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domingo, 1 de marzo de 2009

La guerra contra las drogas: ¿qué dice la economía?

Es preferible combatir el consumo de drogas con impuestos que con prohibiciones. Lo dicen los académicos
El recientemente expedido informe de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia ha puesto sobre el tapete nuevamente el tema de la guerra contra las drogas. La comisión constata el fracaso que ha tenido hasta el momento una política centrada en la represión, y sin llegar hasta la sugerencia de la legalización, propone una estrategia que transforme a los adictos que hoy compran drogas en el mercado legal en pacientes del sistema de salud, en realizar campañas innovadoras y de información y de prevención, y en focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado, priorizando la lucha contra sus efectos más nocivos: violencia, corrupción, lavado de dinero, tráfico de armas y control de territorios.

¿Qué dice la teoría económica sobre estos temas? Dentro de la abundante literatura académica que se ha producido, quiero destacar un artículo escrito por Gary Becker (premio nóbel de Economía 1992), junto con Kevin Murphy y Michael Grossman [1] algunas de cuyas interesante conclusiones quiero compartir con los lectores de este blog. Insertaré de paso algunas reflexiones personales.

En primer lugar, los autores destacan que el monto de gasto público que se justifica en términos de eficiencia para hacer efectiva la prohibición de la producción o del consumo de un producto ilegal depende de dos factores: el primero es la diferencia que exista entre el valor social del consumo de un bien y el valor privado para el consumidor; el segundo es la elasticidad precio de la demanda. Expliquemos esto por partes.

Para la mayoría de bienes de consumo, la utilidad social y la utilidad individual de su consumo son iguales. La sociedad no se beneficia ni se perjudica porque usted se coma una torta o porque compre una boleta de cine. Existen sin embargo algunos bienes que tienen lo que en economía se denomina externalidades positivas o negativas.

Concentremos en las externalidades negativas asociadas al consumo de las drogas. En un mundo de producción y consumo legalizado, ¿cuál sería el costo que tendría sobre la sociedad el consumo de drogas de un individuo? El consumidor estaría pagando por los recursos y factores involucrados en la producción: es el precio pagado al productor. Pero posiblemente le esté ocasionando a las sociedad costos adicionales que él no está pagando, por ejemplo en términos de mayores gastos en salud pública. ¿Cómo resolver esa imperfección del mercado?
La manera ortodoxa de enfrentar las externalidades negativas es a través de impuestos al consumo. Es el caso del tabaco o de los licores. El impuesto al tabaco y la prohibición de consumirlo en lugares públicos ha sido el instrumento que se ha adoptado universalmente para compensar (caso del impuesto) o para disminuir (caso de la restricción de uso en ciertos lugares), los costos sociales asociados a su consumo. Hay quienes han propuesto la prohibición completa de la producción y del consumo del tabaco, pero por fortuna no han tenido acogida.

¿En qué casos se justificaría la prohibición? En los casos en que, además de lo anterior, el consumidor esté desprotegido, porque no tiene información completa sobre las consecuencias del consumo. Esta es la situación de los menores de edad. Una restricción a la comercialización a los menores, que se facilita si los expendios autorizados están controlados, podría enfrentar este problema.

Uno de los efectos positivos de la prohibición consiste en subir el precio del bien ilegal. Los productores deben incurrir en mayores costos (sobornos, utilización de medios ineficientes de transporte, mecanismos privados para hacer cumplir los contratos, etc), y enfrentan riesgos (probabilidad de que la mercancía sea decomisado, y probabilidad de que sean encarcelados), cuya valor es trasladado al consumidor. El efecto benéfico consistiría en que la demanda bajaría. La magnitud de ese efecto dependerá de la elasticidad-precio de la demanda. Pero la mayoría de estudios que se han llevado a cabo sobre el tema concluyen en que la elasticidad precio de la demanda de drogas es menor que la unidad, especialmente si los adictos constituyen una proporción significativa de los consumidores. Esto quiere decir que un disminución porcentual en el consumo es inferior al incremento porcentual del precio. Es necesario un alza considerable en el precio para desalentar de manera significativa el consumo. Es decir, la prohibición puede ser un instrumento ineficiente.

