La situación fiscal del gobierno nacional es crítica. La única herramienta posible que se puede utilizar para enfrentar esta situación es una reingeniería completa en la administración central que se traduzca en un recorte considerable en gastos
La situación fiscal del gobierno central exige medidas de emergencia. A pesar de que según el gobierno, si se cumplió con la regla fiscal en el año 2024, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) es de otra opinión, puesto que no acepta que $25, 8 billones de Transacciones de Única Vez (TUV) que habían sido calificadas como tales por el CONFIS (compuesto por funcionarios del mismo gobierno) puedan ser consideradas como tales. Como consecuencia, no pueden descontarse esos gastos (o menores ingresos) del Balance Primario Neto Estructural (BPNE) de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la ley 2155 de 2021.
La situación no está nada fácil tampoco para el
año 2025. Frente a las metas de la regla
fiscal, se necesitan ajustes por un valor de $46 billones frente al Plan
Financiero presentado por el gobierno, según el mismo CARF. El decreto 069,
proyectado por el anterior ministro de Hacienda, Diego Guevara, ya había
aplazado gastos por $12 billones, y había anunciado la necesidad de
aplazamientos o recortes adicionales, ante lo baja probabilidad de que se le
aprobara en el congreso la nueva reforma tributaria. Parece que haber insistido
en ello ante el presidente le costó el puesto.
Recordemos que esos $12 billones aplazados, correspondían a la suma que
el gobierno había solicitado como ley de financiamiento para cuadrar sus
propias cuentas del presupuesto de 2025, ley que no fue aprobada por el Congreso. Lo adecuado, hubiera sido recortar
completamente el presupuesto por ese monto, puesto que se trata de recursos que
no tienen hoy sustento legal.
El monto de la deuda colombiana cerró en el
2024 en un 60,6 % del PIB. Por su parte,
las tasas de interés de los títulos de la deuda colombiana están en un promedio ponderado, según mis cuentas, del
3.28 % real. El crecimiento en el
PIB proyectado por el propio gobierno en su Plan Financiero (elaborado antes de
tener en cuenta el posible efecto recesivo de las medidas arancelarias tomadas
por TRUMP (que tendrán según muchos analistas un efecto recesivo en la economía
mundial) es del 2.6%. Para estabilizar
la relación de la deuda con el PIB en el mismo monto de finales del año
anterior, se necesitaría que el gobierno generara un superávit primario (sin
contar dentro de los gastos los intereses) de 0,2% del PIB. En su plan financiero para el 2025 ya está el
gobierno proyectando un déficit primario del 0,2%, lo que exigiría un ajuste en
gastos por valor $11 billones, Téngase en cuenta además, que el CARF considera
que el gobierno está sobreestimando los ingresos tributarios en ese Plan
Financiero en 34 billones. Es decir, que solo para estabilizar la relación
deuda/PIB el ajuste total en gastos debería ser de $45 billones.
Esta situación explica el deterioro en los
títulos de la deuda pública colombiana, cuyo rendimiento exigido ha pasado de
ser del 10% en abril de 2024 para un bono a diez años, a 11,5% en abril de 2025.
La prima de riesgo frente a un título de los Estados Unidos ha aumentado desde
575 puntos básicos desde abril del año pasado a 750 puntos hoy. El precio de los Credit Default Swaps (CDS), que
es la prima de seguros que pagan algunos inversionistas para protegerse de un
posible incumplimiento de la deuda colombiana, se ha incrementado en un 35%
desde enero de 2024. En fin, la única
calificadora de riesgo que había mantenido el grado de inversión para los
títulos soberanos emitidos por el gobierno,
Moody’s, ya los pasó a perspectiva negativa, lo que supone que es alta
la probabilidad de que los pase al grado especulativo.
Como lo señaló el comunicado de la Junta del
Banco de la República emitido después de su reunión del pasado 3 de abril, esta
situación reduce el margen de la política monetaria, y explica las dificultades
para reducir más la tasa de interés. Textualmente afirma: “Una señal clara que
despeje las preocupaciones sobre la viabilidad de las finanzas públicas y
asegure el cumplimiento de la regla fiscal, mejoraría la confianza de los
mercados, y abriría espacios importantes para el relajamiento de la política
monetaria”.
¿Cuáles son las acciones que es necesario tomar
para romper ese círculo vicioso entre bajo crecimiento, altas tasas de interés
y desequilibrio fiscal? Las alternativas
en principio serían crecer màs, aumentar
los impuestos, o reducir los gastos.
Empecemos con la primera de ellas: mayor crecimiento. Si este año
creciéramos al 3,6%, en lugar del 2,6 esperado por el gobierno, y en los
próximos años creciéramos al 4%, se
podría cumplir la regla fiscal este año, y las exigencias para equilibrar las
finanzas públicas serían menores, porque la confianza de los tenedores de deuda
pública exigirían unas menores tasas de interés.
Sin embargo, es necesario recordar una verdad
de a puño: el crecimiento del PIB depende de que crezca la productividad, lo
cual exige a su vez que se incremente el capital disponible bajo la forma de
activos fijos destinados a la producción: maquinaria, instalaciones petroleras
y mineras, puertos, carreteras, edificaciones, etc. Ese incremente durante un período se denomina
Formación Bruta de Capital Fijo. Pues bien, la participación de este renglón en
el PIB durante los años 2023 y de 2024 fue solo de solo del 16,5%, la màs baja desde el 2001, cuando
estábamos recuperándonos de la crisis de finales del siglo pasado. Por otro
lado la inversión extranjera directa cayó en un 17% en 2024 con relación a la
registrada en 2023 especialmente en su principal componente, el dedicado a
actividades de la relacionada con actividades de petróleo y minería que cayó en
un 45%.
