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miércoles, 8 de octubre de 2008

Dos maneras distintas de enfrentar las crisis financieras: la norteamericana y la británica

Una vez que ha comenzado un proceso de desapalancamiento de las entidades financieras ( ver nuestra entrada anterior) ¿qué puede hacer el Gobierno para enfrentar dicha crisis?

Recordemos en primer lugar, que el desapalancamiento significa que las entidades pierden capital, y por lo tanto capacidad de dar crédito. A partir de allí comienza a generalizarse la crisis al sector no financiero de la economía. Hoy son claros los síntomas de ese apretón crediticio y de recesión tanto en Estados Unidos como en Europa.

Así como en épocas de auge y crecimiento puede presentarse una burbuja en los precios de las viviendas, y de otro tipo de activos, como las acciones, en situaciones de crisis se puede presentar una “burbuja negativa”. Así como en una burbuja positiva los precios suben y esa valorización estimula nuevas compras, en una burbuja negativa los precios descienden, lo cual estimula las ventas, y los precios siguen descendiendo. Si a lo anterior se añade que los depositantes comienzan a retirar su dinero, la corrida bancaria obliga a los bancos a seguir vendiendo activos.

¿Qué pueden hacer los gobiernos y los bancos centrales, supremos responsables de la confianza en el sistema financiero, para detener un proceso de esa naturaleza? Los bancos centrales deben proporcionar liquidez, los gobernantes deben enviar un mensaje de calma, por ejemplo, otorgando una garantía total a los depósitos bancarios a fin de frenar la corrida bancaria, y deben diseñarse estrategias específicas para sanear el sector financiero. Un principio básico, que está recogido en la ley colombiana desde 1985, consiste en que las operaciones de salvamento no deben favorecer a los accionistas y administradores responsables de los manejos irresponsables que condujeron a la crisis.

A la luz de estos principio, cómo debe juzgarse la Ley de Estabilización Económica de Emergencia aprobada por el Congreso de los Estados Unidos la semana anterior? ¿Cómo enfrenta el problema del “desapalancamiento”?

La estrategia principal está basada en la autorización que se le da al Secretario del Tesoro para establecer un “Programa de adquisición de activos en problemas” ( sección 101 de la Ley).

Al comprometerse el Tesoro a comprar dichos activos tóxicos, en condiciones superiores a las que el mercado les reconoce, se supone que va a contribuir a restablecer un mercado por ellos. Es una manera de enfrentar el problema de la liquidez de los bancos.

Pero, ¿qué pasa si el problema no es de liquidez sino de solvencia, y el mercado así lo percibe? Para lo único que serviría el instrumento sería para que los bancos puedan atender los retiros de sus depositantes. No se soluciona el apretón crediticio.

Un problema de capital se enfrenta con capital. El Plan del Gobierno inglés propone por el contrario que el estado quede como accionista de las instituciones apoyadas, a través de la suscripción de acciones preferentes. Es un sistema más eficiente: con un millón de dólares de compra de activos, la capacidad crediticia de un banco se mejora en igual monto. Con un millón en el capital, dicha capacidad, gracias a las virtudes del apalancamiento, se mejora en US10 millones. Otra virtud de este esquema: los accionistas privados responsables ( por acción o por omisión) de la crisis comienzan a perder participación, a través de la dilución de su participación accionaria. En un evento extremo, el Banco quedaría nacionalizado.

A pesar de que la ley aprobada en el Congreso Norteamericano le da al Tesoro la posibilidad de invertir en las compañías apoyadas, esto se da bajo una figura más complicada ( ver art 113, literal d): el Tesoro recibirá una garantía del banco apoyado para que las pérdidas que tenga el Tesoro en la venta de los títulos sea compensada por este mecanismo. En este caso el Banco no recibiría capital neto adicional: se diluye la parte de los accionistas privados y aumenta la del Gobierno. Y ello solo se produce después de un tiempo considerable: cuando el Tesoro vaya a vender los activos.

De todas maneras, es claro que el Gobierno Norteamericano tiene la autoridad para invertir directamente en el capital de entidades en problemas, como lo hizo en los casos de AIG, Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Por qué no se quiso insistir en esa posibilidad en la Ley aprobada? Uno se atrevería a pensar que el fundamentalismo ideológico de un número considerable de parlamentarios republicanos se oponía a cualquier cosa que sonara a ampliar la participación del Estado en la Economía. El sistema financiero norteamericano y mundial van a sufrir las consecuencias de esa intransigencia, como lo atestigua la desconfianza mostrada por los mercados accionarios frente a la aprobación de la ley.

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