro PIB per cápita ha crecido un 2,8 anual.

La revaluación del peso colombiano (que ha sido del 17% entre Diciembre de 2001 y Diciembre de 2010), ha aumentado nuestro PIB en dólares corrientes, ha abaratado los productos importados y encarecido en dólares, los productos exportados. Mientras los precios promedio de nuestro país eran el 41% de los de Estados Unidos en el 2001, hoy son el 66%. La revaluación le ha quitado ventaja competitiva en esa proporción a los productos colombianos en el mercado norteamericano. Por otro lado, un turista colombiano que destine hoy el mismo monto en pesos reales a gastar en Estados Unidos, se encontrará que tiene allí una capacidad adquisitiva 11% superior a la que tenía en el 2001.

Nuestro PIB per cápita, en términos de paridad de poder de compra (es decir, medido en la capacidad real de adquirir bienes y servicios, se le llama PIB per capita PPP por las siglas en inglés), en dólares constantes, ha aumentado también un 2,8 % anual entre 2001 y 2010. ¿Cómo nos comparamos con el de otros países? No perdámonos tiempo comparándonos con el de China (10,6% anual, lo cual le permite duplicar su ingreso per cápita cada 7 años). Comparémonos con Perú (5,5% anual) o con Panamá (5,1%). Los países clasificados por el Banco Mundial como de ingreso medio crecieron al 5,4% y los del grupo al que pertenecemos dentro de esa clasificación (medio-altos) lo hicieron al 5,8%. Brasil ha crecido al 3,4%. Nuestro crecimiento es, digámoslo en términos claros, mediocre.

Me he puesto a hacer algunas cuentas. Alcanzar el nivel de producto per cápita que hoy tiene Chile ($13600 dólares PPP del 2005) con las actuales tasas de crecimiento, nos llevará 17 años. Duplicar nuestro PIB per cápita nos pondrá en el nivel que hoy tiene Polonia o Croacia, y para ello necesitamos 25 años. Alcanzar el nivel que hoy tiene España nos tomará 41 años y el Estados Unidos 58.

En 1980 el producto per cápita de China era el 10% del de Colombia, el India el 16% y el de Chile era prácticamente igual al nuestro. Dadas las diferencias en tasas de crecimiento, el de China es hoy el 80% del nuestro, el de India el 38% y Chile nos supera en un 60%.

He elaborado el gráfico adjunto, proyectando las tasas de crecimiento en el producto per cápita que han registrado la economía colombiana, de Estados Unidos, de China y de India desde el 2000, y he supuesto (supuesto bastante forzado, debo reconocer) que dichas tasas se mantienen por los próximos 25 años. Con estos supuestos, los chinos nos alcanzarán en el 2014 y los indios en el 2037. China alcanzará a los Estados Unidos en el 2031.










Obviamente, pensar que las tendencias de crecimiento de la última década duren otros 25 años puede ser poco realista. Estados Unidos ha tenido una muy mala década (crecimiento promedio en el Producto per cápita de solo el 0,8%) y China una muy buena. Es de esperarse (nos conviene a todos) que Estados Unidos se recupere). En cuanto a China, puede sobrevenirle lo que algunos autores han identificado como desaceleración debido a la madurez. Una vez superada la fase de incremento fácil en la productividad (por el traslado de trabajadores de empleos rurales a urbanos), es difícil seguir creciendo en los mismos porcentajes. 1.

En cuanto a Colombia, nuestra tasa de crecimiento en el producto per capita desde el 2000 es superior a la que tuvimos en los comprendidos entre 1950 y el 2000 (fue solo del 1,7%) 2. Definitivamente, la tarea que tenemos por delante para lograr niveles aceptables de desarrollo es inmensa.

1. Ver al respecto, Eichengree B, Park D y Kwangho S. “When fast-growing economies slow down. NBER. Working Paper No 16919. Marzo 2011. Los interesados pueden consultarlo aquí.



2.Cálculos hechos con las cifras proprocionadas por GRECO, Banco de la República. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2002. Tabla I.4.A. (anexo en CD).

sábado, 10 de septiembre de 2011

El caso de la comunidad europea: un problema de recursos comunes

En Octubre de 2009 se anunció que el premio Nobel de Economía se había otorgado a Elinor Ostrom (en compañía de otro distinguido economista, Oliver Williamson). Su principal contribución al campo de la ciencia económica, tal como lo registraron quienes otorgaron el premio, consistió en haber retado la sabiduría convencional al demostrar que la propiedad local puede ser administrada exitosamente de una manera común, sin necesidad de regulación por parte del gobierno, y sin necesidad de privatización de los recursos.

Unos meses después, el mundo conoció que Grecia, uno de los participantes en la Unión Europea y del exclusivo club del Euro, estaba enfrentado a una profunda crisis, por las dificultades en pagar su deuda. Todavía se sienten los efectos de la crisis griega, y las amenazas por el tamaño de la deuda se han extendido a Irlanda, España, Portugal e Italia. La crisis europea ha contribuido al pesimismo que hoy aqueja a la economía mundial.

¿Tienen algo en común estos dos fenómenos? Es posible que sí. Los problemas de la Unión Europea pueden explicarse con las metodologías de “gobernanza económica”, uno de cuyos exponentes más importantes es precisamente la señora Ostrom.

Los objetivos económicos que tenían los países europeos cuando decidieron en 1992 profundizar su integración y avanzar hasta el punto de crear una moneda común eran claros: facilitar el comercio, permitir una mayor movilidad de capital y de trabajo, armonizar la política monetaria, y como consecuencia de todo ello, lograr mayores niveles de crecimiento y de bienestar para la población. Dejaron sin embargo un elemento de política económica por fuera de la unión: la política fiscal.

Este esquema de integración económica no tenía precedentes históricos. Normalmente, los países que deciden utilizar una moneda común deciden también compartir sus instituciones fiscales. ¿Qué riesgos existían? El riesgo principal está asociado a un fenómeno que normalmente se conoce como “el problema de los comunes”.

Este problema fue planteado inicialmente, no por un economista, sino por el biólogo Garret Harding en 1968 más o menos en los siguientes términos: imaginemos un pastizal abierto a todos los pastores, es decir es una propiedad común. Si bien cada pastor tiene interés en que el pastizal se mantenga, a cada uno de ellos le interesa aumentar sus propias cabezas de ganado que se alimentan en el pastizal. Enviar allí una cabeza de ganado adicional gasta el recurso común, pero como el incremento en la utilidad individual del pastor dueño de esa cabeza es mayor que la pérdida que registra por el agotamiento del recurso (porque esa pérdida se distribuye entre todos los pastores), el pastor concluye que le conviene enviar esa cabeza adicional. Piensa en los siguientes términos: "si yo no lo hago, otros lo harán, y yo saldré perdiendo". Si todos los pastores actúan de esa manera, el pastizal se agota, y todos los pastores se perjudican.

En el caso de la Unión Europea, el recurso común es la confianza. Un país puede utilizar la confianza en la fortaleza del Euro para endeudarse en los mercados internacionales a tasas de interés relativamente bajas. Pero entre más se endeuden los países, esa confianza se va agotando. El mercado termina castigando a todos los países que respaldan al euro.

Para evitar ese problema, se establecieron en un principio algunas reglas para los países que quisieran pertenecer a la zona Euro. Deberían registrar déficits fiscales o niveles de deuda pública como máximo del 3% y del 60% del PIB respectivamente. Se estableció un sistema de sanciones bastante fuertes frente a los países que incumplieran estos criterios.

El sistema comenzó a perder credibilidad, sin embargo, algunos años después de su puesta en funcionamiento. Los países más grandes, especialmente Francia y Alemania, rompieron los criterios de estabilidad, pero lograron renegociar el tratado inicial, y se ahorraron por lo tanto el costo de las multas. No hubo tampoco una adecuada supervisión. Se descubrió, un poco tarde, que Grecia había alterado sus cuentas fiscales para disminuir contablemente el tamaño de su deuda.

Ahora el problema que enfrentan los países europeos miembros del Euro consiste en que deben rescatar a aquellos países “indisciplinados”, para lograr mantener la estabilidad del euro, y también para evitar que los bancos, que tienen entre sus activos una participación importante de bonos emitidos por los países en dificultades, registren problemas de solvencia. Esta situación, obviamente, no es del gusto de los alemanes, quienes sienten que se les está obligando a financiar el excesivo gasto de los griegos, españoles, irlandeses, portugueses e italianos.

