A propósito de la emergencia social (II)

Existe un gigantesco desperdicio en los recursos públicos destinados a la salud en Colombia. Unos simples cálculos lo demuestran.

Ya nos ocupamos de algunos temas relacionados con la discutida emergencia social en nuestra anterior entrada. Ocupémonos ahora de algunos problemas relacionados con la financiación de la seguridad social en Colombia, y tratemos de contestar la pregunta: ¿será suficiente el monto de recursos?

Si se parte de la premisa de que el Estado debe financiar, sin ningún límite, cualquier tratamiento, procedimiento, o medicamento, ninguna cantidad de recursos será suficiente. Ese sistema de protección infinito no existe en ninguna parte del mundo.

Consultando el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, he elaborado el cuadro adjunto, que muestra algunos indicadores del gasto en salud, y del gasto público más específicamente, para una muestra de países de América Latina y de países desarrollados.

En 2006, el gasto en salud, tanto público como privado, representaba en Colombia el 7,3% del Producto Interno Bruto, cifra semejante a la de países como Costa Rica y Cuba. Estamos a niveles inferiores de países desarrollados, pero a un nivel superior al promedio de América Latina, y al grupo de países que la OMS califica como de Ingreso Medio Alto, en los cuales el promedio es del 6,3%. La cifra correspondiente a Estados Unidos (15,3%), muestra la irracionalidad del sistema existente en dicho país, explicado por la impotencia de la sociedad en controlar el crecimiento en los costos de la medicina, sobre todo si se tiene en cuenta que más de 40 millones de personas no cuentan con seguro de salud. El Gobierno de Obama ha entendido que el aseguramiento universal obligatorio solo es posible si se toman medidas radicales para enfrentar ese comportamiento de los costos. Dentro de ese esfuerzo ha propuesto incluso que se reduzcan los beneficios del programa de protección para ancianos (Medicare). Los republicanos, quién lo creyera, se han opuesto a dicha reducción, y han acusado al gobierno demócrata de querer implantar un “panel de la muerte” para los abuelos (ver por ejemplo la nota en Facebook de Sarah Palin, la excandidata a la vicepresidencia). Encontramos semejanzas extraordinarias con la manera como se ha dado el debate en Colombia.
La segunda columna del cuadro nos muestra el porcentaje del gasto en salud financiado con recursos públicos. La cifra para Colombia, del 85,6%, es de las más altas en el mundo, semejante a la del Reino Unido, y sobrepasada apenas (aparte de algunos microestados) por las de Cuba, República Checa, Corea, Dinamarca y Luxemburgo.

La columna tercera nos muestra el gasto público en salud como porcentaje del PIB, y la obtuve combinando las dos cifras anteriores. Para Colombia, la cifra es del 6,23%, cifra cercana a la de los países desarrollados incluidos en la tabla. En fin, la última columna nos muestra la proporción del gasto público total que se orienta a la salud. La cifra colombiana (17%) es apenas superada en América Latina por Costa Rica, y se ubica en el promedio de los países desarrollados.

Suponiendo que los indicadores de gasto en salud/PIB y gasto público/gasto en salud se mantuvieran para el 2009, es posible calcular, a partir de los datos del DANE sobre PIB en Colombia (suponiendo un crecimiento nominal del 2% para el 2009, y aplicando dicho crecimiento al dato reportado para el 2008) que el gasto público en salud fue el año pasado de 37 billones de pesos. Dividiendo esta cifra por el número de habitantes estimado por el DANE, nos da un gasto público per cápita de $814.000. El valor de la UPC del régimen contributivo (es decir el valor que se le reconoce a las EPS por cada usuario), fijado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud fue para el 2009 de $467.000 pesos. Es decir, con los recursos públicos orientados a la salud hubiera sido posible asegurar plenamente a TODOS los colombianos con un paquete de beneficios (POS) superior en un 32% en valor al que hoy se le reconoce a los usuarios del régimen contributivo. Téngase en cuenta, por otra parte, que de los 39 millones de asegurados, 21 millones lo están en el régimen subsidiado, y a éstos últimos se les asignó una UPC de solo $267.700.

Existe entonces un desperdicio considerable de recursos públicos en la salud. Es un deber de la academia, de los políticos y de los orientadores de opinión enfocarse en las causas de ese desperdicio.