El sistema de aseguramiento en salud está amenazado. Hay defenderlo.
No han sido fáciles las últimas semanas para el sistema de aseguramiento en salud creado por la Ley 100 de 1993. A pesar de sus inmensos resultados positivos en términos de indicadores de cobertura y de salud de los colombianos, se cierren negros nubarrones en el horizonte. La evolución hacia un sistema de protección prácticamente ilimitado como consecuencia de decisiones del poder judicial, la unificación del POS subsidiado con el contributivo sin un ajuste correspondiente en la Unidad de pago por Capitación, la enorme cartera por concepto de recobros por eventos N0-POS que ha acumulado el Fosyga con las EPS, y que ha generado una cadena de incumplimientos en todo el sistema de salud, y en fin la discutible decisión del Consejo de Estado de avalar una arbitraria interpretación de la Superintendencia de Salud señalando que con los recursos de la UPC no es posible adquirir activos para la prestación de servicios de salud (decisión que tuvimos oportunidad de comentar en una entrada anterior), no auguran una evolución favorable.
Se ha venido gestando la idea de que el sistema de aseguramiento debe sustituirse por un sistema de "administración financiera" en el cual lo único que harían unas entidades nacionales o regionales sería pagar las facturas que les presenten los médicos, hospitales, laboratorios, proveedores de medicamentos, etc. Nadie tendría la responsabilidad de administrar el riesgo en salud, o de presionar para una contención de los costos del sistema.
No es difícil imaginarse cuál sería el escenario de llegar a concretarse semejante propuesta. Todos los proveedores de servicios de salud (laboratorios, hospitales públicos y privados, gremios médicos, etc) presionarían inmediatamente por un incremento en las tarifas (si es que se dejan poner límites máximos a ellas). Cuando se acaben los recursos presupuestados, y no puedan ser atendidos los pacientes, se presentará una avalancha de tutelas, pero ya no contra las EPS, sino contra las entidades pagadoras, y en últimas contra los Ministerios de Salud y de Hacienda. Cualquier cantidad de recursos públicos será insuficiente para atender el déficit. El mecanismo de ajuste será inevitablemente el racionamiento en la prestación de los servicios y el deterioro en la calidad de su prestación. ¿Recuerdan nuestros lectores maduros cómo se manejaba el antiguo sistema en el Instituto de Seguros Sociales?
Conscientes de esta situación, varios investigadores y analistas en temas de salud, le dirigimos una carta el pasado 16 de Mayo al señor Presidente de la República, que no ha tenido, desafortunadamente, ninguna repercusión en los medios. La transcribo a continuación:
Bogotá, Mayo 16 de 2012
Señor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República
Casa de Nariño
Respetado Señor Presidente:
A pesar de las dificultades del Sistema de Salud de Colombia, no estamos de acuerdo con quienes propagan los peores adjetivos y quieren hacer tabula rasa de él. Entendemos que este último no se halla exento de problemas y dificultades, pero también reconocemos y resaltamos los grandes logros sociales que ha alcanzado, en especial para la protección de las poblaciones más desfavorecidas ante los riesgos de enfermar.
Por lo anterior nos permitimos expresar nuestro respaldo a sus palabras transmitidas el día 15 de mayo por Caracol Radio, así como las de la Ministra de Salud expresadas en la Audiencia de la Corte Constitucional del pasado 10 de mayo.
Cada vez es más fuerte la presión de algunos por acabar con el Sistema, y proponer que la solución se encuentra en la eliminación del aseguramiento sustituyéndolo por una administración financiera. Si se estudian otros sistemas de salud del mundo, se demuestra que la mayoría se mueve hacia el fortalecimiento de la función de gestión de riesgo del enfermo y del sano, donde se evalúan los riesgos y se selección y aplican las medidas adecuadas. ¿Por qué no se le dice a la opinión pública que en todos los sistemas de salud encargan a alguien la función que en Colombia deben cumplir las EPS, de articular a los hospitales, los médicos y los pacientes, así como de proteger a los beneficiarios de los riesgos financieros y de salud? Además, que en todos se busca que esa entidad asesore a los usuarios ante la asimetría de información que enfrentan frente a los prestadores de servicios.
Para quienes argumentan que el sector privado es el culpable (extrañamente sólo cuando ejerce como administrador de los riesgos pero no como prestador de los servicios) recordamos a James Buchanan Premio Nobel de 1986, quien demostró que el Estado tiene limitaciones para representar el interés general y que es, a lo sumo, un agregador de múltiples intereses particulares. Entonces ¿Será que Caprecom lo hace mejor que los aseguradores privados? ¿Será que los hospitales públicos de Bogotá o Santander tienen mejores resultados que los hospitales privados? ¿Será que un pagador público único cubrirá todas las necesidades de salud, garantizará las citas médicas de manera inmediata y mejorará el flujo de recursos del Sistema de Salud? Los antecedentes nos han demostrado que no.
Los abajo firmantes proponemos analizar las ventaja y desventajas de la propuesta de eliminación del aseguramiento en función de su capacidad de solucionar los problema de corrupción, rectoría, regulación, acceso efectivo, vigilancia y control entre otros y de su capacidad para acercarnos a la obtención de las metas sanitarias del país.
No se puede dejar sola a la Ministra de Salud en su esfuerzo por destacar los logros reales que se han alcanzado con el sistema en Colombia y en señalar que, así como en cada uno de los agentes del sector se han presentado hechos condenables, la inmensa mayoría de ellos lo hace bien y cumple con su tarea. Mucho menos la podemos dejar aislada en su llamado a analizar con objetividad las dificultades que confronta el sector y a realizar con cabeza fría y mucha inteligencia emocional los ajustes que el Sistema necesita.
Firmado,
Olga Lucía Acosta (investigadora en temas sociales), Ursula Giedion (Investigadora en Temas de salud) , Miguel Uprimmy (Asesor en Salud) , Carlos Eduardo Jurado (Director Cámara de Salud de la ANDI), Augusto Galán Sarmiento (Ex Ministro de Salud), Carlos Mario Motta Barreiro, Fernando Ruiz Gómez (Director Cendex, Universidad Javierana), Mauricio Vélez Cadavid (Gerente Medicarte), María Victoria Ocampo (docente, investigador) Fredy Rodríguez Páez (Docente, Investigador), Ramiro Gerrero (Investigador), Amanda Glassman (Directora de Política Global de Salud, CGD), Catalina Gutiérrez (Profesora Universidad de los Andes, Investigadora Area Social). Ramón Abel Castaño (Médico, PHD en Política y Salud Pública), Orlando Jaramillo Jaramillo (Presidente Ejecutivo, Mederi), Carmen Elisa Flórez (Investigadora), Alvaro Reyes Posada (Investigador, Econometría), Teresa Tono Martínez (Investigadora en temas de salud), Roberto Steiner (Investigador Asociado, Fedesarrollo), Carlos Jaime Fajardo, Vicente Borrero (Director, Clínica Valle de Lili), Alfredo Sarmiento ( Investigador Economía y Desarrollo), Francisco Azuero (Profesor, Universidad de los Andes).
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