¿Y qué tiene que ver esto con Elinor Ostrom? Pues bien, su gran aporte consiste en que en determinadas circunstancias, contrario a lo que predice la teoría de los comunes, los agentes económicos pueden cooperar de una manera exitosa. Sus resultados están amparados en múltiples estudios de casos, en modelos teóricos en los cuales se aplica la teoría de juegos, así como en experimentos de laboratorio (aplicando la economía experimental).1

Las condiciones que según la señora Ostrom se necesitan para el éxito de la cooperación en la explotación de recursos comunes son las siguientes: los derechos de los participantes están claramente definidos; existen mecanismos rápidos de solución de conflictos entre ellos; se crea un sistema de vigilancia y de sanciones para el que incumpla el acuerdo, y en fin dichas sanciones son administradas por los propios usuarios o por alguien que les responda directamente a ellos. Estas sanciones son graduales: suaves en un comienzo, pero fuertes con aquel participante que reincida en su mal comportamiento. Propone además que la cooperación comience entre grupos pequeños. Estos grupos se irán ampliando paulatinamente, y cuando son grandes ya se ha generado una cultura de cumplimiento con las reglas.

Es fácil, aplicando el esquema teórico de la Señora Ostrom entender porqué ha fracasado la Unión Europea. Quienes diseñaron el sistema no incluyeron un mecanismo rápido de solución de conflictos, las sanciones perdieron credibilidad después de que Francia y Alemania lograran evadirlas y cambiar las reglas en el 2005, y no existió un sistema de vigilancia eficiente. ¿Será tarde para remediar todas estas fallas y diseñar un sistema eficiente de cooperación?

En Colombia tenemos nuestros recursos propios recursos comunes y nuestras propias maldiciones. Pensemos simplemente en los recursos de la salud, y en la manera como se están agotando, atendiendo, mediante tutelas, soluciones exclusivamente individuales, por fuera de las reglas que se habían fijado en un principio (el Plan Obligatorio de Salud). ¿Será muy tarde para pensar en soluciones de cooperación?

1-Ver por ejemplo: Ostrom E, Walker J y Gardner R. Covenants with and without a sword: self-governance is possible. American Political Science Review. Vol 86, No 2. Junio 1992.

sábado, 27 de agosto de 2011

El revolcón en salud. ¿Qué se necesita realmente?

La salud no debe ser un negocio. Pero si lo pueden ser las actividades ligadas al aseguramiento o la producción de bienes y servicios asociados a la salud.






En días pasados, el Presidente Santos, en intervención ante la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, anunció una serie de medidas destinadas a “darle un revolcón al sistema de salud”, reformas que supuestamente deben partir del principio de que la “salud no puede ser un negocio, la salud es un servicio social al que tienen derecho todos los colombianos”. Es un principio en el cual todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero antes de que los enemigos del sistema de salud que rige hoy en Colombia, y que permite la participación privada en la provisión de bienes y servicios asociados a la salud, comiencen a celebrar la muerte del sistema, es válido hacer algunas precisiones.




Del argumento de que “la salud no debe ser un negocio”, no se concluye automáticamente que debiera proscribirse la participación privada en la provisión de servicios de atención (a través de IPSs o de consultorios privados), en la producción de bienes dirigidos a la provisión de salud (medicamentos, equipos médicos, etc), o en el aseguramiento (EPS). Todos podemos coincidir en que la vida humana no debe ser objeto de negocio, pero de allí no se concluye que la iniciativa privada (con ánimo de lucro) debiera ser eliminadas en actividades como la producción de alimentos, de vivienda, de vestuario, o de otros bienes y servicios indispensables para la vida,y también para la salud, de las personas.




Los laboratorios productores de medicamentos, los laboratorios clínicos, las aseguradoras privadas (EPS), las clínicas o consultorios privados, las farmacias, son todos ellos, “negocios”, legítimos, en los cuales no pudiera considerarse que la búsqueda del lucro es en principio un obstáculo para el logro de resultados eficientes desde el punto de vista de los intereses de la sociedad. Si esto es así, ¿en qué consistirá el revolcón anunciado por el Presidente? ¿Cuáles son las fallas del actual sistema de salud colombiano que exigen un revolcón?




Partamos de la base de que la producción de bienes y servicios asociados al cuidado médico (como lo dijo Arrow, es mejor utilizar este término frente a la “producción de salud” 1 ), se enfrenta a imperfecciones de mercado, que impiden que estos bienes se produzcan en la cantidad y precios eficientes. Una de estas imperfecciones consiste en las asimetrías de información: entre médico y paciente, entre aseguradores y asegurados, y entre aseguradores y proveedores de los bienes y servicios. Existe desinformación (en términos de la economía moderna "racionalidad limitada") en los pacientes, que les impide conocer con precisión su nivel de gasto óptimo. Algunos de estos servicios, por sus amplias externalidades positivas o por su carácter de bienes públicos (campañas de educación en salud, programas de salud pública) exigen la provisión directa o al menos su financiación por parte del Estado. Por razones de equidad, la sociedad puede definir que debe facilitarse su adquisición y consumo por parte de aquellos sectores de la población con menores ingresos. En fin, es posible que se presenten, como en cualquier otra actividad económica, abusos de poder de mercado por parte de cualquier proveedor de estos bienes y servicios.




Estas imperfecciones exigen que el Estado participe en la financiación y en la regulación del sistema de salud. En cuanto al monto de la financiación, podríamos señalar que esto no es un problema en Colombia. Nuestro país se encuentra en un nivel relativamente elevado, dado su nivel de desarrollo, en la participación de gasto en salud dentro del PIB. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud la participación del gasto público dentro del total de gasto en salud (83,9%) es de los más altos del mundo, y en este indicador es el segundo en América Latina, pues solamente Cuba registra una cifra mayor (95%). Aplicando estas proporciones a las cifras del PIB en pesos corrientes registradas por el DANE en el año 2010, y a los estimativos de población de la misma entidad, tendríamos un gasto per cápita de $819.000. Esta cifra es un 69% mayor que el valor de la Unidad de Pago por capitación del régimen contributivo aprobado por la Comisión Reguladora en Salud para dicho año ($485000). Es decir, si a cada uno de los habitantes del país se le diera esa suma, y se estableciera como condición que la gastara en aseguramiento en salud, podría adquirir un plan notoriamente superior al hoy vigente en el régimen contributivo. Se puede concluir que la manera como hoy se asignan los recursos por fuera del régimen contributivo (fundamentalmente régimen subsidiado, sistema de recobros, y administración del sistema) constituye un notorio despilfarro.




La regulación, entendida ésta como el conjunto de órdenes, prohibiciones o incentivos a través de los cuales el Estado busca incidir en el comportamiento de los agentes privados, es absolutamente necesaria en la provisión de bienes y servicios relacionados con la salud, tanto para enfrentar las imperfecciones del mercado arriba señaladas como para garantizar una mayor equidad en el acceso a dichos bienes.




En este campo, es claro que se necesita una mejoría notable. Las ambigüedades en la definición del Plan Obligatorio de Salud, y la existencia por lo tanto de una “zona gris” sobre los medicamentos o procedimientos allí incluidos, no constituyen señales claras a los usuarios sobre sus derechos, ni a las EPS sobre sus deberes.




La generación de competencia en el aseguramiento, en la provisión de servicios de salud, y en la venta de medicamentos y dispositivos debe también ser objeto de la regulación. En cada uno de ellos ha habido fallas notorias en Colombia, algunas de ellas promovidas desde la misma Ley. Los gremios de proveedores de la salud, en particular los públicos, se han opuesto a cualquier intento por estimular la competencia o por controlar los costos. Incluso lograron una norma en sentido contrario, al establecerse en la Ley 1122 la obligación para la Superintendencia de Salud de establecer un manual de tarifas mínimas (en lugar de máximas, como hubiera sido lo deseable). La misma Ley estableció la obligación para las EPS del régimen subsidiado de contratar obligatoriamente un 60% como mínimo del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado (es decir, los hospitales públicos). Ordenó además que la prestación de servicios para la atención y la prestación se hagan a través de la red pública. Esto es equivalente a la constitución por la vía legal de un monopolio, con las consecuencias esperadas en el comportamiento de los costos para la salud. La regulación de precios de medicamentos también ha sido deficiente, situación que empezó a corregirse desde finales del 2010, con la expedición del decreto 1474, que fijó valores máximos de recobro a los medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y que deben ser pagados por el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).




