La Procuraduría General de la Nación, al abrir pliego de
cargos contra el Secretario de Movilidad de Bogotá, ha incurrido en graves
errores técnicos. Aquí explicamos porqué
Este blog cumplió el pasado 26 de Julio 10 años de
existencia. En este período he escrito 188 entradas. La primera de ellas se dedicó a analizar la injusticia
cometida con un funcionario público que se desempeñaba como Director de la Caja
Nacional de Previsión, a quien jueces de tutela lo condenaron reiteradamente a
cárcel por no haber pagado unas pensiones, que simplemente no podía pagar, por
razones legales o por imposibilidad técnica y administrativa.
La incapacidad de los órganos de control por entender las
complejidades de la función pública no ha dejado de crecer. Ello hace que sea
muy difícil para un funcionario público ejercer responsablemente su labor.
Es necesario volver sobre este tema, a propósito del anuncio
hecho por la Procuraduría General de la Nación
de abrir un pliego de cargos al Secretario de Movilidad de Bogotá, por
hechos relacionados con la licitación para la modernización del sistema de
semáforos de la ciudad.
Según la Procuraduría, “en el proceso licitatorio se habría
afectado, presuntamente, el patrimonio de la ciudad porque no se definió con
anterioridad la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la
ciudad, avaluados en más de $13 mil millones y compatibles con sistemas
modernos de semaforización, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que
se aproveche su vida útil, lo que demuestra una aparente falta de planeación en
la etapa precontractual del proceso”. “Para el Ministerio Público la Secretaría
de Movilidad tenía la obligación de calcular el valor de esos elementos y
definir cuál sería su destino una vez entrara en funcionamiento el Sistema de
Semaforización Inteligente, SSI. “Es motivo de gran preocupación el hecho de
que no se sepa cuánto vale la red de cobre que actualmente comunica la red
semafórica existente, lo que representa un riesgo para la integridad del
patrimonio público”, señaló la Procuraduría en el pliego de cargos. La
licitación tampoco definió, según el organismo de control, qué destino se le dará a la red de cable de cobre
con la que opera actualmente el sistema, ni a los equipos que hacen parte de
las dos centrales de semaforización que no van a ser integradas al nuevo
esquema”.
Para analizar la seriedad de los cargos de la
Procuraduría, es necesario recordar un elemento
básico en la evaluación de proyectos económicos o sociales. Es el concepto de los “costos hundidos”,
entendidos como aquellos que se incurrieron en el pasado y no es posible
recuperar. Si usted llega a la conclusión
de que debe cambiar su calentador de agua porque el antiguo le consume mucha
energía, es necesario calcular el valor presente del costo de la energía
ahorrada y compararlo con el precio del nuevo calentador.
Si el nuevo equipo de permite a usted ahorrarse $30.000 por mes en la factura de electricidad o de
gas, suponiendo una tasa de interés del 5% anual, usted se va a ahorrar durante
los diez años de vida útil de su calentador una suma de $2.800.000. Si el calentador nuevo vale $2 millones
(incluida la instalación), es claro que es
un buen negocio la adquisición.
Pero usted cae en cuenta de que su calentador antiguo lo
compró hace cinco años, y le costó también $2 millones. Es decir, tiene todavía
una vida útil de cinco años. Como no ha amortizado el costo total, usted llega
a la conclusión de que el millón de pesos que queda por amortizar lo debe incluir
como costo del proyecto denominado “modernización del sistema de calentamiento
de agua en el hogar”. Con ello, los costos del proyecto quedan en $3 millones (el
nuevo calentador más el costo de botar el antiguo). Llega a la conclusión
entonces que no es conveniente hacer el cambio.
Usted comparte su análisis con un hijo que, afortunadamente,
está estudiando economía, y que acaba de ver un curso sobre evaluación de
proyectos. Él le hace caer en cuenta que el precio pagado por el antiguo
calentador es un “costo hundido”. Mejor dicho, usted no lo puede tener en
cuenta en la evaluación del proyecto. Incluso le aconseja que mire esta página sobre el tema. Si por tener en cuenta ese costo hundido, decide no
acometer la inversión, usted está de todas maneras perdiendo la oportunidad de
ahorrarse $360.000 durante cada uno de los siguientes 10 años. Por contabilizar el “costo hundido” usted
está llegando a una decisión errónea.
El proyecto de modernización del sistema de semáforos de
Bogotá supone la utilización de una tecnología muchísimo más moderna que la
existente, mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de unos controladores
más modernos, así como el reemplazo de la red de cobre que hoy sirve de medio
de comunicación por una de fibra óptica. Es de esperarse que ello tenga enormes beneficios en términos de movilidad y de disminución de accidentes. Pero surge la pregunta: ¿Qué hacer con los controladores
antiguos y con la red de cobre? Con relación a los primeros lo lógico es utilizarlos, pero solo en la
medida en que sean compatibles con la nueva tecnología. Con relación a la red
de cobre, pues toca desmontarla.
En su entrevista al
diario El Tiempo ( ver aquí) .
el secretario de movilidad de Bogotá ha dicho que se van a utilizar aquellos
controladores que sean compatibles con la nueva operación, y aquellos que no lo
sean, se pueden dar de baja y vender, posiblemente como chatarra. Lo mismo va a
pasar con la red de cobre. Incluso señala que tratar de separar el cobre del
caucho que lo cubre valdría más que el cobre recuperado. No vale por lo tanto
la pena hacerlo.
¿Debería calcularse el valor a obtener por los activos que
se darán de baja antes de decidirse a adelantar el proyecto? No necesariamente.
El escenario más riguroso es el de asumir que estos activos valen cero. Si aun
sin recuperar cualquier suma por la disposición de estos activos dados de baja
el proyecto sigue siendo conveniente, con mayor lo será si se logra recuperar
cualquier valor. Existen procedimientos legales en Colombia que regulan la baja
o venta de estos activos, y no podría esperarse que ese procedimiento esté
plenamente definido antes de acometer el nuevo proyecto. “Después veremos qué
hacemos con el calentador viejo”, le diría su hijo.
Con esta manera de pensar de la Procuraduría, ninguna
entidad pública podrá pensar, por ejemplo, en modernizarse tecnológicamente, porque
antes de hacerlo deberá definir qué hace con los computadores o con las redes
antiguas. Los proyectos van a costar más y se van a demorar más.
Posiblemente el Secretario de Movilidad, para ahorrarse
dolores de cabeza (y dinero, porque el abogado que lo defienda debe pagarlo de
su bolsillo), llegue a la conclusión de que lo mejor hubiera sido no hacer nada, y
dejar a la ciudad con una tecnología de semáforos hace tiempo mandada a
recoger. Es lo que posiblemente deben estar pensando muchos funcionarios
públicos en este momento frente a los proyectos que quisieran adelantar
Ojalá que la Procuraduría General de la Nación, al juzgar
este proceso disciplinario, tenga más sindéresis, capacidad técnica y sentido
común del que ha demostrado hasta ahora. Lo mismo debería esperarse, en general,
de todos los organismos de control.
Comentarios
El de hoy destaca la persistente tontería de los Organismos de Control en Colombia