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sábado, 27 de junio de 2009

La tarifa administrativa en los pasajes aéreos: viene un golpe al bolsillo de los consumidores

Según noticia publicada en el Diario Portafolio, el Presidente Uribe le solicitó al director de la Aerocivil, “expedir en los próximos días una resolución mediante la cual las líneas aéreas tengan que cobrar la llamada tarifa administrativa en las ventas de tiquetes que hagan por Internet”.

En la época anterior a Internet, el proceso de armar un itinerario, reservar pasajes y de armar paquetes turísticos podía ser particularmente complejo. Las agencias de viajes tenían la información y la experiencia para prestar un servicio de asesoría especializado. Se justificaba entonces que recibieran una remuneración por dichos servicios, que se calculaba normalmente sobre el valor de los pasajes o del hospedaje hotelero.

Una de las ventajas del comercio electrónico consiste en que ha puesto en las manos de los usuarios finales la posibilidad de desempeñarse como sus propias agencias de viajes. Pueden ellos comparar precios, reservas cupos de vuelo u hoteles, adquirir boletas para parques de diversiones o espectáculos, etc. Es indudable que se necesitan menos las agencias de viaje. Es un hecho económico derivado del progreso, frente al cual el Estado no debería intervenir.

De todas maneras puede haber personas o empresas que por diversas razones prefieran utilizar las agencias de viaje. Puede ser porque no dominen ni quieran dominar la tecnología, porque tengan más confianza en un interlocutor de carne y hueso que en uno mortal, o simplemente porque no quieran dedicar tiempo a esas labores de búsqueda de alternativas, de reservación y de pago. En el caso de las empresas, en lugar de contratar personal para armar los viajes de sus ejecutivos, prefieren utilizar las agencias. Están en su derecho y lo lógico es que paguen la comisión por la utilización de esos servicios. Lo que no es justo es que paguen por ese servicio quienes no lo utilizan.

Hace tres años las agencias de viaje habían logrado que la Aeronáutica Civil expidiera la Resolución 3596 que decretó mínimos en los montos que las aerolíneas paguen a las agencias de viajes por concepto de comercialización de transporte de pasajeros. Esa comisión empezó a ser del 6% en el 2006, y debía disminuir gradualmente hasta llegar al 1% a partir del 1 de Julio de 2009. Estableció además esta resolución el “cobro obligatorio no reembolsable de una tarifa por expedición de tiquetes o tarifa administrativa aplicable en las ventas de servicio de transporte aéreo en unos montos fijos establecidos en la misma resolución”. Se establecía por otra parte (art 4 ) que en el caso de las ventas efectuadas en su totalidad por Internet las aerolíneas y las agencias de viajes podrián cobrar una tarifa administrativa diferente a la señalada en la resolución.

Argumenta el gremio de las agencias de viajes que lo que se busca con la resolución solicitada por ellas es que “se genere un equilibrio entre los canales de distribución y la posibilidad de un desarrollo tecnológico para las agencias de viajes”. Si por equilibrio se entiende que el pasaje debe costar lo mismo cualquiera sea el canal utilizado, ello es absurdo. Si el usuario es el que se encarga de hacer el mismo la transacción, utilizando el Internet, él debe ser el que se gane la tal comisión, bajo la forma de precios inferiores.

En cuanto a las “posibilidades de desarrollo tecnológico”, no veo claro de qué se trata. Nada les impide a las agencias de viaje sistematizarse más, si ello es rentable para su negocio. De todas maneras, en el considerando 10 de la resolución 3596 se contempla que el “el Gobierno Nacional, en el marco del XI Congreso de Agencias de Viajes, manifestó su intención de incentivas el desarrollo de la competitividad para las agencias de viajes con el fin de que éstas puedan asumir los retos de la transformación económica que deben emprender”. Se suponía, dentro de la lógica gubernamental, que en este período de transición de tres años las agencias deberían hacer las inversiones necesarias para modernizarse.