Si las EPS no pueden competir por el paquete de beneficios que ofrecen a sus usuarios (está prohibido negar una atención no incluida en el POS así como reconocerla con cargo a la UPC), ni por precio, puesto que el monto de la contribución de cada afiliado es una definición legal, el único elemento que puede ser objeto de competencia es la calidad del servicio. En ello, el Ministerio de Salud puede desempeñar un papel protagónico, proveyéndole a los usuarios de la información comparativa que permita a éstos escoger las mejores alternativas.




Un área en la cual se necesita una transformación importante es la gerencia del sistema, cuya responsabilidad es del nuevamente creado Ministerio de Salud. Las deficiencias en los sistemas de información, y la falta de capacidad técnica suficiente en el Ministerio para la administración de un sistema tan complejo exigen un cambio sustancial en la manera de operar de esta entidad.




Se supone que el Gobierno debe anunciar en los próximos días el contenido del “revolcón en salud”. Estaremos pendientes para analizar su contenido.




Nota final: El pasado 5 de Junio fuí invitado al programa Veredicto, del Canal Capital, para debatir, con la ex-senadora Cecilia López, sobre la participación privada en la provisión de la salud. Fue una discusión interesante. Los interesados pueden ver el video en esta dirección. Son cuatro partes. Asegúrese de verlas todas.




1- Arrow K. Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American Economic Review. Diciembre, 1963. Pags 941 a 973.

domingo, 14 de agosto de 2011

La irracionalidad de los republicanos: la rebaja en la calificación de la deuda y la reacción de los mercados

La reacción de los mercados no es consecuencia de la rebaja en la calificación de la deuda, sino del recorte anunciado en los gastos.



El anuncio por parte de Standard’s and Poors de rebajar la calificación de la deuda de los Estados Unidos fue seguido de caídas importantes en los mercados de acciones, y ha creado una amplia ola de pesimismo sobre la economía mundial.

Ha habido sin embargo confusiones y malentendidos. Para entender la situación devolvámonos a los elementos que ocasionaron la crisis de 2008. Valga la pena recordar que el déficit en la cuenta corriente de los Estados Unidos creció de una manera importante desde mediados de los años 90, hasta llegar a niveles del 6% del PIB a mediados de la década pasada.

Un balance en cuenta corriente negativo es resultado de que el conjunto de los agentes de una economía (hogares, empresas y gobierno) están, entre todos, gastando más que los ingresos que tienen. Normalmente los hogares son superavitarios (ganan más de lo que gastan) las empresas, deficitarias (su gasto total, incluida allí la inversión, debe ser financiado con recursos externos, sea aportes de los accionistas o endeudamiento) y el gobierno puede ser superavitario o deficitario, según las decisiones de la política fiscal.

El déficit en la cuenta corriente de los Estados Unidos se explicó por una caída en el ahorro de los hogares y por un crecimiento en el déficit fiscal. La proporción de ahorro de los hogares con relación a sus ingresos disponibles, que había sido del 7,5% a mediados de los noventa, cayó desde principios de la década pasada, y el ahorro de los hogares prácticamente había desaparecido en el 2006. El alza en los precios de la propiedad raíz y en las acciones creó un “efecto riqueza” que aumentó los niveles de gasto (recordemos que la valorización en el precio de las acciones y de la propiedad raíz no significan un ingreso para sus propietarios. La única manera de concretarse ese ingreso es vendiendo esos activos). Los hogares se endeudaron para comprar propiedad raíz, e incluso muchos propietarios que habían pagado ya sus hipotecas resolvieron endeudarse nuevamente contra su propiedad para financiar por esa vía sus altos niveles de consumo. Si usted es millonario, viva como millonario, aconsejaban los colocadores de créditos hipotecarios a los propietarios de inmuebles valorizados. Obviamente, cuando bajaron los precios de la propiedad raíz, los niveles de deuda de mucho hogares se volvieron insostenibles.

Paralelamente, el Gobierno de los Estados Unidos, que había empezado la década con superávit en sus cuentas fiscales, comenzó bajo el Gobierno de Bush una política de reducción de impuestos a los sectores más ricos de la población, y de incremento en el gasto, especialmente el militar. Si los hogares de los Estados Unidos no están ahorrando, ese déficit debe financiarse con títulos adquiridos por el resto del mundo.

Un agente económico cuyos niveles de endeudamiento sean insostenibles, no tiene sino dos posibles salidas: recortar sus gastos , para poder pagar la deuda, o dejar de pagar. En este último caso, su problema lo asume el acreedor, que registra pérdidas importantes en su patrimonio.
En el caso de los hogares norteamericanos, ellos han recortado el gasto. Su ahorro con relación al ingreso disponible pasó del 1,5% a fines del 2005 a 6,5% en el 2010. Esta reducción en el consumo (recordemos que representa el 70% del PIB), es un fenómeno recesivo.

Pero son muchos además los que han dejado de pagar sus deudas, o que han aumentado las probabilidades de hacerlo. Ello se reflejó en el precio de los títulos representativos de hipotecas, que, como se sabe, precipitó la crisis financiera del 2008.

Como los bancos son los principales poseedores de títulos hipotecarios, las pérdidas por la caída en el precio de éstos hacen que los bancos se encuentren con un nivel de deuda (depósitos del público) que no guarda correspondencia con su patrimonio. El público lo sabe y se pierde la confianza en los bancos. Estos deben “desapalancarse”, y una de las maneras de hacerlo es restringir el crédito, lo cual también crea recesión (una explicación del desapalancamiento financiero la dimos en esta entrada del 2008).

La crisis financiera del 2008 exigió una rápida intervención gubernamental y de la Reserva Federal, a través de oficialización de entidades (caso de Fannie Mae , Freddie Mac, AIG, Citybank), de préstamos, o de compra de títulos que antes estaban en poder de los bancos. Si estas operaciones son hechas por la Reserva Federal, aumenta la cantidad de dólares en circulación. Si las hace el gobierno, aumenta el déficit y por lo tanto el nivel de deuda pública. Añadamos a ello que se necesita un estímulo fiscal para tratar de contrarrestar la caída en la demanda privada y enfrentar la recesión.

La deuda pública pasó del 62% del PIB en el 2006, al 92% a finales del 2010, y las proyecciones indican un crecimiento en los años siguientes. Hasta 2008, cuando los republicanos estaban en el poder, este comportamiento de las finanzas públicas no parecía preocupar al gobierno ni a los parlamentarios de ese partido. Recordemos la famosa frase “Reagan comprobó que los déficits no importan”, que pronunció Dick Cheney, el entonces vicepresidente, al secretario del Tesoro Paul O’Neill (su testimonio se encuentra aquí).

Pero llega 2011, los republicanos están en la oposición, y ahora parece que si les preocupa el nivel de deuda. Por tarde el 2 de Agosto, el Congreso debía autorizarle al ejecutivo un incremento en el nivel de la deuda, indispensable paso para que el Gobierno continúe funcionando y para que puedan pagarse los intereses de los bonos oficiales en circulación. Históricamente, ello ha sido asumido por los parlamentarios como un trámite sin mayor significado. Pero por primera vez en la historia, el partido de la oposición decide utilizar esta autorización como chantaje al gobierno para avanzar en su agenda política. Ahora sí exige una reducción del déficit a través de recortes importantes en gastos, pero sin aceptar que se aumenten los impuestos. Ante la perspectiva del incumplimiento, no faltan los republicanos que afirmen que eso no importa.

El acuerdo que arrancaron los republicanos al presidente Obama y evitó el incumplimiento de la deuda contempló una reducción importante en los gastos en el corto plazo (se acabará el estímulo fiscal a la demanda) , pero no incluyó el incremento en los impuestos
El comunicado de Standard and Poor’s en el cual anunció su rebaja en la calificación de los títulos de largo plazo del gobierno de USA señala que “la política arriesgada de los meses recientes subraya nuestra impresión de que la gobernabilidad y la política económica en los Estados Unidos es ahora menos estable, menos efectiva y menos predecible de lo que creíamos anteriormente” (traducción mía).

