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martes, 9 de septiembre de 2008

A propósito del rescate de Freddie Mac y Fannie Mae.

Cuando las entidades financieras entran en dificultades, los organismos de regulación y vigilancia, así como los Bancos Centrales, tienen un dilema formidable: ¿ayudar o no ayudar?

La ortodoxia aconsejaría lo segundo. ¿Porqué se debe ayudar? ¿Acaso los responsables de las pérdidas no son los mismos banqueros? ¿No deben por lo tanto asumir las consecuencias de sus acciones? (razones de justicia). El rescate con fondos públicos de los bancos en dificultades tiene el inconveniente adicional de que ayuda a desarrollar un peligroso riesgo moral en el comportamiento de los banqueros: puesto que se sabe que el Gobierno vendrá al rescate, lo mejor es tomar altos riesgos, invirtiendo en papeles y en créditos altamente rentables. Si el negocio funciona, y los riesgos no se materializan, habrá aumentado la utilidad. En caso contrario, es el contribuyente quien asume las consecuencias, a través de los recursos necesarios para rescatar las entidades en dificultades.

Sin embargo, la experiencia mundial ha enseñado que esa ortodoxia no es sostenible. Entre otras razones, por las externalidades negativas asociadas a una quiebra bancaria. Esta puede producir un temor generalizado sobre la estabilidad de todo el sistema financiero, que termina afectando a bancos que están en buenas condiciones. Estos pierden depósitos, deben entonces vender activos a precio de quema y contabilizar las pérdidas. Se erosiona su patrimonio, pierden posibilidad de otorgar crédito, y todos los sectores económicos, así como el ingreso de los hogares, termina afectado. Así como un incendio debe ser combatido con recursos públicos (el cuerpo de bomberos) sin consideraciones sobre el riesgo moral asociado a los posibles descuidos de quien permitió que el incendio se presentara, las autoridades financieras no tienen otra alternativa que evitar la desaparición de un banco, especialmente si éste es de un tamaño importante (fenómeno llamado “too big to fail”).

Este pragmatismo lo demostró el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al intervenir a las dos grandes empresas intermediarias del mercado de hipotecas norteamericano: Freddie Mac y Fannie Mae (ver aquí los detalles de la operación, explicados por el Secretario del Tesoro). A pesar de ser de capital privado, estas empresas disfrutaban del privilegio, no explícito pero nunca desmentido, de que sus pasivos estaban respaldados por el Tio Sam.

La fórmula no se diferencia mucho de la que aplicó el Gobierno colombiano con algunas entidades en la crisis de finales del siglo XX. Se apoya a las entidades con recursos de liquidez, se anuncia explícitamente el respaldo del gobierno a sus pasivos distintos al capital y se manifiesta claramente la intención de capitalizar el banco con recursos públicos. Para evitar el riesgo moral, los accionistas ven diluida su participación. Las pérdidas son contabilizadas, el precio nominal de la acción disminuye (operación acordeón en el argot criollo) y solo en ese momento se produce la capitalización.

Este era el esquema que tenía previsto el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (y que todavía está vigente, aun cuando enriquecido con novedosos sistemas de intervención) el siglo pasado. Así se procedió con varias entidades, entre ellas con una gran interviniente en el mercado de hipotecas en Colombia: Granahorrar.

Pero recordemos que en un fallo reciente el Consejo de Estado (consultarlo aquí) ha considerado ilegal esta intervención y ha establecido, que el Estado (a través de Fogafin y de la Superintendencia Financiera) les debe devolver a sus accionistas el dinero que habían perdido en la crisis de la entidad, con sus respectivos intereses.

Este fallo deberá ser revisado en acción de tutela por la Corte Constitucional. De mantenerse, en la próxima crisis los organismos de vigilancia no tendrán sino dos alternativas: dejar quebrar el banco en dificultades (y por lo tanto dejar propagar el incendio) o apoyarlo con recursos públicos, sin sacrificar a los pobres accionistas responsables de la situación. Es decir consagrar definitivamente el riesgo moral en el comportamiento de los banqueros. ¿Cuál de las dos alternativas es la más peligrosa?

Dejo esta pregunta a consideración de los lectores.

Nota: Me siento obligado, por ética periodística (o blogística, para ser más precisos), a informarle a algunos de los lectores que no lo saben, especialmente los más jóvenes, que el autor de este blog tuvo responsabilidades en las decisiones tomadas con relación a Granahorrar en el momento de la crisis.

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