El gobierno, a través del subdirector de la aeronáutica civil, ha planteado que se está estudiando una alternativa de igualar el valor de los pasajes entre los otorgados por Internet y los vendidos a través de las agencias sin perjudicar los intereses de los usuarios. Digámoslo claramente: ello es imposible. El precio que cobren las aerolíneas está determinado por la oferta y la demanda, y cualquier recargo obligatorio se convertirá en un impuesto que se traslade directamente al consumidor

De expedirse efectivamente una resolución semejante, estaríamos claramente ante otro ejemplo, de los muchos que existen en Colombia, de otorgamiento de rentas a sectores o a empresarios escogidos por el Gobierno. [1] Recordemos que esta situación se presenta, cuando algún agente económico obtiene ingresos, no a partir de su aporte a la economía, sino como resultado del aprovechamiento en su favor de los poderes redistributivos del gobernante. Cuando esta situación se generaliza, y no dudamos en afirmar que ello está pasando en Colombia, lo que determina quien se hace rico no es el esfuerzo, la innovación o la capacidad competitiva, sino la voluntad del supremo dispensador de favores.
[1] Sobre la búsqueda de rentas, el lector puede ver nuestra anterior entrada: Innovación, emprendimiento y búsqueda de rentas.

lunes, 22 de junio de 2009

El impuesto al patrimonio y la progresividad tributaria

Si se va a prolongar la vigencia del impuesto al patrimonio, sería mejor que se gravara en cabeza de los dueños de las empresas. Así mejoraría la progresividad del tributo

En anterior entrada habíamos señalado los problemas que tiene el Gobierno para mantener a partir del 2010 el impuesto al patrimonio creado por la Ley 111 de 2006. Las empresas que han firmado contratos de estabilidad jurídica se han protegido en su mayoría frente a cambios en esta normatividad, de tal manera que una prolongación de este impuesto no podrá aplicársele a ellas. Por otra parte, frente a la discusión que ya ha planteado el Gobierno sobre el faltante de recursos a partir del 2010, especialmente para financiar los gastos en seguridad (ver discurso del Presidente del 17 de Junio), y a las propuestas sobre el mantenimiento o ampliación del mismo impuesto, crecerá en los próximos meses la demanda de muchas empresas por protegerse frente a dicho riesgo solicitando la firma de contratos adicionales de estabilidad jurídica. La “prima” para comprar este seguro será de solo $37 millones (1% del mínimo de la inversión prometida necesaria para solicitar el contrato), y le podría ahorrar a las beneficiados unas sumas bastante superiores.

En primer lugar, el Gobierno debería dejar de firmar estos contratos, sobre cuyos inconvenientes ya nos hemos referido anteriormente. Pero existen otras posibilidades. ¿Por qué no cambiar la base gravable, de tal manera que su efecto redistributivo sea mayor? Expliquemos.

Esta base, según el artículo 295 de la Ley 1111 “está constituida por el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1º de enero del año 2007… excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos veinte millones de pesos ($220.000.000) del valor de la casa o apartamento de habitación”. Siguiendo la pauta fijada en la reforma tributaria de 1986, que eliminó la llamada doble tributación, y decidió que en el caso de sociedades quien pagara el impuesto a la renta fuera la empresa y no el accionista, el impuesto al patrimonio se decidió establecer en cabeza de las empresas, de tal manera que el valor patrimonial de las personas en las sociedades nacionales quedara excluido del cálculo del patrimonio líquido de sus dueños.

Lo anterior tiene una consecuencia grave: un pequeño inversionista que haya decidido comprar acciones en cualquier empresa, termina pagando impuesto al patrimonio en proporción igual al accionista mayoritario, lo cual contraría el espíritu progresivo del impuesto: gravar más a los contribuyentes que tengan más riqueza.

La alternativa consiste en contabilizar la base gravable preferentemente en las personas, antes que en las empresas. Bastaría con invertir la exclusión patrimonial: toda sociedad deberá reportar a la DIAN quiénes son los dueños de su patrimonio, y en qué proporción. Estos dueños deberán consignar en su declaración este valor (o la suma de valores que tengan en las diferentes empresas) y sobre esa suma, más los otros activos de que disponga distintos a inversiones en sociedades, pagarían el impuesto. La empresa no lo pagaría. Tendríamos un esquema claramente más progresivo.

Una gran ventaja de este esquema es que no se podría acusar al Estado de violar los contratos de estabilidad jurídica, puesto que, si bien la Ley 963 del 2005 contempló la posibilidad de que las personas naturales se beneficiaran de este mecanismo, hasta ahora ninguno de estos contratos se ha firmado con alguna de ellas. Si se presentaran solicitudes en ese sentido, el Gobierno debería negarse a proteger al contribuyente frente a cambios en el impuesto al patrimonio.

lunes, 15 de junio de 2009

La financiación electoral y la reforma política

Las disposiciones sobre topes electorales, y la manera como están siendo aplicadas por el Consejo Nacional Electoral, van contra el espíritu de la Constitución de 1991, que buscó frenar el crecimiento en el costos de las campañas, y evitar la influencia de intereses privados a través de las contribuciones.