El dilema en que puso el partido republicano al gobierno fue absolutamente irracional: o me hacen caso, o provoco un incumplimiento de la deuda. Cuando un agente racional (en este caso el Presidente Obama), se enfrenta con un negociador irracional, lleva las de perder. Obama no tuvo otra alternativa que ceder.

Como consecuencia del acuerdo, las perspectivas de la economía se deterioraron. No es posible contar hoy con el sector público como dinamizador de la demanda de la economía. Fueron los términos del acuerdo fiscal, y no propiamente la rebaja en la calificación de la deuda, lo que produjo la baja en los precios de las acciones.

Una prueba de lo anterior es que el rendimiento de los bonos del tesoro americano bajó (es decir, su precio subió). El bono de 10 años, que estaba rindiendo un 3,01% el 27 de Julio, pasó a rendir 2,17%. El de 30 años pasó en los mismos días de 4,29% a 3,54%.Todo lo contrario de lo que debiera haber sucedido cuando un título de deuda es rebajado en su calificación.

La irresponsabilidad de los políticos republicanos está a punto de crear otra recesión. ¿Se la cobrarán los ciudadanos en las urnas?

sábado, 16 de julio de 2011

Las Zonas Francas: un experimento costoso y con pocos resultados

El tratamiento tributario preferencial para las zonas francas no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de eficiencia económica ni de equidad. Le ha salido costoso al resto de contribuyentes.

Acaba de salir un documento de trabajo publicado por el Banco de la República sobre las zonas francas (ZF)1 . Sus autores señalan (pag 10) que su propósito no es el evaluar la política de ZF (y ¿porqué no, preguntamos, si los autores tienen todos los elementos para sacar su conclusiones al respecto?) pero llaman la atención sobre varios hechos: frente a unos compromisos de las ZF francas creadas a partir de 2007 de crear 115.952 puestos de trabajo (35521 directos y 82431 indirectos), al final del 2010 solo se había creado el 18% de los empleos directos prometidos y el 31,2% de los indirectos 2. Con relación a la inversión programada (12,2 billones) sólo se había ejecutado el 46,3% del total a fines de 2010.Todo esto, pese a que el número de empresas ubicadas en ZF pasó de 232 en el año 2000 a 564 en el año 2009.

Es conveniente recordar un poco de historia. Desde el año 1985 la ley 109 creó una serie de tratamientos aduaneros preferenciales para las empresas usuarias de las ZF existentes en ese momento en el país. Se determinó que las empresas allí ubicadas tendrían una exención del impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos en las actividades industriales orientadas a la exportación. Se les otorgó un régimen de relativa libertad cambiaria (recuérdese que en esa época regía en Colombia el control de cambios, que prohibía la libre compra y venta de divisas).

Las zonas francas fueron un instrumento mediante el cual se buscó neutralizar el efecto anti-exportador de la política proteccionista existente en ese momento. Una economía cerrada, como la que teníamos en esa época, eleva los costos para los productores nacionales y afecta su capacidad competitiva en los mercados externos. Por ejemplo, una empresa productora de confecciones debe utilizar telas importadas con altos aranceles, o comprar telas nacionales, que al ser protegidas frente al comercio exterior, van a tener precios más altos. La empresas textiles van a tener el mismo problema con el algodón, los algodoneros con los fertilizantes o plaguicidas, etc. Los costos totales de toda la economía van a ser superiores frente a un país que tenga un régimen más abierto de comercio exterior.

¿Cómo exportar en esas condiciones? Lo que se decidió en esos momentos fue copiar un esquema que ya estaba en funcionamiento en varios países: crear unos enclaves en los cuales no operarían las restricciones al comercio exterior ni las cambiarias, y existiría un régimen tributario más benigno. Una empresa que destinara toda su producción a la exportación podría estar exenta de restricciones a las importaciones y de aranceles aduaneros a sus materias primas. ¿Y cómo controlar que dichas materias primas se utilizaran exclusivamente en productos para la exportación? Pues ubicando estas empresas en territorios geográficos bien delimitados, de tal manera que se restringiera la posibilidad de que sus productos fueran comercializados en el interior del país. El traslado de productos de las zonas francas al resto del mercado nacional se consideraría como importación. Se estableció además la exención al impuesto a la renta mencionada más arriba.

Con la apertura económica que se presentó en el país desde principios de los noventa era de esperarse que la ventaja de estar ubicado en una ZF disminuyera. Pero continuaron existiendo la exención tributaria y la especialización en las exportaciones. Las leyes 7 de 1991 y el decreto 2293 de 1996 abrieron la posibilidad de que existieran ZF gestionadas por iniciativa privada. Pero siguió conservándose su propósito original: su producción debería orientarse preferentemente hacia la exportación.

La admisión de Colombia a la Organización Mundial de Comercio, OMC (aprobada por el Congreso mediante la Ley 170 de 1994) supuso el compromiso de Colombia por desmontar gradualmente las subvenciones a las exportaciones de productos industriales. Colombia negoció y obtuvo un período de gracia de ocho años para la plena entrada en vigor del tratado de la OMC, plazo que expiró en el 2003. No se podía dar por lo tanto un tratamiento favorable a las empresas exportadoras frente a las que operaban para el mercado interno. En consonancia con lo anterior, la ley 863 de 2003 derogó la exención al impuesto sobre la renta para los usuarios industriales de las ZF a partir del 31 de Diciembre de 2006.

Pero una vez más se demostró que en Colombia es bastante difícil que un privilegio otorgado se pueda desmontar. Un lobby exitoso logró que el Gobierno presentara un proyecto de Ley que establecía una tarifa de impuestos del 25% para los usuarios industriales de las ZF (inferior en diez puntos a la vigente en esos momentos para el resto de empresas) y eliminaba la necesidad de que ellos se concentraran en la exportación 3. En las discusiones en el congreso el lobby logró un triunfo adicional: se redujo la tarifa al 15%. Esa fue la Ley 1004 de 2005.

¿Cómo se explica desde el punto de vista económico la existencia de ese tratamiento tributario diferencial? No existe ninguna justificación a partir de la eficiencia económica ni de la equidad. ¿Qué tiene de especial, frente a la conveniencia pública, una empresa ubicada en una zona franca, frente a una que esté situada en otra parte del territorio nacional? El malabarismo que dieron los autores de esta Ley para explicar esta situación es sorprendente. Mientras las leyes anteriores establecían desde la definición del concepto que las ZF se especializarían en la exportación (y por eso el régimen tributario especial), la definición de la Ley 1004 señala como lo característico de una ZF que allí existe una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Es decir, se justifica que las empresas allí ubicadas tengan tratamiento diferencial, precisamente porque están ubicadas en una ZF. Y la ZF se define precisamente por su carácter tributario especial. La falta de sindéresis no es algo que haya caracterizado normalmente a nuestros legisladores, pero esto es un caso extremo.

¿Quién aprueba una ZF? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), previo concepto de una "Comisión Intersectorial". Esta basará su concepto (Decreto 383 de 2007) en el "impacto que genere en la región, su contribución al desarrollo de los procesos de modernización y reconversión de los sectores productivos de bienes y servicios que mejoren la competitividad e incrementen y diversifiquen la oferta" (cualquier cosa que ello quiera decir). Todo lo que tiene que hacer el promotor es convencer a la Comisión Intersectorial y a la DIAN de la bondad de su proyecto. Estos dos organismos pasaron a convertirse, en virtud de estas absurdas disposiciones, en dispensadores discrecionales de rentas.

Los autores del documento de trabajo del Banco de la República, citando cifras de la DIAN señalan que la tarifa diferencial a favor de los usuarios de las zonas francas le costó al fisco nacional 67.660 millones en el año 2009. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo que el gobierno presentó en días anteriores al Congreso de la República, y pese a las obligaciones contempladas en las leyes 788 del 2002 y 819 de 2003, no se presentó ninguna estimación del costo fiscal de este tratamiento tributario diferencial a favor de los usuarios de las zonas francas para el año 2010.

