Economía y políticas públicas

Como curiosidad, he estado leyendo algunos de los contratos de Estabilidad Jurídica firmados por el Gobierno Nacional y algunas empresas colombianas.(los pueden encontrar aquí ) Mi propósito académico, conjuntamente con dos estudiantes del doctorado de esta facultad, es el de analizar la racionalidad del Gobierno en ofrecer, y la de las empresas en aceptar, este tipo de contratos, mediante los cuales se estabiliza la normatividad tributaria para las empresas que los firmen. Sin embargo, al leer el texto de algunos de estos contratos, he encontrado algunas situaciones que he considerado necesario compartir con los lectores de este sitio. Recordemos en primer lugar que la Ley 903 de 2005 autorizó al Gobierno a firmar estos contratos, con el fin de garantizar a los inversionistas que los suscriban que “si durante su vigencia se modifica en forma adversa a éstos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinantes de la inversión, los inversionistas tendrán ...

En un artículo publicado en 2004, los profesores Andrew Bernard y Meghan Busse , de la Escuela de Negocios Tuck de la Universidad de Dartmouth y de la Universidad de California-Berkeley respectivamente, desarrollaron un modelo para explicar el total de medallas de un país en los juegos olímpicos de verano (1) El profesor Bernard aplicó dicho modelo para tratar de predecir el número de medallas ganadas por los principales países competidores en las olimpíadas de 2008. ( Ver aquí) Básicamente el modelo explica el comportamiento deportivo de un país (medido por su participación en el total de medallas otorgadas) como resultado de los siguientes factores: a) Tamaño de su población. Entre más grande sea un país, es más probable encontrar en él atletas de talla mundial. b) PIB per capita. La riqueza incide en los resultados deportivos. En primer lugar, un país más rico dispone de mayores recursos, tanto en el sector privado como en el Gobierno, para destinarlos a los deportes. La pobla...

En su sesión del pasado 18 de Julio el CONPES autorizó la renegociación de 21 contratos de concesiones viales, por un valor total de más de dos billones de pesos. En todos los casos estas renegociaciones suponen erogaciones adicionales de los colombianos a los contratistas responsables de las obras, sea mediante peajes o mediante erogaciones directas del presupuesto nacional. La decisión tomada es sorprendente, tanto por su monto, como por el procedimiento adoptado. Veamos porqué Cuando se estaba discutiendo la ley que iría a reformar la Ley 80 de 2003, sobre contratación pública, se incluyó, y no tenemos claro por iniciativa de quién, un artículo que decía: “Las concesiones sometidas a la ley 80 de 1993, actuales y futuras no podrán adicionarse en inversiones acumuladas superiores al 60% del valor actualizado del contrato, entendido éste como la sumatoria de los recursos previstos para el pago de un contrato de concesión”. Bajo el ambiguo lenguaje prohibicionista, lo que en realidad ...

El paro de transportadores de carga nace de la ilusión que tiene su gremio, y que ha sido alimentada por el Ministerio de Transporte, (ver por ejemplo el Decreto 2663 de 2008), de que es posible controlar las tarifas negociadas entre los remitentes y los transportadores. Es decir, que es posible derogar por decreto la Ley de la Oferta y la Demanda. Como si se tratara de un monopolio natural el Gobierno y los transportadores quieren montar un sistema de regulación de precios en un sector ampliamente competido. Además, a diferencia de la regulación de monopolios naturales, en la cual se busca establecer precios o remuneraciones máximas, se busca establecer precios mínimos. Es claro que ciertos factores han incidido en el incremento de la oferta de camiones en el período reciente. Y conste que no hablo de sobreoferta. Este último término, como lo sabe cualquier economista, es profundamente relativo. Estos factores son los siguientes: a) La revaluación, que ha abaratado el costo de camione...

La procuraduría general de la Nación acaba de emitir un concepto en el cual solicita que el proceso de adjudicación del tercer canal de televisión sea adelantado a través del sistema de subasta pública para garantizar que sea transparente y con activa participación de los proponentes y la comunidad en general. Estamos completamente de acuerdo con los planteamientos del procurador, con una pequeña salvedad: ¿porqué limitar la subasta a un solo canal? Porqué los canales adjudicados en 1997 a RCN y a Caracol, y cuyo plazo venció el pasado mes de Diciembre, no son también sometidos a subasta? La adjudicación de las concesiones del servicio de televisión abierta y la estructuración de los contratos respectivos, deben darse en condiciones que favorezcan claramente el interés público. En el caso de la televisión, ello supondría, en primer lugar establecer claramente la regulación a que deberán someterse los concesionarios, y entregar la concesión a quien esté dispuesto a pagar más. Desafortu...