Las normas sobre financiamiento electoral constituyen un elemento fundamental en el funcionamiento de la democracia. Que un candidato resulte hipotecado a intereses particulares por la vía del dinero que recibió en la campaña electoral es grave desde el punto de vista del correcto funcionamiento de las instituciones. Un requisito de cualquier democracia digna de dicho nombre consiste precisamente en el rigor de la normatividad sobre financiación de las campañas electorales, y en su capacidad de hacer respetar dicha normatividad por la vía del control y de la sanción a los incumplidos.

La constitución colombiana tiene establecida la posibilidad de que se pueda limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas. Los topes a las campañas electorales, comunes en diversos regímenes electorales del mundo, tienen el propósito de evitar una inflación en los costos de los mismos y al mismo tiempo evitar que la financiación privada de las campañas, y por esa vía los intereses particulares, tengan una incidencia indebida en los resultados electorales.

Sorprende por lo anterior que la Resolución 521 de 2009 que acaba de publicar el Consejo Nacional Electoral ha aumentado los topes de los candidatos a Senado y Cámara en un 50% frente a los montos autorizados para el período 2006-2010, establecidos en la resolución 2050 del 2005 . En términos reales, deflactando estas cifras por el índice de precios al consumidor, ello significa un incremento del 22%.

La justificación que da el CNE para este incremento se encuentra en el último párrafo de la resolución mencionada. Dice lo siguiente:

“Por lo anterior, teniendo en cuenta el crecimiento del censo electoral, el estimativo del presupuesto del Estado para la financiación de las campañas electorales vigencia fiscal 2010, la inflación, y el costo de las campañas electorales, las cuales en la actualidad han incrementado su valor debido a la implementación de nuevas tecnologías y la modernización de las estrategias publicitarias, esta Corporación procederá a fijar las sumas máximas a invertir en las campañas electorales al Congreso de la República, periodo 2010-2014”.

Uno pensaría que la implementación de nuevas tecnologías y la modernización de las estrategias publicitarias (páginas web, correo electrónico, mensajes de texto, twitter, etc) en lugar de aumentar el costo de las campañas, llevara a reducirlas. Los métodos tradicionales de llevar un mensaje al elector deberían ser substituidos por los modernos. Es lo que hacen las empresas privadas: ellas no están creciendo exponencialmente sus gastos publicitarios por el solo hecho de que existan nuevas tecnologías. Pero otra cosa piensan los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Ahora bien, esta financiación proviene, o bien de las contribuciones privadas, o de la financiación estatal, por el mecanismo denominado “reposición de votos”. Esta última debería cubrir la diferencia entre el costo total efectivo de la campaña, debidamente comprobado (siempre y cuando no viole el tope autorizado por el CNE) y el monto recogido por contribuciones. Si esa diferencia se presenta, es porque la campaña tuvo un déficit que financió con recursos de crédito, o tiene cuentas pendientes con sus proveedores o contratistas. La única destinación posible de los recursos estatales debería ser la cancelación de dichos créditos, que deben figurar claramente como pasivos en la rendición de cuentas que entreguen las campañas. No podrían los recursos estatales servir de base para el enriquecimiento patrimonial de los partidos, ni mucho menos de las personas que los dirigen, o de los candidatos. Tampoco podrían estos dineros ser utilizados para devolver aportes o donaciones a quienes hubieran contribuido a las campañas, así se trate del propio candidato.

Esta consideración, casi de sentido común, estaba contemplada en la Resolución 157 de 2006 del CNE, [1] que establecía en su artículo 9 lo siguiente:

“La reposición de gastos de campaña no podrá ser superior al monto de lo efectivamente gastado en la campaña ni incluirá los gastos financiados mediante contribuciones o donaciones efectuadas por los particulares a los candidatos, de conformidad con las reglas de financiación contenidas en la Ley 130 de 1994”.

Sin embargo, cinco meses después de expedida esta resolución, el CNE la derogó, mediante la Resolución 1948, que determinó lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO.- Revocar directa y parcialmente del inciso segundo del artículo 9º de la Resolución No. 157 de 2006, la siguiente expresión:

“ni incluirá los gastos financiados mediante contribuciones o donaciones efectuadas por los particulares a los candidatos”.
Por consiguiente, el inciso segundo del artículo 9º, queda así:
La reposición de gastos de campaña no podrá ser superior al monto de lo efectivamente gastado en la campaña, de conformidad con la reglas de financiación contenidas en la Ley 130 de 1994. En el caso de las campañas presidenciales se aplicarán las reglas previstas en la Ley 996 de 2005.