Una última inquietud. El Decreto 383 del 2007 estableció, frente a las Zonas Francas Permanentes Especiales, que el incumplimiento en las inversiones o en la generación de empleos allí establecidas “acarreará la pérdida de la declaratoria de existencia de la ZF respectiva”. Frente al posible incumplimiento que se deduce de la publicación del Banco de la República, ¿a cúantas ZF le habrá revocado la DIAN su reconocimiento como tales?

1- Ramos Jorge, Rodríguez Karen. Zonas Francas en Colombia: beneficios tributarios sobre el impuesto a la renta. Borradores de Economía No 657. Los interesados lo pueden consultar aquí
2- Vale la pena señalar que la cifra de empleos indirectos es difícil de demostrar y por lo tanto de controlar, por lo cual este porcentaje, aun siendo bajo, puede estar sobreestimado.
3- Exposición de motivos, proyecto de Ley 141 de 2005 (Cámara de Representante). Gaceta del Congreso 840 de 2005.

lunes, 6 de junio de 2011

La historia de Granahorrar (II) Reaccionan los afectados

En la página 35 de la edición impresa de la Revista Semana, aparece como publicidad pagada, una carta del Dr Christian Fernando Cardona, apoderado de los “Accionistas demandantes de Granahorrar”, dirigida al autor de este blog, en la cual se refieren a mi anterior entrada “La Historia de Granahorrar, un final feliz”. En esta carta afirman que mi escrito “atenta contra el buen nombre de los accionistas de Granahorrar”, quienes se encuentran “agraviados”. Manifiesta que ellos no son los “irresponsables, ni los abusivos que pretende presentar por haber tramitado una acción judicial”.

Como lo puede corroborar cualquier lector, no existe razón alguna en mi escrito por la cual los afectados por la decisión de la Corte Constitucional puedan sentirse agraviados o afectados en su buen nombre. En ningún momento me refiero a ellos.
Por otra parte, el Dr Cardona hace varias afirmaciones que cuestionan la manera en que la Junta Directiva de Fogafin de la época, la Superintendencia Bancaria, y el suscrito, como director de Fogafin, actuamos, en un esfuerzo por evitar la liquidación de Granahorrar, situación que hubiera perjudicado a miles de ahorradores y creado una crisis sistémica en el sector financiero colombiano. En vez de controvertir las diferentes afirmaciones hechas por el abogado Cardona, ya contaremos en su momento nuestra versión de los hechos, voy a limitarme a publicar un documento.

Se trata de la carta que me envío el 5 de Octubre de 1998, dos días después de la decisión de Fogafin de oficializar a Granahorrar, el Dr Jorge Enrique Amaya Pacheco, Presidente y representante legal esta entidad hasta el momento de su intervención. Es decir, era la persona en quien los accionistas de Granahorrar habían confiado la administración de la institución, y a quien habían designado para que adelantara las operaciones de apoyo frente al Banco de la República y Fogafin. Esta es la carta (marque encima de ella para ampliar la imagen):



La carta habla por sí sola. No tengo más comentarios

jueves, 26 de mayo de 2011

La Historia de Granahorrar: un final feliz


En buena hora la Corte Constitucional acaba de echar para abajo una absurda sentencia del Consejo de Estado.

Según anuncios de prensa, la Corte Constitucional acaba de fallar en contra en una acción de tutela, contra la sentencia del Consejo de Estado de Noviembre 1 de 2007 mediante la cual este último tribunal había revocado una sentencia emitida el 27 de Julio de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había negado las súplicas de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra los actos administrativos que ordenaron la capitalización y reducción nominal del capital social de la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, expedidas respectivamente por la Superintendencia Bancaria de Colombia y por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) los días 2 y 3 de Octubre de 1998. El fallo del Consejo de Estado había ordenado a la vez que la Superintendencia Financiera y el Fogafin le entregaran a los antiguos dueños de Granahorrar la módica suma de $226 mil millones, suma a la cual se le aplicarían intereses comerciales y moratorios (aunque parezca mentira, ambos).

Esta decisión de la Corte Constitucional restablece plenamente las facultades de intervención frente a las entidades financieras tanto de la Superintendencia Financiera como del Fogafin, que habían quedado en entredicho por el fallo mencionado del Consejo de Estado.

Este tribunal había considerado lo siguiente, para objetar las decisiones de la Superintendencia y de Fogafin: Granahorrar no tenía problemas de insolvencia, sino de liquidez y que no se notificó a los accionistas de la empresa de estas decisiones.

El ABC de la teoría financiera moderna establece claramente que una empresa que se vea amenazada por problemas de liquidez rápidamente puede entrar en problemas de solvencia. Una entidad financiera no puede darse el lujo de tener problemas de liquidez. No le puede decir a un cliente que venga a retirar un depósito: vuelva mañana. Las normas colombianas y de cualquier país que tenga una regulación seria sobre el sector financiero exigen que esta entidad sea intervenida, como mecanismo para proteger la confianza general del público en el sistema financiero. Ello no da lugar a dilaciones. Por ello las normas colombianas facultan a la Superintendencia Financiera a exigirle a los accionistas de una entidad financiera en dificultades capitalizaciones ultrarápidas, y estas capitalizaciones no tienen porqué someterse al ritmo normal de una operación de estas en una sociedad anónima cualquiera: asamblea de accionistas, aviso en prensa, etc. La prioridad es proteger el ahorro del público.

La Magistrada del Consejo de Estado, Ligia López Díaz había planteado en su salvamento de voto su total desacuerdo con la sentencia de los otros dos magistrados (fue una decisión de la sala IV) por las siguientes razones:


a) Violatoria del debido proceso. La acción interpuesta por los demandantes (los antiguos dueños de Gran Ahorrar) había caducado. Quienes demandaron no tenían legitimación para ello y se escogió erradamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
b) La magistrada reconoció que la situación obligaba a tomar decisiones urgentes, pues se vislumbraba que la entidad no podía cumplir sus obligaciones el lunes siguiente.

Transcribo las consideraciones finales de la Dr López en su salvamento de voto


“Resulta por lo menos insólito que los accionistas de entonces deban ser indemnizados, a pesar de que en su momento se negaron a capitalizar la entidad y mantuvieron sus acciones aún después de la intervención estatal por valor nominal de un centavo, suma que tuvo una variación positiva con la recuperación de la entidad.


Las sociedades demandantes no sufrieron daño alguno que deba ser reparado, pues el valor intrínseco de las acciones en su poder era equivalente a cero (0), teniendo en cuenta la situación real del patrimonio de la entidad financiera después de entrar en cesación de pagos. Por disposición legal se fijó su valor en un centavo, suma que se recuperó por la capitalización y gestión del Estado.


No era procedente considerar el valor de las acciones de las sociedades demandantes antes de la cesación de pagos como lo hace la Sentencia, como si ese hecho no se hubiese presentado, siendo éste el factor desencadenante de la insolvencia de GRANAHORRAR, que obligó a la orden de capitalización y ante el incumplimiento de los accionistas, a la disminución del valor nominal de las acciones a un centavo por cada una. La indemnización ordenada en la Sentencia tomó como referencia valores accionarios que no correspondían a la realidad.


En el expediente está probado que los accionistas de GRANAHORRAR conocieron para la época en que se produjeron, los actos administrativos demandados y decidieron no capitalizar. No accionaron dentro de los 4 meses siguientes que concede la ley pero, dos años después un grupo de accionistas pretende darse por enterado tardíamente para revivir términos, como si no existieran además las asambleas generales de accionistas que se reúnen por lo menos una vez al año para examinar la situación de la sociedad.
La Orden de Capitalización N° 19988050714-1 del 2 de octubre de 1998 expedida por la Superintendencia Bancaria y la Resolución N° 002 del 3 de octubre de 1998, quedaron en firme cuatro meses después de ser notificadas al representante legal de GRANAHORRAR, quien las conoció ese mismo día y según su propia manifestación, transmitió inmediatamente a los accionistas.


La Sentencia al verificar el cumplimiento de los presupuestos de la acción, debió aceptar las excepciones propuestas y declarar la inhibición del Consejo de Estado para pronunciarse sobre los actos que se encuentran en firme y que ya produjeron plenos efectos. Al no hacerlo, la nulidad decretada carece de validez y se violó el debido proceso.


