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lunes, 4 de agosto de 2008

A propósito del paro de camioneros

El paro de transportadores de carga nace de la ilusión que tiene su gremio, y que ha sido alimentada por el Ministerio de Transporte, (ver por ejemplo el Decreto 2663 de 2008), de que es posible controlar las tarifas negociadas entre los remitentes y los transportadores. Es decir, que es posible derogar por decreto la Ley de la Oferta y la Demanda. Como si se tratara de un monopolio natural el Gobierno y los transportadores quieren montar un sistema de regulación de precios en un sector ampliamente competido. Además, a diferencia de la regulación de monopolios naturales, en la cual se busca establecer precios o remuneraciones máximas, se busca establecer precios mínimos.

Es claro que ciertos factores han incidido en el incremento de la oferta de camiones en el período reciente. Y conste que no hablo de sobreoferta. Este último término, como lo sabe cualquier economista, es profundamente relativo.

Estos factores son los siguientes:

a) La revaluación, que ha abaratado el costo de camiones importados, y el costo del componente importado de los camiones ensamblados en el país.
b) La deducción por inversión en activos fijos establecida en el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006. Como se recuerda, los contribuyentes pueden deducir de su impuesto a la renta el 40% del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos productivos. Si se quería estimular la inversión, así sea de la manera más artificial posible (el resto de contribuyentes paga dicho 40%), no es de extrañarse que esta haya aumentado, incluyendo en equipo de transporte.
c) En fin, como otros sectores de la economía, el negocio de transporte terrestre puede ser una oportunidad interesante para lavadores de dinero.
d) Si se establece una tabla de fletes bastante más alta que los costos de prestación del servicio, las empresas generadoras de carga, especialmente las de mayor tamaño, optarán por comprar sus propios camiones, o adquirirlos por vía de leasing ( recuérdese que esta opción también está favorecida con la deducción de activos fijos).

Si de verdad el Gobierno quiere frenar la inversión en esta actividad, debería enfrentarla atacando cada una de estas causas: diminuyendo el déficit del gobierno central que contribuye, vía tasas de interés y oferta de dólares provenientes del endeudamiento, a la revaluación; acabando con la absurda deducción por inversiones en activos fijos, y atacando el lavado de dinero.

Se ha querido por otra parte importar al sector de transporte de carga la dudosa experiencia de la “chatarrización” de los buses urbanos. Consiste ésta básicamente en que el retiro de la vida útil de activos fijos sea financiado con recursos de todos. El día de mañana veremos a las compañías aéreas pidiendo para la chatarrización de sus aviones, a los textileros pidiendo para la chatarrización de telares, a los empresarios siderúrgicos para reemplazar sus hornos, y así al infinito.

El Gobierno debe decirles a los transportadores la verdad, así esta sea dura: no es posible controlar administrativamente las tablas de fletes. Ello porque no es posible poner toda la autoridad Estatal a vigilar que la información que conste en los manifiestos de carga corresponda a la realidad. Ello supondría montar un ejército de auditores e investigadores a defender los intereses de un sector específico. No vale la pena el costo social de semejante esfuerzo.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Este es otro ejemplo claro de cómo usar la "Teoría de Juegos" para entender asuntos concretos... un gremio es, por definición, un grupo de interés cohesionado con experiencia (y recursos) para defender “sus” intereses frente al organismo regulador; por otro lado, estamos todos nosotros, que no somos buenos organizándonos ya que no representamos a ningún “grupo de interés” particular, y tampoco estamos dispuestos a gastar demasiados recursos convenciendo al regulador (problema de los comunes). El equilibrio de este juego entre el gremio de transporte y nosotros es claro: el gremio gastará suficientes recursos hasta convencer al organismo regulador que suba, en este caso, los fletes. Es decir, todos terminaremos pagando más caros por los productos que consumimos… ¿cómo resolver este equilibrio “malo” para la mayoría? Francisco lo dice en su artículo: no debería existir el regulador!!! En Venezuela hay un dicho que reza: “matando al perro se acaba la rabia”… si no hay con quién negociar, no hay más remedio que dejar que la economía alcance su propio equilibrio (que generalmente es óptimo para la mayoría). Ahora bien, si algunos no están conformes, son libres para dirigir sus recursos hacia otras actividades más productivas. En conclusión, concuerdo con Francisco: los organismos reguladores debería ser asuntos exclusivos de los monopolios naturales.
Maximiliano González.

Anónimo dijo...

bueno, despues no diga que no hago la tarea...ahi entre, vi y vencí

Potemkin dijo...

Aparentemente el gobierno nos metió en una "sinsalida". En el mediano plazo ya sea el costo de las huelgas o del arreglo con los camioneros saldrá del bolsillo de todos los que mercamos.