Surge entonces una pregunta legítima. Supongamos que un candidato logra recoger contribuciones que equivalen al 100% del tope de costos de campaña establecido por el CNE. ¿Cuál es la destinación que le debe dar a lo recibido del Estado por concepto de reposición de votos? Si no puede devolver dinero a sus aportantes (lo cual sería ilógico), tendríamos entonces una situación en la cual el candidato se está enriqueciendo con recursos del Estado.

Para complicar más las cosas, el proyecto de reforma política aprobado recientemente en el Congreso contempla que un porcentaje de la financiación pública se entregue a los partidos políticos previamente a la elección. Menuda tarea va a tener el CNE: debe predecir cuantos votos va a tener cada partido o candidato, para establecer el monto que debe recibir por reposición de votos, establecer el porcentaje que debe ser entregado anticipadamente, y entregarlo.

Una consideración final sobre las sanciones. Un partido o candidato que viole los topes autorizados se expone a multas, que, según el numeral a) de la Ley 130 de 1994, no podrán ser inferiores a $2 millones ni superiores a $20 millones, según la gravedad de la falta cometida. Un principio básico de cualquier régimen sancionatorio consiste en que sea lo suficientemente disuasivo, de tal manera que no se convierta en una invitación a violarlo. Los beneficios de violar la norma sobre topes de gastos, en términos de ventaja electoral sobre los oponentes, son bastante superiores al castigo esperado: en el peor de los casos 20 millones multiplicado por la probabilidad de ser sorprendido (múltiplo inferior a 1, es decir la multa será inferior a $20 millones).

El régimen sancionatorio debería por otra parte eliminar cualquier ventaja que el partido o candidato infractor hubiera obtenido con la violación. La División Mayor del Fútbol Colombiano ha establecido que cuando un equipo de fútbol alinea a un jugador ilegalmente, además de la multa correspondiente, pierde los puntos obtenidos en ese partido. ¿No debería ser la reglamentación electoral más estricta y seria que la deportiva? ¿No deberían ser eliminados los votos obtenidos ilegalmente?

[1] Ir al link Partidos políticos, después normatividad, y buscar allí la resolución (no existe URL directa para esta resolución).

sábado, 6 de junio de 2009

Más sobre el proyecto de reforma financiera: los conflictos de interés y las compras atadas

Los artículos propuestos en el proyecto de reforma financiera sobre conflicto de interés entre entidades y clientes y sobre compras atadas no representan la manera adecuada de defender los intereses de los consumidores.

Continúo en esta entrada haciendo algunas observaciones sobre el proyecto de reforma financiera que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso de la República.

El literal e del artículo 3 establece como uno de los principios orientadores que deben regir las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas el siguiente:

Manejo adecuado de los conflictos de interés. Las entidades vigiladas deberán administrar los conflictos que surjan en desarrollo de su actividad entre sus propios intereses y los de sus clientes y aquellos que surjan entre los intereses de dos o más clientes de una manera recta e imparcial, velando siempre por el interés de sus clientes.

Supongamos que un banco se enfrenta a un deudor moroso de mala fe que no quiere pagar. Lo que le conviene a la sociedad en esas circunstancias es que el Banco defienda sus intereses, haciendo todos los esfuerzos pre-jurídicos y jurídicos por recuperar su dinero. No es razonable que se le exija renunciar a sus intereses para defender los de su cliente, como podría interpretarse del artículo en cuestión. De aprobarse este artículo, un juez podría el día de mañana decidir que un banco que defiende sus intereses en un proceso de reestructuración (Ley 550) o de quiebra estaría incumpliendo la ley. El capitalismo funciona sobre la base de que cada agente económico defienda sus intereses legítimos por medios legítimos.

El literal a) del artículo 10 del proyecto considera como práctica abusiva el condicionamiento de las compras atadas. Es decir, a partir de la sanción de esta ley sería ilegal, por ejemplo, que un banco exija a un cliente que solicite un préstamo, la apertura de una cuenta. Los paquetes de banca personal, en el cual el Banco decide que los productos que lo componen (cuenta corriente y de ahorros, tarjeta de crédito, cupo rotativo de crédito, cupo de sobregiro) que se venden solo como un paquete pasarían a ser ilegales.