Aún en el caso de una demanda elástica, ¿qué sería mejor como política pública: la prohibición, o el impuesto al consumo? Los autores no dudan (pag 25) en su respuesta: es mejor el impuesto. El precio de las drogas, si se ha diseñado un impuesto óptimo (es decir que reconozca plenamente las externalidades negativas del consumo), sería mayor al precio inducido por una guerra "óptima" contra las drogas, aún reconociendo el hecho de que algunos productores decidan evadir el impuesto y continuar produciendo en una economía subterránea.

Las políticas de persuasión y de educación tienen sentido en la medida en que pueden disuadir a futuros consumidores, y evitar que se conviertan en adictos. En este grupo de población la elasticidad precio de la demanda por drogas es más alta, porque no existe adicción. La campaña de persuasión eleva aún más dicha elasticidad-precio.

Además de los argumentos señalados por los autores a favor de la tributación como instrumento para incidir negativamente en el consumo, es necesario tener en cuenta las externalidades negativas asociadas a la producción en condiciones de ilegalidad: el incremento en el crimen, la corrupción de la justicia y de las fuerzas policivas (o incluso militares, como en el caso colombiano) encargadas de combatir la producción, y, como lo hemos visto en nuestro país, perversión del proceso político.

El Gobierno colombiano ha insistido en presentar una reforma constitucional para penalizar la “dosis personal” de drogas. Dado el poco efecto que ello puede tener sobre la producción, porque la demanda colombiana representa un porcentaje muy bajo del consumo mundial, y por la baja elasticidad precio de la demanda, esta política no pueden tener sino efectos negativos. Aumentarán los gastos en persecución de pequeños consumidores, se congestionarán las cárceles con ellos, y no se habrá logrado mucho en términos de desanimar el consumo y la producción.

[1] Becker , Murphy y Grossman (2004) The economic theory of illegal goods: the case of drugs. NBER. Working paper No 10976. Los lectores interesados lo pueden encontrar aquí.

2 comentarios:

Iván Darío Lobo dijo...

La idea de la "perversión del proceso político" como uno de los efectos indeseables de las políticas restrictivas en un país productor como el nuestro, tiene varias facetas. Las más obvias están relacionadas con la corrupción; las menos obvias están relacionadas, justamente, con la idea que se menciona al final del artículo: las medidas de prohibición que a todas luces no generan ningún efecto real en la solución del prolema (p.e. prohibición de la "dosis personal") sí generan gran rédito político. Ganarse el favor local de electores más moralistas que ilustrados, se traduce en aprobación política, imagen y votos. De ello -y del hecho de que las decisiones de política local son solo una parte marginal de las decisiones globales que hay que movilizar para acometer el problema- se desprende la lógica de optar por esos "paños de agua tibia" aún a sabiendas de que nada solucionan y sí incrementan los costos del sistema judicial.

Luis Flórez dijo...

Estimado Francisco:
Encuentro de gran importancia el tema que tratas en este blog sobre las drogas. Mi grupo de investigación (Estilo de Vida y Desarrollo Humano) ha venido impulsando desde la U.N. una política sobre alcohol, a la cual hemos denominado PACTOS POR LA VIDA: SABER VIVIR/SABER BEBER. Uno de los temas abordados es, precisamente, el de los sobrecostos sociales ocasionados por el consumo de alcohol. Pienso que el Estado debe producir estrategias para proteger a la sociedad contra estos sobrecostos, tales como las adoptadas por el gobierno Clinton en su demanda a las tabacaleras por costos originados en daños a la salud de la población. Si mal no estoy, el pleito terminó costándole a las tabacaleras algo así como 400 mil millones de dólares que deben pagar en un período de 25 años.

Es evidente la ausencia de una legislación seria al respecto en nuestro medio. Nosotros estamos impulsando, a través del Ministerio de la protección Social, una nueva ley que favorezca la regulación social hacia la protección de la población, acompañada de una estrategia de auto-regulación mediante acciones de educación para la salud.

Considero que la "penalización" no quita ni pone nada serio. Es una idea tan inocua como inútil.Lo conveniente sería diseñar programas verdaderamente integrales de prevención.

Un saludo

Luis Flórez