La Comisión Nacional de Televisión, con su decisiones sobre adjudicación de las licencias, está sacrificando el interés de los usuarios para privilegiar el objetivo de maximizar sus ingresos
La Comisión Nacional de Televisión anunció el pasado Martes 2 de diciembre que en Mayo de 2009 entregaría una nueva licencia nacional en televisión abierta, para un canal de televisión comercial, en un proceso licitatorio. El operador será escogido por subasta pública, aun cuando no se han definido los términos de dicha subasta.
En relación con las prórrogas a los actuales canales privados (RCN y CARACOL), la Comisión anunció que ellas serían firmadas antes del 10 de Enero del año próximo, y que deberán pagar 189000 millones de pesos, más un 7.58% de los ingresos brutos generados durante los diez años de la concesión. Ante la protesta de los canales privados, el gobierno decidió congelar esta decisión de la CNTV ( ver aquí) y hacerle una “respetuosa sugerencia” de que se proponga una mesa de trabajo permanente, donde estén los canales de televisión, la CNTV y el Gobierno. Preguntamos, ¿y dónde estarán los usuarios?
En una anterior entrada nos habíamos referido a este tema. Señalábamos, coincidiendo con lo señalado en su momento por la Procuraduría General de la Nación, que la adjudicación de las licencias de televisión debería realizarse mediante subasta. Pero decíamos además que esta subasta no debería limitarse a los canales adicionales, sino a los canales actuales. Las empresas beneficiarias de las licencias actuales deberían someterse a las mismas reglas del juego, y participar en las subastas, en las mismas condiciones de los nuevos proponentes. Decíamos también en ese momento que desde el punto de vista del interés público la CNTV debería adjudicar tantos canales como sea posible desde el punto de vista técnico ( 5 o 6). Ello tiene la virtud de ampliar las opciones de programación para el televidente.
La decisión de la CNTV se apoyó en los estudios de dos bancas de inversión, que acaban de ser puestos en conocimiento del público . Al revisarlos, se me han ocurrido las siguientes observaciones:
Las bancas de inversión llegan a la conclusión de que un cuarto canal no es viable, “porque tendría un valor presente neto negativo” (diapositiva 20, presentación final ). Esta consideración se basa en la idea de una “torta publicitaria “ fija disponible para los canales abiertos, que debe repartirse entre ellos.
Las firmas de banca de inversión parten de la base de que el modelo de negocios va a ser el mismo para todos los canales. Por ello aplican los mismos porcentajes de costos de programación, de costos administrativos, y de costos de ventas. Pero dejan de lado la posibilidad de que cada operador puede tener un modelo de negocios completamente diferente. Un canal, por ejemplo, puede decidir concentrarse en un nicho específico (los niños, los adolescentes, los amantes del arte y de la música clásica, etc), y manejar estructuras de ingresos y de gastos completamente diferentes. Si se aplicara la metodología de las bancas de inversión al mercado de revistas en Colombia, y partiéramos de un escenario en el solo existieran dos de ellas ( por ejemplo SOHO y Semana) no sería extraño que se llegara a la conclusión de que no habría campo sino, máximo, para otra más. El mismo ejercicio podría aplicarse para emisoras, para prensa diaria, etc.
Tampoco tienen en cuenta las firmas de banca de inversión contratadas por la CNTV que la llamada torta publicitaria para un medio específico puede crecer con el incremento en la oferta de canales. Es posible que el precio de la pauta baje, pero ello no se debe ver como inconveniente.
En fin, insistimos en que el valor de las licencias, ante las amplias incertidumbres que ser presentan en un sector tan dinámico, debe ser determinado por los propios interesados en un proceso de subasta. Es a ellos, y no al Gobierno, a quien le corresponde valorar los riesgos y las oportunidades de la explotación de una licencia de televisión, como en cualquier negocio. No le corresponde a un municipio hacer un estudio de factibilidad del mercado del pan para saber si le otorga la licencia de funcionamiento a una panadería.
Lo cierto es que la Comisión Nacional de Televisión privilegió el objetivo de maximizar sus ingresos en la definición de los términos de la adjudicación de las licencias, y con ese criterio se adelantó el trabajo de las firmas de banca de inversión. [1]. La variable que debe maximizar una entidad pública es el bienestar de los ciudadanos. En el caso de la televisión, ello debe consistir en la amplición de la oferta televisiva de calidad, en condiciones de regulación que estimulen la más amplia competencia, tanto por la audiencia como por la publicidad, y que garanticen el respeto a los derechos del televidente. No es esto lo que ha buscado la CNTV.