La teoría económica moderna señala que no necesariamente la compra atada de productos debe ser condenable. [1]Pensemos en ejemplos ajenos al sector financiero: si un cliente decide solicitar un solo zapato a un almacén, ¿el almacén debería estar obligado a vendérselo a mitad de precio? Si existiera una norma que declarara ilegal esta práctica, tanto los almacenes como los fabricantes de calzado estarían obligados a disponer de inventarios mayores que les permitiera enfrentar esta eventualidad. El costo de estos inventarios recaería sobre la totalidad de los consumidores.

Otro ejemplo. Es práctica común que un restaurante decide restringir la venta de bebidas (gaseosas, café, etc) a aquellos clientes que consumen una comida principal. De aceptar la venta no empaquetada (café sin comida) correrían el riesgo de que un importante número de mesas esté ocupada por clientes que solo quieren café, y podrían no encontrar sitio los clientes que quieren almorzar. En este caso la compra atada mejora la eficiencia en la asignación de recursos

En fin, es difícil distinguir entre la compra atada y la integración de productos. ¿Podría considerarse práctica ilegal que un modelo de automóvil se venda solamente con el equipo de sonido incorporado? O yendo más hacia el extremo, un cliente podría dirigirse a un concesionario, solicitar que le vendan solamente un motor, y quejarse ante la autoridad de regulación de la competencia porque para obtener el motor, que es lo que él necesita, le obliguen a comprar todos los otros componentes del automóvil? Un almacén especializado en repuestos podría satisfacerle su necesidad.

La teoría económica sobre la competencia ha llegado ya a la conclusión de que las compras atadas pueden en muchas circunstancias contribuir a la eficiencia económica, al permitir que existan economías de escala en la producción y en el almacenamiento de los bienes. En otros casos (por ejemplo el par de zapatos), la compra atada es equivalente a la forma de discriminación de precios en la cual opera el descuento por volumen: podría argumentar el vendedor que el precio anunciado corresponde al de un zapato, y lo que hace es regalar el segundo zapato al comprador del primero. El descuento por volumen no es de por sí anticompetitivo.

¿Cuándo existe abuso de poder en las compras atadas? Las Cortes, tanto en Europa como en Estados Unidos, han avanzado en los criterios para establecer las circunstancias en las cuales debe restringirse el poder del vendedor de exigir una compra atada: cuando el productor aprovecha el monopolio que tiene en el mercado de un producto para forzar al comprador a adquirirle a él un producto adicional, que opera en un mercado competitivo. Este fue la situación que enfrentó Microsoft tanto en las cortes americanas como europeas. Esta empresa aprovechó el poder que tenía en el mercado de sistemas operativos para mejorar su posición en el mercado de exploradores y desplazar a sus rivales. El triunfo de Internet Explorer sobre Nestcape se debió precisamente a esa práctica.

Dicho esto, ¿qué se puede decir sobre la venta empaquetada de productos en el sector financiero? En algunos casos la integración de productos tiene una plena justificación técnica. Exigir a un cliente de crédito de un banco que abra una cuenta corriente o de crédito puede tener una doble justificación. En primer, el método universal de desembolsar un crédito es depositando el dinero en la cuenta del cliente. En segundo lugar, el manejo de los recursos del cliente se constituye (especialmente en banca corporativa) es un elemento fundamental en el conocimiento de la capacidad de pago del sujeto de crédito.

¿En qué condiciones puede constituir la compra atada una práctica abusiva? Lo mismo que en sector real: cuando una entidad abusa de su poder en un mercado para exigir al cliente la adquisición de un producto que opera en un mercado competitivo. Si un banco tiene una posición dominante, por ejemplo, en el mercado de remesas, podría utilizar ese poder para incrementar su poder en otros productos, como cuentas corrientes o de ahorros.

Si los legisladores quieren evitar que se presenten prácticas monopólicas en el sector financiero, las leyes que emitan deben enfrentar entonces la verdadera causa de ellas: la posible concentración de mercado. No se entiende entonces porqué desecharon la propuesta del gobierno para decretar la existencia de grupo empresarial, asunto que comentamos en nuestra anterior entrada.

[1] Ver por ejemplo: Evans D.S. y Sallinger M, ¿Why do firms bundle and tie? Yale Journal on regulation. Invierno 2005. Vol 22, Num 1. Se puede encontra aquí . También Ahlborn C, Evans D.S y Padilla Jorge The antitrust economics of tying: a farewell to per se illegality. The Antitrust Bulletin /Primavera-Verano de 2004. Se puede encontrar aquí .