El deterioro de la
situación fiscal ocasionado por la caída en los precios del petróleo exige un
ajuste importante en las finanzas públicas. Ese ajuste debe darse tanto en
gastos como en ingresos. Es inevitable una reforma tributaria
En este y en las
siguientes entradas a este blog nos ocuparemos de la propuesta de reforma
tributaria que ha planteado la comisión de expertos designada por el gobierno.
Esa propuesta puede encontrarse aquí.
Una primera pregunta que surge es si se justifica o no una
reforma. Nuestro punto de vista es el que de que sí se necesita, tanto para aumentar el recaudo
como para quitarle a nuestro sistema
tributario claros rasgos de inequidad y de ineficiencia.
En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de los ingresos, los gastos y el déficit (diferencia entre los anteriores), en los 10 últimos años.
En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de los ingresos, los gastos y el déficit (diferencia entre los anteriores), en los 10 últimos años.
Hasta el 2014, se presentó un aumento importante, tanto en los
ingresos como en los gastos. El hecho de que hubieran crecido más los
primeros, especialmente a partir de los
ingresos derivados de la actividad petrolera, permitió que el déficit se
redujera hasta 1,8% del PIB en el 2013.
La caída en el precio del petróleo, que comenzó a
presentarse a mediados de 2014, tuvo consecuencias importantes sobre las
finanzas públicas, como lo señalamos en su momento. Ver aquí.
Dadas las cotizaciones actuales del petróleo (US$33 para la referencia Brent), se ha presentado una caída del 69% en el
precio de un producto que en el 2013 representaba un 20% de los ingresos
tributarios del gobierno nacional (impuesto pagado por las compañías petroleras y dividendos
de Ecopetrol).
Por otra parte, la devaluación del peso, por su efecto sobre
la contabilización en pesos de la deuda contratada en dólares ha aumentado el peso de la deuda del gobierno en el PIB: de un 31% en el 2012 pasó al 40% al finalizar el 2015.
Esto tiene consecuencias importantes en el esfuerzo para lograr la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo: ahora es mucho mayor el esfuerzo para poder reducirla. La devaluación también ha incidido en la factura anual de intereses en ocho puntos básicos
del PIB en el mismo período (de 2,4% a 3%).
Se supone que la regla fiscal, establecida en la Ley 1473 de 2011, debería haber servido para amortiguar las finanzas públicas frente a las oscilaciones, tanto frente a los precios del
petróleo, como frente a los ciclos de la actividad económica. El propósito de esta
ley era el de obligar al gobierno nacional a ahorrar (o pagar deudas) en épocas de vacas gordas, a fin de que se pudiera desahorrar (o endeudarse) en las de vacas flacas.
Ello exigía, en lo que se refiere al petróleo, definir cuál
sería su precio “normal” en el largo
plazo, de tal manera que cuando se estuviera por encima de ese nivel se ahorrara (es decir se generara un
superávit fiscal) y, cuando se estuviera por debajo se pudiera gastar ese
ahorro, o aumentar el endeudamiento. En su primera reunión, celebrada en Mayo
de 2013, el Comité Consultivo de la regla fiscal definió para dicho año un
precio de largo plazo de US$99. Ver el acta aquí.
En la reunión celebrada en octubre de 2014, y cuando ya
había empezado la descolgada del petróleo, el comité decidió que dicho precio
fuera de US$97. Ver aquí.
Como consecuencia de lo anterior no se forzó un ahorro
suficiente en los años de precios altos. Hoy es imperativo un ajuste de las
finanzas públicas, tanto en los gastos como en los ingresos. El déficit fiscal “estructural”, al que se
llegue en el 2018, debe ser como máximo del 1,8%, según la Ley 1473. El déficit proyectado para el 2016 es del
3,6%.
¿Y qué pasa si el petróleo no sube? El hecho de que hoy se
estén produciendo millones de barriles diarios por encima de lo que el mundo
necesita, ha llevado a los expertos a pensar que, por lo menos en los próximos
dos años, no se va equilibrar el mercado. Por lo tanto, la mejor, y más
prudente, predicción sobre el
comportamiento de los precios del petróleo serían los precios actuales.
Una parte del ajuste fiscal deberá realizarse a través de
programas de reducción y racionalización de gasto. El gobierno ya ha avanzado algo en ese
camino. Frente a una proyección inicial de gastos de funcionamiento para el
2015, hecha a mediados del 2014, de $120 billones, se ha anunciado que el gasto efectivo fue
solo de $108 billones. Los gastos de inversión serán en el 2016, y según la actualización
en el Plan Financiero anunciado por el Ministro de Hacienda inferiores en un 27%
a la cifra del 2015. Como proporción del PIB, estos pagos bajarán de un 3% a un
2,1%.
Reducciones adicionales en los gastos de funcionamiento van
a exigir reformas estructurales, tanto
constitucionales como legales, en temas como el régimen de pensiones, la
participación de los departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación, los sistemas de
remuneración de algunas categorías de funcionarios públicos, etc. No es seguro
que exista la voluntad política en el Congreso por comprometerse en esas transformaciones,
cuyos efectos, además, solo empezarían a
notarse en el mediano plazo.
En conclusión, sí se
necesita una reforma tributaria, que aumente los ingresos corrientes del
Gobierno Nacional. La Comisión de
Expertos ha hecho unas propuestas concretas. Comenzaremos a discutirlas a
partir de la próxima entrada de este blog.
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