Cuando una entidad financiera cierra con un valor en rojo de $31.000.000.000 porque ha dejado de pagar los cheques y de cumplir sus obligaciones, incurre en cesación de pagos. La razón de ser del FOGAFIN y de la Superintendencia Financiera estriba en la protección del ahorro del público y la salvaguarda de la confianza en el sistema financiero. Estos son bienes jurídicos del más alto rango que exigen decisiones inmediatas como las realizadas en el caso de GRANAHORRAR, cuya motivación y explicación es clara y completa, y que permitieron superar la crisis que se hubiera desatado al final de la década del 90, cuyos resultados están a la vista hoy en día.


Lamentablemente la sentencia no hizo ningún pronunciamiento sobre el alcance y la potestad constitucional de intervención del Estado en la actividad financiera ni sobre la obligación de hacer prevalecer el bien común. Este tipo de decisiones judiciales restringen la medidas de prevención de desastres y quiebras financieras, dejando el ahorro, base del crecimiento del país, y la confianza del público en manos del azar, donde paradójicamente el gran perdedor es el sector financiero y con él, la sociedad, los ahorradores y el país”.


Debo informarle a los lectores de este blog que su autor era en Octubre de 1998 director de Fogafin, y como tal fue protagonista directo de las decisiones condenadas por el Consejo de Estado y hoy avaladas por la decisión de la Corte Constitucional. Estoy particularmente complacido con este fallo. En primer lugar, me genera tranquilidad personal: ¿qué tal una acción de repetición contra este servidor por la suma mencionada? Por otra parte, una crisis financiera, o simplemente la necesidad de intervención en una empresa vigilada por la Superfinanciera e inscrita en Fogafin, no le hubiera dejado a los funcionarios de estas entidades otra opción distinta que mirar pasivamente la quiebra de la entidad. Medidas como las que tomaron con varios bancos en los años 98 y 99, semejantes a las que se tomaron en Estados Unidos con algunos bancos en la crisis del 2008, simplemente no se podrían haber tomado, por el comprensible temor de los funcionarios responsables.


Vale la pena contar la historia del caso Granahorrar, tal como la recuerdo. La haré por entregas en sucesivas entradas.

domingo, 15 de mayo de 2011

La financiación de las campañas electorales. una contrarreforma política.

Se está discutiendo en estos momentos en el Congreso el proyecto de Ley 250 Cámara “Por medio del cual se adoptan disposiciones sobre equidad de género y sobre financiación de las campañas políticas electorales”. Una verdadera contrarreforma en los dos temas frente a los que se ocupa el proyecto de Ley.

Frente al tema de la equidad de género el artículo 6 de la Ley 581 de 2000 había establecido que para el nombramiento en los cargos públicos que debieran proveerse por el sistema de listas se debería incluir, hombres y mujeres en igual proporción. El proyecto de Ley presentado recientemente por el gobierno señala que cuando no se hubieran postulado aspirantes que permitan cumplir con el precepto de género…los partidos y movimientos podrán completarla (la lista) con candidatos de un mismo género. Es decir se produce un cambio fundamental en la ley de cuotas. ¿será posible que un partido que deba inscribir 100 candidatos al senado no encuentren 50 mujeres dispuestas a llevar su vocería en el congreso? Si se trata de escoger 4 representantes a la cámara por un departamento, no aparecerán 2 mujeres? Hablaría muy mal del partido si esta extraña situación llegara a presentarse. Pero fue lo que propuso el gobierno, y para allá va la discusión del proyecto en el congreso, puesto que ya fue aprobado en primer debate (ver gaceta del Congreso 203 del 2011)


Pero la contrarreforma avanza en otro terreno, particularmente peligroso desde el punto del funcionamiento de la democracia: la financiación de las campañas electorales. Las normas sobre financiamiento electoral constituyen un elemento fundamental en el funcionamiento de la democracia. Que un candidato resulte hipotecado a intereses particulares por la vía del dinero que recibió en la campaña electoral o que aproveche sus propios recursos para tratar de incidir en el comportamiento de los electores es grave. Un requisito de cualquier democracia digna de dicho nombre consiste precisamente en el rigor de la normatividad sobre financiación de las campañas electorales, y en su capacidad de hacer respetar dicha normatividad por la vía del control y de la sanción a los incumplidos.

Por ello la Constitución de 1991 estableció la posibilidad de que la ley podría limitar el monto que los partidos, movimientos o candidatos pudieran gastar en las campañas electorales, así como la cuantía de las contribuciones individuales.

Estableció por otra parte como autoridad máxima electoral un Consejo Nacional Electoral (CNE) compuesto por siete miembros elegidos por el Consejo de Estado, de ternas elaboradas por los partidos políticos con personería jurídica.

La ley 130 de 1994 estableció, en desarrollo de la Constitución, que la reposición de gastos que el Estado haría a las campañas electorales sería a razón de $400 pesos por la primera vuelta y $200 en la segunda en las elecciones de presidente y de $400 pesos por voto en las campañas para Congreso de la República.

Pero el Acto Legislativo 01 de 2003 comenzó un proceso de contrarreforma en los sistemas de financiación. En lugar de establecer un mínimo, señaló un máximo: la cuantía de la financiación de las campañas “será por lo menos tres veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003”. Añadió además otro costo para los contribuyentes: deberían estos financiar las consultas internas de los partidos, también mediante el mecanismo de reposición por votos depositado.

La reforma del 2003 cambió también el sistema de elección del CNE. Sus nueve miembros serían elegidos ahora por el Congreso mediante el sistema de cifra repartidora. Es decir, los propios políticos pasaron a elegir a quienes deberían decidir sobre los costos de las campañas electorales y sobre el aporte que recibirían del Estado, así como a quienes deberían juzgar sus comportamientos en el terreno electoral. ¿Se imagina el lector lo que debe prometer a sus electores, los Congresistas, alguien que aspire a ser parte de ese Consejo?

Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral comenzó a actuar a favor de los partidos ( y en contra de nosotros, los contribuyentes). Un ejemplo de ello es que en el año 2006, la resolución 157 de 2006 estableció que los partidos solo deberían presentar informes consolidados y resumidos sobre los gastos de campaña. Pero la única manera de vigilar que las normas sobre financiación de campaña se cumplan efectivamente sería si el CNE emitiera una especie de Plan Unico de Cuentas para los partidos políticos, semejante al que hoy existe para el sector financiero, emitido por la Superintendencia Financiera. Todo lo contrario a lo que apuntaba en ese momento el CNE.

La resolución 1948, por otra parte, como lo comentamos en una entrada anterior, permitió el enriquecimiento de los candidatos y de los partidos con los recursos destinados a la reposición de gastos de la campaña.

En efecto, la resolución 157 del 2006 decía lo siguiente:

“La reposición de gastos de campaña no podrá ser superior al monto de lo efectivamente gastado en la campaña ni incluirá los gastos financiados mediante contribuciones o donaciones efectuadas por los particulares a los candidatos, de conformidad con las reglas de financiación contenidas en la Ley 130 de 1994”.

La resolución 1948 la cambió, y quedó de la siguiente manera:

La reposición de gastos de campaña no podrá ser superior al monto de lo efectivamente gastado en la campaña, de conformidad con las reglas de financiación contenidas en la Ley 130 de 1994.

Es decir, si la campaña le costó a usted como canddato %1000 millones, y logró recoger contribuciones de particulares por ese valor, el monto que le da a usted el Estado es para su bolsillo.

El proyecto de Ley 190 Senado, 092 Cámara de 2010, que fue aprobado el año anterior, y que se encuentra en estos momentos en revisión en la Corte Constitucional, metió otro mico adicional: señaló que el valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista será incrementado cada año teniendo en cuenta “el costo real de las campañas en cada circunscripción”. Para cumplir esta norma, el CNE con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan”.

Menuda tarea la que le espera al CNE y al Ministerio de Hacienda. Debe definir los costos de producción de un producto sui-generis, una campaña electoral. ¿Cuántos viajes aéreos y terrestres, pautas publicitarias en radio y televisión, folletos de publicidad, camisetas, incentivos varios al elector deben hacer parte de una campaña? ¿se pueden incluir sandwichs, botellas de aguardiente, o incentivos monetarios? Como se trata de hacer un estudio por cada circunscripción, se deberán tener en cuenta las diferencias regionales en el estilo de las campañas? Desde ya estoy preparando un derecho de petición para solicitar el primero de estos estudios. Tengo una enorme curiosidad para saber cómo superan ese reto los técnicos electorales y financieros.

