Contratos de estabilidad jurídica: asegurando frente a un riesgo cierto

En los contratos de estabilidad jurídica firmados a partir del mes de mayo, el Gobierno está garantizando algo que no está en posibilidad de garantizar. El resultada es una rebaja selectiva de impuestos a unos cuantos contribuyentes afortunados.

El peor negocio que puede hacer una compañía de seguros es asegurar frente a un riesgo inminente, que ha dejado de ser riesgo para convertirse en certeza: ejemplo de ello podría ser otorgarle una póliza de cumplimiento a un contratista que ya está atrasado en el desarrollo de su obra; darle póliza de estabilidad a una obra inestable; otorgarles un seguro de vida a un paciente terminal. Sin embargo, el Estado, en el manejo de los contratos de estabilidad jurídica, está comportándose como esa utópica compañía de seguros irresponsable con sus accionistas (en este caso la gran mayoría de contribuyentes), que asegura desastres anunciados.

Los contratos de estabilidad jurídica, a los que me he referido en varias ocasiones en este blog, tienen supuestamente el propósito de proteger al inversionista frente a cambios imprevistos en la normatividad tributaria, que afecten de manera importante la rentabilidad de su negocio, a cambio del pago de una prima (que se calcula en proporción a la inversión prometida, lo cual ya de por sí genera un incentivo perverso a minimizar la inversión, pero ese es otro tema).

El Presidente de la República anunció, en su discurso del pasado 8 de Mayo con motivo de los 100 años de la Escuela Superior de Guerra, que, “una vez terminen de ejecutarse los recursos extraordinarios introducidos por la reforma que liderara el Ministrio de Defensa en 2006 (léase impuesto al patrimonio), habría que pensar en tener una renta permanente para seguir financiando la seguridad”.

Estaba anunciado entonces el riesgo. El 16 de Junio el Ministro de Hacienda anunció al país (ver noticia de El Tiempo), que “una manera de ayudar a aliviar el hueco fiscal es que el impuesto al patrimonio, creado en la Administración Uribe como temporal, pase a ser permanente”.

Ya el 20 de Julio el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley en el que se prorroga la vigencia del impuesto al patrimonio hasta el 2014, para patrimonios por valor o superior a $3.000 millones. Así mismo, establece el proyecto (art 7) que el impuesto al patrimonio “en ningún caso podrá ser objeto de los contratos de estabilidad jurídica a que se refiere la Ley 963 de 2005”.
El proyecto está en estos momentos en discusión en el Congreso.

Se trataba entonces de un riesgo anunciado. Sin embargo, con posterioridad al anuncio de Mayo del Presidente, se han firmado 7 contratos de estabilidad jurídica (ver aquí) y en seis de ellos se incluye, dentro de las normas que protegen al inversionista, y cuya modificación no se les aplicaría, el artículo 292 del Estatuto Tributario, que establece precisamente que la vigencia del impuesto al patrimonio es hasta el año 2010.

Un contrato de ellos ( el correspondiente a Laboratorios Baxter) se firmó el 17 de Junio, al día siguiente en que el Ministro de Hacienda hizo su anuncio. Otros fueron firmados el 19 de Junio.

Dada la altísima probabilidad de que se apruebe el proyecto de Ley presentado por el gobierno, surge una pregunta: garantizar mediante contrato, algo que no se está en posibilidad de garantizar, y renunciar por lo tanto conscientemente a recibir unos mayores impuestos, ¿equivale o no a regalar recursos públicos? Bueno, dados los antecedentes recientes (AIS) es posible que algunos vean que no hay nada de grave en eso, con tal de estimular la inversión. Mi personal opinión es que sí es muy grave.