Las incertidumbres regulatorias y la franca
animadversión que ha mostrado el gobierno hacia el sector privado,
especialmente en actividades mineras, generación y distribución de energía, las
concesiones viales, salud, etc, no son
el mejor instrumento para incidir favorablemente en las expectativas
empresariales. Recordemos que la inversión privada depende fundamentalmente de
la rentabilidad esperada después de impuestos.
Lo que nos lleva al análisis de la segunda
alternativa, el incremento en los impuestos, que ha sido la propuesta del ministro
de Hacienda recién posesionado. Pues
bien, la carga tributaria ha aumentado notoriamente para el sector empresarial,
especialmente después de la reforma tributaria de este gobierno, aprobada en el
2022. Por otra parte, en decreto
expedido dentro de la conmoción interior, se creó un impuesto a las
exportaciones de hidrocarburos y de carbón. No es de extrañar que las dos
principales empresas carboníferas, anunciaron planes para disminuir
sustancialmente sus niveles de producción para el año 2025, lo cual tendrá
consecuencias sobre el crecimiento en el PIB de este año, que posiblemente no
se han tenido en cuenta en las proyecciones oficiales.
La capacidad de tributación de los
contribuyentes formales de la economía ya ha llegado a topes imposibles de
superar. En el caso de los impuestos
corporativos, la Tasa Efectiva de Tributación sobre la Renta (relación entre
los impuestos sobre la renta causados y las utilidades antes de impuestos),
según las cifras recolectadas por la Superintendencia de Sociedades, pasó del
40% al 65% entre 2022 y 2023 para las
empresas que reportan como Plenas Individuales, es decir aquellas que no poseen
inversiones en otras empresas[1]. Para las PYMES individuales, esa tasa
efectiva pasó del 33% al 39% : la tasa más baja puede explicarse porque un buen número de
ellas están en el Régimen Simple de Tributación, que , recordemos, el gobierno
pretendía abolir con su fracasada propuesta de ley de financiamiento. La
tributación sobre personas naturales, como lo saben quienes declararon renta el
año anterior, ya llegó también a niveles exagerados. Si se piensa que pueden
obtenerse más recursos gravando las las rentas o el patrimonio de las grandes
fortunas legales, vale la pena recordar que muchas de estas han optado por
cambiar la residencia fiscal, motivadas precisamente por razones tributarias.
La única alternativa posible en el corto y mediano plazo es entonces la disminución en gastos. El gobierno se queja de las ataduras constitucionales y legales que le impiden hacer esos recortes. Ello es cierto, pero es bueno recordar que el gobierno ha contribuido a aumentar de manera importante esas inflexibilidades. En primer lugar, la sobreestimación en los cálculos de recaudos tributarios especialmente en los años 2024 y 2025 incrementó los montos destinados al Sistema General de Participaciones, puestos que, según el artículo 357 de la constitución actualmente vigente, esta participación se calcula sobre la variación de los ingresos corrientes de la Nación durante los 4 años anteriores, incluido el correspondiente al aforo (es decir el presupuesto) del año en ejecución. Por otra parte, el incremento en el salario mínimo en los últimos tres años incluyendo el auxilio de transporte, ha sido del 12% en términos reales. A ello se añade los decretos específicos de incremento a los funcionarios públicos, bastante generosos, y el crecimiento en las plantas de personal. Todo ello ha hecho que los gastos de funcionamiento hayan aumentado en un 35% entre 2022 y 2024, 20 puntos por encima de la inflación acumulada entre esos dos años, y que los gastos de funcionamiento hayan pasado del 14,5% al 17% del PIB entre 2022 y 2024. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el gobierno mismo informaba que 8 leyes aprobadas en 2023 (indudablemente con el aval fiscal del gobierno) tuvieron un costo fiscal permanente de $2,3 billones, además de 20 leyes que, según el MFMP “tienen costo fiscal, pero no se cuenta con información precisa para su estimación”. No se ha publicado todavía el costo de las leyes aprobadas en el 2024, Debemos esperar a la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que debe incluirse obligatoriamente este cálculo.
En fin, es necesario añadir el
efecto que tendrá el Acto Legislativo 3 de 2024 (aún no promulgado por el
Presidente) que exige que se incremente el monto del Sistema General de
Participaciones desde un 26,8% de los
ingresos corrientes de la Nación (cifra del presupuesto de 2025) a un 39,5% en
un período de 12 años que deben comenzarse a contar a partir de 2027. Esto
exigirá que la ley de competencias que debe reorganizar las responsabilidades
entre la Nación y las entidades territoriales, exigida para que comiencen
cumplirse el Acto Legislativo, recorte el gasto del gobierno nacional en cerca
de $40 billones adicionales de pesos de hoy.
La situación fiscal del gobierno
nacional es entonces crítica. La única herramienta posible que se puede
utilizar para enfrentar esta situación es una reingeniería completa en la
administración central que se traduzca en un recorte considerable en gastos. Es
una tarea que hay que acometer desde ya, para lo cual serán necesarias reformas
constitucionales y legales que disminuyan las inflexibilidades presupuestales,
acompañadas de una voluntad política enorme para no seguir en esta carrera
interminable por aumentar el tamaño del gobierno.
[1] El cálculo de la tasa de tributación
efectiva para las empresas que presentan
información consolidada no es posible obtenerlo en la página web de la
Supersociedades
Comentarios