Por otra parte, el proyecto de Ley 205 /11 Cámara, que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso, busca elevar a Ley lo contemplado en la aludida resolución 1948 del CNE. No excluye los gastos financiados mediante contribuciones o donaciones del monto a que tienen derecho los partidos o los candidatos por reposición de votos. Permite entonces el enriquecimiento a partir de los aportes del Estado mencionado más arriba.

Señala además que la financiación originada en “los recursos propios, del cónyuge, compañero permanente o parientes… del candidato.. no estará sometida a la limitación legal sobre límites individuales”. Y en fin, obliga a los partidos a distribuir la reposición estatal de gastos de campaña “entre los candidatos y el partido o movimiento, teniendo en cuenta los gastos que hubieren realizado con sus propios recursos…”. Señala además que los candidatos, es decir los miembros de las listas “en ningún caso recibirán un porcentaje inferior al 80% del valor de reposición estatal a que estos tuvieran derecho”.

Entre más ponga de sus recursos propios un candidato a una curul, más recibirá de su partido estado por reposición de votos. Esto, en lugar de disminuir los costos de las campañas electorales, contribuirá a elevarlas. Los candidatos con más recursos propios tendrán posibilidades más altas de resultar elegidos.

Este proyecto es un retroceso frente a lo que habían logrado reformas anteriores en términos de fortalecimiento de los partidos. Cuando existía la posibilidad de que un partido lanzara varias listas electorales para el mismo organismo, los líderes de los partidos no tenían los medios para disciplinar a los congresistas de los partidos. Esto, como lo señaló en su momento uno de los documentos del informe Alesina sobre reformas institucionales en Colombia, generaba competencia dentro de los partidos y no entre los partidos. “La competencia entre los partidos favorece el clientelismo, pues las cabezas de las diversas listas ( o lo candidatos individuales, diríamos nosotros ahora) tratan de diferenciarse dirigiéndose a grupos reducidos y con intereses locales, en vez de tratar de convocar a los votantes alrededor de las plataformas de los partidos” 1.





A la democracia le conviene que las elecciones se desarrollen alrededor de los grandes temas nacionales, y los partidos políticos son precisamente, como lo dicen los politólogos “agregadores de preferencias”. La gente debe seleccionar partidos, antes que candidatos individuales. Uno de los pocos instrumentos que tenían los dirigentes de los partidos para disciplinar a los candidatos era precisamente la financiación de las campañas individuales de los candidatos. Ahora no tendrán ni siquiera ese instrumento. El clientelismo continuará consolidándose, los costos de las campañas creciendo, y la democracia deteriorándose.

1. Roland G y Zapata J.G. Sistema electoral y de partidos políticos en Colombia: propuestas de reforma. En Alesina Alberto (ed), Reformas Institucionales en Colombia. Fedesarrollo, Alfaomega, 2002

domingo, 1 de mayo de 2011

Cuentas nacionales del DANE: algunas novedades. No hubo recesión en el 2009.

Los últimos datos sobre crecimiento económico proporcionados por el DANE nos arrojaron algunas sorpresas, especialmente sobre lo ocurrido en años anteriores.


El DANE, como cualquier institución productora de estadísticas, debe revisar su metodologías, a fin de hacerlas más confiables y oportunas. Las llamadas estadísticas de Cuentas Nacionales, que son las que permiten calcular el Producto Interno Bruto y sus componentes, tanto desde el punto de la demanda como de la oferta, y sus tasas de crecimiento, no pueden ser una excepción.

En los últimos años se han presentado varios de estos cambios en las estadísticas de cuentas nacionales, especialmente por el cambio en el año base. Debo hacer una referencia técnica, para explicar un poquito el problema. Para calcular el crecimiento total, el DANE calculaba la estructura de la economía en el año base, es decir el peso de las diversas actividades económicas. Se suponía, para efectos de simplificación en el cálculo, que esa estructura se mantenía en el tiempo. Si por ejemplo el sector de las comunicaciones tenía un peso del 5% en el PIB en el año base, se suponía que ese peso se mantenía. El crecimiento total de la economía era el resultado de la suma de la multiplicación del crecimiento de cada sector por su ponderación en el año base. Pero esto tiene un inconveniente: las economías son dinámicas y el peso de las actividades económicas cambian. El sector de las comunicaciones, por ejemplo, puede aumentar su participación en la economía, y ya no ser del 5% sino del 8%. Si se siguen haciendo los cálculos con la participación del año base, se estaría en este caso subestimando el crecimiento. Entre más nos alejemos del año base, mayor va a ser el problema.

Ello obligaba a que periódicamente el DANE tenía que cambiar el año base, para tener en cuenta los cambios en la estructura de la economía. Por ello el DANE cambió a finales del 2007 la base, que dejó de ser el año 1994 y pasó a ser el año 2000. En ese momento se descubrió que nuestra economía era más grande de lo que pensábamos. El PIB del año 2005, por ejemplo, resultó ser superior en un 18,3%. Éramos más ricos y no lo sabíamos.

En el primer trimestre del 2010 el DANE volvió a cambiar el año base y se definió que de ahora en adelante sería el año 2005. Le introdujo además una modificación a la metodología: para evitar los errores por los cambios en la estructura de la economía, de ahora en adelante las ponderaciones de los diferentes sectores serían variables: el crecimiento del año 2010 se calcula teniendo en cuenta la estructura del año 2009, la del año 2011 según la del 2010 y así sucesivamente ( los lectores interesados en los detalles técnicos pueden encontrar la metodología aquí ). El resultado fue otro ajuste hacia arriba de los datos más reciente: el PIB del año 2005 volvió a subir en un 1%. Valga señalar que esta metodología, llamada de índices encadenados, es la recomendada por los organismos internacionales que hacen recomendaciones en temas estadísticos.

Añádase a lo anterior que cada trimestre el DANE amplía su información sobre los diferentes sectores, lo que lo obliga a estar recalculando las cifras que ha publicado anteriormente. Por razones ligadas con mi oficio he guardado desde hace algunos años las cifras producidas por el DANE cada trimestre, lo que permite hacer las siguientes comparaciones, que se pueden apreciar en el siguiente gráfico.


Una de las sorpresas tiene que ver con lo pasó en al año 2009. La primera noticia que tuvimos, a principios del 2010, era la que en ese año habíamos crecido solo un 0.4%. Un trimestre después, la cifra se había duplicado: era del 0,8%. En el último informe del DANE se volvíó a duplicar el crecimiento del 2008, ahora se nos informa que fue del 1.5%. En contraste, el crecimiento del año 2007, que en Marzo del 2008 se nos informó como un record histórico del 7,5% ahora es un poco menor: 6,9%.

El comportamiento de la coyuntura normalmente se mide en trimestres Datos negativos o débiles en el crecimiento anual registrado cada trimestre son indicativos de recesión. Hasta Diciembre de 2009 los informes del DANE daban cuenta de una recesión que habría iniciado en el último trimestre de 2008. Todos los trimestres, hasta el tercer trimestre de 2009, habían tenido crecimiento negativo. Según la información que tenemos hoy, pasa a ser discutible si hubo recesión: en ningún trimestre se registró caída del PIB. El trimestre en el que peor nos fue es el cuarto del 2008, solo crecimos un 0.1%m (ver gráfico adjunto)



Podríamos esperar que para el futuro la nueva metodología de índices encadenados, al reconocer sobre la marcha los cambios estructurales de la economía, le de mayor confiabilidad a las cifras del DANE, y no se nos presenten sorpresas de la magnitud que hemos tenido recientemente.



Un elemento indispensable para los investigadores en temas económicos y sociales exige contar con series compatibles de largo plazo sobre el comportamiento de las diferentes variables económicas. Si uno entra a la página del Bureau of Economic Analysis, de Estados Unidos, encuentra información para la gran mayoría de variables desde el año 1930. El DANE ha informado que está elaborando la serie 1990-2000 con la nueva metodología, y que “dependiendo de la disponibilidad de recursos”, se tendrá una serie hacia atrás.