[1] Una de ellas lo reconoce, cuando propone un escenario que “maximice el valor de la concesión”. ( ver aquí )
En relación con las prórrogas a los actuales canales privados (RCN y CARACOL), la Comisión anunció que ellas serían firmadas antes del 10 de Enero del año próximo, y que deberán pagar 189000 millones de pesos, más un 7.58% de los ingresos brutos generados durante los diez años de la concesión. Ante la protesta de los canales privados, el gobierno decidió congelar esta decisión de la CNTV ( ver aquí) y hacerle una “respetuosa sugerencia” de que se proponga una mesa de trabajo permanente, donde estén los canales de televisión, la CNTV y el Gobierno. Preguntamos, ¿y dónde estarán los usuarios?
En una anterior entrada nos habíamos referido a este tema. Señalábamos, coincidiendo con lo señalado en su momento por la Procuraduría General de la Nación, que la adjudicación de las licencias de televisión debería realizarse mediante subasta. Pero decíamos además que esta subasta no debería limitarse a los canales adicionales, sino a los canales actuales. Las empresas beneficiarias de las licencias actuales deberían someterse a las mismas reglas del juego, y participar en las subastas, en las mismas condiciones de los nuevos proponentes. Decíamos también en ese momento que desde el punto de vista del interés público la CNTV debería adjudicar tantos canales como sea posible desde el punto de vista técnico ( 5 o 6). Ello tiene la virtud de ampliar las opciones de programación para el televidente.
La decisión de la CNTV se apoyó en los estudios de dos bancas de inversión, que acaban de ser puestos en conocimiento del público . Al revisarlos, se me han ocurrido las siguientes observaciones:
Las bancas de inversión llegan a la conclusión de que un cuarto canal no es viable, “porque tendría un valor presente neto negativo” (diapositiva 20, presentación final ). Esta consideración se basa en la idea de una “torta publicitaria “ fija disponible para los canales abiertos, que debe repartirse entre ellos.
Las firmas de banca de inversión parten de la base de que el modelo de negocios va a ser el mismo para todos los canales. Por ello aplican los mismos porcentajes de costos de programación, de costos administrativos, y de costos de ventas. Pero dejan de lado la posibilidad de que cada operador puede tener un modelo de negocios completamente diferente. Un canal, por ejemplo, puede decidir concentrarse en un nicho específico (los niños, los adolescentes, los amantes del arte y de la música clásica, etc), y manejar estructuras de ingresos y de gastos completamente diferentes. Si se aplicara la metodología de las bancas de inversión al mercado de revistas en Colombia, y partiéramos de un escenario en el solo existieran dos de ellas ( por ejemplo SOHO y Semana) no sería extraño que se llegara a la conclusión de que no habría campo sino, máximo, para otra más. El mismo ejercicio podría aplicarse para emisoras, para prensa diaria, etc.
Tampoco tienen en cuenta las firmas de banca de inversión contratadas por la CNTV que la llamada torta publicitaria para un medio específico puede crecer con el incremento en la oferta de canales. Es posible que el precio de la pauta baje, pero ello no se debe ver como inconveniente.
En fin, insistimos en que el valor de las licencias, ante las amplias incertidumbres que ser presentan en un sector tan dinámico, debe ser determinado por los propios interesados en un proceso de subasta. Es a ellos, y no al Gobierno, a quien le corresponde valorar los riesgos y las oportunidades de la explotación de una licencia de televisión, como en cualquier negocio. No le corresponde a un municipio hacer un estudio de factibilidad del mercado del pan para saber si le otorga la licencia de funcionamiento a una panadería.
Lo cierto es que la Comisión Nacional de Televisión privilegió el objetivo de maximizar sus ingresos en la definición de los términos de la adjudicación de las licencias, y con ese criterio se adelantó el trabajo de las firmas de banca de inversión. [1]. La variable que debe maximizar una entidad pública es el bienestar de los ciudadanos. En el caso de la televisión, ello debe consistir en la amplición de la oferta televisiva de calidad, en condiciones de regulación que estimulen la más amplia competencia, tanto por la audiencia como por la publicidad, y que garanticen el respeto a los derechos del televidente. No es esto lo que ha buscado la CNTV.
[1] Una de ellas lo reconoce, cuando propone un escenario que “maximice el valor de la concesión”. ( ver aquí )
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Saludos, Doppiafila