Esa información, señores de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, es indispensable. Por favor, proporciónenle los recursos al DANE para que pueda producirla.


sábado, 16 de abril de 2011

Un memorando secreto : El Gobierno Colombiano le ha pedido a los Estados Unidos respeto a los derechos laborales

Mis fuentes me han filtrado un documento ultrasecreto: se trata de las exigencias que ha planteado el gobierno colombiano al de los Estados Unidos, para que Colombia pueda firmar el TLC.





Se han divulgado las solicitudes del Gobierno de Estados Unidos al de Colombia en relación con a la normatividad laboral para que dicho gobierno acceda a presentar ante su congreso la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Pero al parecer, Colombia también ha hecho exigencias. Me fue proporcionado por mis fuentes este memorando, que plantea las exigencias de Colombia en relación con la normatividad laboral en ese país. No respondo por su autenticidad. Sin embargo, he investigado los hechos mencionados, y puedo asegurar que el Gobierno colombiano se documentó ampliamente sobre ellos. Se pueden encontrar en Internet las fuentes de todas las informaciones incluidas como hechos en el memorando.

Plan de acción del gobierno de Estados Unidos:

Como condición para que el Gobierno colombiano acepte firmar el Tratado de Libre Comercio entre los dos países el Gobierno de los Estados Unidos de América se compromete al siguiente plan de acción:

Normas sobre trabajo infantil:

Hechos

Hoy en día, según un estudio del National Labour Institute, encargado por la Secretaría de Comercio y por la Secretaría del Trabajo, de los 50 Estados que hacen parte de la Unión, solo el de Washington ha adoptado estándares sobre trabajo infantil suficientemente estrictos. Según una encuesta adelantada en 1999, 57% de las personas entrevistadas habían trabajado cuando tenían 14 años, una alta proporción de los cuales en el sector informal. Niños de 12 años son empleados como baby-sitters o jardineros. No existen en Estados Unidos límites al número de horas que pueden trabajar los niños de 16 y de 17 años. En cuanto a los niños menores de esas edades, 16 estados permiten a niños por debajo de 16 años trabajar un número de horas que está por encima de los estipulado por la Ley de Estándares Laborales Justos (FLSA).

Los Estados Unidos no han ratificado la convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre mínimo de edad para el trabajo infantil.

Compromiso

El Gobierno de los Estados Unidos se compromete con el Gobierno de Colombia a expandir la protección a los niños trabajadores. Deberá haber presentado al Congreso un proyecto limitando el número de horas que pueden trabajar niños de 16 y 17 años, y estableciendo sanciones a todos los patrones que incumplan las leyes laborales sobre trabajo infantil. Deberá además haber presentado al Congreso el proyecto de adhesión de los Estados Unidos a la convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos proyectos se habrán convertido en leyes antes del 30 de Noviembre de 2011.

Derechos a la organización sindical:

Hechos

La Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) establece hoy un derecho para el empleador de solicitar una votación secreta cuando la mitad de los empleados han firmado una petición apoyando un sindicato. Las penalidades para los empleadores que obstaculicen la formación de sindicatos o que se nieguen a negociar con ellos no son lo suficientemente severas. La ley Federal por otra parte, impide que los empleados federales negocien sobre temas económicos como salarios y otros beneficios. En algunos estados, como el de Carolina del Norte , se prohíbe la negociación colectiva para empleados estatales. Una iniciativa semejante ha sido presentada recientemente por el gobernador de Wisconsin.

Los Estados Unidos no han ratificado la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Libertad de Asociación y Proyección del derecho de organización de los trabajadores (de 1948), ni la Convención sobre el Derecho a Organización y a la Negociación Colectiva de los Trabajadores (de 1949).

Compromisos

El Gobierno de los Estados Unidos se compromete con el Gobierno de Colombia a presentar al Congreso nuevamente el proyecto “Free Choice Act” que había presentado en el 2009, antes del 30 de Junio de 2011. El Congreso de los Estados Unidos aprobará esta Ley antes del 30 de Noviembre. Este Ley eliminará el derecho que hoy tienen los empleadores para exigir una votación secreta como condición para reconocer un sindicato, una vez que la mayoría de trabajadores haya firmado una petición colectiva de reconocimiento. Esta Ley exigirá que los empleadores y los trabajadores entren en un arbitraje obligatorio a más tardar 120 días después de que el sindicato haya sido reconocido. La Ley establecerá que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board), dará órdenes judiciales (injunctions), a los empleadores que discriminen contra los miembros de un sindicato o que quieran formar uno. Esta ley declarará el derecho de los funcionarios federales y de los estados para presentar pliegos de peticiones y para negociarlos colectivamente.

El Gobierno de los Estados Unidos presentará al Congreso el proyecto de ratificación de la Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derecho a la Organización y a la Negociación colectiva. (Convenciones C 87 de 1948 y C98 de 1949). Estados Unidos adherirá a estas convenciones antes del 30 de Noviembre de 2011.

Cooperativas de Trabajadores

Hechos

Las Cooperativas de Trabajadores ( o cooperativas de trabajo asociado, como se les conoce en Colombia) constituyen un fenómeno existente en muchos países del mundo. Una cooperativa de trabajo asociado es una empresa cuyos dueños son los trabajadores y es administrada democráticamente por ellos. Estas cooperativas se organizan para servir a sus asociados y los beneficios o excedentes se les reparten a ellos. En muchos países, incluido Colombia, existe normatividad clara sobre estas asociaciones, a fin de garantizar su carácter y que no sean utilizadas para burlar las leyes laborales. No es el caso de Estados Unidos.

Existen por otra parte mecanimos legales en los Estados Unidos que permiten que los asociados a una empresa obtengan su remuneración repartiendo los ingresos obtenidos, en lugar de pagar salarios. Los bufetes de abogados y los partnerships de empresas de consultoría funcionan con dicho esquema.

Compromisos El Gobierno de los Estados Unidos se compromete a presentar, a más tardar el 30 de Junio, un proyecto de Ley que regule las cooperativas de trabajadores, de tal manera que ellas no sean utilizadas para burlar las normas laborales. Impedirá también el funcionamiento de cualquier remuneración a los trabajadores diferente al salario. La Ley habrá sido aprobada el 30 de Diciembre de 2011.

Persecución a líderes sindicales.

Hechos:

El dirigente sindical Jimmy Hoffa, que durante muchos años dirigió el sindicato de camioneros, desapareció desde Agosto de 1975.

Compromiso del Gobierno de los Estados Unidos

Antes del 30 de Junio de 2011, el Departamento de Justicia del Gobierno creará una comisión especial para investigar la desaparición de este dirigente sindical. Los resultados de la labor de esta comisión se informarán al gobierno colombiano, y al público en general, antes del 31 de Diciembre de 2011.

Otras convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Hechos:
Hasta la fecha, el Gobierno de los Estados Unidos ha ratificado únicamente 14 Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. El Gobierno colombiano ha ratificado 54. Esto crea claramente una desigualdad en las relaciones comerciales.

Compromiso del Gobierno de los Estados Unidos:

Además de los proyectos de ratificación de las convenciones 87, 98 y 138 antes mencionadas, el Gobierno de los Estados Unidos se compromente a presentar para ratificación ante el Congreso, las siguientes convenciones, que si han sido ratificadas por el Gobierno de Colombia. Deberán haberse aprobado estas ratificaciones antes del 31 de Diciembre de 2011:



  1. 29 de sobre trabajo forzoso


  2. 30 sobre horas de trabajo,


  3. 62 sobre seguridad en el trabajo,

  4. 81 sobre inspección laboral,

  5. 95 sobre protección de salarios

  6. 100 sobre igualdad en las remuneraciones

  7. 111 sobre discriminación

  8. 151 sobre relaciones laborales

  9. 160 sobre estadísticas laborales

  10. 161 sobre servicios de salud ocupacional

  11. 167 sobre seguridad y salud de los trabajadores de la construcción

  12. 169 sobre protección de los indígenas

  13. 170 sobre productos químicos

  14. 174 sobre prevención de graves accidentes industriales


Si ustedes no han caído en cuenta todavía, este memorando es falso. Pero qué bueno que hubiera sido verdadero.